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sábado, 26 de abril de 2014

La Junta baraja una inminente modificación de la LOUA que beneficie a miles de viviendas ilegales afectadas por las parcelaciones


el país

Una regularización masiva en el aire

La Junta baraja una inminente modificación de la LOUA que beneficie a miles de viviendas ilegales afectadas por las parcelaciones


Viviendas en Zurgena, en el Valle del Almanzora (Almería), construidas en suelo no urbanizable. / FRANCISCO BONILLA
La Junta pretendió regularizar las viviendas ilegales en Andalucía con el decreto 2/2012 para “asimilarlas” y que salieran del limbo jurídico en el que estaban envueltas y accedieran legalmente al suministro de agua y luz. Han pasado dos años desde la aprobación de dicha norma y el problema sigue enquistado. La cuestión afecta a unas 300.000 viviendas en la región y en el caso de Almería, con 13.000 casas ilegales, ha tenido especial repercusión sobre el llamado “turismo residencial”, con miles de ciudadanos comunitarios jubilados que adquirieron casas fuera de ordenación. Un cambio normativo en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) podría facilitar, en los próximos meses, la regularización de casas construidas en parcelaciones urbanísticas en terreno rústico.
Tras dos años de aplicación del decreto, solo 177 viviendas han sido asimiladas y han conseguido la declaración de AFO, acrónimo de “Asimilados a Fuera de Ordenación”, una pírrica cifra que no alcanza ni el 0,1% del total de casas ilegales en la comunidad. Es decir, aquellas obras, instalaciones o edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, que fueron levantadas de forma irregular, pero en las que ha prescrito la irregularidad cometida.
Una de las comarcas que concentran más casas ilegales producto de los desmanes urbanísticos es la del Almanzora. En Almería solo 77 viviendas han conseguido la declaración de AFO. Y claro, el balance que realiza la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) es radicalmente negativo.
El decreto, denuncia esta asociación, no ha abordado la problemática de las casas construidas sobre parcelaciones —la división de terrenos en dos o más lotes para uso residencial en suelo no urbanizable—, algo frecuente en Almería y también en la provincia de Málaga, donde se calcula que más del 50% de las casas ilegales están levantadas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. “El problema que hemos encontrado es que el decreto no puede desactivar el artículo 185. 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). De manera que estas parcelaciones nunca prescriben. Ni en 100 años van a ser legales. Desde AUAN hemos pedido que se trate adecuadamente el problema. Hemos perdido dos años y continuamos con la problemática, el sufrimiento económico y social”, señala Gerardo Vázquez, asesor y portavoz del colectivo.
En Almería, el 20% de los municipios han tramitado y aprobado el documento de avance, algo así como el inventario que recoge su realidad urbanística; y un 9% se encuentra en tramitación. “Los Ayuntamientos que no van a hacer inventario en Almería son un 52%. Esos han hecho la declaración de innecesariedad que estipula el decreto. Por lo que solo un 20% de municipios no ha adoptado ningún acuerdo para poner en marcha la aplicación del decreto”, explica el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Almería, José Manuel Ortiz .
Algo que sí ha hecho, por ejemplo, el primer edil del municipio almeriense de Albox, Rogelio Mena, uno de los más castigados en la provincia con la construcción de viviendas ilegales durante los años de bonanza económica. El Consistorio ha empleado estos dos años en hacer un exhaustivo directorio con todas las fichas descriptivas de todas y cada una de las viviendas con sus datos y características.
Albox, de 12.000 habitantes, cuenta con un censo de 2.000 viviendas ilegales de las que alrededor de 500 están fuera de toda posible ordenación. “Mi municipio implantó el decreto 2/2012 y se generaron expectativas importantes. Y es verdad que da salidas a las conexiones provisionales de agua y luz a muchas viviendas. Después intentamos dar las bases jurídicas en los PGOU y planes parciales. Pero ¿qué ocurre? Pues que los reglamentos no pueden ir contra la ley y el artículo 185 de la LOUA declara la imprescriptibilidad de las parcelaciones”, subraya.
El perfil de los afectados por esta problemática es el del ciudadano británico jubilado y “comprador de buena fe” que lleva años luchando en busca de una solución. En algunos casos, contar con licencia de obras ha sido incluso más pernicioso. “He visto casos donde de repente estas víctimas se enteran de que aunque tienen una licencia y una escritura de declaración de obra nueva, y una licencia de ocupación, luz, agua y aunque esté la casa inscrita en el Registro de la Propiedad, su licencia se ha declarado ilegal por los tribunales hace muchos años, sin que ellos se enterasen. Teniendo licencia la Junta la puede impugnar. Si no hay licencia transcurren seis años y caduca la ilegalidad”, remacha Vázquez.

