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lunes, 30 de abril de 2012

Noticia de los campitos de Estepona con el Decreto de las viviendas irregulares‏

En la oficina que el Ayuntamiento de Estepona abrió para atender las solicitudes de regularización de viviendas la actividad ha sido prácticamente inexistente. Hasta ahora solo diez expedientes se han empezado a tramitar, y ello a pesar de que el número de construcciones ilegales en esta zona, los conocidos como 'campitos' o diseminados rurales, llega a los 3.000. Para la edil responsable del área de Infraestructuras, Susana Arahuete, esta situación responde al hecho de que el decreto de la Junta «no soluciona el problema», y además los propietarios de estas viviendas «tienen miedo». «El decreto no da herramientas prácticas de efecto inmediato. Nos lanza el problema a los ayuntamientos y nos obliga a revisar incluso el PGOU», señala.

martes, 24 de abril de 2012

Los dueños de casas ilegales le dan la espalda al decreto de regularización

Las peticiones de legalización registradas en los ayuntamientos son casi inexistentes un mes y medio después de que entrara en vigor la normaLAS REACCIONES

El decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía sigue sin convencer a los dueños de las más de 50.000 viviendas irregulares que se estima existen en la provincia de Málaga. Tanto es así que un mes y medio después de la entrada en vigor de la nueva normativa el número de solicitudes de regularización registradas en los ayuntamientos es casi inexistente.
En la comarca de la Axarquía, donde las viviendas y edificaciones ilegales rondan las 20.000, en la mayoría de los consistorios las peticiones de regularización se pueden contar con los dedos de una mano. En Vélez, con más de 3.000 construcciones irregulares, no llegan a diez.
Según el edil de Urbanismo de Alcaucín, Mario Blancke, donde el número de casas pendientes de regularizar alcanza las 1.800, solo dos propietarios han pedido su legalización. «Lo han hecho porque necesitan hacer obras para garantizar la seguridad de las viviendas. Si no fuese así, no lo habrían solicitado», asegura convencido el edil.
«En este municipio muchas de las casas se construyeron con licencia del Ayuntamiento, aunque estas no estuvieran de acuerdo con el planeamiento. Lo único a lo que pueden aspirar es a un reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, algo que en absoluto supone su legalización. Es normal que la gente no quiera renunciar a su licencia para ser asimilado, que lo que hace es dejarles como ilegal», explica Blancke, que aclara que aunque el decreto está en vigor desde el 1 de marzo, este no es aplicable todavía.
Según el concejal, la Junta debe aprobar aún las normas directoras con las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad que deberán cumplir los asentamientos, hábitats rurales diseminados y las casas irregulares aisladas, y que deben servir de orientación a los ayuntamientos para establecerlas en sus planes generales o, en ausencia de esta regulación, mediante ordenanzas municipales.
Para la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez, muchos propietarios no van a solicitar su regularización porque «no ven que el decreto les resuelva su problema. Dicho con mas claridad, no les legaliza sus casas».
Levantar la liebre
«La propia Junta de Andalucía cuando se aprobó el decreto en enero pasado reconocía que solo un 10% de las edificaciones podrán ser legalizadas, otro 10% seguirá siendo ilegal y el 80% restante solo podrá aspirar a su reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, una figura que conlleva su legalización. ¿Quién va a querer que le reconozcan una ilegalidad? Yo se lo diré: nadie. Quien se ha hecho una casa sin licencia y todavía no ha prescrito no va a levantar la liebre acudiendo al Ayuntamiento para pedir su regularización, cuando lo primero que van a hacer es incoarle un expediente de protección de la legalidad urbanística para restablecer el orden perturbado», declara Vázquez, partidaria de promover una iniciativa legislativa popular para modificar la LOUA y permitir la legalización de la viviendas.
Aunque el decreto es de aplicación inmediata, la Junta había calculado un periodo mínimo de tres meses desde su entrada en vigor para ver los primeros resultados de la nueva normativa en la provincia. Los ayuntamientos, sin embargo, consideran que este plazo se podría demorar bastante más, ya que hay muchas dudas sobre su aplicación.

viernes, 20 de abril de 2012

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA CON EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.

El pasado 20-04-12 ha tenido lugar la 1ª reunión de la Plataforma con el Grupo Municipal Socialista, en el Ayuntamiento de Córdoba.

