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martes, 16 de febrero de 2016

2ª Entrevista en ptv.

Creemos que  ha quedado muy claro en las respuestas de Paco León, que este proyecto que se quiere para Córdoba, es de todos los cordobeses, que estamos con la mano tendida a todos los colectivos, administraciones, ciudadanos en general.

Que es necesaria la unión de todos para que Córdoba pueda brillar junto a su Río.

Pueden contactar en el 619.40.41.77 o en plataformaafetadosinundacionesguadalquivir@hotmail.com.

Paco León.

ENLACE.
https://www.youtube.com/watch?v=2WnpwdxATvc&index=8&list=PLe5xS1c6qJMNYgb9Z_pyUDziGnaM0Ix_f

lunes, 15 de febrero de 2016


MANIFIESTO DE CALU ANTE LA MODIFICACIÓN DE LA LOUA.

El pasado día 7 de febrero, en el hotel Averroes de Córdoba, tuvo lugar la 6ª reunión de CALU, todos los asistentes de Andalucía acordaron presentar en el registro del Parlamento de Andalucía, este manifiesto.

En la fotografía nuestra compañera Luisa Gómez, de ASOCURCA. Nos muestra el documento ya pasado por el registro.

CONFEDERACIÓN ANDALUZA POR LA LEGALIZACIÓN URBANISTICA,(CALU)          
            Los colectivos firmantes, ante la grave situación de los miles de ciudadanos afectados por  leyes urbanísticas que,  suponen obstáculos insalvables, impiden el acceso a servicios básicos, coartan derechos fundamentales e impiden  unas condiciones de vida dignas, ante la modificación parcial de la LOUA que afecta a las edificaciones aisladas en el SNU y actualmente en tramitación en el  Parlamentario de Andalucía,  quieren manifestar y  presentan en el registro las siguientes consideraciones :
            A.- Que urge la redacción de una nueva LOUA cuya filosofía responda a las exigencias de calidad de vida del siglo XXI, fundamentándose en las necesidades ciudadanas y  respondiendo al interés social general.
            B.- Que mientras tanto ha de aprobarse una reforma que de soluciones a los problemas más acuciantes, por la trascendencia de la problemática y por la inexorable fatalidad que conlleva no abordarlos con urgencia; esto es por lo que el proyecto de reforma que se tramita, es  de todo punto insuficiente.    
            Estimamos que la reforma legislativa debe tener mayor amplitud, abordando consideraciones como paso intermedio a una nueva LOUA, que responda a una filosofía distinta y se atiendan los siguientes aspectos:
           