En el programa para las europeas

Desde el partido socialista quiere darse una solución “real y efectiva” al problema de las viviendas ilegales construidas en parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Una “necesidad social” que no implicaría, en ningún caso, “impunidad”, subrayan fuentes de la ejecutiva regional socialista. Sin embargo, ante la dicotomía de derribar o regular estas viviendas, la alternativa más probable pasa por la regularización de estas casas con algún tipo de instrumento urbanístico específico.
El secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOE, Pedro Fernández, lo expuso claro en una reciente visita a Almería: “Hay un decreto en 2012 que estableció la posibilidad de que las viviendas en suelo rústico pudieran regularizarse. Pero eso está sujeto a interpretación de la ley. Hay que revisar la LOUA”. Mientras, el PSOE llevará este asunto en el programa electoral para las elecciones europeas. El comité de campaña socialista, que se reunirá el próximo miércoles, definirá los términos de la propuesta electoral.

Un matrimonio está en prisión por negarse a demoler una vivienda ilegal



CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Un matrimonio está en prisión por negarse a demoler una vivienda ilegal

El propietario, de 64 años, defiende que no tuvo intención de vulnerar la ley y que hizo lo que otros en la parcelación de Las Minas de Castiblanco. La zona está en proceso de regularización.
TRINIDAD PERDIGUERO | ACTUALIZADO 16.04.2014 - 09:19
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Una imagen de archivo de la urbanización de Las Minas de Castiblanco de los Arroyos, una de las mayores de Andalucía.
Un matrimonio sevillano está cumpliendo desde principios de abril una pena de un año de cárcel por haber construido una vivienda ilegal en la urbanización de Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, una de las parcelaciones irregulares más grandes de Andalucía, en la que hay más de un millar de construcciones y que está, ahora, en proceso de regularización. Según explicó el mayor de los tres hijos de la pareja, el ingreso en prisión se ha producido después de que su padre, José León Gallo, de 64 años, se haya negado a ejecutar la demolición que se ordenaba en la sentencia, porque sigue considerando que nunca actuó con mala fe, ni con intención de vulnerar la ley, sino que cuando adquirió la parcela se informó en el Ayuntamiento e hizo lo que hacían otras personas, dice, en esta urbanización, por cuya expansión fue condenado también en 2012 a cuatro años de inhabilitación el que fuera alcalde del municipio durante 27 años, Manuel Ruiz Lucas, en un fallo que no es firme porque ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo.

El juez ha estimado que no ha habido una actitud reparadora por parte de los propietarios y ha ordenado el ingreso en prisión, a pesar de que es inusual en penas inferiores a un año de cárcel y cuando no hay antecedentes penales. El 31 de marzo ambos fueron puestos en busca y captura a petición del juzgado de lo penal número 11 y el 2 y el 3 de abril, detenidos y llevados a prisión. El hijo destaca también la situación de insolvencia de sus padres para ejecutar el derribo pendiente. El progenitor es parado de larga duración y estaba tramitando la jubilación. Su madre, de 59 años, es personal interino del SAS y trabaja ahora sólo esporádicamente, pero tuvo que renunciar a un contrato cuando entró en la cárcel de mujeres, el 3 de abril, un día después que su marido, que lo hizo en Sevilla 1. La pareja tramitó una petición de indulto, que le fue denegada. 

Es el primer caso que se da en Sevilla de propietarios de chalés ilegales que cumplen condena de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, en este caso, por levantar una casa de 70 metros sobre una parcela de 2.000 en suelo no urbanizable. Aunque ya se cuentan por decenas los inmuebles que se han demolido en la provincia, en algunos casos en el último momento y justo para evitar ese trance de entrar en prisión. En Las Minas se han producido alrededor de una veintena de derribos y hay un centenar de expedientes en la Fiscalía.

