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martes, 30 de septiembre de 2014

Condenan a indemnizar por daños morales a dueños ingleses de casas ilegales


EN ALBOX (ALMERÍA)



La juez rechaza demoler las viviendas construidas en no urbanizable porque causa "más perjuicio que beneficio"


ALMERÍA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Una juez de Almería ha condenado al Ayuntamiento de Albox a indemnizar por daños morales a tres familias de origen británico que, en 2004, adquirieron viviendas unifamiliares en la urbanización 'Las Palmeras', construidas sobre suelo no urbanizable, y a una cuarta familia por los perjuicios causados ya que, después de que la obra quedase paralizada, tuvieron que vivir de alquiler hasta que regresaron a Reino Unido.
   Por otra parte, y al margen de la indemnización cuyo total asciende a 142.800 euros y de la que es responsable civil subsidiario, rechaza ordenar la demolición de los inmuebles al considerar que esto causaría "más perjuicios que beneficios" ya que, según señala, las viviendas "podrían ser legalizadas" en un plazo "que depende de los trámites administrativos" y los perjudicados compraron de "buena fe".
   La sentencia del Juzgado de lo Penal 2, a la que tuvo acceso Europa Press, se produce en el marco de un proceso penal por el que han sido condenados a penas de un año de prisión e inhabilitación especial por delitos contra la ordenación del territorio los promotores de la urbanización mientras que el redactor del proyecto y director de obra deberá pagar una multa de 12 meses a razón de cinco euros al día. En los tres casos aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
   La urbanización 'Las Palmeras' se comenzó a construir en 2004 sobre suelo catalogado como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) después de que H.A.G. y A.G.G. adquirieran los terrenos como socios comuneros de Construcciones Alto Almanzora y encargasen a C.D.B.F. la redacción del proyecto de construcción.
   Ambos formalizaron siete contratos de venta del solar y de construcción de viviendas unifamiliares con ciudadanos ingleses, quienes conocieron la oferta por medio de publicaciones en el Reino Unido. En estos contratos, la empresa se comprometía a realizar "el pago de la licencia de obras, honorarios de arquitectos, aparejadores, estudio geotécnico, control técnico, control de materiales y tasas de conexión".
   El fallo recoge que, si bien las licencias de obras fueron solicitadas en nombre de los compradores, que aparecían como promotores de las viviendas, el Ayuntamiento de Albox "no las concedió expresamente" pese a lo que H.A.G. y A.G.G. comenzaron la construcción "a sabiendas de que lo hacían en no urbanizable y amparados en la simple palabra del concejal de Urbanismo en la fecha y con las competencias delegadas por el alcalde", en alusión a José Luis González Wandosell, quien falleció en 2012.
   Subraya la juez María Teresa Vidaurreta que el Ayuntamiento, a través del edil de Urbanismo, autorizó a Endesa y a Galasa para que dieran suministro eléctrico y de agua a las viviendas y que, teniendo competencia para incoar y resolver expedientes administrativos por infracciones a la normativa urbanística, no inició ninguna acción "creando una apariencia de legalidad para profanos en la materia aún a sabiendas de que se trataba de suelo no urbanizable según el PGOU vigente".
   Las viviendas unifamiliares de dos de los matrimonios ingleses perjudicados fueron terminadas y entregadas en 2004 y en ella habitan desde entonces. La construcción del resto fue paralizada cuando apenas restaba por ejecutar "obras generalmente de acabado" a raíz de las diligencias que abrió la Unidad de Policía Autonómica.

'PACK' PROMOCIONAL EN REINO UNIDO

   Según relataron en la vista oral, compraron un "pack" que comprendía un terreno y una construcción después de conocer la promoción "estando en el Reino Unido" y que firmaron el contrato de compraventa "en base a unos proyectos que les presentaron, eligiendo cada uno tanto el terreno a comprar como el tipo de casa que querían construir".
   El fiscal solicitó en el trámite de informes, en aras de la "restauración del orden físico alterado", la demolición de cinco de las viviendas y desestimó el derribo de las dos que se encuentran habitadas por "razones humanitarias". No obstante, la juez alude a una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 23 de enero de 2013 para concluir la improcedencia de la demolición.
   En concreto, indica que las viviendas se encuentran ubicadas en una zona llamada 'Los Patricios' y que, según el avance de la modificación puntual del PGOU de Albox en adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), esa zona se considera "un asentamiento rural de la Rambla del Saliente que previsiblemente va a ser calificado como suelo urbano no consolidado".
   "Es muy probable que las viviendas puedan ser legalizadas en un plazo que dependerá de los trámites administrativos, pudiendo la situación de que, si se acordara la demolición, en un breve plazo hubieran sido legalizables, causando más perjuicios que beneficios la demolición, habida cuenta de que entran en juego intereses de terceros de buena fe", concluye.
"DIEZ AÑOS DE INCERTIDUMBRE y SUFRIMIENTO"
   A la hora de medir las consecuencias del delito por el que han sido condenados los promotores y responsable técnico de la obra y, subsidiariamente el Ayuntamiento de Albox, dada "la escasa actuación y control llevado a cabo, creando una apariencia de legalidad con la misma", la juez remarca las circunstancias personales de los compradores, que han pasado "por diez años de espera e incertidumbre sobre el destino de su casa y el consecuente sufrimiento".
   Así reconoce el derecho a indemnización por daños morales de las dos familias propietarias de las casas que si se terminaron y que han estado habitadas con 40.000 y 45.000 euros, y de una tercera que no pudo ver concluida su vivienda con 50.000 euros. Para una cuarta familia fija en 7.800 euros los daños y perjuicios derivados del alquiler que pagaron hasta volver a Reino Unido. El resto de los perjudicados no solicitaron resarcimiento por daños morales.

jueves, 25 de septiembre de 2014

Tres razones de peso y un (leve) dolor de cabeza tras la regularización de más viviendas ilegales


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Tres razones de peso y un (leve) dolor de cabeza tras la regularización de más viviendas ilegales