1º.- Un reconocimiento expreso del derecho al agua potable y al saneamiento como un Derecho Humano, lo que conlleva específicamente a considerar las solicitudes de licencias para la implantación de estos servicios a las viviendas, sea cual fuere la clasificación del suelo o el grado de desarrollo en la ejecución del planeamiento, como un derecho inalienable,.-
Entendemos que una reforma legislativa que tan sólo pretenda arbitrar un mecanismo para que los propietarios de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable pueda acceder al agua potable, y al mismo tiempo no de respuesta a la mayoría de los andaluces que carecen de ella, es un parche totalmente insuficiente para cubrir las necesidades actuales de falta de abastecimiento de este bien de primera necesidad, y que desgraciadamente lleva perpetuándose, en no pocos casos más de treinta años, en procedimientos de desarrollos urbanísticos inconclusos, sin que los poderes del Estado ni la propia Administración se planteen ni tan siquiera abordar mecanismos de solución, aunque sea de manera transitoria.
            Quizás sea el momento de traer a colación que el 28 de julio de 2010, o sea hace más de un lustro, la Asamblea General de la ONU reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un Derecho Humano básico, y urgió a los Estados para garantizar el acceso a los mismos de todos los ciudadanos. En estas circunstancias resulta aberrante que años después, en España, que proclama en su Constitución que es un Estado de Derecho, sigan en vigor normas urbanística en Andalucía que no solo no garantizan, sino que obstaculizan el hacer realidad el cumplimiento de esos Derechos Humanos.
            No podría calificarse de otra manera, la pervivencia en la LOUA de normas que condicionan el dar cumplimiento de este Derecho Humano, a la ejecución total del planeamiento según el procedimiento legal establecido. Procedimiento al que por otra parte solo cabe calificar como burocrático, rígido, caro, engorroso, lento y poco participativo, y del que por añadidura, ni siquiera la Administración actuante se responsabiliza de velar por el cumplimiento en plazo, salvo para imponer sanciones  cuándo y cómo le  parece oportuno.
Entendemos que arbitrar un procedimiento de ejecución más eficaz es tarea de una futura LOUA, pero que como la falta de suministro de agua potable y saneamiento a las personas no admite más dilaciones, deben derogarse en la reforma legislativa los aspectos de las normas que impiden la concesión de licencia y las autorizaciones de suministros para tal fin, y establecer una norma que declare obligatoria la concesión de estas licencia para cubrir tales necesidades con respecto a las viviendas para las que ha prescrito el plazo para la restauración de la legalidad.
Basta ya  de ignorar y condenar a los ciudadanos a  permanecer en un limbo jurídico carentes de derechos, en el que cualquier tipo de actuación privada tendente a mejorar su calidad de vida o proporcionar estos servicios, es directa y duramente sancionada con enormes multas. Pero eso sí, sin que ello implique ninguna actuación administrativa que suponga ninguna solución a las graves deficiencias que padecen, ni en el corto, ni en el largo plazo.
            Nosotros estimamos que el ejercicio de los Derechos Humanos nunca puede condicionarse, precisamente porque se trata de Derechos Humanos, y por tanto inherentes a la condición de persona.
Por el hecho de ser persona, se tiene derecho a la vida, a la salud, a la educación…. Pues bien, el derecho al agua potable y al saneamiento está proclamado por la ONU como un derecho básico que forma parte del derecho a la vida.
            La pervivencia de normas legislativas, que en lugar de garantizar el inmediato acceso de los ciudadanos a estos Derechos Humanos, impiden la posibilidad de acceder al agua potable y al saneamiento, y lo condiciona al cumplimiento de un complejo, largo y costoso procedimiento de ejecución del planeamiento que incluso contempla duras sanciones a las entidades suministradores de estos servicios que los autoriza sin que estén culminados todos los trámites, supone a juicio de los que suscriben una CLARA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, que debe ser subsanada de manera inmediata mediante la reforma de la LOUA.
            El acceso al agua potable y al saneamiento, no puede considerarse como derecho inherente a la ejecución del planeamiento. Son unos derechos distintos y muy superiores que dimanan directamente de la condición de la persona, que son universales, y que por ello han merecido la consideración como Derecho Humano. Garantizar  que  sean una realidad  es una obligación de cualquier Estado Democrático de Derecho, sin que por tanto puedan estar sometidos a ningún condicionante, como no lo pueden estar el derecho a la vida o la protección de la  integridad física y moral de las personas.
            Es necesaria y urgente una reforma radical de la LOUA, hasta tanto no se redacte un texto acorde con el siglo que vivimos; reforma que varíe sustancialmente la consideración del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho subjetivo y condicionado, al que con la actual normativa  solo se puede acceder, después de cumplir los deberes urbanísticos; hacer realidad el inmediato acceso al agua potable de los ciudadanos es una obligación de los poderes públicos, y obstaculizar el acceso a esos servicios, una grave violación de los Derechos Humanos,  incompatible con la condición de Estado de Derecho.
            Es por tanto urgente eliminar de la Ley cualquier norma sancionadora que penalice las actuaciones administrativas tendentes a darles cumplimiento. Se le olvida con demasiada frecuencia al legislador que existe una jerarquía normativa, y que en concreto en España coloca en la cúspide de la pirámide a nuestra Constitución. Un simple repaso de los artículos 1 y 10 de la misma, dará la medida al legislador de lo urgente y necesaria que es la reforma que propugnamos, como paso intermedio a una LOUA completamente nueva, que responda al conjunto de las necesidades actuales.    
           
2º.- El resultado de las manifestaciones expresadas en  procedimientos de participación ciudadana, deben tener un carácter vinculante a la hora del planeamiento, salvo que infrinjan las leyes.-  La ciudad es para que la vivan los ciudadanos, y por lo tanto y sin perjuicio del cumplimiento de las leyes, su diseño debe responder a las necesidades manifestadas por ellos a través del proceso participativo, y no al capricho o la ideología de unos técnicos cuya actuación debería ceñirse a darle forma técnica y legal a la voluntad de los ciudadanos, dada su condición de servidores públicos.
            Entendemos por tanto, que lo manifestado por los ciudadanos en la fase de alegaciones debe ser el eje de la filosofía inspiradora del planeamiento, y no como ocurre en buena parte de los casos, un mero trámite y un apéndice inconexo con el resultado final del Plan. Para ello debe reformarse el contenido de las normas sobre los Avances, haciendo de la fase de sugerencias el elemento inicial de la filosofía del Plan, definitoria de la ciudad que se pretende construir, y que a lo largo del procedimiento de tramitación se iría perfilando. A nuestro juicio, debe reforzarse la publicidad y el acceso ciudadano al proyecto de las fases de Información Pública, facilitando al ciudadano su derecho a dar su opinión, y estableciendo como una obligación de la administración actuante, el tenerla en cuanta para dar forma definitiva al planeamiento.
           