Según el relato del hijo mayor de esta pareja del barrio sevillano del Parque Alcosa, el matrimonio no ha podido hacer frente tampoco a la multa económica que incluía la sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla, por los costes que les ha supuesto su defensa, durante la que han cambiado de abogado. La historia de esta familia dista poco de la de otros afectados por estas situaciones urbanísticas. La pareja tenía la ilusión de tener una casa en el campo, como lugar de esparcimiento. Con sus ahorros y un préstamo que pidieron cuando los dos estaban trabajando, decidieron adquirir una parcela en esta zona de Castiblanco. Era más económico, a sus padres les gustó, explica el hijo. Según su testimonio, el padre estuvo viendo los "temas legales" y consideró que era factible construir. Asegura que incluso acudió al Ayuntamiento y un funcionario le informó de que podía hacerlo, que el Consistorio estaba inmerso incluso en un plan de regularización y para mejorar los servicios a los residentes, aunque el juez no ha tenido en cuenta lo que se consideró un permiso verbal.

El grueso de la casa se construyó en 2002 y la hizo un constructor local, aunque se dejaron algunas partes sin terminar por falta de dinero, dice León. La denuncia del Seprona les llegóen 2006, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico dio orden de perseguir este tipo de construcciones fuera de ordenación y la Junta había aumentado sus exigencias con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Era un problema generalizado en toda Andalucía desde hacía años por la laxitud con la que se había tratado, pero que la bonanza económica intensificó. Se comenzaron a poner denuncias, que se han ido tramitando estos años por la vía penal y resolviéndose en los juzgados, en muchos casos con sentencias diferentes para situaciones muy similares.

El hijo incide en ello y destaca además que el fallo considera que la casa de sus padres se construyó en 2005, cuando, insiste, se hizo en 2002. En 2004, pone de ejemplo, el padre tuvo un robo dentro de la vivienda, lo denunció y contrató un seguro incluso, en el que ya consta 2002 como fecha de construcción. También pone el acento los impuestos que con carácter de inmueble urbano se pagaban por la casa, a pesar de haber sido considerada una construcción ilegal, como la plusvalía, que abonó en la compra y que no fue tenida en cuenta en la sentencia.

El cambio urbanístico en el PGOU no paraliza los procesos judiciales

El alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Segundo Benítez (PSOE), explicó este que está al tanto del caso de esta pareja, para la que el Ayuntamiento emitió un informe dando cuenta del proceso de regularización que hay en marcha en Las Minas de cara a su indulto. En este sentido, recordó que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que apuesta por que de una vez estos terrenos sean declarados urbanos, sigue adelante. Ya se ha aprobado inicialmente en el Pleno municipal. Ahora están llegando los informes sectoriales, de los distintos departamentos que deben valorarlo, con la intención de aprobarlo de forma provisional en el Consistorio para el verano. La zona en la que se ubica la casa de este matrimonio entraría entre las que se legalizarían, aunque ese proceso no puede frenar los procesos judiciales en marcha. Sólo algunos jueces lo están considerando a la hora de poner sentencias, pero depende de su propio criterio. Las Minas es un problema en Castilblanco no sólo por su tamaño (son 1.200 parcelas, más de mil construcciones, que la hacen bastante más grande que el núcleo urbano principal) sino porque en ella viven de forma permanente cientos de personas, que tienen aquí su primera residencia, con servicios y equipamientos precarios que no se podrán mejorar hasta que queden regularizados con el PGOU.  Sólo una pequeña parte está declarada como zona urbana en las normas subsidiarias de 1985, pero el grueso de lo construido sigue en suelo rústico.






jueves, 24 de abril de 2014

"Los ingleses abandonan su 'sueño' mediterráneo"‏



Dice la Presidenta de AUAN: “Y como no podía ser de otra manera, los problemas con las viviendas ilegales también aparecen como una razón por la que se marchan de Andalucía y Almería. Maura Hillen, responsable de Abusos Urbanístico Almanzora No (AUAN) asegura que “muchas personas no desean continuar más tiempo en España porque nunca terminan de legalizar sus viviendas”.”

Yo creo que no es sólo que se van los ingleses, es que no llegan nuevos para reemplazarlos. Entonces si la resolución del problema urbanístico ayudaría a evitar este problema como dice Maura, y yo también creo que ayudaría, pido que se tenga la valentía a nivel nacional y a nivel de Andalucía y se tomen los pasos oportunos cuanto antes. Andalucía tiene competencias sobre el urbanismo y el Estado español tiene competencias sobre el derecho a la propiedad. Ambos podrían tomar medidas para dar más seguridad jurídica al inversor – por ejemplo a nivel nacional protegiendo a los compradores de buena fe para asegurar que no se demoliese su vivienda sin asegurarles una previa y adecuada indemnización.