ROSA LLACER / 18 Sep 2014
Viviendas en Alcaucín. // EL OBSERVADORViviendas en Alcaucín. // EL OBSERVADOR
Si hubo alguna consecuencia inmediata y empíricamente contrastable de la primera sesión del debate sobre el Estado de la Comunidad, es que esa noche decenas, quizás centenares, de alcaldes de todo siglo político y varios miles de ciudadanos, muchos de ellos británicos y alemanes, durmieron más tranquilos. La concreción del anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobada hoy por el Parlamento permitirá que 25.000 viviendas que se quedaron fuera del primer decreto de regularización aprobado en 2012 -y que ya permitió ‘legalizar’ 250.000 viviendas- puedan inscribirse en el registro y contar con servicios básicos como la luz y el agua.
Esas “miles y miles de viviendas” a las que hizo referencia Susana Díaz se encuentran por toda Andalucía, pero es en el Levante de Almería y la Axarquía de Málaga donde con mayor intensidad se localiza un problema que ha puesto y quitado alcaldes elección municipal tras elección municipal. Y que todavía puede seguir haciéndolo. Ésta es, sin duda, la primera razón de la decisión de la presidenta.
LA PRIMERA RAZÓN: ELECCIONES MUNICIPALES A LA VISTA
Susana Díaz ha puesto en manos de los futuros candidatos del PSOE a las Alcaldías un argumento electoral poderosísimo. Y, al contrario de lo que sucede con los planes de empleo, con el proyecto de retorno del talento o con el apoyo a la empresa y el emprendimiento, a coste cero. No depende de nadie, más que de su voluntad. Y ésta se expresó ayer en el Parlamento, con el lógico voto del PSOE –sobran explicaciones-, con la lógica abstención del PP –imposible votar en contra de algo que llevan años defendiendo- y el lógico voto en contra de IU –imposible votar a favor de algo que llevan años criticando-. Es, claramente, una decisión política que se toma a meses de unas elecciones en las que los socialistas fueron duramente vapuleados hace casi cuatro años. Con una sencilla modificación de un artículo –el 185- de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), decenas de miles de ciudadanos dejarán de tener la espada de Damocles de la demolición de sus viviendas sobre sus cabezas y, ya de manera normalizada, podrán acceder a los servicios básicos que hasta el momento no podían conseguir.
Sin duda, el PSOE se va a encargar de que sepan a quién tienen que agradecérselo. En municipios de cuatro o cinco mil habitantes con centenares de viviendas en esta situación –y hay muchos así- este argumento puede suponer la razón que decida el voto en un sentido u en otro. De hecho, los sucesivos secretarios generales del PSOE de las provincias más afectadas llevan años relacionando sus mediocres resultados electorales con la amenaza de la piqueta urbanística de la Junta.
Ahora ya no tendrán esta excusa. Tampoco los diputados británicos que, cada cierto tiempo, pasaban por el Levante o a la Axarquía prometiendo a sus compatriotas la resolución del problema de las viviendas ilegales a cambio de votos para sus respectivas circunscripciones. Ni Andalucía saldrá más en prime time en la BBC junto a la imagen de un par de jubilados ingleses afligidos y derrotados mientras una excavadora derriba su vivienda. Todos ganan.
Cabría preguntarse, entonces, si electoralmente es tan rentable y no tiene más coste que el de la decisión política ¿por qué no se ha hecho antes? La segunda razón nos da algunas pistas.
LA SEGUNDA RAZÓN: LA RECEPTIVIDAD DE LOS JUECES
La Junta de Andalucía no sólo lleva años legislando intensamente, en no pocas ocasiones con idas y venidas sobre lo ya decidido, sobre el ordenamiento urbanístico de la comunidad. También, y aunque casi completamente fuera de los focos, hace mucho tiempo que se trabaja con jueces y fiscales de Medio Ambiente para generar una doctrina sobre cómo actuar ante una situación sobrevenida y que ni la Administración Autonómica ni la Administración de Justicia fueron capaces de evitar o, al menos, parar a tiempo.  Se reconozca o no, nadie puede sacar pecho. Más bien al contrario.
El caso de Marbella, con miles de viviendas ilegales integradas en el casco urbano y las competencias urbanísticas plenas en manos de la Junta tras la locura delictiva de los ayuntamientos de Jesús Gil, supuso un punto de inflexión. Se acuña el término terceros de buena fe que, básicamente, persigue exculpar a los ciudadanos que, en supuesta ignorancia, adquirieron viviendas que se construyeron y en muchos casos se escrituraron sin que nadie pudiera o supiera o quisiera parar un proceso que desde el minuto uno se sabía irregular. El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Marbella, elaborado por la Junta (PSOE) y aprobado por el Ayuntamiento de Marbella (PP), concede una amnistía a la mayor parte de estas edificaciones a cambio de un sistema de compensaciones urbanísticas por el daño causado que asume el municipio. La tesis estaba clara y se antoja muy similar a la que desde ahora circulará en los argumentarios socialistas: hecho el daño –la vivienda- no pueden pagar justos –los vecinos- por pecadores –los gobiernos de Gil que concedieron las licencias. Cámbiese esto por lo que proceda: promotores, ayuntamientos de otro signo político…
Pero este acuerdo para resolver la patata caliente del disparate urbanístico de Marbella no hubiera sido posible sin la aprobación o, al menos, comprensión de las instancias judiciales. De imputar, inhabilitar y, en ocasiones, mandar a la cárcel a alcaldes por conceder licencias en suelos no urbanizables, los jueces y fiscales han comprendido y en buena parte asumido esta doctrina: el bien a preservar ya no es recuperable por lo que el daño que se provoca es mayor que el que se corrige. Y todos llegan a esta conclusión quizás porque no había más remedio. ¿O acaso alguien en su sano juicio piensa que es posible demoler 250.000 viviendas, muchas de ellas habitadas, en Andalucía? La pregunta puede hacerse de otra manera, ¿sigue en pie el Algarrobico? Pues eso. Ayer mismo, y según informó Diario de Sevilla, el juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla suspendió definitivamente y por primera vez la demolición de una construcción ilegal, edificada en el año 2005 en suelo no urbanizable, amparándose en el decreto de regularización de 2012 de la Junta.
Sin embargo, este cambio de orientación no ha sido a cambio de nada y eso enlaza con la tercera razón.
LA TERCERA RAZÓN: EL PUNTO FINAL
Que Andalucía ha vendido muy barato lo mejor de su territorio –la primera línea de nuestras costas, el riquísimo paisaje interior, las laderas de la Axarquía…- es un hecho incontestable. Por desgracia, ya no podremos aspirar a modelos de ocupación del territorio, también expansivos, pero mucho más rentables en términos de modelo productivo e inversión como en su día hicieron la Toscana o la Costa Azul, por citar dos ejemplos recurrentes. Eso pasó y, por todo lo explicado antes, quizás no tiene remedio. Nos hemos acostumbrado, nos han acostumbrado, a un horizonte lleno de casitas desperdigadas que consumen más recursos de los que generan y que han modificado para siempre nuestro mayor intangible: el paisaje.
Pero se puede evitar que vaya a más y aquí la Junta cuenta con dos bazas. Una inesperada: la crisis del ladrillo no sólo paró por completo el sector de la construcción legal, sino que el ilegal también gripó su motor allá por 2005. Desde entonces, el número de denuncias interpuestas por irregularidades urbanísticas ha ido bajando y no porque haya más vigilancia –que también – sino sencillamente porque hay menos obras en el campo. La segunda baza es la labor que cuerpos poco conocidos, como el de los inspectores urbanísticos, han venido realizando sobre el territorio desde entonces.
El conocimiento actual de la situación de estas viviendas es ahora grande y, en el caso de algunos focos especialmente conflictivos, exhaustivo: año de edificación, primera o segunda vivienda, situación registral, afección a bienes o espacios protegidos… Más aún. Si hace 10 años era posible sortear los controles –había pocos- y construir ilegalmente en cualquier parte de Andalucía decenas de miles de viviendas de golpe, ahora ya no lo es. Ni los Ayuntamientos se la juegan; ni la Junta no se entera ni los jueces tardan años en responder proporcionadamente. El derribo express, la colaboración Junta-Justicia, los planes municipales de inspección urbanística están ahora y no estaban antes. Hay que reclamar que funcionen.
Aquí está el tercer motivo y, también, el tercer argumento, el que no se expondrá en voz alta: “No hemos podido evitar este desastre sobre el territorio, no lo vamos a corregir echando de sus casas a decenas de miles de personas pero a partir de ahora vamos a ser implacables”. El plan de protección del litoral, la decisión política –que ayer reiteró IU en su discurso- de no construir en la playa de Valdevaqueros en Tarifa, el recurso a la Ley de Costas del Gobierno central o la oposición al gaseoducto en Doñana son claramente acciones en este sentido.
Y más vale que así sea porque éste será el principal, aunque quizás, leve dolor de cabeza que provocará este cambio normativo.
Y EL (LEVE) DOLOR DE CABEZA
Que IU vote en contra de la modificación de la LOUA sin demasiadas alharacas entra dentro de lo previsible y está, más que probablemente, pactado. La reacción de los colectivos ecologistas y conservacionistas que han visto en la Junta de Andalucía el contrapeso a la contrarreforma ambiental del Gobierno de Rajoy ya es menos controlable. Hasta ahora, Andalucía podía presumir de ser diferente (y referente para muchos) en sanidad, en servicios sociales y en protección del territorio y del medio ambiente. Quizás tenga que rebajar el discurso en esa tercera pata. En el fondo, pensará la presidenta de la Junta, es un mal menor, un leve dolor de cabeza. Cuando alguien toma una decisión como la que ayer tomó Susana Díaz sabe a ciencia cierta que será calificada de “polémica” pero no duda de que será “rentable”. Y ésta parece serlo.