Por parte de la Plataforma, han asistido el Presidente Paco León y el Vicepresidente Julio Jacobo Cortés, por parte del Grupo Socialista, Juan Pablo Durán y el Concejal  Emilio Aumente.

Tras un breve recordatorio del nacimiento y fines de nuestra Plataforma a raíz de las inundaciones del 2010, el Presidente de la Plataforma  Paco León, comienza reivíndicando proyectos de defensa y limpieza del río y arroyos, desde Alcolea hasta  Encinarejo, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. También pide que se ejecuten proyectos pendientes como la II fase de remodelación del río Guadalquivir.
A lo que contesta Juan pablo Durán que está totalmente de acuerdo, es más, él mismo en una enmienda de sustitución presentada en pleno ordinario del dia 8 de Noviembre. En su punto 4.1. también se reivindica este proyecto junto a otros de Córdoba.


Julio Jacobo Cortés, Vicepresidente de la Plataforma y Presidente de la Altea, pregunta a Emilio Aumente, concejal del consejo rector de la gerencia y técnico, su opinión sobre la situación de las viviendas irregulares. Emilio Aumente le contesta que en la situación real en la que nos encontramos, la LOUA y el Decreto, se tienen que adaptar a la realidad existente al dia de hoy, aunque hay zonas que son insalvables, una gran mayoria que son viables y el resto, habrá que estudiarlas para dar solución al máximo posible.

Por último Paco león hace entrega de las reivindicaciones de la Plataforma y pide a Emilio Aumente, que visite personalmente las zonas afectadas para conocer la situación real, y hable directamente con los vecinos afectados. A lo cual se comprometió que en breve se personaria.

En resumen, creemos que la reunión ha sido positiva y esperamos que cumplan lo dicho.