3º.- Simplificación de la burocracia al establecer los procesos de tramitación y ejecución del planeamiento.- También ha de adecuarse la Administración a las necesidades ciudadanas; han de simplificarse los procedimientos creándose auténticas comisiones de sectoriales que permitan el informe conjunto de todas las administraciones implicadas en un solo acto administrativo, y acabar con el pernicioso “iterim” de los informes sectoriales, que a veces dilata durante años la tramitación de los procedimientos con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Debe además, simplificarse en la medida de lo posible la actual burocracia, que lejos de ser una garantía del cumplimiento de las normas o del planeamiento, en muchos casos se convierte en un auténtico obstáculo, al hacer del desarrollo del procedimiento un sistema tan complejo y lento que en buena parte de los casos no llega a culminarse, y prácticamente en la totalidad de los casos, incumplen los plazos. 
           
 4º.- El mantenimiento de la disciplina urbanística debe alcanzar a todos, empezando por la propia administración competente.-         Finalmente, consideramos que la actual normativa urbanística no se sustenta en un principio que entendemos fundamental: la asunción de su responsabilidad por la propia Administración actuante en la salvaguarda del orden jurídico urbanístico. Son por tanto los propios Ayuntamientos los principales responsables del cumplimiento de las normas, con  actuaciones que impulsen el desarrollo y la calidad de vida de los vecinos conforme a lo previsto en el planeamiento.
            Paradójicamente, en la regulación de la actual LOUA los Ayuntamientos son unos meros órganos sancionadores de la actuación privada, que flotan sobre la ciudadanía como si ellos no fueran sujetos de obligaciones. Se ignora por tanto que los poderes públicos también están sometidos a las leyes, ya que en no pocas ocasiones solo parecen pretender la imposición de multas,  que responden más a un afán recaudador, que a una verdadera defensa de la legalidad urbanística.
            El principal responsable del desarrollo urbanístico es la Administración, y específicamente el Ayuntamiento. Y ante este hecho, entendemos que debe reformarse el régimen disciplinario, incluyendo la inacción municipal ante el incumplimiento del Plan o su falta de actuación ante sus violaciones de los particulares, como la más grave de las infracciones urbanísticas. En tales supuestos, la única legitimada para sancionar estas viciosas prácticas, ya sea por denuncia de los ciudadanos o de oficio, sería la Junta de Andalucía, a la que claramente debe señalarse como la competente para ejercer una labor tuitiva de los Ayuntamientos ante sus incumplimientos, como paso previo optativo al que puede acudir el ciudadano, antes de la propia vía judicial.

            C.- Como principios generales y complementario a las acciones de emergencia arriba indicadas,  entendemos que como no se modifique en profundidad la LOUA, incorporando, como hechos diferenciados, las trasformaciones irregulares existentes como una nueva categoría de suelo asociado a un modelo integrado de gestión que de forma coordinada, module tanto las acciones asumibles en cada caso por los propietarios, relativo a las garantías, la fiscalidad asociadas a los procedimientos, las calidades de las implantaciones infraestructurales y los tiempos exigibles conjunta y solidariamente con las administraciones responsables, es posible que los problemas asociados a la realidad de los suelos trasformados irregulares nunca se resolverán, continuando su creciendo por la problemática que los anima y la acción directa de las dinámicas poblacionales. Por último y analizada específicamente la pretendida modificación de la LOUA, actualmente en tramitación, la conclusión inicial es clara:
            - Que esta no resolverá la problemática asociada a las denominadas actuaciones irregulares, casi siempre consentidas por las administraciones tutelares, tanto en los diferentes modelos de asentamiento como construcciones que se han producido en el Suelo No Urbanizable y sobre las cuales no es de aplicación en lo establecido en el Decreto 2/2012 y en la Orden del 01-03-2013 en la que se desarrollan sus normas directoras, convirtiéndose, en el mejor de los casos, en un camino plagado de costes administrativos-fiscales y cuyo único objetivo es poder acceder a la inscripción registral aunque esta venga calificada como ILEGAL.
            - Que asociadas, las actuaciones en el actual SNU, generalmente a las poblaciones mas vulnerables económicamente es necesario replantearse la totalidad de la actual estructura de derechos y deberes de la LOUA articulando otras propuestas de acción que no supongan que los residentes-propietarios de dichos suelos sean considerados “promotores” y únicos actores de la progresiva  obtención de derechos a que la actual legislación les obliga, entendiendo que su situación real es mas la de afectado que la de beneficiario.
            - Que la actual situación condena a amplias zonas del territorio a la marginalidad, sometidas en última instancia a la exclusión de los procesos y al sometimiento de la aplicación “discrecional” de la legislación por parte de las administraciones “tutelantes”.