En resumidas cuentas pido que se de una señal de confianza al inversor extranjero; de lo contrario mucho me temo que el titular de la noticia de La Voz se podría cambiar a “La gallina de los huevos de oro ha muerto”.

Cordiales saludos.

martes, 15 de abril de 2014

El secretario de Vivienda del PSOE andaluz se reúne con AUAN y le traslada el compromiso de su partido para resolver su situación


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VIERNES, 11 DE ABRIL DE 2014 16:13 ADMINISTRADOR
resized auanjuli.jpgEl secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha subrayado que el PSOE "no va a mirar para otro lado" en relación al problema de las viviendas irregulares en la provincia almeriense al mismo tiempo que ha asegurado que, con respecto al mismo asunto, "pondrá encima de la mesa soluciones".

Sánchez Teruel se ha pronunciado de este modo tras mantener, junto al secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOE de Andalucía, Pedro Fernández, una reunión con la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), en la que les han trasladado su confianza en que la Junta de Andalucía va a dar una solución global a su situación en breve, más allá del Decreto que ya tiene en marcha con esa intención, a través de la revisión de la normativa urbanística actual y de unas directrices que permitan una mayor flexibilización en su interpretación para atender al mayor número de afectados posible.
En esa línea, el líder de los socialistas almerienses ha explicado que la actuación que está ejecutando el Gobierno de Susana Díaz en esta materia consiste en "dar una respuesta global protegiendo a los terceros que, de buena fe, compraron su vivienda". Asimismo, ha resaltado que esta manera de actuar demuestra que para los socialistas "los ciudadanos siempre son lo primero", junto con su "vocación" de solucionar sus problemas.
Por su parte, Pedro Fernández –que ha estado acompañado también durante el encuentro por el secretario deProgramas e Ideas del PSOE andaluz, Rogelio Mena, y el vocal en la Ejecutiva regional, Rodrigo Sánchez- ha detallado que la Junta de Andalucía ya puso en marcha el Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad con la intención de que las viviendas "pudieran regularizarse" pero que, atendiendo las reivindicaciones de los propietarios y de los ayuntamientos, está inmersa en la reinterpretación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y en la elaboración de directrices para la flexibilización de su interpretación actual. Esa manera de proceder aspira, según han concluido los socialistas, a que pueda ampliarse lo máximo posible el número de beneficiarios y que, de este modo, pueda regularizarse la situación de sus inmuebles.

COMENTARIO.
El mayor problema del decreto es que no permite regularizar las viviendas que se sitúan en parcelaciones no inscritas que ya han prescrito. Es decir donde varias edificaciones, ya prescritas, están sobre una sola finca matriz.
La LOUA impide las parcelaciones en el suelo no urbanizable, pero la realidad, es que estas parcelaciones físicas son anteriores a la LOUA y por tanto prescritas, solo le falta el hecho jurídico de estar inscritas en le registro.
Si esto se solucionara una gran cantidad de propietarios regularizarían su situación al permitirles poder escribir sus viviendas y sus parcelas, que es lo que mas les interesa.
En esta situación se encuentran mas del 70 % de las edificaciones en suelos no urbanizable de las que el decreto categoriza como aisladas o agrupadas que no llegan a ser una asentamiento urbanístico, y por tanto no tienen otra solución que las indicadas en el decreto, pues los asentamientos los regulara o los regula el PGOU del municipio.
Con ello se podría dotar a estas edificaciones de servicios y suministros sostenibles y autónomos, y entre otro se arreglaría el problema de los vertidos incontrolados y el consumo sin control. Además de preservar el medio ambiente.
Haber si la JA se pone las pilas y entra en el fondo de este tema.

viernes, 11 de abril de 2014

El Parlamento apoya dotar de servicios a las parcelaciones



RESPALDO UNANIME DEL PSOE, IU Y PP EN LA CAMARA ANDALUZA A LA INICIATIVA

Nieto defiende que la proposición tiene como objetivo buscar un consenso. Defiende que se establezca un camino para legalizar viviendas