lunes, 16 de abril de 2012

La regularización de casas ilegales fracasa en Córdoba y Chiclana

el país 
Los propietarios de las viviendas no se hacen cargo del coste de la normalización 
Darle una salida jurídica a las decenas de miles viviendas que se han levantado en Andalucía en terrenos no urbanizables. Ese es el espíritu que envuelve el decreto que la Junta de Andalucía aprobó la semana pasada. En la mayoría de los casos, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda plantea un "reconocimiento" de las casas aisladas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico en el que están y acceder a suministro de agua y luz. Sin embargo, también se requiere de la colaboración de los ciudadanos.
Varios Ayuntamientos andaluces han intentado solucionar este problema y regularizar las urbanizaciones ilegales que se han levantado en sus términos municipales. Pero en muchos casos estos procesos no han prosperado. Dos de los ejemplos más llamativos son Córdoba y la localidad gaditana de Chiclana.
Estas dos localidades acumulan cerca de 25.000 casas levantadas al margen del ordenamiento. Hay alrededor de 15.000 en Chiclana y en el término municipal cordobés, entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas.
En ambos casos, los Ayuntamientos -ya sean de un color político o de otro- se han encontrado con la misma dificultad: la negativa o imposibilidad -según quien lo explique- de los propietarios de las casas a correr con los gastos económicos que acarrea el proceso de regularización. Otro de los puntos en común de estas dos localidades es la presencia de estas edificaciones en el debate político y el poder de presión de los parcelistas. En Chiclana, incluso se creó un partido que agrupa los intereses de los propietarios, el Partido Vecinal Regionalista. En el caso de la capital cordobesa, todos los partidos llevan años cortejando a los dueños de las parcelas.
El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 79.839 habitantes), gobernado ahora por el PP, aprobó en 2009, bajo mandato socialista, la primera ordenanza para iniciar la regularización de sus más de 15.000 viviendas ilegales, que habían proliferado desde los años ochenta. Pero el camino abierto por este municipio ha estado plagado de obstáculos. En estos dos años solo 56 propietarios han cumplimentado la solicitud para poder legalizar sus casas. La mayoría de los dueños no quiere asumir el coste dictado por el Ayuntamiento, a pesar de continuos anuncios de rebajas. Además, Chiclana tiene otro problema añadido. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue anulado por la justicia y lo que fue señalado como urbanizable ha dejado de serlo legalmente hasta que se aprueben unas normas transitorias.
Fue el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, encargado del planeamiento de Chiclana, el que diseñó el proceso regularizador de viviendas. Dividió la ciudad en áreas de gestión básica y estableció los pasos para dar licencia a esas casas y poder suministrarles servicios como el agua, la luz o el alcantarillado. En total, el plan suponía ordenar 15 millones de metros cuadrados y 15.000 viviendas, según el catálogo hecho por el Ayuntamiento y aprobado por la Junta. Todo se recogía en unas ordenanzas aprobadas en 2009. Pero en 2010 solo cinco personas se interesaron por este proyecto. En 2011, 51.
Lo que más echó para atrás a los propietarios fue lo que consideraban un "excesivo coste" de la legalización de unas viviendas que levantaron sin control ni permiso alguno. Una parcela de 1.000 metros cuadrados, el mínimo permitido para regularizar, podía costar una media de 45.000 euros. El Ayuntamiento llegó a acuerdos con entidades financieras para dar facilidades de pago y, a medida que pasaban los meses y se aproximaban las elecciones municipales, se anunciaron rebajas en el precio final. Según cálculos municipales, dar legalidad a las 15.000 viviendas supondrá un coste de unos 360 millones de euros.
Los dueños de las casas ilegales protagonizaron movilizaciones en varias localidades de la provincia de Cádiz. Las más concurridas, en Chiclana. Es lo que la Fiscalía de Medio Ambiente viene calificando en sus últimas memorias como "auténticos lobbies de presión". En esta ciudad se llegó a dar un paso más con la constitución de un partido, el Partido Vecinal Regionalista, que agrupaba estos intereses, y llegó a sacar dos concejales en los últimos comicios.
El actual gobierno del PP aspira a que el decreto de la Junta impulse su normativa. También confía en que las normas transitorias, adelanto del futuro plan general, que se quieren aprobar en febrero solventen las dificultades administrativas que ha supuesto la anulación del anterior documento dictada por el Tribunal Supremo. Si prosperan, el Ayuntamiento confía en que el interés crezca más allá de los únicos 56 interesados hasta ahora en regularizar sus casas.
Córdoba ha visto en las últimas décadas cómo en áreas de especial valor medioambiental e histórico (como la sierra o el entorno de Medina Azahara) se levantaban extensas urbanizaciones sin orden. La solución legal para esas casas (entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas) que, se calcula, existen en el término municipal es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el urbanismo cordobés. Ninguna corporación municipal, ya sea de IU -que gobernó los pasados 12 años- o del PP, actualmente en el poder, han dado con la tecla para solucionar este problema.
El PGOU de 2003 dictamina que hay dos clases de parcelaciones ilegales: las que se pueden reconducir dentro de la legalidad (la mayoría) y las que no (un millar de casas). 42 urbanizaciones regularizables han creado las juntas de compensación de propietarios que ordena el PGOU para que puedan sacar adelante las reformas necesarias, pagadas por los vecinos, que les doten de servicios. Pero ninguna ha logrado culminar el proceso. Y lo que es peor, la crisis ha atropellado sus aspiraciones. Poco antes de las elecciones locales, sus integrantes se quejaban de que ninguna entidad bancaria les ofrecía el aval del 7% para iniciar las obras de urbanización.
En la campaña electoral, casi todos los partidos cortejaron a los parcelistas ilegales. Aproximadamente son 50.000 las personas que viven en la periferia, unas 20.000 en las urbanizaciones irregulares. Un caladero de votos que nadie quería dejar escapar. Uno de los últimos anuncios de IU en mayo fue que agilizarían los trámites para las obras de las juntas de compensación, aceptando como aval fianzas personales como declaraciones de la renta, IVA o títulos de propiedad.
Por su parte, el PP, una vez que logró gobernar la capital cordobesa, optó por un cambio de estrategia, pero también con el objetivo de agilizar la legalización. Su plan era permitir una nueva modalidad de regularización e introducir el modelo de las juntas de cooperación, con lo que desaparecería el aval del 7% y el Ayuntamiento pagaría las obras para luego facturárselas a los vecinos.

URBANISMO DE MALAGA

 

domingo, 15 de abril de 2012

La Gerencia Municipal de Urbanismo elevará una consulta a la Consejería de Obras Públicas para exigir soluciones a esta problemática

>Vélez insiste en que el decreto de regularización de viviendas no tendrá efectos en el municipio