Link: http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/18/541b04dae2704e88058b456e.html

lunes, 22 de septiembre de 2014

POR RAFAEL RUIZ Día 21/09/2014




CÓRDOBA.

Día 21/09/2014


La Junta, que tiene una caraja considerable en materia de parcelaciones, anuncia una segunda norma en apenas dos años para que parezca que hace algo con las viviendas ilegales

La amnistía de la amnistía

LA presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado esta misma semana que su Gobierno remitirá al Parlamento de Andalucía una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de la comunidad con el propósito de encontrar una salida a las miles de viviendas que se encuentran en una situación de irregularidad manifiesta pero en las que se han cumplido los cuatro años que prescribe la legislación como tope máximo para su demolición. La cuestión es que hace apenas dos años, el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció justo lo mismo: una salida a las irregularidades manifiestas donde ya no era posible la demolición.
El anuncio de la nueva norma, que ha provocado un sonoro rebote de Izquierda Unida —que ahora que va a haber elecciones se rebota por casi todo—, muestra a las claras el carajal que existe desde hace muchos tiempo en la política —autonómica, sí, pero también municipal— cuando se trata de poner el cascabel al gato de las viviendas levantadas sin permiso en toda la amplitud de la comunidad andaluza. Tras marear a propietarios y concejales de Urbanismo durante año y medio, el PSOE ha tomado la noble determinación de tirar a la basura el montonazo de papeles que se han emborrando a cuenta de las últimas ocurrencias sobre disciplina urbanística.
La Junta tiene un problema de consideración en determinadas zonas de la comunidad, como la provincia de Málaga y algunas otras zonas cercanas a la costa. Resulta que en determinados municipios a los jubilados escoceses, galeses e ingleses les dio hace ya algún tiempo por construir o adquirir viviendas. Y como aquí había oferta abundante en el mercado no regulado, el Gobierno de Su Majestad tiene a miles de sus conciudadanos con propiedades adquiridas que tienen menos papeles que una liebre, sanciones que no pueden pagar y una regulación tal que les impide tener agua o luz, con lo que ello comporta para deshacer sus inversiones y largarse a un hotel de Estepona a disfrutar de sus libras esterlinas.
La realidad es que el problema de la vivienda levantada sin permiso excede con mucho al de la comunidad extranjera pero es éste el factor diferencial, lo que hace que los actuales gestores se hayan puesto las pilas. La Junta probó con un decreto (el 2/2012, por si quieren lectura amena para el fin de semana), que de una forma muy fina dice lo siguiente. Si usted tiene una casa sin papeles, la Administración hace como que no le ve con tal de que usted sea bueno y pague una cantidad pequeña de dinero por acceder a un régimen de tolerancia.
Los efectos de ese decreto han sido, en realidad, nulos aunque los ayuntamientos han tenido que realizar costosos censos de viviendas, tramitar modificaciones de su planteamiento y emprender la redacción de ordenanzas específicas sobre la habitabilidad de estas casas. Los propietarios que llevan muchos años en esas viviendas tienen un nivel de servicios tal que le suda la frente que la Administración le eche cuenta o no. A la numerosa colonia extranjera parcelista tampoco le salva tener o no la tolerancia de la Junta. Quieren un sistema rápido que les permita tomarse las «beans» del desayuno sin la carga de la pesada administración urbanísica española.
Aquí en Córdoba, una plataforma formada por parcelistas y partidos políticos ha señalado el camino de forma pionera. Sus conclusiones, que apoyan todos, prevé el marco más optimista posible para el propietario de una casa sin licencia de obras. Hasta IU, que en Sevilla dice «no», aquí apoya vivamente sus conclusiones de trabajo. Menos multas, gastos de urbanización reducidísimos, servicios casi universales. Apuestas a que por ahí van los tiros del neopopulismo «canijo» de Susana Díaz que va a sacar tajada electoral del caos urbanístico de un lugar donde se puede levantar impunemente un chalé estupendo con el permiso para una caseta de aperos que firma de rondón el alcalde del pueblo.



