BREVE RESUMEN

ABC DE CORDOBA

CÓRDOBA

B. LÓPEZ / CÓRDOBA

Día 17/03/2013

El censo del entorno del aeropuerto, Ribera Baja o Encinarejo se dispara en una década sin control ni prevención por parte de las Administraciones

la población residente en los núcleos y parcelaciones situados en las márgenes del río se disparó en la última década casi un 43% sin que se tomara ninguna medida para evitar las inundaciones y sin que se aprendiera nada de las dos durísimas riadas de 2010. Su fantasma se reavivó esta semana, cuando el Guadalquivir volvió a saltar de su cauce, si bien los daños fueron mucho menores que en los dos anteriores episodios de este tipo. Las promesas de Ayuntamiento y Junta tras los sucesos de 2010 son papel mojado mientras siguen aumentando los ciudadanos que viven junto al río, con una fuerte presencia de enclaves ilegales -algunos en regularización, pero muchos a día de hoy irreconducibles-.

El nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE) es el instrumento que permite acercarse mejor a la dimensión de población existente en los márgenes del Guadalquivir, siempre teniendo en cuenta que la condición de los parcelistas irregulares hace difícil el cómputo de su densidad.

De acuerdo a este informe, las parcelaciones ribereñas han sufrido en la última década una auténtica avenida de residentes. Entre el 1 de enero de 2002 y la misma fecha de 2012 -es decir, cuando ya se habían dado las dos grandes riadas-, el censo de estos núcleos creció un 43%. De 7.182 habitantes pasó a 10.256. Son tres millares más en una década. En ese tiempo, la población en el núcleo consolidado de la capital creció sólo un 1,2%.

Inventario de parcelas

Llama la atención el fuerte incremento que han experimentado núcleos del entorno o cercanos al aeropuerto, donde se concentran los problemas cuando al río se le ponen ínfulas de «tsunami». Así, en Fontanar de Quintos se saltó de 133 residentes a 351. Es decir, se doblaron con creces, pese a que sufrió el proceso de expropiaciones necesario para ampliar el aeródromo. La Golondrina también ganó habitantes con fuerza: un 82% más, para llegar a los 1.192. Y Majaneque creció, aunque de forma más modesta: de 321 empadronados a 374 -alza del 16,5%-.

Ribera Baja (Alcolea) es otro de esos puntos que está pendiente de reojo del caudal. En concreto, allí se contabilizan 609 residentes, un 124,7% más que hace diez años. Y Encinarejo, otro punto caliente cuando el río baja con fuerza, también experimentó un aluvión de habitantes. Crecieron un 96%, para quedar su cifra en 1.773. La lista es algo más amplia. Además, están los núcleos que sufren la influencia del Guadajoz, que, sin ir más lejos, estuvo a punto de dar un susto el martes. Ahí, viven 759 personas, algo menos que hace una década.

Pero, hay un indicador aún más reciente que alerta de que este problema está muy lejos de encauzarse. La Gerencia de Urbanismo presentó esta semana el inventario de parcelaciones en suelo no urbanizable -las que a día de hoy no son regularizables-. Son 85 en toda la ciudad. Y de ellas, 26 presentan riesgo de inundación, en mayor o menor grado. Dicho inventario revela que en las parcelaciones con peligro por las riadas hay 1.252 viviendas. Es decir, representan 35 de cada cien casas no regularizables. Es una situación de desbarajuste urbanístico que no ayuda a controlar los riegos ante las inundaciones.

Más si se tiene en cuenta que hay en torno a 130 casas con riesgo de inundaciones calificadas como bolsas de edificaciones aisladas por el bajo número de viviendas por hectárea, lo que, a priori, es un handicap para las actuaciones en caso de riada. Aunque el auténtico obstáculo estriba en que en los últimos años el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central no han adoptado medidas para combatir las riadas. Las promesas de buscar soluciones se quedaron en nada tras los serios avisos de las riadas de 2010.

Fracaso de las medidas

En concreto, tras las de febrero del citado ejercicio -afectaron a 437 viviendas-, el Consistorio, cogobernado entonces por IU y PSOE, se comprometió en el Pleno a evaluar en la comisión de seguimiento de las parcelaciones «la situación de los instrumentos del PGOU para las zonas afectadas y su posible desarrollo». Los meses pasaron sin que se convocara a este órgano municipal. Mientras el gobierno local permanecía inactivo, los que sí se movían eran los residentes junto al río. Fueron regresando a sus casas, pese al riesgo de otra avenida. El gobierno municipal anunció que se precintaban 11 casas por estar demasiado cerca del Guadalquivir o por haber sufrido daños irreparables.

Cuando llegó la riada de diciembre de 2010, volvió a desbordar a las instituciones, que no habían tomado medidas, y a 455 viviendas que se vieron afectadas. Se decretaron 14 precintos, revisables. Las Administraciones parecieron «verle las orejas al río».

El entonces alcalde, Andrés Ocaña, lanzó un plan de permutas de edificaciones inhabitables para que fueran derribadas por los dueños a cambio de que Vimcorsa (empresa municipal de vivienda) les facilitara una VPO en alquiler. El arrendamiento lo pagarían los parcelistas. Al final, no hubo ni un derribo por esa vía.

Además, el Ayuntamiento culpó a la Agencia Andaluza del Agua (Junta) de haber provocado la avenida con su política de desembalses -posteriormente las competencias volverían a la Confederación Hidrográfica (CHG) del Gobierno central-. El Ejecutivo autonómico defendió su gestión, pero de inmediato levantó un dique con el que parapetarse de los reproches.

Constituyó tres mesas de trabajo con los alcaldes de los municipios afectados en la provincia -incluida la capital-, dedicadas a información e intervención ante emergencias; medidas de prevención y protección; y estudio del territorio. Pese a existir un programa autonómico contra las avenidas desde 2002, con un bajo nivel de ejecución, comunicó que habría otro plan de actuación. Pues bien, las mesas de trabajo dieron como fruto unas fotos para lavar la imagen de la Junta. Y el plan de choque para limpiar arroyos y prevenir avenidas se quedó para toda la provincia en tres millones, según un balance a fecha de diciembre de 2011. Para entonces, la Junta ya endosaba, en ese peligroso peloteo que mantienen las Administraciones con el riesgo para los residentes junto al río, a la Confederación las demás medidas que fueran necesarias, dado que el Gobierno central había recuperado las competencias en materia hidráulica.

Y la CHG es otro afluente que alimenta el problema. La segunda fase del proyecto de remodelación del Guadalquivir a su paso por la capital duerme el sueño de los justos -con la crisis, más bien hiberna-. Tras finalizar el primer tramo en 2007 -del puente de El Arenal a la desembocadura del arroyo Cantarrana-, la Confederación no siguió el encauzamiento, que ayudaría a combatir las riadas. Así, otra medida que ayudaría a mitigarlas se quedó en papel mojado.

Además, el Consistorio y la CHG firmaron un convenio en 2006. En él, se incluían actuaciones por valor de 12 millones para intervenir en ocho arroyos que afectan a zonas del extrarradio golpeadas por las inundaciones. Nunca se acometieron.