14.04.12 - 01:37 -

La concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Vélez, Concepción Labao (PP), aseguró ayer, tras analizar el diagnóstico previo elaborado por los servicios técnicos, que dada la enorme superficie de suelo no urbanizable protegido que existe en la capital de la Axarquía, bien por el PGOU vigente o por el Plan de Ordenación Territorial de la comarca, el Decreto 2/ 2012 de 10 de enero de la Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, tendrá «una escasa aplicación práctica en el término municipal».
Según Labao, esto significa que de las 3.000 edificaciones que se estima existen en el suelo no urbanizable poco más de una decena podrá acogerse al decreto, bien optando la legalización o bien solicitando el certificado como asimilado a fuera de ordenación. «El resto, que son la práctica totalidad, seguirán siendo ilegales o clandestinas», aseguró la edil.
Por esta razón, Labao anunció que el Ayuntamiento elevará una consulta a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta para poder dar una solución a la problemática detectada en el municipio.
«La aplicación de este decreto no va a ser gratuita para las arcas públicas locales, como se ha venido manifestando por la Junta, sino que va a tener un coste material y humano muy importante para el Ayuntamiento, debido a la elevada carga de trabajo que conlleva la elaboración del inventario de las 3.000 edificaciones, y más aún en la presente coyuntura económica», aseguró la edil veleña.
«Además, en el caso de Vélez-Málaga, dado que el decreto apenas tendrá incidencia, lo único para lo que servirá el inventario es para gastar dinero», dijo Labao. No obstante, la concejala de Urbanismo anunció la intención de equipo de gobierno de reforzar el grupo de trabajo existente con objetivo de agilizar los trámites y la realización del catalogo.
Según Labao, el cálculo de edificaciones ilegales en el municipio ha sido realizada por la Gerencia de Urbanismo con el catastro y las ortofotos realizadas por la Diputación del término municipal.

viernes, 13 de abril de 2012

EL PGOU EMPIEZA A ADAPTARSE AL DECRETO DE LAS JUNTAS DE PARCELAS ILEGALES

Día 13/04/2012
El presidente de la Gerencia de Urbanismo, el edil Luis Martín, comunicó ayer que su consejo rector dará hoy el visto bueno a la aprobación inicial de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptarlo al decreto desarrollado por la Junta para la regularización de construcciones ilegales en Andalucía.
En concreto, el cambio en el citado Plan General se enfocará al régimen legal de la situación de fuera de ordenación, de modo que permitirá al Ayuntamiento autorizar servicios básicos con algunos condicionantes a las viviendas ilegales que cumplan los nuevos requisitos establecidos para ello.
Precisamente, en la misma materia, Urbanismo dará luz verde definitiva al plan parcial «Huerta San Luis-Casillas», una parcelación ilegal reconducible ubicada en la Vega. Este enclave forma parte de una bolsa de suelo más amplia: un plan de sectorización —cambian la clasificación del suelo a urbanizable— en el que también se incluye el Cortijo Alcaide.

La Junta apoya el Metro Tren y pide a Nieto que aborde las naves de Colecor

La consejera de Obras Públicas afirma que el servicio ferroviario Villarrubia-Alcolea es aceptable"por el término municipal que tiene Córdoba" pese a que el portavoz del PSOE se había opuesto al proyecto
Rafael C. Mendoza | Actualizado 13.04.2012 - 01:00
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El proyecto del Metro Tren, un servicio ferroviario ideado para conectar las barriadas de Alcolea y Villarrubia, es decir, la capital de Este a Oeste, registró ayer un avance al contar con el apoyo de la Junta de Andalucía. La consejera de Obras Públicas y Vivienda en funciones, Josefina Cruz, admitió ayer tras presidir el acto de entrega de llaves de una promoción de viviendas públicas construidas en la avenida Acera del Río que se trata de una "buena" alternativa de transporte para una ciudad de las "características que tiene Córdoba". No tuvo dudas en mostrar su respaldo a esta iniciativa a pesar de que el secretario general del PSOE y portavoz del partido en el Ayuntamiento, Juan Pablo Durán, había mostrado hace unos días cierto rechazo e incluso la había calificado de manera despectiva como "una ocurrencia más". La representante autonómica abordó también el asunto de las naves de Colecor y recordó al alcalde, José Antonio Nieto, que la Junta emitió un informe "hace 18 meses" y que "es el Ayuntamiento el que ha de aprobar el plan especial".

El principal argumento del que se valió la consejera de Obras Públicas para defender la implantación del Metro Tren fue precisamente el hecho de que Córdoba tenga el "término municipal más grande" de Andalucía. Tras manifestar que ha conocido el proyecto a través del propio alcalde, señaló que "tiene sentido que se concrete en una ciudad como ésta". Insistió, en cualquier caso, en que "habrá que analizar su viabilidad" y estudiar si la propuesta "soluciona el problema de transporte urbano en esta ciudad tan singular".