Después de leer este articulo, aunque nos da la sensación de que es mas bien un manifiesto particular basado quizás en la envidia, la maldad o vaya usted a saber..

Cuando el sr. Periodista  escribe que" la Junta tiene una caraja considerable en materia de parcelaciones" y apostilla que desde hace tiempo hay un" carajal" en la política autonómica y también en la local, nos da la sensación de que seguramente acaba de tomarse un "GRAN CARAJILLO" con poco café.

En la primera semana de Octubre, tendrá lugar la 4ª reunión a nivel de Andalucía de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística, (CALU). con la asistencia de  colectivos que representan a miles de afectados por la LOUA.

Entre estos representantes estarán los extranjeros de Almeria, la Axerquia y Mijas de Malaga, ademas de nativos de las provincias de Cadiz, Sevilla, Jaen, Estepona y Córdoba.

A través de este blog. Queremos invitar al sr. Periodista, a que asista a la reunión y de esta forma le brindamos la oportunidad de expresar sus sentimientos urbanísticos a la cara de los afectados, seguramente estos le agradecerán su sinceridad.

Cuando invita a sus lectores a que lean el decreto 2/2012, como lectura amena, en cual dice de una forma muy fina que si se tiene una casa sin papeles, la administración hace como que no la ve y con tal de que usted sea bueno y pague una cantidad pequeña de dinero puede acceder a un regimen de tolerancia.

Esta muy claro, que si el sr. Periodista ha leido el decreto 2/2012, solo ha sido de pasada y solo ha visto lo que la resaca del "GRAN CARAJILLO" le ha permitido ver, acaso las sanciones algunas de 300.000 a 500.000€. "son poco dineros para el", acaso ese régimen de tolerancia, no, obliga a pagar como si fuese legal, pero sin serlo.

Es que hasta dudamos de que se haya tomado solo un "GRAN CARAJILLO", cuando seguimos leyendo y observamos  cuando dice que los ayuntamientos han tenido que realizar costosos censos de viviendas, tramitar modificaciones de su planteamiento y emprender la redacción especificas de ordenanzas sobre la habitabilidad las casas .
Que los propietarios que llevan muchos años, ¿cuanto son muchos años, para usted? tienen un nivel de servicios tal que les suda la frente que la administración le eche cuenta o no.

Ahí si, ahí, le tenemos que dar la razón al sr.Periodista, porque el sufrimiento de padres de ver como sus hijos e incluso nietos, han tenido que irse a vivir con ellos porque le han quitado su casa y no tienen trabajo solo la pensión de los abuelos que viven en la parcela, pero claro, no tienen agua potable y tienen que ir a las fuentes más cercanas,  que se lavan con agua de pozo contaminada, porque no hay otra, y  si nos suda la frente, seguramente será por estar labrando en el huerto para sacar las papas y tener algo que dar de comer a los nuestros. Es verdad sr. Periodista tenemos un nivel  de servicios tal, que es una vergüenza que las administraciones no nos tengan en cuenta.

Y hablando de verguenza, sr. Periodista, a la vista está que usted la tiene toda entera, porque en lo que respecta a gastar una poca al comentar sobre ciudadanos que mal viven usted se olvida de utilizarla.

DE DERECHOS HUMANOS HABLAREMOS OTRO DÍA.

Paco León.






sábado, 20 de septiembre de 2014

Nieto lamenta la "actitud evasiva" de la Junta en el asunto de las parcelas



EL DÍA DE CÓRDOBA.ES

El alcalde pide "una actitud generosa" respecto a las viviendas que se encuentran en un "limbo" jurídico

A. A. / E. PRESS | ACTUALIZADO 20.09.2014 - 01:00

La Junta de Andalucía mantiene una "actitud evasiva" respecto al problema de las parcelas del entorno de Medina Azahara y el río Guadalquivir construidas hace años en suelo no urbanizable. Así lo manifestó ayer el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, que reclamó al Gobierno andaluz que la modificación parcial anunciada por la presidenta autonómica, Susana Díaz, para la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), tenga "una tramitación rápida" y que, además, "sea clara", ya que normas anteriores "no han servido al fin que aspiraban". 

Nieto, que afirmó que se ve "incapaz de interpretar" la falta de respaldo de IULV-CA a su socio de gobierno, el PSOE-A, en lo referido a esta iniciativa, aclaró que el PP la ha apoyado porque "es la misma" que viene defendiendo "desde hace 18 años" en el Parlamento andaluz. 

A Nieto, presidente provincial del PP en Córdoba, le "preocupa" que tanto la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, como la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, hayan "hablado más de las viviendas que no se podrán acoger" al nuevo texto de la LOUA que de las que sí se podrán beneficiar. En consecuencia, le pidió a la Junta que haga "una interpretación generosa" respecto a los inmuebles que ahora se encuentran en un "limbo" jurídico, pues "no se pueden derribar" pero tampoco se pueden regularizar y a pesar de ello "siguen existiendo". "No tiene sentido mantener una legislación" que prolonga esta situación, añadió el alcalde. 

Nieto considera que lo que debe hacer la Junta es "dejar de mirar hacia otro lado" y decir "qué hacemos con las viviendas que no se puedan acoger" tampoco a la norma reformada, añadiendo que, en el caso de la ciudad de Córdoba, "con reforma o sin ella, la regularización" de la mayoría de las viviendas antes alegales "ya estaba canalizada". 

La consejera María Jesús Serrano aseguró el pasado jueves a el Día que las parcelaciones ubicadas en el entorno de Medina Azahara y junto al río no se beneficiarán de la modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobada el día anterior en el Parlamento con el voto en contra de IU y la abstención del PP. La responsable añadió que el objetivo de la Administración autonómica es "regularizar" ciertas construcciones que se encuentran en un "limbo jurídico", pero en ningún caso aquellas que están ubicadas en suelo inundable o de especial protección. 