            Por todo ello la resolución de la actual problemática reclama  una nueva visión de los nuevos modelos de ocupación  existentes, incorporando para su caracterización, tanto la realidad de su formación como las especificidades de las poblaciones asentadas y todo ello dentro del marco global de la ordenación del territorio donde se ubican específicamente entendiendo que, dada su condición de irregularidad marginal, las soluciones deberán resolver infinidad de situaciones (población, tipología, paisaje impactos, etc.) asociadas a los territorios diferenciados. Por todo ello los posibles caminos para la resolución de los problemas que afectan a la población en ellos existentes pasa por:

            1º.- Reconocimiento de la realidad existente como “Hecho Singular Diferenciado”.
            Lo cual supone visibilizar su existencia como hecho objetivo diferente de otros modelos previstos en el ordenamiento general, pudiéndose plantear  incluso otros criterios para la definición de suelos o categorías asociadas a algunos de los existentes o en su caso de nueva creación. Criterios o principios parecidos a los que en su día aconsejaron la incorporación a la LOUA de la categoría de “Hábitat Rural Diseminados” en el SNU.

            2º.- Plantear otro marco legal de exigencias asociadas a los nuevos modelos.
            Diseñando un nuevo marco legal relativo a la implantación de las infraestructuras comunes, haciendo priorizar los sistemas Sostenibles con el Medio Ambiente y las Energías Renovables apoyados en modelos autónomos, actualmente existentes y gestión individualizada, que permitan modulaciones asustados a las posibilidades y esfuerzos de las personas implicadas, frente a los modelos actuales que suponen costes de implantación y mantenimiento, imposibles de asumir por parte de las comunidades.

            3º.- Incorporar para la gestión un modelo global tutelado.
            Supone el desarrollo de un nuevo sistema de gestión global tutelado por las administraciones implicadas, con intervención directa de las mismas en materia de regulación de plazos e inversiones, armonizadas y ajustadas a la población y territorio delimitado. Esta nueva forma de plantear la gestión para la resolución de las áreas diferenciadas tendría las formulas contempladas en las “Áreas de Gestión Integradas” de la actual ley.

            4º.- La población afectada deberá asumir la dirección de la gestión global y definir el modelo para la reconducción  de las áreas singulares señaladas.
Los instrumentos de planeamiento, así como los modelos de gestión, que definen y resuelven las denominadas “Áreas Singulares”, deberán incorporar modelos generales que resuelvan en su conjunto el mayor suelo afectado, incluyendo uno o varios terrenos alterados incluso incorporando en su solución suelos externos. Dicha propuesta deberá ser desarrollada y gestionada directamente por la población implicada, o asociaciones que los representen, en procesos de participación pública informada y tutelada por la administración. Los planeamientos redactados serán finalistas sin que de ellos se derive la necesidad de nuevos instrumentos de desarrollo debiendo incorporar estos en cualquier caso soluciones a la equidistribución de cargas e implicaciones e los programas de las administraciones tuteladas.


            Entendemos que la inclusión en la modificación de la LOUA de estas pequeñas reformas, las desarrolladas en los apartados B.1-B.2-B.3 y B.4, al menos paliarían los graves problemas que sufren actualmente miles de andaluces condenándolos a un subdesarrollo impropio en Andalucía. Todo ello sin menoscabo de la necesaria redacción y aprobación de una nueva LOUA, o modificación integral del tratamiento de los SNU, cuyos principios quedan esbozados en los apartados C.1-C.2-C.3 y C.4, acorde con las necesidades de los andaluces del siglo XXI.










lunes, 8 de febrero de 2016

Los parcelistas hacen frente común contra una LOUA que "impide las regularizaciones"



Exigen solución para "millones de andaluces que carecen de servicios básicos en sus viviendas

F. J. CANTADOR | ACTUALIZADO 08.02.2016 - 01:00


La modificación que está llevando a cabo el Parlamento de Andalucía de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para regularizar las viviendas construidas hace años en suelo no urbanizable y para las que había prescrito el plazo ha encendido todas las alarmas entre los parcelistas. "Con esa modificación, en Córdoba, con la ley en la mano, ninguna parcelación podría legalizarse", aseguraba hace unos días el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig), Francisco León. El trabajo para conseguir que la LOUA no impida las regularizaciones hace ya algún tiempo que está en marcha. La unión hace la fuerza y los parcelistas, para ello, han hecho frente común dentro de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), colectivo en el que está integrado Apaig y que ayer se dio cita en Córdoba. 