 Vista aérea de parcelaciones ilegales en Córdoba. - Foto:TONI BLANCO

EUROPA PRESS 11/04/2014

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley del PP en la que se pide a la Junta que, con el fin de impulsar el proceso de desarrollo urbanístico de las parcelaciones ubicadas en suelos urbanos no consolidados o urbanizables, posibilite, entre otras medidas, "la dotación adelantada de servicios en cuanto se cuente con el proyecto de reparcelación aprobado definitivamente y un avance del de urba9nización". La Cámara andaluza también acordó instar a la Administración autonómica a que establezca la cuantía de las sanciones urbanísticas establecidas para los tipos específicos en un porcentaje fijo, iniciando una reflexión sobre la cuantía de la sanción cuando el presunto infractor haya destinado la construcción a primera y única vivienda y sea su residencia habitual.
Esta iniciativa del PP, defendida por el parlamentario andaluz y alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, tiene como objetivo buscar un "consenso" que sirva para resolver los problemas de las familias cordobesas que viven en la periferia de la ciudad y que, según dijo Nieto, "ya es hora de que tengan una solución" porque no buscan "defraudar o no asumir responsabilidades", sino que se establezca "simple y llanamente un camino razonable para legalizar sus viviendas y pagar por ello".
La iniciativa de Nieto, que fue aprobada con 99 votos a favor del PP, PSOE e IU también reclama al Gobierno regional que extienda la posibilidad prevista en la LOUA para el suelo urbano no consolidado de modificación de la cesión del aprovechamiento urbanístico al 5%, al suelo urbanizable con parcelación en la que el suelo esté colmatado", que desarrolle, a nivel provincial de Córdoba, el órgano administrativo autonómico ya creado que coordine los informes sectoriales a evacuar por el Gobierno andaluz para los ámbitos de las parcelaciones, y, finalmente, que excluya de los núcleos consolidados en regularización la obligatoriedad de reserva de vivienda protegida o modular el porcentaje obligatorio mínimo a incorporar en sectores de densidad baja o muy baja.
Poniendo en marcha todas estas medidas, según Nieto, las familias cordobesas que viven en estas parcelas podrán "culminar" el proceso de legalización de sus casas. Para ello, será necesario también establecer una "unidad de criterio entre los técnicos de la Consejería competente y los del Ayuntamiento, en cuanto a la disposición de colaborar conjuntamente en cuantas propuestas se hagan llegar, dentro del respeto que la autonomía local tienen en materia de planeamiento y desarrollo del plan urbano en vigor".

APOYO DE PSOE E IU Por su parte, la diputada de IU Alba Doblas aseguró que su grupo apoya esta iniciativa no solo porque pide cosas que la Consejería de Fomento ya está poniendo en marcha sino también porque, pese a que el PP la ha "llevado sesgada" al Parlamento, en realidad se trata de una "moción municipal promovida por IU y PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y que fue aprobada por unanimidad a propósito del trabajo del consejo de distrito del Higuerón", al que ha felicitado por su trabajo.
La diputada del PSOE Josefa Vioque exigió a Nieto que "se ponga a trabajar en los temas urbanísticos de Córdoba" y no utilice a la Junta para "resolver su mala gestión" en esta materia.

domingo, 6 de abril de 2014

Sobre la reciente comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio


Sobre la reciente comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Nos preguntamos si  la materialización del Decreto, hasta ahora, ha ido en  función de las ventajas obtenidas, de cara a las personas afectadas. O sea, porcentaje de éxitos.

Por ejemplificar: la Junta nos lo ofrece como una medicina a lo que ellos denominan un problema. Nosotros, solicitamos estadísticas de éxito. La ratio, para entendernos.
Qué hay de su eficacia. O tendremos que remitirnos al clásico: cuan largo me lo fiais                  
 
 En cuanto a la redacción del Decreto, en tanto en cuanto en la mesa de la redacción del Decreto  no se sienten  todos los comensales, dicha mesa no estará completa. De manera que,  para que este o cualquier otro instrumento legal  tenga una incidencia aceptable de éxito entre el segmento de población al que va dirigido, es insoslayable la presencia de los afectados, a través de sus representantes. Como todos sabemos, en Andalucía, nos estamos refiriendo a unas trescientas mil familias. Si calculamos la media,  unos cuatro miembros por unidad familiar, hablamos de un millón doscientas mil almas, de unos ocho Mill. y medio de habitantes. Por encima del 14% de la población.

Se refiere la Sra. Consejera del ramo en la Comunidad Andalucía, a las provincias de Córdoba, Cádiz y Granada, como a las más perezosas, por decirlo de alguna manera, en subirse al carro del Decreto. "Algo habrá." Si comparece para cimentar una mera estadística, para ese viaje, no hacen falta alforjas. A nuestro juicio, debe retratarse y proceder a hacer un diagnóstico de los motivos que la llevan a esa conclusión. Quizás tal vez estemos hablando de una mercancía averiada o incompleta  y de ahí el escaso éxito que está teniendo el Decreto por ahora, sobre todo en algunos ámbitos.