La Junta calcula que en toda la comunidad autónoma se beneficiarán de la modificación del artículo 185 de la LOUA, por el que se declaraba la imprescriptibilidad de las casas construidas en suelo no urbanizable fruto de divisiones de una parcela y situadas fuera de los núcleos urbanos, unas 25.000 viviendas, aunque la consejera no pudo especificar cuántas corresponden a la provincia de Córdoba.

viernes, 19 de septiembre de 2014

El Ayuntamiento de Chiclana reclama a la Junta que "deje de parchear constantemente" la LOUA Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2241969/0/ayuntamiento-chiclana-reclama-junta-que-deje-parchear-constantemente-loua/#xtor=AD-15&xts=467263

20 Minutos.es


El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha pedido a la Junta que "tenga 

presente la realidad urbanística de todos los municipios" en vez de "parchear 

constantemente" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

EUROPA PRESS. 18.09.2014 

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha pedido a la Junta que 

"tenga presente la realidad urbanística de todos los municipios" en vez de "parchear 

constantemente" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

En un comunicado, la delegada de Urbanismo, Marisol Ayala, del Partido Vecinal 

Regionalista (PVRE) —que gobierna con el PP en el municipio— ha expresado su 

"sorpresa" ante las últimas medidas en materia de Urbanismo anunciadas por la Junta, a la 

que indica que "la solución pasaría por informarse sobre la realidad urbanística de toda la 

comunidad autónoma". Para ello, propone a la Administración andaluza que mantenga 

reuniones "con todos y cada uno de los responsables urbanísticos de los ayuntamientos, 

que son los que mejor conocen la problemática de los municipios". En este sentido, la edil 

reclama a la Junta que también se modifique el artículo 175 de dicha ley para que "miles 

de familias de Andalucía puedan tener acceso a los servicios básicos de manera 

inmediata", apuntando que "una de las carencias de mayor calado es la ausencia de 

suministro eléctrico en la viviendas". Abunda que "no solo hay que modificar el artículo 185 

de la LOUA, sino que también se pueden modificar más artículos que ayudarían a 

regularizar la problemática más común, tanto en Chiclana como en Andalucía". A su juicio, 

"en un juego meramente electoralista, la Junta parece haberse olvidado de que la 

aplicación del Decreto 2/2012 no ha servido más que para regularizar unas 500 viviendas 

en toda la comunidad autónoma y en la que existen más de 300.000". Finalmente, Ayala ha 


ofrecido a la Junta el trabajo de la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Chiclana para "ayudar a solucionar la problemática que conlleva la ordenación del 

municipio".




Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2241969/0/ayuntamiento-chiclana-reclama-junta-que-deje-parchear-constantemente-loua/#xtor=AD-15&xts=467263

jueves, 18 de septiembre de 2014

QUE NO SEAN "MEROS PARCHES"










Agencia Europa Press. Noticias e información de actualidad


Los colectivos de parcelas valoran el anuncio de Díaz, pero con "cautela" ante la modificación de la LOUA.



Parcelas de la capital inundadas en 2010

CÓRDOBA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
  
 La Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig) y demás colectivos integrantes de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) han manifestado que celebran con "alegría", pero con "cautela" las palabras de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de proponer al Parlamento una modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para posibilitar la regularización de viviendas que se encuentran en un "limbo jurídico" porque ha prescrito el plazo para restituir la legalidad tras ser construidas en suelo no urbanizable.
  
 En una nota, el portavoz de los colectivos, Francisco León, ha expresado que se sienten "ilusionados", aunque comenta que "ahora solo cabe esperar que sus palabras no caigan en el olvido y se estudie junto a las demás administraciones y colectivos que representan a los ciudadanos afectados", al tiempo que "se busquen soluciones viables para que se solucione este problema que perdura en la eternidad".

  De este modo, esperan que las soluciones a esta modificación de la LOUA "no se hagan a espaldas de la realidad existente y vuelvan a ser meros parches que no solucionen la totalidad de estas viviendas alegales".
  
 En cualquier caso, felicitan a la presidenta por "querer normalizar la vida de miles de ciudadanos andaluces que llevan años viviendo con la inseguridad, la incertidumbre y el miedo".

  Asimismo, recuerda que siguen reivindicando que se atiendan los escritos dirigidos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y "se dignen a contestar y reunirse con los colectivos", señala Francisco León.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

Modificará la LOUA para la regularización de miles de viviendas en un "limbo jurídico"


DIARIO CÓRDOBA

PARCELACIONES


EUROPA PRESS 17/09/2014

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno va a proponer al Parlamento una modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para posibilitar la regularización de viviendas que se encuentran en un "limbo jurídico" porque ha prescrito el plazo para restituir la legalidad tras ser construidas en suelo no urbanizable.
Díaz ha asumido este compromiso durante su intervención inicial en el Debate sobre el Estado de la Comunidad con el objetivo de "dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la administración no puede dar la espalda" derivada de la existencia de "un importante número de edificaciones construidas, en suelo no urbanizable, y para las que ha prescrito el plazo para la restitución de la legalidad urbanística".
"No podemos, en modo alguno, dejar que permanezcan en un limbo de inseguridad jurídica, de manera que mi Gobierno va a proponer a la Cámara una modificación normativa de la LOUA que posibilite la regularización de dichas viviendas", ha defendido la jefa del Ejecutivo andaluz.Díaz: 'O acabamos con la corrupción o se convertirá en un lastre pesado'. Foto: EUROPA PRESS
Junto a ello, Díaz ha reivindicado la política de la Junta en materia de protección del medio ambiente "poniendo pie en pared ante fenómenos especulativos como los que se han intentado en la playa del Algarrobico o en la finca la Almoraima, y a través de un modelo que permita un desarrollo auténticamente sostenible, que potencie el empleo y no ponga en peligro el formidable patrimonio natural de Andalucía".
En relación con la Almoraima, la presidenta de la Junta ha insistido en que su gobierno no va a "amparar ninguna operación de corte especulativo, por poderosos que sean los intereses en juego, ni por influyentes que se crean sus valedores".
LA DEMOLICIÓN DEL ALGARROBICO TARDARÁ PERO NO TIENE VUELTA ATRÁS
Sobre el Algarrobico, Díaz también ha expresado con "claridad" la voluntad de la Junta de "acometer su demolición en cuanto lo permita la legalidad, garantista siempre, pero contradictoria a veces como ha sucedido en este caso" y ha citado como prueba de esta voluntad "el ejercicio del derecho de retracto". "La demolición del Algarrobico tardará lo que tenga que tardar, pero sencillamente no tiene vuelta atrás", ha recalcado.
A este respecto, la presidenta de la Junta se ha comprometido a presentar antes de final de año un plan de inversión para la comarca del Levante almeriense que demostrará que "es posible crear empleo mejorando el medio ambiente en vez de destruyéndolo, pues en modo alguno es incompatible el compromiso medioambiental con el compromiso social y laboral".