Además de los representantes de Córdoba, al encuentro asistieron miembros de colectivos de otras provincias, como Málaga, Sevilla y Jaén. El objetivo principal: exponer a los representantes políticos las principales demandas que plantean ante la reforma en la que está inmersa la LOUA. 

Los miembros de los colectivos que conforman CALU denunciaron la "grave situación de más de un millón de andaluces, que viven en condiciones de precariedad, pues carecen de agua potable y de redes de alcantarillado". "Las condiciones de infravivienda están condenando a esos andaluces a vivir en condiciones de insalubridad, abocando a la población a padecer todo tipo de enfermedades", plasmaron en un manifiesto, en el que añadieron que esta problemática situación "requiere de una actuación urgente y contundente contra los responsables". 


En el encuentro, la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística elaboró una hoja de ruta a seguir en próximas fechas que incluye la demanda de responsabilidades por esa situación límite, tanto políticas como personales; la exigencia al Parlamento andaluz de una modificación de la LOUA que no ponga en peligro la regularización de las parcelaciones; la denuncia a los responsables públicos; informar sobre la situación a la Unión de Consumidores de Andalucía; y la intervención de miembros del colectivo en el Parlamento andaluz y en los ayuntamientos demandando una solución. Los colectivos que integran CALU han rubricado un manifiesto referido a la modificación de la LOUA, que registrarán hoy en el Parlamento andaluz y que insiste en que "la reforma es de todo punto insuficiente" y en el que piden en su primer punto "un reconocimiento expreso del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano".

EXIGEN QUE LA LOUA CONSIDERE EL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMO "UN DERECHO HUMANO"


LA RAZÓN. ES.

Juan Diego MÁRQUEZ .  Sevilla.

Propietarios de viviendas ilegales ya barajan la vía judicial


Un momento de la reunión que celebró ayer en Córdoba la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU)


Hartos de esperar ese paraguas legal anunciado insistentemente, los propietarios de viviendas irregulares –más de 300.000 en toda Andalucía– anunciaron ayer que pasarán a la vía judicial si las administraciones no concretan una solución que los saque del «limbo jurídico» en el que permanecen. El llamamiento lo hacen extensivo tanto los ayuntamientos, responsables de los planeamientos urbanísticos de sus municipios, como a la Junta de Andalucía, que todavía no ha resuelto la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Y por ello, según aseguró ayer el portavoz de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), Francisco León, barajan querellarse contra los responsables políticos que han propiciado esta situación ante la «urgencia» de las familias, muchas de ellas sin la posibilidad de acceder a los suministros básicos de electricidad o agua, con viviendas situadas en zonas sin alcantarillado o sin poder inscribirlas en los registros de la propiedad.

Éste fue uno de los acuerdos a los que llegaron en la reunión anual del colectivo, celebrada en Córdoba, a la que asistieron afectados de las provincias de Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz, además del parlamentario popular Miguel Ángel Torrico y los concejales del PP en el Ayuntamiento de Córdoba José María Bellido y Luis Martín.

Para insistir en la necesidad de reformar la LOUA –el proyecto de ley que modifica tres artículos superó el pasado mes de octubre el debate de totalidad, aunque sigue estancado en el Parlamento andaluz–, el colectivo entregará hoy en la Cámara un informe en el que plantean nuevas consideraciones. Entre otras, que la norma incluya «el reconocimiento expreso del derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano», con el objetivo de agilizar la concesión de las licencias «sea cual sea la clasificación del suelo o el grado de desarrollo en la ejecución del planeamiento». Procedimientos que, por ahora, tal y como apuntan, resultan «rígidos, caros, engorrosos, lentos y poco participativos», en los que la administración «no se responsabiliza de velar por el cumplimiento de los plazos, salvo para imponer sanciones cuándo y como le parece oportuno». En este punto, CALU recuerda que el derecho al agua potable y al saneamiento «está considerado por la ONU como un derecho básico».

También exige que los planteamientos ciudadanos, recogidos en los procesos de exposición pública y en las alegaciones, «tengan un carácter vinculante a la hora del planeamiento, salvo que se infrinjan leyes». En este sentido, critica que «en buena parte de los casos» las propuestas ciudadanas «son un mero trámite o un apéndice inconexo con el resultado final del plan», por lo que la fase de sugerencias «debe ser el elemento inicial de la filosofía del plan, definitoria para la ciudad que se pretende construir».