El respaldo de Cruz al proyecto le confiere más posibilidades de que llegue a buen puerto, ya que el Ayuntamiento tiene ahora tanto el compromiso de estudio por parte de Renfe -su presidente, Julio Gómez-Pomar, estuvo incluso en la presentación de la propuesta ferroviaria- como el de la Junta, que es la administración pública que tiene las competencias en materia de transportes. Sólo faltaría definir quién se ocuparía de la inversión, que ronda los cinco millones de euros entre la construcción de los nuevos apeaderos y la reparación de las estaciones de ferrocarril ya existentes. El importe se encuentra muy lejos, como apuntó en su día el Consistorio, de los 300 millones que habría costado el tranvía.

El otro asunto del que se ocupó la consejera de Obras Públicas, el del proceso de legalización de las naves de Colecor -propiedad del empresario y edil Rafael Gómez-, deja la pelota en el tejado del Ayuntamiento. Cruz recordó que hace 18 meses que la Junta emitió el informe sobre el citado proceso y que aún no ha recibido respuesta alguna por parte del Consistorio. La representante autonómica declaró que "no me consta que el Ayuntamiento se haya posicionado sobre esto y hace tiempo que no hablamos del tema". El caso es que el Gobierno municipal es el que ha de desarrollar el plan especial que comprende la legalización de las naves de Colecor, pero sin perder de vista que la Junta podría denunciar su decisión ante los Tribunales a pesar de su informe no es vinculante. Este documento contemplaba la legalización de las instalaciones, pero con severas restricciones. Limitaba su superficie más de lo previsto e incluso se oponía a su actividad como comercio mayorista.

jueves, 12 de abril de 2012

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nula la sesión del 7 de enero de 2007

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Muchos vecinos se manifestaron en su día en pro del que fuera alcalde de la localidad, Cándido Trabalón.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zurgena celebrado el día 7 de enero del pasado año 2007, en el que se aprobó definitivamente la delimitación de suelo urbano consolidado en el término municipal. En la sentencia conocida recientemente, el Juzgador argumenta su fallo en que el Ayuntamiento de Zurgena se excedió de la finalidad que a la indicada figura urbanística atribuye el texto legal citado consistente en la mera constatación de los terrenos que deban considerarse como suelo urbano consolidado.

De otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señala que el acuerdo fue adoptado sin la concurrencia del quórum legalmente exigible, es decir, por la mayoría absoluta del pleno y no, tal y como se hizo, por mayoría simple del mismo.

Este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía viene, de una parte, a empeorar la situación de los procesados en la 'Operación Costurero' y, de otra, a complicar el proceso de regularización de la viviendas ilegales en el municipio zurgenero, puesto que el acuerdo plenario ahora anulado pretendía justificar la legalidad de cuantiosas licencias de obra concedidas. Para el Tribunal no cabe duda de que en este caso se constata un desmesurado proceso urbanizador en la que se refleja mediante su planimetría la existencia de calles y parcelas insertas en las mismas sin edificar. Por otro lado, añade la sentencia, la delimitación del suelo urbano consolidado exige la existencia de una ordenación pormenorizada que permita la edificación, en otras palabras, la existencia de un instrumento de planeamiento aprobado definitivamente a la entrada en vigor de la ley 7/2002 que permita directamente la edificación. En este sentido se destaca que ni las normas subsidiaria provinciales cuya existencia alega la representación de Zurgena ni el mismo proyecto de delimitación del suelo urbano constituyen instrumentos que contengan la ordenación de detalle que permitan sin el concurso de otras figuras de planeamiento la incorporación de suelo al proceso urbanizador.

El Ayuntamiento de Zurgena insistía en sus alegaciones en que a falta de otro instrumento de planeamiento ha debido operar a través de las Normas Subsidiarias existentes, pero en modo alguno justifica que tales normas habilitasen para el proceso urbanizador que la proyectada delimitación del suelo urbano constata.

martes, 3 de abril de 2012

OPINION DE D.MANUEL HIDALGO,SOBRE LO DICHO EN LA REUNION.(VER ENLACE DE DIARIO CORDOBA)