Desde la Plataforma, y demás colectivos integrantes de "CALU" (Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística), celebramos con alegría, pero con "cautela", estas palabras de la Presidenta de la Junta de Andalucía.
Realmente nos sentimos ilusionados, ahora solo cabe esperar que sus palabras no caigan en el olvido y se estudie junto a las demás administraciones y colectivos que representan a los ciudadanos afectados, se busquen soluciones viables para que se solucione este problema que perdura en la eternidad.
Esperamos que las soluciones a esta modificación de la LOUA, no se hagan a espaldas de la realidad existente y vuelvan a ser meros parches que no solucionen la totalidad de estas viviendas alegales.
Es por lo que queremos felicitar a la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, por querer normalizar la vida de miles de ciudadanos andaluces que llevan años viviendo con la inseguridad, la incertidumbre y el miedo.
Seguimos reivindicando se atiendan los escritos dirigidos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y se dignen a contestar y reunirse con estos colectivos.
Paco León

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Afectados por la inundaciones insisten en reunirse con Serrano ante "uno de los problemas más importantes de la región"


lainformacion.com
miércoles, 10/09/14 - 16:08

La plataforma de afectados por las inundaciones del río Guadalquivir en 2010 se ha pronunciado respecto a las últimas declaraciones en el Parlamento de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, con la que insisten en reunirse para "intentar arreglar uno de los problemas más importantes que tiene nuestra región, como son las inundaciones y las más de 300.000 viviendas alegales existentes en toda Andalucía".


SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
La plataforma de afectados por las inundaciones del río Guadalquivir en 2010 se ha pronunciado respecto a las últimas declaraciones en el Parlamento de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, con la que insisten en reunirse para "intentar arreglar uno de los problemas más importantes que tiene nuestra región, como son las inundaciones y las más de 300.000 viviendas alegales existentes en toda Andalucía".
En el blog de la plataforma, consultado por Europa Press, el portavoz y coordinador de la plataforma, Francisco León, ha elogiado que Serrano haya llamado al trabajo conjunto de administraciones, partidos y ciudadanos para evitar nuevas inundaciones, así como que la consejera haya anunciado que se acatarán las sentencias firmes que obliguen a la Junta a indemnizar.
No obstante, mientras Serrano ha dicho que se recurrirán las condenas "hasta el final", el portavoz resalta que "se irá a los tribunales para reclamar indemnizaciones", todo ello después de que la Audiencia Nacional haya dado la razón a tres decenas de agricultores y ganaderos que pedían compensaciones por los daños sufridos y ante la responsabilidad que tenía en aquella época la Junta sobre la cuenca del río.
Ante esta situación, León ha anunciado que se están recopilando informes de afectados por las inundaciones, buena parte de ellos parcelistas, para acudir a los tribunales, e insiste en mantener una entrevista con la consejera. Capítulo aparte, el portavoz rechazó que la plataforma "se deje influir por el PP y el Ayuntamiento", pues "no vamos en contra de ningún partido ni administración, solo pedimos lo que es justo".
Los escritos de la plataforma solicitando un encuentro han sido, según lamenta el colectivo, "ignorados", sin que "ni tan siquiera se haya dignado contestar, al igual que hizo el anterior consejero, Luis Planas". Por otra parte, "lo que no puede decir nuestra señora consejera es que la sequíaes un problema tan grave para la agricultura que es preferible tener los pantanos llenos y asegurar unas cosechas porque sale más barato el indemnizar por las inundaciones", rechaza.
Por otra parte, León ha subrayado, respecto a la actuación del Grupo Popular --que llevó el caso al Parlamento--, que "lo más lógico es que se hubieran puesto en contacto con esta plataforma para informarse bien y no decir cosas que están fuera de lugar", ya que "se reclama a la Junta que cumpla con sus deberes para con los ciudadanos, pero no dicen nada de su responsabilidad a nivel nacional ni local desde donde se pueden tomar decisiones para solucionar el problema y no lo hacen".

(EuropaPress)

lunes, 8 de septiembre de 2014

RESPUESTA DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS


Llaman a la unión para que no haya más inundaciones


Elogian que la consejera busque soluciones futuras, pero piden diálogo. Recopilan más informes del 2010 para reclamar indemnizaciones



Un momento de la reciente asamblea de afectados por las inundaciones. - JUAN MANUEL VACAS


JUAN M. NIZA 08/09/2014

La plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir del 2010 ha elogiado que la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, haya llamado al trabajo conjunto de administraciones, partidos y ciudadanos para evitar nuevas inundaciones en una reciente comparecencia en el Parlamento de Andalucía. Más aún, ha hecho suya esta llamada "para evitar en el futuro estas catástrofes, que es lo importante", manifestó ayer Francisco León, protavoz y coordinador de la plataforma, que cuenta con unos 400 miembros.
Aunque León también ha mostrado su satisfacción porque la consejera haya anunciado que "se acatarán las sentencias firmes que obliguen a la Junta a indemnizar", puede decirse que ahí acaban las coincidencias, ya que mientras Serrano recurrirá las condenas "hasta el final", el portavoz insiste en que se irá a los tribunales para reclamar indemnizaciones, todo ello después de que la Audiencia Nacional haya dado la razón a tres decenas de agricultores y ganaderos que pedían compensaciones por los daños sufridos y ante, dictaminó el juez, la responsabilidad que tenía en aquella época la Junta sobre la cuenca del río.
Ante esta situación, León ha anunciado que se están recopilando informes de afectados por las inundaciones, buena parte de ellos parcelistas, para acudir a los tribunales, e insiste en mantener una entrevista con la consejera. Capítulo aparte, el portavoz rechazó que la plataforma se deje influir por "el PP y el Ayuntamiento", como dijo Serrano. "No vamos en contra de ningún partido ni Administración, solo pedimos lo que es justo", afirma Francisco León.


