URBANISMO LA ACTUAL LEY ABRE UN COMPLEJO ESCENARIO

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Ayuntamientos y afectados siguen a la expectativa dos meses después de que la Junta aprobase la norma para regular las construcciones sobre suelo no urbanizable · Los alcaldes destacan las escasas reclamaciones

Dos meses después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía diese luz verde al decreto que regula las construcciones sobre suelo no urbanizable, ¿qué situación viven los municipios en los que el fenómenos es más acusado? Málaga Hoy ha querido conocer por boca de sus alcaldes la coyuntura en la que se encuentra un fenómeno que, pese a lo que pudiera pensarse, no ha generado gran avalancha de peticiones ciudadanas. Pasadas las primeras semanas de aplicación de la normativa, al margen del reducido interés despertado entre los afectados, queda patente el complejo escenario que se abre para aplicar una ley con la que la Consejería de Obras Públicas trata de dar respuesta a un variopinto fenómeno urbanístico. "Es un lío; con lo de fuera de ordenación, lo de asimilado... No saben ni lo que han hecho", dice de manera casi irónica el alcalde de Alhaurín de la Torre, el popular Joaquín Villanova, que cuenta alrededor de medio millar de construcciones afectadas por el decreto, a las que sumar más de una decena situadas sobre suelo protegido o inundable y que, según el texto, no tienen salvación. 

"Si te digo que tu casa está en no urbanizable es un asimilado de diseminado, que está fuera de ordenación... ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué derecho te da eso? Lo que han hecho es una barbaridad, una porquería...", sentencia. 

Villanova es claro: "No estamos haciendo nada; estamos esperando el desarrollo del decreto a través de un reglamento". Al tiempo, apunta que desde que se dio luz verde, tras casi un año de anuncio continuado, "sólo tres personas han venido al Ayuntamiento a preguntar de este tema". "La gente quiere las cosas más sencillas y hay muchos vecinos cabreados porque no encuentran una solución a su problema", añade. El regidor alhaurino tiene claro que de aplicarse el decreto, dará facilidades a los vecinos que tengan que asumir cargas externas para la ejecución de servicios. "Nadie puede pagar 30.000 euros, que puede ser la media de los costes de urbanización y servicios; por eso, nosotros daríamos hasta diez años", aclara, recordando que si el PP llega al Gobierno andaluz simplificará las cosas. 

En Cártama la situación de parálisis es semejante. De hecho, es ahora cuando, según cuenta la concejal de Urbanismo, Noelia Suárez, se está elaborando el inventario para saber cuántas viviendas hay afectadas. "De aquí al momento en que la primera vivienda se acoja al decreto pasarán meses", dice. Las estimaciones no oficiales elevan a unas 3.000 las edificaciones sobre suelo no urbanizable, la inmensa mayoría en zonas inundables, con lo que quedan fuera del ámbito de la norma. "Hay interés de los vecinos; todos tienen la esperanza de tener una solución, pero a los que tienen su casa en espacio inundable se les dirá que no hay nada que hacer". 

Alcaucín es, muy a su pesar, referente del urbanismo descontrolado desarrollado sobre el no urbanizable. Su actual alcalde, Domingo Lozano, se muestra cauto respecto a los efectos de la medida autonómica, al entender que se trata de un asunto "complejo". Esta pequeña localidad no dispone de inventario de edificaciones, a pesar, asegura, de que se ha pedido en varias ocasiones a la Junta. "Nos dicen que no hay dinero", comenta. A ello se suma un problema que puede extender a otros pequeños pueblos: la escasez de medios. "No tenemos capacidad para poder hacer el inventario ni técnica ni económicamente, porque eso supone un tiempo y un dinero del que no disponemos". A diferencia de lo que sucede en otros espacios, Lozano asegura que cada día hay vecinos que se acercan al Ayuntamiento "preguntando". Una de las cuestiones que suele salir a relucir es la relativa al pago de compensaciones para sufragar los costes de servicios. "No todos lo entienden y otros dan la callada por respuesta; la gente protesta, porque nadie quiere pagar dinero y menos en los tiempos que corren", explica. Otro escollo, apunta, es que muchos de los expedientes urbanísticos de construcciones se encuentran hoy en manos del juzgado encargado de la investigación del caso Arcos, por el que fuera detenido otra vez, entre otros, el que era alcalde José Alba. "Para nosotros es imposible acogernos al decreto a no ser que recibamos ayudas; necesitaríamos un par de arquitectos y aparejadores y abogados para llevar ese tema a diario y bastante tenemos con tener un par de días un técnica y otros días un abogado", sentencia. 

El alcalde de La Viñuela, Juan Jiménez, sitúa en unas 600 las viviendas ejecutadas sobre no urbanizable, buena parte de las cuales quiere integrarlas en el nuevo planeamiento urbanístico de la localidad, que actualmente está en fase de aprobación. "De momento no hay mucha gente preguntando, aunque eso se puede deber a que hasta la fecha hemos estado manteniendo reuniones con los interesados", dice. Su idea es "edificación por edificación" para analizar cada caso y apunta la opción de ver vías de colaboración a la hora de plantear inversiones en servicios para esas construcciones. "Todo el mundo tiene que colaborar en la medida de sus posibilidades", afirma. 

"Nosotros lo que estamos haciendo es estudiar el fondo, el concepto del decreto, y con nuestros servicios jurídicos y técnicos profundizando en el mismo", precisa el alcalde de Torrox, Francisco Muñoz. Este ayuntamiento ha dado un paso más y ha creado una unidad de atención al ciudadano, que cuenta con una arquitecta, una asesora jurídica y un administrativo y que se encargará de "gestionar la demanda que se vaya produciendo". "Es un decreto que tiene muchas visicitudes, hay que interpretar mucho", admite. Muñoz, que defiende el sentido de la norma autonómica aunque señala que no es la "panacea", asegura que por el momento no existe "una avalancha" de reclamaciones o peticiones por parte de los vecinos afectados. Los números que maneja el regidor elevan a un millar aproximadamente las construcciones en no urbanizable, predominando el caso de las viviendas unifamiliares diseminadas.

Si para los alcaldes el decreto es un lio, una barbaridad y una porqueria, imaginaros para los afectados.

Está cada día más claro, la solución pasa por modificar la ley.