En cuanto a la simplificación burocrática, el colectivo propone que las comisiones sectoriales «permitan el informe conjunto de todas las administraciones implicadas en un solo acto administrativo», con el objetivo de «acabar con el pernicioso ‘iterim’ de los informes sectoriales, que a veces dilata durante años la tramitación de los procedimientos». Otro aspecto que subraya el informe es la responsabilidad municipal en este ámbito, sugiriendo que, en el régimen disciplinario de la LOUA, se incluya la inacción del ayuntamiento como «la más grave de las infracciones urbanísticas». Igualmente, plantea el reconocimiento de «hecho singular diferenciado» al margen de otros modelos previstos en el ordenamiento general, para «plantear incluso otros criterios urbanísticos».


domingo, 7 de febrero de 2016

URBANISMO IRREGULAR

RADIO CÓRDOBA- CADENA SER.


Parcelistas en suelo inundable piden servicios básicos


Ese es el primer punto del manifiesto que hoy han aprobado en Córdoba y que trasladarán en los próximos días al Parlamento Andaluz y a sus ayuntamientos

MARÍA EUGENIA VÍLCHEZ CÓRDOBA 07/02/2016 - 19:01 CET
Portavoces de la Confederación reunidos este domingo en Córdoba


Miembros de la CALU, la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística, que agrupa a más de un millón de andaluces con viviendas construidas en suelo no urbanizable, se han reunido este mediodía en Córdoba para determinar cuál va a ser la posición que defiendan ante la próxima revisión de la LOUA, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
De momento van a reclamar servicios básicos. Ese es el primer punto del manifiesto ante la modificación de la Ley , que hoy han aprobado en Córdoba y que trasladarán en los próximos días al Parlamento Andaluz.
 Aseguran que “las condiciones de infravivienda que sufren , están condenándolos a vivir en condiciones de insalubridad” y esa situación requiere una respuesta urgente.
Como prioridades se marcan: pedir responsabilidades políticas y personales; solicitar la modificación de la LOUA, denunciar a los responsables públicos , pedir una reunión con el Defensor del Pueblo, reunirse con las asociaciones de consumidores y usuarios y una solicitud para intervenir en el pleno del Parlamento Andaluz y en losayuntamientos afectados.

Inicialmente en 2014, la presidenta de la Junta ,Susana Díaz , anunció la regularización de miles de viviendas en Andalucía, mediante una reforma de la LOUA y la figura de “asimilado fuera de ordenación”, a la que podrían acogerse algunas de las parcelaciones irregulares.
Sin embargo estos propietarios representan a los dueños de viviendas construidas en suelos no urbanizables, entre ellos en zonas inundables, y las reformas no los incluyen, al existir riesgo para la vida humana.
Así que piden una nueva reforma que les tenga en consideración y mientras tanto la dotación de servicios básicos.

Parcelistas andaluces piden agua potable como "derecho humano"

DIARIO CORDOBA

CONFEDERACIÓN ANDALUZA POR LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA

Afirman que más de un millón de personas "viven en precariedad"


PILAR COBOS
07/02/2016

Representantes de los colectivos de parcelistas, reunidos en Córdoba. - Foto: MIGUEL ÁNGEL SALAS

La Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística ha dado a conocer este domingo en Córdoba el manifiesto que presentarán mañana en el Parlamento andaluz ante la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se está tramitando en la actualidad. Representantes de colectivos de parcelistas de Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén y Cádiz se reunieron en un hotel y denunciaron "la grave situación de más de un millón de andaluces, que viven en precariedad careciendo de agua potable y redes de alcantarillado", por lo que, entre otros aspectos, reivindican el acceso al agua potable "como un derecho humano". 
El portavoz de esta entidad, Francisco León, precisó que a muchas familias que habitan en parcelaciones irregulares "les faltan servicios básicos" y subrayó que la ley "no recoge la dotación" de luz o agua, aclarando que para ello "necesitamos unas licencias de habitabilidad, un montón de historias que la gente se está enfermando, se está muriendo y es un problema muy grave". Esta entidad señala que en la comunidad autónoma existen más de 300.000 viviendas en suelos irregulares y Francisco León explicó que "el martes, día 9, se aprueban o no unas enmiendas a la modificación de la LOUA donde no se soluciona absolutamente nada". Así, destacó que "se tiene que hacer una modificación profunda (de esta norma) que resuelva de una vez por todas los problemas" y reclamó la participación de los parcelistas en este proceso. 
El encuentro contó con la asistencia del viceportavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido; del ex presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y concejal popular Luis Martín, y el parlamentario andaluz por el PP Miguel Ángel Torrico, que afirmó que con la modificación que se pretende hacer de la LOUA "se da un paso, pero muy pequeño, porque va a afectar tan solo a un 7% de esas 300.000 viviendas que se calculan que tenemos en Andalucía pendientes de regularización". En este sentido, Miguel Ángel Torrico manifestó que "los ayuntamientos lo van a tener muy complicado mientras esa norma no dé posibilidades de flexibilizar y de mejorar la regulación de estos suelos". 