De todo lo expuesto por la Consejera  Mª Jesús Serrano, nos quedamos como terminó su intervención
haciendo un llamamiento al trabajo común entre partidos,administraciones y ciudadanos para evitar nuevas catástrofes.

Le recordamos, ya que ha nombrado a los ciudadanos en este llamamiento al trabajo, que tiene escritos donde se le pide una reunión con colectivos de diferentes provincias de Andalucía, para colaborar con esa Consejería y demás administraciones e intentar arreglar uno de los problemas más importantes que tiene nuestra región como son las inundaciones y las más de 300.000.Viviendas alegales existentes en toda Andalucía.

Escritos que ha ignorado y ni tan siquiera se ha dignado a contestar, al igual que hizo el anterior Consejero, Luis Planas, Como quieren que los ciudadanos crean en sus representantes políticos, si dicen una cosa y actúan de otra forma.

Pero sí, la hemos visto en fotos de los medios asistiendo a tal o cual evento, que no decimos que este mal  que también, pero hay un orden de prioridades en la vida y hoy por hoy el asunto que nos ocupa es prioritario.

Lo que no puede decir nuestra Sra. Consejera es que la sequia es un problema tan grave para la agricultura  que es preferible tener los pantanos llenos y asegurar unas cosechas, porque sale más barato el indemnizar por las inundaciones.

Nosotros, los afectados, le preguntaríamos a la Sra. Consejera, ¿ CUANTAS COSECHAS VALE, UNA VIDA HUMANA?.

Lo que no puede decir y menos demostrar la Sra. Consejera es que un partido político esté alentado a la Plataforma para ir en contra de la Junta.

No sabemos en que mundo viven nuestros representantes políticos, ni a la velocidad que van a la hora de tomar decisiones, pero si sabemos que los afectados lo único que entienden es lo que están sufriendo por las decisiones tomadas en las que ponen en peligro sus vidas y sus bienes.

Por tanto Sra. Consejera, el color político de nuestra Plataforma es el del dolor y sufrimiento de tantas familias afectadas por sus decisiones.  

También queremos tener unas palabras para el Sr. Molina Rascón, del PP.

Por un lado nos alegramos de que el tema de las inundaciones se lleve al Parlamento, pero por otro lado observamos como se hace de una manera totalmente particular, puesto que lo más lógico es que se hubieran puesto en contacto con esta Plataforma para informarse bien y no decir cosas que están fuera de lugar.

De nuevo insistimos en que desde el PP. Se reclama a la Junta que cumpla con sus deberes para con los ciudadanos, pero no dicen nada de su responsabilidad a nivel Nacional ni Local, desde donde se pueden tomar decisiones para solucionar el problema, y no lo hacen.

Para los afectados tan responsables son unos como otros.

Es por lo que desde este humilde blog, pedimos a todas las administraciones de diferente color político, que si de verdad quieren lo mejor para los ciudadanos, lleguen a un acuerdo y expongan soluciones viables    puesto que sus decisiones políticas nos afectan directamente, para bien o para mal, "por desgracia casi siempre para lo ultimo."

Observamos como continuamente se tiran los trastos a la cabeza y no admiten los errores cometidos, tanto por unos como por otros, perjudicando de esta forma a los auténticos sufridores de sus incompetencias que no son otros que los afectados por sus decisiones.

Hay un dicho que dice " entre todos lo mataron y él solo se murió".

Paco León.

TRAS LOS FALLOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENANDO A LA AGENCIA DEL AGUA DE ANDALUCIA


DIARIO CÓRDOBA


La Junta recurrirá "hasta el final" las sentencias de las inundaciones del 2010


Serrano recuerda que la lluvia fue anormal y discrepa del "estudio incompleto" en el que se basó el juez. La consejera dice que los cauces no se colmatan "en un día" y defiende a los técnicos que desembalsaron


 Vista aérea de una de las zonas inundadas en el 2010. - Foto:RAFAEL TENA

JUAN M. NIZA 04/09/2014

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, la baenense María Jesús Serrano, anunció ayer que "en la medida de lo posible" la Administración autonómica "recurrirá hasta el final" las sentencias que están saliendo desde la Audiencia Nacional y que condenan a la Junta, por entonces responsable de la cuenca del Guadalquivir a través de la Agencia Andaluza del Agua (AAA), por las inundaciones del Guadalquivir de diciembre del 2009 y febrero y diciembre del 2010, siempre que así lo aconsejen los abogados de la Consejería.

ANTECEDENTES El anuncio de la consejera toma relevancia después de que se prevean nuevas sentencias de la Audiencia a favor de agricultores y ganaderos que sufrieron grandes pérdidas en estas inundaciones (ya hay fallos que obligan a indemnizar por valor de, al menos, 4 millones de euros) y coincidiendo con que una plataforma de 400 afectados, muchos de ellos residentes en parcelaciones alegales, haya decidido presentar en bloque demandas. También el Ayuntamiento anunció que se estudiará demandar a la Junta por los gastos en seguridad, realojamiento y limpieza en estas catástrofes.
Ante esto, Serrano reiteró ayer hasta cuatro veces la voluntad del gobierno de la Junta de recurrir las sentencias, todo ello durante su comparecencia en la comisión parlamentaria, a petición del PP. Al respecto, Serrano consideró que es "el deber de la Junta" litigar para no hacerse cargo de unas inundaciones que tuvieron como explicación unas "lluvias extraordinarias" con una inusitada "concentración, extensión y persistencia", que supusieron incrementar el volumen de los embalses en apenas unos días en 2.200 Hm3 y poner al límite de seguridad a algunos pantanos a 1 de febrero del 2010. Por todo ello, Serrano discrepó de un informe de expertos de la UCO (lo calificó de "incompleto") que presentaron los demandantes y en los que se basó el juez para condenar a la Junta.
También hasta cuatro veces repitió la consejera que no se trató, como considera la Audiencia Nacional, de una "mala gestión", ni por parte de los responsables políticos ni de los especialistas, sino que se desembalsó solo "con criterios técnicos", elogiando a unos profesionales que "eran los mismos" antes de que la AAA recibiera las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que, ahora que han vuelto a la CHG, ese "competente" personal técnico "sigue con sus funciones".
Aunque Serrano dijo que acatará las sentencias firmes cuando se produzcan, "como no puede ser de otra manera", también rechazó otro argumento del juez para condenar a la Junta: el de la "omisión del deber de mantenimiento de los cauces". La responsable de la Consejería recordó que "los cauces no se ensucian en un día" y que la Junta apenas tuvo 11 meses desde que recibió las competencias hasta las primeras inundaciones, todo ello en una comunidad en la que, sin contar con la enorme cuenca del Guadalquivir, la AAA debe mantener 60.000 kilómetros de cauces de ríos y arroyos.