  Empecemos por el final que te he ido subrayando del Diario de Córdoba y que veo como el asunto más grave, por incierto.
   Cuando menciona la frase A  largo plazo,… me echo a temblar, pues a continuación, menciona otra frase fatídica: la integración o no de estos asentamientos en el modelo territorial previsto. Es decir, le echa el muerto al que venga detrás, sin saber, en el futuro,  las determinaciones que se contemplarán en la legislación urbanística, tanto a nivel autonómico (LOUA, POTA, DECRETOS, RDUA,…), como local (PGOU, ORDENANZAS, DECRETOS).
            Ahora, vamos al principio:
Isabel Ambrosio manifestó que las actuaciones no irían contra los residentes que "ya estaban allí y formaban parte de la realidad urbanística de la zona". Y añado yo: pues Ud. dirá, señora mía. Menos mal que no va a ir contra los residentes,… ¡Anda que si llega a ir contra ellos, que Dios nos coja confesados. Si dejarles este futuro de incertidumbre y los detalles que comentaremos más adelante no es ir contra los vecinos, a donde llegaría  en caso de ir contra ellos.
Para Las Pitas y Córdoba la Vieja,…  el informe preceptivo contemplará desde "la erradicación hasta su ordenación urbanística", teniendo en cuenta el régimen legislativo.
  O sea que ya están pensando en la erradicación. Lo que no comenta esta señora es el procedimiento.

  Al referirse a la fecha de construcción de las viviendas, tienen en mente aplicar la disciplina urbanística. Mírate el Art. 185.1 y 185.2b)  de la LOUA, en la reforma correspondiente a la fecha de 30 de enero de 2012 que, aunque no tiene carácter retroactivo, aquí la están aplicando y el que no se entere y se le pasen los plazos,. Al hoyo. Al margen de esto, te advierte que los plazos no prescriben para los suelos protegidos

  También se referirán a las viviendas que entraron en vigor con anterioridad a la entrada en vigor de de la ley   Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

  Mírate el Decreto, tanto en su introducción, como en sus  Art. 3.3; 6.3 y 7.2.

LEY 2/2012, de 30 de enero, de modificación de a Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Si quieres acceder, copia y pega los siguientes enlaces. Elige el que más te guste:


  Al final del texto que te aparece, correspondiente al BOJA Nº 26 del ocho de febrero de 2012, te aparece un .PDF y  te puedes descargar.
Si al aludir al régimen legislativo se refiere al famoso Decreto 2/2012 de 30 de enero, observemos el  Art. 13.1;  13.3 c) (ojo que se hace hincapié en que la desaparición de los valores a proteger no pueden ser causa de la construcción de las propias casas que componen el asentamiento y 13.4 ( este dice: “En el caso de los asentamientos ubicados en suelos protegidos… y estamos hablando de suelos BIC, según creo recordar). Recordemos qué y cuáles son suelos protegidos.

Suelo Protegido

Es todo aquel suelo protegido por la legislación sectorial (ambiental, de patrimonio,
etc) o por el planeamiento supramunicipal (territorial o sectorial). En el Anexo
Legislativo se puede consultar la enumeración completa de la legislación
autonómica, estatal y europea de aplicación,
  Este está compuesto po. Compuesto por:
- Espacios protegidos de ámbito estatal o autonómico (Parques Nacionales,
Regionales, Naturales, etc.)
- Red Natura 2000 (LIC, ZEPA)
- Vías pecuarias (de ancho > 25 m)
- Protegido por legislación forestal (montes preservados, de utilidad pública,
etc.)
- Protegido por legislación de aguas, humedales, etc.
- Protegido por otra legislación ambiental.
- por legislación de patrimonio cultural (BIC, etc.)

            Enlace del Decreto:
DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.


            Te ofrecen el asimilado a fuera de ordenación. Despídete de la vivienda, pues en el futuro, no se podrán obtener licencias de ampliación, ni de consolidación, salvo en excepcionales circunstancias. Mírate el Decreto en su Introducción, como en el Art. 3,B.b), 3.2.b), Arts.8, 9,12, 20.3,  20.4 y 20.5, Disposición Transitoria  Segunda y Disposición Transitoria Final.
  También debes mirar el Reglamento de Disciplina  Urbanística de Andalucía RDUA, Art. 53
Y la adicional 1ª de la LOUA (última modificación) o Ley 2/2012 de 30 de enero de 2012. Estrra muy importante.