Parcelistas andaluces reivindican servicios básicos desde Córdoba

DIARIO CÓRDOBA

INICIATIVA DE LA CONFEDERACIÓN ANDALUZA POR LA LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA

Plantean sus demandas ante la modificación de la LOUA que se tramita en el Parlamento


P. COBOS
07/02/2016

Reunión de los parcelistas andaluces, esta mañana en Córdoba. - Foto: MIGUEL ÁNGEL SALAS

Parcelistas de las provincias de Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz se han reunido esta mañana en un encuentro celebrado en un hotel de la capital para exponer a los representantes políticos las reivindicaciones que plantean ante la modificación parcial de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y han señalado la dotación de servicios básicos como la principal necesidad para las 300.000 familias andaluzas que tienen viviendas irregulares.
En esta línea, el portavoz de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística, Francisco León, ha avanzado que esperan registrar el documento con sus peticiones mañana, “porque el martes, día 9, se aprueban o no unas enmiendas a la modificación de la LOUA donde no se soluciona absolutamente nada” y, en su opinión, “se tiene que hacer una modificación profunda, que resuelva de una vez por todas los problemas”. Los propietarios de estas viviendas, además, reclaman participar en la reforma de la LOUA.
Al inicio del encuentro se encontraban presentes Miguel Ángel Torrico, parlamentario del PP por Córdoba; José María Bellido, viceportavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, y Luis Martín, concejal popular y ex presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

miércoles, 3 de febrero de 2016

Del «limbo jurídico» a una protección «insuficiente»

LA RAZÓN.ES


Propietarios de viviendas ilegales de varias provincias andaluzas exigen que la LOUA ponga coto a la «arbitrariedad»


01 de febrero de 2016. 12:44h
Juan Diego MÁRQUEZ .  Sevilla.

Del «limbo jurídico» a una protección «insuficiente»
Aspecto que presentaban las parcelas más cercanas al río a su paso por Córdoba en las inundaciones de 2010

Son casi 300.000 viviendas afectadas y, si contamos una media de tres personas por casa, «seríamos casi un millón, la segunda ciudad con más habitantes de Andalucía». Quien hace esta traslación es Francisco León, presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig). La regularización de las viviendas ilegales de la comunidad autónoma es un mantra que se anuncia insistentemente legislatura tras legislatura pero nunca llega a concretarse. El pasado mes de julio el Consejo de Gobierno al fin materializó la promesa que hizo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2014 en relación a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), abriendo la puerta a la regularización de unas 20.000 viviendas edificadas en suelo rústico.

La condición para acogerse a esta legalización es que no estén edificadas en suelo protegido, que no tengan ningún procedimiento judicial en curso y que no se encuentren en zonas inundables o de riesgo. Precisamente, la norma deja fuera a las viviendas que fueron afectadas por las graves inundaciones del Guadalquivir ocurridas en 2010, especialmente las ubicadas en las parcelas cercanas a la capital cordobesa. Los propietarios de estas construcciones, aparte de sufrir las consecuencias del «limbo jurídico» en el que se encuentran, soportan sobre sus cabezas la espada de Damocles que supone estar a escasos metros del río, con la posibilidad de que el agua vuelva a arrasar sus parcelas.

El proyecto de ley que modifica tres artículos de la LOUA superó el pasado mes de octubre el debate de totalidad del Pleno del Parlamento andaluz, por lo que la iniciativa continúa su curso en la Cámara y los partidos siguen recabando propuestas de los colectivos afectados. En este punto, León critica que la norma ofrece una protección «insuficiente» y no pone orden en el «galimatías» normativo de los ayuntamientos, cada uno con sus planes de protección específicos. «La ley debe ser clara y concreta, evitando la arbitrariedad de los técnicos y políticos municipales y autonómicos, que no resuelven los problemas reales», sostiene. ¿Cuál es la situación que soportan diariamente estos propietarios? León recuerda que muchas de estas viviendas no tienen suministros básicos de electricidad ni agua, las calles no tienen alcantarillado e incluso algunos propietarios no pueden inscribir sus inmuebles en los registros de la propiedad. «No somos constructores con ánimo de lucro», matiza, además de pedir a la Junta que ponga en marcha una suerte de grupos técnicos encargados de valorar la situación de cada vivienda.

