MANIFIESTO DE CALU ANTE LA MODIFICACIÓN DE LA LOUA.
El pasado día 7 de febrero, en el hotel Averroes de Córdoba, tuvo lugar la 6ª reunión de CALU, todos los asistentes de Andalucía acordaron presentar en el registro del Parlamento de Andalucía, este manifiesto.
En la fotografía nuestra compañera Luisa Gómez, de ASOCURCA. Nos muestra el documento ya pasado por el registro.
CONFEDERACIÓN ANDALUZA POR LA
LEGALIZACIÓN URBANISTICA,(CALU)
Los colectivos firmantes, ante la grave situación de los miles de
ciudadanos afectados por leyes
urbanísticas que, suponen obstáculos insalvables,
impiden el acceso a servicios básicos, coartan derechos fundamentales e impiden
unas condiciones de vida dignas, ante la
modificación parcial de la LOUA que afecta a las edificaciones aisladas en el SNU
y actualmente en tramitación en el Parlamentario
de Andalucía, quieren manifestar y presentan en el registro las siguientes
consideraciones :
A.- Que urge la redacción de una nueva
LOUA cuya filosofía responda a las exigencias de calidad de vida del siglo XXI,
fundamentándose en las necesidades ciudadanas y
respondiendo al interés social general.
B.- Que mientras tanto ha de aprobarse
una reforma que de soluciones a los problemas más acuciantes, por la
trascendencia de la problemática y por la inexorable fatalidad que conlleva no
abordarlos con urgencia; esto es por lo que el proyecto de reforma que se tramita, es de
todo punto insuficiente.
Estimamos
que la reforma legislativa debe tener mayor amplitud, abordando consideraciones
como paso intermedio a una nueva LOUA, que responda a una filosofía distinta y
se atiendan los siguientes aspectos:
1º.- Un reconocimiento expreso del derecho
al agua potable y al saneamiento como un Derecho Humano, lo que conlleva
específicamente a considerar las solicitudes de licencias para la implantación
de estos servicios a las viviendas, sea cual fuere la clasificación del suelo o
el grado de desarrollo en la ejecución del planeamiento, como un derecho
inalienable,.-
Entendemos que una reforma
legislativa que tan sólo pretenda arbitrar un mecanismo para que los
propietarios de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable pueda
acceder al agua potable, y al mismo tiempo no de respuesta a la mayoría de los
andaluces que carecen de ella, es un parche totalmente insuficiente para cubrir
las necesidades actuales de falta de abastecimiento de este bien de primera
necesidad, y que desgraciadamente lleva perpetuándose, en no pocos casos más de
treinta años, en procedimientos de desarrollos urbanísticos inconclusos, sin
que los poderes del Estado ni la propia Administración se planteen ni tan
siquiera abordar mecanismos de solución, aunque sea de manera transitoria.
Quizás
sea el momento de traer a colación que el 28
de julio de 2010, o sea hace más de un lustro, la Asamblea General de la
ONU reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un Derecho Humano
básico, y urgió a los Estados para garantizar el acceso a los mismos de
todos los ciudadanos. En estas circunstancias resulta aberrante que años
después, en España, que proclama en su Constitución que es un Estado de
Derecho, sigan en vigor normas urbanística en Andalucía que no solo no
garantizan, sino que obstaculizan el hacer realidad el cumplimiento de esos
Derechos Humanos.
No
podría calificarse de otra manera, la pervivencia en la LOUA de normas que
condicionan el dar cumplimiento de este Derecho Humano, a la ejecución total
del planeamiento según el procedimiento legal establecido. Procedimiento al que
por otra parte solo cabe calificar como burocrático, rígido, caro, engorroso,
lento y poco participativo, y del que por añadidura, ni siquiera la
Administración actuante se responsabiliza de velar por el cumplimiento en
plazo, salvo para imponer sanciones
cuándo y cómo le parece oportuno.
Entendemos
que arbitrar un procedimiento de ejecución más eficaz es tarea de una futura
LOUA, pero que como la falta de suministro de agua potable y saneamiento a las
personas no admite más dilaciones, deben derogarse en la reforma legislativa
los aspectos de las normas que impiden la concesión de licencia y las
autorizaciones de suministros para tal fin, y establecer una norma que declare
obligatoria la concesión de estas licencia para cubrir tales necesidades con
respecto a las viviendas para las que ha prescrito el plazo para la
restauración de la legalidad.