Como todos sabemos, el Decreto, al no legalizar las viviendas en suelo no urbanizable y aplicarse la figura del AFO, el personal afectado, tuerce el bigote, cuando se lo mencionan. Y es que ya se huye de todo aquello por lo que hay que pagar y no se ve palpable.
Ya sabemos, de los escarmentados, nacen los avisados.

Leyendo el Decreto, puede haber viviendas que no obtengan todas las bendiciones y que, incluso pueden ser precintadas… y más, prohibiéndose su uso por no obtener la aptitud de la edificación terminada para el uso a que se destina, mediante certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad (Art. 12.1.b)

 Además, véase el Art. 12.5.- Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa de que la edificación no puede ser utilizada. El Ayuntamiento adoptará las medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido que procedan.

Todo esto, después de meterse en gastos, porque, desde el momento en que se inicia el procedimiento correspondiente, bien de oficio, bien a petición de la persona interesada, empieza a funcionar la caja registradora.

Según prensa,  la Sra. Consejera de de la cosa, hace hincapié en que esta norma no supone una amnistía y que la disciplina urbanística es competencia de los ayuntamientos, a los que ofreció la colaboración de la Junta.

Por supuesto Sra. Consejera, por supuesto. No faltaba más…

Sin embargo, se echa en falta esa misma energía, por su parte, sobre el hecho de dejar edificar 300.000 viviendas durante el reinado de sus correligionarios,

 En épocas anteriores a su mandato, se estuvo presumiendo de lo bien que se vivía (en pretérito) en Andalucía. Se estuvieron cobrando los  correspondientes impuestos, generando actividad y puestos de trabajo, elevando el estatus de nuestra Comunidad, dando lugar a subidas meteóricas de los valores catastrales, con las consecuencias fiscales comentadas en anterior ocasión… Por lo visto, a todos estos detallitos cierran los ojos, usted y su clase.

Pues no Sra. Consejera, ni esto es ético, ni la más ruda lógica lo sostiene. O se está o no se está y si no se está, se va uno a su casa con la cabeza alta.


De otro lado,  no se puede pedir más de la máxima responsable de la Consejería competente, cuando en las Materias Relacionadas  se tildan las edificaciones construidas sin licencia, como de construcción ilegal en el Extracto de la

 Solicitud de comparecencia 9-14/APC-000032, de la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre el balance del Decreto de Regularización de Viviendas ilegales en Andalucía”

. Véase el siguiente enlace:


Se da la circunstancia de que los medios sensibles a esta situación, ya han modificado su tratamiento y califican a este fenómeno, consentido y proveedor de buena fuente de ingresos para las diversas administraciones, como de construcción irregular.

 Con su postura, Sra. Consejera, no se va haciendo amigos por la vida. O quizá haya iniciado la precampaña electoral con estos mimbres. Ud. sabrá.

¡Que Dios le conserve la vista Sra. Consejera!

Lo que estos de la Consejería están haciendo, el más rústico lugareño lo hace sobradamente mejor

Al parecer, la clase política, casta aparte, aún no ha venido a caer en la cuenta de que somos material sensible. En esta casta aparte se sienten impunes y ajenos al mundo mundial.
Pues como material sensible que somos, tenemos un valor umbral, traspasado el cual, podemos reaccionar y echar abajo los planes que ellos, tienen prefijados para la grey.

No quiero cerrar el presente sin comentar el hecho de que ya está bien de jugar al escondite con nosotros. Solo hay que pensar en el tiempo que llevamos alrededor del Decreto y si alguien tiene estadísticas del número de casos de viviendas irregulares que ha solucionado este, sería conveniente que nos lo hiciera saber,  para que fuesen del dominio público.