Dicen que te podrán conceder licencia de ocupación. Esto mismo va anotado en el registro, con lo cual, caso de querer vender la vivienda, el posible cliente se asustaría y acudiría a la compra de una vivienda sin anotaciones registrales negativas. Ponte en el caso de que tú seas el comprador y te presenten una nota simple con un estigma de este calibre. La intención de la Administración es que este tipo de viviendas acaben sus días lo más rápido posible y que el suelo  torne a la situación por ellos deseada. O sea, la situación de ruina por imposibilidad de hacer obras de consolidación.
            En cuanto a lo de que la vivienda puede ser “usada”, espero que lo certifiquen por anticipado, pues ahí en Córdoba tienes una señora que vino a la manifestación del día 28 de febrero, Día de Andalucía, en que tiene denegado el permiso de uso de su vivienda..

             Finalmente, este caso se lo daría a un abogado urbanista especialista en planificación y de reconocido prestigio. Yo me andaría con cautela y, a cada paso, consultarlo con un profesional.
  En Málaga he oído hablar bien de “ius urbis” http://www.ius-urbis.es/
 IUS URBIS ABOGADOS S.C.P.
Plaza Uncibay, 8 1ªplt. of.7
29008 Málaga
Lunes a Jueves de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Viernes de 10 a 14 h.

Telf: 952.06.22.60
Fax: 952.22.56.75

email: info@ius-urbis.es
  De Córdoba, sabrás tú más que yo.
  Buenas tardes Paco.
 
  Adjunto remito mi opinión sobre las manifrestaciones de la Sra. Ambrosio y la propuesta que deciden sobre el entorno de Medina Azahara correspondientes al enlace:
 
 
  Desde mi punto de vista, es un "pésimo negocio" para los afectados. Pretenden que paguen unos gastos de caballo, correspondientes  las tasas,  informe técnico y otros, pero... al final, para  llevarse a la boca un boquerón.
 
  Como te sugiero en el escrito que ya leerás, yo me buscaría un abogado urbanista de reconocido prestigio.
 
           Un abrazo
 
             Manuel Hidalgo
 
 
 

COMO DIRIA " EL MOTA" TE HAS DAO CUENTA TU TAMBIEM.

Extranjeros dueños de casas ilegales creen 'peligrosísimo' comprar en Andalucía

Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía han afirmado que se sienten engañados por todos los estamentos que están relacionados con la construcción, y eso ha dado lugar a que otros compatriotas no tengan confianza para invertir en España, ya que consideran que "comprar una vivienda en Andalucía es peligrosísimo".
El presidente de la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA) -Salvemos Nuestros Hogares, en español-, el británico Philip Smalley, ha manifestado a Efe que hay muchos extranjeros que quieren invertir en España mediante la compra de casas, pero no lo hacen porque no tienen confianza en el sistema jurídico.
"Por ejemplo, comprar una vivienda en Andalucía es peligrosísimo y esto no es una sorpresa para otros extranjeros porque son informaciones que han salido publicadas en nuestros países de origen", ha explicado Smalley, que considera que mientras no se dé confianza al sistema, se van a perder inversiones para Andalucía.
Ha señalado que la trama descubierta recientemente en Málaga que modificaba fraudulentamente el Catastro a cambio de comisiones ilegales para hacer creer a los interesados en comprar suelo -principalmente extranjeros- que podían construir legalmente cuando en realidad eran parcelas no urbanizables constituye "un engaño más".
"Nos sentimos engañados por todos, por la Junta, ayuntamientos, promotores, constructores, abogados o notarios, y no tenemos confianza en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley de Costas o el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía", ha indicado.
Smalley, que es concejal del PA en el Ayuntamiento de La Viñuela, ha señalado que el caso de la Axarquía es diferente al de otros puntos de España, ya que todos los socios de SOHA han construido sus casas con la correspondiente licencia otorgada por los ayuntamientos.
"Cuando teníamos las licencias no sabíamos realmente cómo estaba el suelo, pero está claro que eran terrenos abandonados donde no valía la pena cultivar y era mejor hacer casas, ya que de esta manera, los ayuntamientos podían obtener ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles", ha argumentado.
El presidente de SOHA ha rechazado nuevamente la figura de asimilado a fuera de ordenación que ha incluido la Junta en el decreto aprobado el pasado enero para la regularización de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.
Ha argumentado que esta figura no les da ninguna garantía jurídica porque en un futuro "pueden hacer lo que quieran" con sus viviendas, y ha declarado que no están haciendo nada con respecto a este decreto a la espera del resultado de las elecciones autonómicas de mañana.