Basta
ya de ignorar y condenar a los
ciudadanos a permanecer en un limbo
jurídico carentes de derechos, en el que cualquier tipo de actuación privada
tendente a mejorar su calidad de vida o proporcionar estos servicios, es
directa y duramente sancionada con enormes multas. Pero eso sí, sin que ello
implique ninguna actuación administrativa que suponga ninguna solución a las
graves deficiencias que padecen, ni en el corto, ni en el largo plazo.
Nosotros
estimamos que el ejercicio de los Derechos Humanos nunca puede condicionarse,
precisamente porque se trata de Derechos Humanos, y por tanto inherentes a la
condición de persona.
Por el hecho de ser persona, se tiene
derecho a la vida, a la salud, a la educación…. Pues bien, el derecho al agua
potable y al saneamiento está proclamado por la ONU como un derecho básico que
forma parte del derecho a la vida.
La
pervivencia de normas legislativas, que en lugar de garantizar el inmediato
acceso de los ciudadanos a estos Derechos Humanos, impiden la posibilidad de
acceder al agua potable y al saneamiento, y lo condiciona al cumplimiento de un
complejo, largo y costoso procedimiento de ejecución del planeamiento que
incluso contempla duras sanciones a las entidades suministradores de estos
servicios que los autoriza sin que estén culminados todos los trámites, supone
a juicio de los que suscriben una CLARA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, que
debe ser subsanada de manera inmediata mediante la reforma de la LOUA.
El
acceso al agua potable y al saneamiento, no puede considerarse como derecho
inherente a la ejecución del planeamiento. Son unos derechos distintos y muy
superiores que dimanan directamente de la condición de la persona, que son
universales, y que por ello han merecido la consideración como Derecho Humano. Garantizar
que sean una realidad es una obligación de cualquier Estado Democrático
de Derecho, sin que por tanto puedan estar sometidos a ningún condicionante,
como no lo pueden estar el derecho a la vida o la protección de la integridad física y moral de las personas.
Es
necesaria y urgente una reforma radical de la LOUA, hasta tanto no se redacte
un texto acorde con el siglo que vivimos; reforma que varíe sustancialmente la
consideración del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho
subjetivo y condicionado, al que con la actual normativa solo se puede acceder, después de cumplir los
deberes urbanísticos; hacer realidad el inmediato acceso al agua potable de los
ciudadanos es una obligación de los
poderes públicos, y obstaculizar el acceso a esos servicios, una grave
violación de los Derechos Humanos,
incompatible con la condición de Estado de Derecho.
Es
por tanto urgente eliminar de la Ley cualquier norma sancionadora que penalice las
actuaciones administrativas tendentes a darles cumplimiento. Se le olvida con
demasiada frecuencia al legislador que existe una jerarquía normativa, y que en
concreto en España coloca en la cúspide de la pirámide a nuestra Constitución.
Un simple repaso de los artículos 1 y 10 de la misma, dará la medida al
legislador de lo urgente y necesaria que es la reforma que propugnamos, como
paso intermedio a una LOUA completamente nueva, que responda al conjunto de las
necesidades actuales.
2º.- El resultado de las
manifestaciones expresadas en procedimientos de participación ciudadana,
deben tener un carácter vinculante a la hora del planeamiento, salvo que
infrinjan las leyes.- La ciudad es para que la vivan
los ciudadanos, y por lo tanto y sin perjuicio del cumplimiento de las leyes,
su diseño debe responder a las necesidades manifestadas por ellos a través del
proceso participativo, y no al capricho o la ideología de unos técnicos cuya
actuación debería ceñirse a darle forma técnica y legal a la voluntad de los ciudadanos,
dada su condición de servidores públicos.
Entendemos
por tanto, que lo manifestado por los ciudadanos en la fase de alegaciones debe
ser el eje de la filosofía inspiradora del planeamiento, y no como ocurre en
buena parte de los casos, un mero trámite y un apéndice inconexo con el
resultado final del Plan. Para ello debe reformarse el contenido de las normas
sobre los Avances, haciendo de la fase de sugerencias el elemento inicial de la
filosofía del Plan, definitoria de la ciudad que se pretende construir, y que a
lo largo del procedimiento de tramitación se iría perfilando. A nuestro juicio,
debe reforzarse la publicidad y el acceso ciudadano al proyecto de las fases de
Información Pública, facilitando al ciudadano su derecho a dar su opinión, y
estableciendo como una obligación de la administración actuante, el tenerla en
cuanta para dar forma definitiva al planeamiento.