                         Manuel Hidalgo

LA JUNTA ESTUDIA LA NORMA PARA POSIBLES CAMBIOS LEGISLATIVOS



Agencia Europa Press. Noticias e información de actualidad

Un tercio de los municipios andaluces inician procedimiento para aplicar decreto de regularización de viviendas ilegales

El PP pide crear un grupo de trabajo para dar "soluciones" frente a un modelo "fuera de la realidad y la legislación urbanística"

   SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
   La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha expuesto que un tercio de los municipios de la comunidad autónoma han iniciado el procedimiento para la aplicación del decreto 2/2012 de 10 de enero para la regularización de viviendas ilegales, ya que un 14 por ciento han aprobado o se encuentran tramitando el documento de avance, mientras que un 21 por ciento han declarado la innecesariedad de delimitación.
   En comparecencia parlamentaria en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la consejera del ramo, María Jesús Serrano, que ha incidido en la "magnitud" de este problema en Andalucía, recuerda que el decreto aborda casos que no sean objeto de inclusión en los respectivos planes generales de ordenación promovidos por los ayuntamientos --que ostentan las competencias al respecto y deben impulsar la primera fase de tramitación--, en referencia a obras, instalaciones y edificaciones realizadas infringiendo la normativa urbanística pero donde la irregularidad ha prescrito.
   Para que el decreto "despliegue todos sus efectos", los municipios tienen que definir qué viviendas irregulares se encuadran en los asentamientos urbanísticos, con qué hábitats rurales diseminados cuentan y por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuyas reconducción debe venir de la mano de la declaración de 'Asimilado a Fuera de Ordenación' (AFO).
   Donde no se puede restaurar el orden jurídico ni proceder a la demolición, la acción del gobierno andaluz, según ha indicado Serrano, se centra en encontrar "la mejor solución posible". Así, la figura de AFO garantiza "una habitabilidad sostenible y el facilitar acceso a suministros básicos", así como también impone medidas compensatorias.
   De esta manera, dentro de una resolución incluida por etapas en la normativa, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha expuesto que un total de 271 localidades ya han superado esta primera fase y están, por tanto, en condiciones de que el decreto se haga efectivo sobre el conjunto de las diversas modalidades de construcciones o edificaciones existentes en sus territorios, destacando su aplicación en Almería, donde únicamente el 20 por ciento de las localidades no ha adoptado ningún tipo de acuerdo al respecto.
   Como conclusión, Serrano ha aseverado que el ritmo de aprobaciones de avances y declaraciones se ha "acelerado" en los últimos meses, con una puesta en marcha que, no obstante, no se ha dado con la misma intensidad en todas las provincias, donde la "complejidad" y la "diversidad" del territorio deriva en una casuística muy diferente en la que no cabe una solución única.
   Por otro lado, la consejera andaluza ha confirmado que la Junta analiza algunos extremos de la normativa que, ante la "disparidad" de situaciones, crean tratamientos "injustos", pues "no tienen nada que ver las viviendas irregulares sobre las parcelaciones de Almería o de Málaga con los asentamientos de Córdoba o Cádiz: existen provincias en las que predominan las viviendas aisladas y otras en las que son los asentamientos".
   Próximamente se entrará en la segunda fase de aplicación, en el que se incorporarán los asentamientos diagnosticados a los planeamientos urbanísticos. "Seguimos trabajando en el reglamento para incorporar soluciones que faciliten la ejecución de los mismos, dentro del marco legalmente establecido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como el resto de la legislación vigente".

LA JUNTA, "ATASCADA", SE "ENCASTILLA"

   Por parte del Grupo Popular, proponente de la comparecencia, la diputada Alicia Martínez ha calificado de "decepcionante" el hecho de que el gobierno autonómico se encuentre "atascado" en el problema, "al igual que ocurrió con sus antecesores", dado que "las 300.000 viviendas ilegales no surgen en el tiempo que usted lleva de consejera".
   Martínez, que ha criticado el "sectarismo" con que la Junta "daña" a los municipios, ha instado al Ejecutivo andaluz a no "presumir" de construcción sostenible o seguridad jurídica, poniendo como ejemplo el caso del hotel del Algarrobico, "en el que han sido los únicos responsables y que es su monumento a la falta de ordenación del territorio".
   Para el PP, la Consejería se "encastilla" en la normativa vigente, cuando "ninguna de estas leyes ha servido" ni a los propietarios de buena fe con licencia "a los que se les niega la luz y el agua" ni a las familias "angustiadas" por las sentencias de demolición y a la espera de una solución "real".
   Por ello, Martínez ha pedido medidas "que no pasen por legalizar casos imposibles, en situaciones de riesgo o de agresión al medio ambiente", y que tampoco se contemplan en planes generales, que, ha recordado, en Andalucía solo ha aprobado el 15 por ciento de los municipios. "Hay un modelo urbanístico diferente al suyo", ha explicado, reclamando modificaciones normativas y abogando por la creación de un grupo de trabajo donde se incluyan expertos y afectados, frente a un modelo "fuera de la realidad y de la legislación urbanística".
   A todo ello, Serrano ha opuesto que la Junta ha dado "un paso al frente" para poner una solución a esta problemática "sin pretender una amnistía general". Añade que la administración andaluza se pone a disposición de los afectados y que las actuaciones se llevarán a cabo en pro de un turismo "ordenado y sostenible".