CRITICA AL PP Conforme transcurrió la comparecencia de ayer, la consejera se mostró más combativa contra el PP en sus declaraciones, insistiendo en que las inundaciones no tienen que servir de campo de batalla política aunque, al final, llegó a "lamentar que el PP y el Ayuntamiento de Córdoba" usen la cuestión con fines políticos y "alienten a la plataforma de afectados" para que actúe contra la Junta. La consejera Serrano terminó su intervención haciendo un llamamiento al trabajo común entre partidos, administraciones y ciudadanos para evitar nuevas catástrofes.
La consejera María Jesús Serrano. - "400 afectados" en la plataforma que ahora se plantea demandar a la Junta, "150 viviendas desalojadas, 700 realojados", millones de euros en indemnizaciones ya sentenciadas... "¿No reconoce que, a lo mejor, algo no se hizo bien?", ironizaba ayer el parlamentario andaluz del PP por Córdoba Adolfo Molina durante la comisión parlamentaria de Medio Ambiente en la que dio la réplica a la consejera Serrano.
El también secretario provincial del PP reclamó al Gobierno que, sin más dilación, "acate las sentencias" y abone las indemnizaciones a "casi una treintena de agricultores cordobeses que aquellos días sufrieron importantes pérdidas", e hizo suyas las consideraciones del juez en las sentencias, como que aquellos desembalses pusieron "de manifiesto una mala gestión por parte de la Administración, pues se debió regular el caudal de los embalses de forma paulatina". Molina también coincidió con el informe de la UCO y el juez en que aquellas lluvias no fueron "ni torrenciales, ni extraordinarias, ni excepcionales", e hizo suyos los deseos de "muchos agricultores" de que, y con el actual Gobierno autonómico, las competencias del Guadalquivir, aún en litigio, no vuelvan más a la Junta.



domingo, 7 de septiembre de 2014

Las inundaciones en España suponen unas pérdidas anuales de 1.600 millones de euros




Riesgos Naturales
Las inundaciones en España suponen unas pérdidas anuales de 1.600 millones de euros

El Colegio de Geólogos recuerda que la única forma eficiente de luchar contra las inundaciones son las políticas preventivas y los mapas de riesgo.
Muchos ayuntamientos de la costa mediterránea deberían realizar una labor de análisis del riesgo natural por inundación.
Si no se cumple la legislación vigente establecida en la Ley del Suelo, los ciudadanos afectados en un futuro podrán exigir responsabilidades penales y civiles a los órganos responsables de ordenación del territorio.
El Colegio propone la creación de un Observatorio de los Riesgos Naturales para velar por la seguridad de los ciudadanos ante catástrofes naturales.

8 de marzo de 2013.- El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) revela que las inundaciones en España ocasionan unas pérdidas anuales de 1.600 millones de euros. Si ampliáramos al resto de riesgos naturales (terremotos, volcanes, etc…) la cifra asciende a 2.800 millones de euros para 2013, según datos del estudio ‘Impacto económico y social de los riesgos geológicos en España’, elaborado por el IGME.

De todos los riesgos naturales a los que se expone nuestro país, las inundaciones abarcan más de la mitad de las pérdidas económicas. “Las inundaciones son el mayor riesgo que tenemos en España”, declara Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos. “En la costa mediterránea existen multitud de municipios afectados por inundaciones que requieren una labor de análisis del riesgo natural”, aconseja.

Por ello, “la única manera de luchar contra los riesgos naturales, fundamentalmente inundaciones, es mediante una política preventiva”, añade el presidente del ICOG. “Y actualmente existen instrumentos jurídicos para abordar esa prevención”, insiste Suárez.

En concreto, el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley Suelo que establece que “el informe de sostenibilidad ambiental previo a la ordenación del territorio deberá incluir obligatoriamente un mapa de riesgos naturales”.

Por tanto, según Luis Suárez la solución está clara: “para luchar contra las inundaciones hay que cumplir la legislación vigente”. “No es asumible jurídicamente echar la culpa de los daños por inundación a la imprevisibilidad de las mismas”, denuncia Suárez.

Reclamaciones futuras

En ese sentido, el presidente del Colegio de Geólogos considera que si no se cumple la legislación, en el futuro, los ciudadanos potencialmente afectados poseen instrumentos jurídicos de reclamación ante los órganos responsables de la ordenación del territorio en ayuntamientos y comunidades autónomas. “El ciudadano tiene en su mano acciones civiles e incluso penales si se ve afectado por una inundación”, explica.

Por último, el Colegio de Geólogos demanda a los poderes públicos la creación de un Observatorio de los Riegos Naturales, a nivel estatal, para que vele por el cumplimiento de la obligatoriedad de los mapas de riesgo a fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos ante catástrofes naturales.

La CHG se responsabiliza de la gestión de las aguas a partir del momento de la integración de competencias a la Administración General del Estado

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente asume las actuaciones detalladas en el Real Decreto de integración 1498/2011, de 21 de octubre.

11 feb. 2012.- A raíz de las diversas informaciones publicadas en relación con el ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tras la aprobación del Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, por el que, en ejecución de sentencia, se integran en la Administración General del Estado los medios personales y materiales traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, el Organismo de cuenca informa que:
- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asumió la responsabilidad de la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir en el ejercicio de sus competencias desde el momento de la aprobación del Real Decreto de integración 1498/2011, de 21 de octubre.

- Por ello, es la Comunidad Autónoma de Andalucía la administración competente para resolver y, en su caso, indemnizar a los interesados por los daños que los mismos hayan sufrido como consecuencia de la gestión y la administración de los recursos y aprovechamientos hidráulicos, correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por territorio andaluz, durante el periodo en que asumió dichas competencias.
- Por otro lado, desde el momento de la publicación del Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se hizo cargo de la tramitación de las actuaciones detalladas en el mismo. Del mismo modo, desde su entrada en vigor, el Organismo de cuenca asume las futuras inversiones que se desarrollen en el territorio de la demarcación hidrográfica en materia de aguas.