3º.- Simplificación de la
burocracia al establecer los procesos de tramitación y ejecución del
planeamiento.- También
ha de adecuarse la Administración a las necesidades ciudadanas; han de
simplificarse los procedimientos creándose auténticas comisiones de sectoriales
que permitan el informe conjunto de todas las administraciones implicadas en un
solo acto administrativo, y acabar con el pernicioso “iterim” de los informes
sectoriales, que a veces dilata durante años la tramitación de los
procedimientos con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Debe además,
simplificarse en la medida de lo posible la actual burocracia, que lejos de ser
una garantía del cumplimiento de las normas o del planeamiento, en muchos casos
se convierte en un auténtico obstáculo, al hacer del desarrollo del
procedimiento un sistema tan complejo y lento que en buena parte de los casos
no llega a culminarse, y prácticamente en la totalidad de los casos, incumplen
los plazos.
4º.- El mantenimiento de la disciplina urbanística
debe alcanzar a todos, empezando por la propia administración competente.- Finalmente,
consideramos que la actual normativa urbanística no se sustenta en un principio
que entendemos fundamental: la asunción de su responsabilidad por la propia
Administración actuante en la salvaguarda del orden jurídico urbanístico. Son
por tanto los propios Ayuntamientos los principales responsables del
cumplimiento de las normas, con actuaciones que impulsen el desarrollo y la
calidad de vida de los vecinos conforme a lo previsto en el planeamiento.
Paradójicamente,
en la regulación de la actual LOUA los Ayuntamientos son unos meros órganos
sancionadores de la actuación privada, que flotan sobre la ciudadanía como si
ellos no fueran sujetos de obligaciones. Se ignora por tanto que los poderes
públicos también están sometidos a las leyes, ya que en no pocas ocasiones solo
parecen pretender la imposición de multas, que responden más a un afán recaudador, que a
una verdadera defensa de la legalidad urbanística.
El
principal responsable del desarrollo urbanístico es la Administración, y
específicamente el Ayuntamiento. Y ante este hecho, entendemos que debe
reformarse el régimen disciplinario, incluyendo la inacción municipal ante el
incumplimiento del Plan o su falta de actuación ante sus violaciones de los
particulares, como la más grave de las infracciones urbanísticas. En tales
supuestos, la única legitimada para sancionar estas viciosas prácticas, ya sea
por denuncia de los ciudadanos o de oficio, sería la Junta de Andalucía, a la
que claramente debe señalarse como la competente para ejercer una labor tuitiva
de los Ayuntamientos ante sus incumplimientos, como paso previo optativo al que
puede acudir el ciudadano, antes de la propia vía judicial.
C.- Como principios generales y
complementario a las acciones de emergencia arriba indicadas, entendemos que como no se modifique en
profundidad la LOUA, incorporando, como hechos diferenciados, las
trasformaciones irregulares existentes como una nueva categoría de suelo asociado
a un modelo integrado de gestión que de forma coordinada, module tanto las
acciones asumibles en cada caso por los propietarios, relativo a las garantías,
la fiscalidad asociadas a los procedimientos, las calidades de las
implantaciones infraestructurales y los tiempos exigibles conjunta y
solidariamente con las administraciones responsables, es posible que los
problemas asociados a la realidad de los suelos trasformados irregulares nunca
se resolverán, continuando su creciendo por la problemática que los anima y la acción
directa de las dinámicas poblacionales. Por último y analizada específicamente
la pretendida modificación de la LOUA, actualmente en tramitación, la conclusión
inicial es clara:
- Que esta no
resolverá la problemática asociada a las denominadas actuaciones irregulares,
casi siempre consentidas por las administraciones tutelares, tanto en los
diferentes modelos de asentamiento como construcciones que se han producido en
el Suelo No Urbanizable y sobre las cuales no es de aplicación en lo
establecido en el Decreto 2/2012 y en la Orden del 01-03-2013 en la que se
desarrollan sus normas directoras, convirtiéndose, en el mejor de los casos, en
un camino plagado de costes administrativos-fiscales y cuyo único objetivo es
poder acceder a la inscripción registral aunque esta venga calificada como
ILEGAL.