http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/cordoba-menos-aplica-decreto-casas-ilegales_871370.html

http://www.radiogranada.es/2014/04/02/aun-hay-tiempo-para-regular-las-viviendas-ilegales/

martes, 1 de abril de 2014

Cabello, diputado del PP por Córdoba y alcalde de Montilla, vive en un chalé ilegal






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ES COMISARIO Y SONÓ PARA SUCEDER A COSIDÓ

Cabello, diputado del PP por Córdoba y alcalde de Montilla, vive en un chalé ilegal

Cabello de Alba (Montilla, 1957), “vocal por designación presidencial” del Comité Ejecutivo del PP de Andalucía nombrado por el líder del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla (aparece como el penúltimo de la lista), fue nombrado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comisario principal de la Policía el pasado 26 de febrero tras 35 años de trabajo en las fuerzas de seguridad y después de hacer un curso especial de tres meses. En excedencia desde 2007, es uno de los favoritos para suceder a Ignacio Coisidó al frente de la dirección de la Policía. Con experiencia en Barcelona, Granada, El Ejido, Jaén y Córdoba, posee la Cruz al Mérito Policial “con distintivo rojo”, como aparece en su Registro de Intereses y Actividades en el Congreso de los Diputados.
La casa del alcalde de este municipio cordobés de 24.000 habitantes, situado a 44 kilómetros de la capital, fue construida en suelo rústico por el anterior propietario a finales de la primera mitad de la década de los noventa. El 19 de mayo de 2003 pasó a ser de su propiedad, es decir, el comisario compró una casa que ya era ilegal. La naturaleza "rústica" y, por tanto, "no urbanizable" de la finca se viene manteniendo, ininterrumpidamente, desde 1994, año en el que se ratificaron las Normas Subsidiarias del Urbanismo de Montilla, donde ejerce como alcalde desde 2011.
Cabello de Alba reconoció a El Confidencial que su vivienda, por la que paga contribución urbana, está situada en "suelo rústico". "La casa se construyó en 1990 y se encontraba fuera de ordenación y así va a estar siempre". Admitió que el PGOU aprobado en 2012 no contempló la legalidad de la construcción. "En su momento", explicó, "la Administración no actuó; lo que no se puede es ni ampliar la casa, ni edificar nada más". Según Cabello de Alba, la vivienda no es "ilegal, sino alegal, porque está fuera de regulación urbanística".
Ni el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) aprobado en su fase inicial el 9 de mayo de 2007 ni el propio avance del documento –que se presentó el 21 de octubre de 2004 y que permaneció en exposición pública hasta el 28 de febrero del año siguiente– recogían como "urbanizable" la zona en la que se ubica el chalé del primer edil cordobés, partidario de ser “implacable con los políticos que gestionen mal o traspasen la ley”, como dejó claro en un chat con los lectores en El Día de Córdoba.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía en Córdoba aprobó provisionalmente el PGOU el 16 de marzo de 2012. En el documento se mantiene la naturaleza rústica de la finca y, hasta la fecha, no ha habido ningún cambio al respecto. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el expediente del PGOU el 26 de junio de 2012, cuando Cabello de Alba ya llevaba un año al frente de la Alcaldía.
En el Diario Córdoba, el político del PP no se mostró muy conforme con la norma aprobada. “El plan no es la herramienta ideal, dado que tanto el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) como el Plan del Sur de Córdoba le han afectado negativamente", destacó el alcalde de Montilla. También denunció que el PGOU “asfixiaba” la capacidad de crecimiento del municipio.
El vicepresidente ejecutivo del PP de Córdoba, también secretario de la Comisión de Interior del Congreso, cuenta con otra casa en Almería comprada en 1997según figura en los bienes patrimoniales del parlamentario andaluz aportados en enero de 2012. Cabello de Alba, con 14.000 euros en su cuenta corriente, tres vehículos en propiedad y un préstamo pendiente con Cajasol de 8.809 euros, explicitó en su declaración ante el Congreso de los Diputados que la casa de Montilla es “inmueble urbano” y no lo contabiliza como rústico.