El caso de las viviendas ubicadas en la Costa del Sol, más de 50.000, es diferente, puesto que la problemática viene marcada por la estafa que sufrieron sus propietarios, la mayoría extranjeros. Se trata de compradores «de buena fe» que levantaron sus casas con una licencia municipal que resultó ser fraudulenta, por lo que se enfrentan a órdenes de derribo. En definitiva, la plataforma planteará modificaciones a la LOUA «en la línea de democratizar el urbanismo, haciendo posible la participación activa de los ciudadanos en el diseño de las ciudades».

Un plan de mejora en el cajón

Hace tres años la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir presentó al Ayuntamiento de Córdoba un plan de mejora que preveía paseos fluviales y carriles bici para conectar la periferia ribereña –Alcolea y Encinarejo– con el centro, y así evitar las crecidas del río. El plan se guardó en un cajón y tan sólo se han llevado a cabo «actuaciones puntuales que no han solucionado nada».

El próximo domingo día 7/02. a las 11.00h. En el Hotel Averroes de Córdoba, Tendrá lugar la 6ª reunión de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística. (CALU).

A esta reunión han sido invitados representantes de todos los grupos políticos, invitación que personalmente ha hecho el portavoz de CALU. a todos los grupos municipales del ayuntamiento de Córdoba.

También se han enviado correos a los parlamentarios de PODEMOS, I.U.CIUDADANOS Y PP.
para su información y para que asistieran o en su caso nombraran un representante en esta reunión.

Se ha hablado con el Presidente de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba y con el Delegado de Medio Ambiente y ordenación del Territorio, haciéndole especial mención de la importancia de esta reunión y de su asistencia a la misma.

El pasado mes de Diciembre CALU, junto a la Plataforma de afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, (APAIG) comparecieron en el Parlamento de la Junta de Andalucía, donde transmitieron sus reivindicaciones y contactaron con los parlamentarios de los grupos anteriormente citados, recibiendo de parte de todos ellos un buen trato y compromiso de reunirse con nosotros para estudiar posibles soluciones.

Solo esperamos que actúen en consecuencia de sus palabras y no sean unas palmaditas en las espaldas, una bonita sonrisa y vaya usted con Dios.

Paco León.



martes, 2 de febrero de 2016

"Ninguna parcelación de Córdoba podrá regularizarse con la LOUA"

RADIO 

RADIO CÓRDOBA-CADENA SER

URBANISMO IRREGULAR


Parcelistas de toda Andalucía, muchos de ellos propietarios de viviendas ilegales, se reúnen el domingo en Córdoba para pedir a la Junta que la reforma de la LOUA, incluya también sus parcelaciones



MARÍA EUGENIA VÍLCHEZ CÓRDOBA 02/02/2016 - 12:51 CET

La Presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció en septiembre de 2014, una modificación de la LOUA, de la Ley de Ordenación Urbanística deAndalucía, para regularizar las viviendas construidas hace años en suelo no urbanizable y para las que había prescrito el plazo.
El próximo 9 de febrero, los grupos políticos debaten en el parlamento el alcance de las nuevas modificaciones que se han venido haciendo a la propuesta inicial.
Ahora el portavoz de los parcelistas, Francisco León,  asegura que “en Córdoba, con la ley en la mano, ninguna parcelación podría legalizarse”.  Es decir, o habrá viviendas que puedan declararse como “ fuera de ordenación” , que fue el modelo propuesto por la administración pararegularizar estas viviendas.
Los parcelistas creen que esta medida de la Junta busca sólo“beneficiar a las viviendas de ciudadanos extranjeros que se establecieron en grandes urbanizaciones en la costa, sin saber que estaban ubicadas en terreno ilegal, pero no para ellos”, algo que consideran injusto.
Al Ayuntamiento por su parte le piden diálogo con los representantes de los parcelistas y sobre todo "que se dote de servicios básicos a los parcelistas", más allá de que puedan o no regularizarse las viviendas. La reunión será este domingo a las 11 de la mañana en el Hotel Averroes.
A la reunión también han sido invitados un representante de cada partido político, PSOE, PP. Ganemos, (Podemos), Ciudadanos, I.U.
Presidente de la Gerencia de Urbanismo, Delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Esperamos su asistencia.
Paco León.