- Que
asociadas, las actuaciones en el actual SNU, generalmente a las poblaciones mas
vulnerables económicamente es necesario replantearse la totalidad de la actual
estructura de derechos y deberes de la LOUA articulando otras propuestas de
acción que no supongan que los residentes-propietarios de dichos suelos sean
considerados “promotores” y únicos actores de la progresiva obtención de derechos a que la actual
legislación les obliga, entendiendo que su situación real es mas la de afectado
que la de beneficiario.
- Que la
actual situación condena a amplias zonas del territorio a la marginalidad,
sometidas en última instancia a la exclusión de los procesos y al sometimiento
de la aplicación “discrecional” de la legislación por parte de las
administraciones “tutelantes”.
Por
todo ello la resolución de la actual problemática reclama una nueva visión de los nuevos modelos de
ocupación existentes, incorporando para
su caracterización, tanto la realidad de su formación como las especificidades
de las poblaciones asentadas y todo ello dentro del marco global de la
ordenación del territorio donde se ubican específicamente entendiendo que, dada
su condición de irregularidad marginal, las soluciones deberán resolver infinidad
de situaciones (población, tipología, paisaje impactos, etc.) asociadas a los
territorios diferenciados. Por todo ello los posibles caminos para la
resolución de los problemas que afectan a la población en ellos existentes pasa
por:
1º.- Reconocimiento de la realidad
existente como “Hecho Singular Diferenciado”.
Lo
cual supone visibilizar su existencia como hecho objetivo diferente de otros
modelos previstos en el ordenamiento general, pudiéndose plantear incluso otros criterios para la definición de
suelos o categorías asociadas a algunos de los existentes o en su caso de nueva
creación. Criterios o principios parecidos a los que en su día aconsejaron la
incorporación a la LOUA de la categoría de “Hábitat Rural Diseminados” en el
SNU.
2º.- Plantear otro marco legal de
exigencias asociadas a los nuevos modelos.
Diseñando
un nuevo marco legal relativo a la implantación de las infraestructuras
comunes, haciendo priorizar los sistemas Sostenibles con el Medio Ambiente y
las Energías Renovables apoyados en modelos autónomos, actualmente existentes y
gestión individualizada, que permitan modulaciones asustados a las
posibilidades y esfuerzos de las personas implicadas, frente a los modelos actuales
que suponen costes de implantación y mantenimiento, imposibles de asumir por
parte de las comunidades.
3º.- Incorporar para la gestión un
modelo global tutelado.
Supone
el desarrollo de un nuevo sistema de gestión global tutelado por las
administraciones implicadas, con intervención directa de las mismas en materia
de regulación de plazos e inversiones, armonizadas y ajustadas a la población y
territorio delimitado. Esta nueva forma de plantear la gestión para la
resolución de las áreas diferenciadas tendría las formulas contempladas en las
“Áreas de Gestión Integradas” de la actual ley.
4º.-
La población afectada deberá asumir la dirección de la gestión global y
definir el modelo para la reconducción
de las áreas singulares señaladas.
Los instrumentos de planeamiento, así
como los modelos de gestión, que definen y resuelven las denominadas “Áreas
Singulares”, deberán incorporar modelos generales que resuelvan en su conjunto
el mayor suelo afectado, incluyendo uno o varios terrenos alterados incluso
incorporando en su solución suelos externos. Dicha propuesta deberá ser
desarrollada y gestionada directamente por la población implicada, o
asociaciones que los representen, en procesos de participación pública
informada y tutelada por la administración. Los planeamientos redactados serán
finalistas sin que de ellos se derive la necesidad de nuevos instrumentos de
desarrollo debiendo incorporar estos en cualquier caso soluciones a la
equidistribución de cargas e implicaciones e los programas de las
administraciones tuteladas.
Entendemos
que la inclusión en la modificación de la LOUA de estas pequeñas reformas, las
desarrolladas en los apartados B.1-B.2-B.3 y B.4, al menos paliarían los graves
problemas que sufren actualmente miles de andaluces condenándolos a un
subdesarrollo impropio en Andalucía. Todo ello sin menoscabo de la necesaria
redacción y aprobación de una nueva LOUA, o modificación integral del
tratamiento de los SNU, cuyos principios quedan esbozados en los apartados C.1-C.2-C.3
y C.4, acorde con las necesidades de los andaluces del siglo XXI.
