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miércoles, 29 de febrero de 2012

" DATE PRISA" MOVILIZATE.

ayuntamientos podrán comenzar a dar licencias de ocupación en tres meses tras la entrada en vigor de la norma a finales de febrero
27/02/2012
Unas 2.000 personas, entre alcaldes y técnicos municipales y de diputaciones provinciales correspondientes a más de 700 ayuntamientos han participado durante el mes de febrero en las jornadas técnicas celebradas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en las ocho provincias andaluzas para explicar tanto el contenido del decreto que regula las construcciones en suelo no urbanizable -en vigor desde el 29 de febrero tras su publicación en BOJA a finales de enero- como las novedades introducidas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En estos encuentros de trabajo, que han contado con la intervención de la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, y con el director general de Urbanismo, Daniel Fernández, se ha explicado a los asistentes que los ayuntamientos andaluces podrán comenzar a conceder en el plazo de tres meses las primeras licencias de ocupación y resoluciones de reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación conforme a la nueva norma que regula este tipo de edificaciones.
Una vez que el decreto esté en vigor, los consistorios estarán facultados para sacar a información pública los avances de planeamiento con los que se darán los primeros pasos en este proceso de regularización y los propietarios podrán ya dirigirse a los servicios municipales con el fin de solicitar esa normalización. En los casos en los que las construcciones puedan acogerse a la figura del reconocimiento, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda está trabajando en la elaboración de las normas directoras que, con carácter de recomendación, recogerán las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad, permitiendo con ello el uso de estas edificaciones y el acceso a los servicios básicos de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento.
El decreto que regula las construcciones en suelo no urbanizable distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de hábitat rural diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos). Dependiendo de cada situación, las edificaciones que no se pueden demoler tendrán la posibilidad de obtener una licencia de ocupación o bien de ser reconocidas como asimiladas a fuera de ordenación para poder mantener su estado actual y acceder a los servicios básicos de luz y agua.
Durante estos encuentros técnicos se ha matizado la importancia que tienen los ayuntamientos en la aplicación de dicho decreto, que dará una respuesta, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y en función de las circunstancias físicas y jurídicas de cada caso particular.
Los alcaldes y técnicos asistentes a las reuniones han tenido ocasión de formular dudas y exponer casos concretos sobre situaciones que se dan en los diferentes términos municipales. Para continuar con esa colaboración entre administraciones, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha puesto a disposición de los ayuntamientos andaluces una dirección de correo electrónico con el fin de solventar cualquier tipo de consulta relacionada con la materia.
En estas jornadas, en las que la participación ha sido muy elevada, también se han analizado las modificaciones de la Ley de Ordenación Urbanística, ya en vigor tras ser aprobadas por el Parlamento andaluz. Estas novedades inciden en la agilización de las actuaciones que se acometan en la ciudad consolidada, la simplificación de la tramitación de los planes urbanísticos en los suelos urbanos, y un mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y de los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano.

http://www.abcdesevilla.es/20120228/andalucia/sevi-propietarios-viviendas-ilegales-rebelan-201202272334.html#.T03IMyWby5o.email

http://www.abcdesevilla.es/20120228/andalucia/sevi-propietarios-viviendas-ilegales-rebelan-201202272334.html#.T03IMyWby5o.email
Como podeis leer en este enlace, en declaraciones de la secretaria general de ordenación del territorio de la consejeria, Gloria Vega.

Sobre lo dicho por esta sra. En estas declaraciones, y a lo que se refiere a que algunos de los colectivos que más se ha significado, es el de los parcelistas de Córdoba, que tienen las casas en zonas inundables," y no tienen solución"ellos buscan una amnistia y se legaliza la vivienda tendria derecho a que la administración en lugar de tirarle su casa, deberia hacer obras hidraulicas para quitar la inundabilidad,que es lo que están buscando.

Añade dicha sra. Los manifestantes llevan razón,en el sentido que ni el decreto ni la ley " les da la solución" si no quieren pagar, si quieren que la administración les costee las infraesctruturas, que les hagan las obras hidraulicas y sus casas no se inunden porque han construido donde no se debia y que el Tribunal Supremo, cambie las sentencias.
Según ella, los afectados están pidiendo " lo más".

Pues bien, desde este colectivo de parcelistas de Córdoba, le decimos a esta sra.
1º Dudamos mucho que este cualificada para tratar estos temas tan delicados,donde prima las vidas de los ciudadanos.
2º Dudamos que se haya informado el porque de las inundaciones y le recordamos,que no solo las parcelas han sido inundadas, tambien muchos pueblos han sufrido los efectos de la mala gestión de los desembalses.
3º Recordarle que hay proyectos pendientes de ejecutar y no se han hecho, seguramente porque se han perdido los dineros destinados para estos fines.¿donde están estos dineros?
es más facil y barato aumentar la cota de inundabilidad que poner los medios para evitar las inundaciones.
4º Este colectivo pide que al igual que en los cascos urbanos afectados por las inundaciones provocadas, donde se han llevado a cabo las obras de muros,limpieza y otros medios para garantizar la segurad, tambien las hagan en estos nucleos consolidados de viviendas,que se encuentran en las mismas circuntancias que los cascos urbanos.
5º Visto como en varias ocasiones se refiere a que los parcelistas tienen que costear todo y su problema es que no hay dinero, desde este colectivo les decimos que si sus señorias, cobraran el sueldo con arreglo al trabajo que realizan,seguramente habria dinero para acometer todas estas obras necesarias y quitar la crisis en España.
Lo que tiene que haber son politicos comprometidos con el pueblo y que busquen soluciones
a los problemas.
6º Este colectivo está luchando por los derechos de los afectados, no pedimos limosna,pedimos responsabilidades por los daños causados y garantia de seguridad, ya que nos encontramos en manos de terceros y las decisiones de estos nos afectan directamente.

El PP asegura que las viviendas ilegales «seguirán siendo ilegales» - abcdesevilla.es

El PP asegura que las viviendas ilegales «seguirán siendo ilegales» - abcdesevilla.es

Vista la postura autoritaria del psoe. En el tema de las viviendas ilegales y el desconocimiento total de la realidad existente en las zonas afectadas, está muy claro que tenemos que buscar otra alternativa en en el resto de partidos politicos.

Si como se dice,que el pueblo es soberano, ¿porque un partido que se denomina sosialista y además obrero, pisotea y machaca a este mismo pueblo? en vez de buscar soluciones viables y definitivas para solucionar este problema, que en numerosos casos ellos mismos han creado, no teniendo visión de futuro en los planeamientos de ordenación urbana,y en otros consentimiento y colaboración.

El Pueblo, ya está hasta la coronilla de aguantar a politicos que solo trabajan para su bienestar particular, Ya está hasta la coronilla de ver tanta corrupción de todo tipo y clase.

El Pueblo, ya no puede permitir por más tiempo que estos politicos que dicen representarnos,vivan en la abundancia y el derroche,mientras nosotros seguimos viviendo en la miseria y estando en una situación de tensión diaria,por no poder sacar a nuestras familias para adelante.

Encima y para más recochineo, te dicen que eres ilegal y que van a tirar tu casa, eso si, antes te ponen una multa millonaria y si te quejas, un añito de carcel.

domingo, 26 de febrero de 2012

¿QUE MÁS, NOS TENDRÁN PREPARADO?

  • El presidente ha defendido el decreto de casas alegales

    hace 1 día ... El presidente de la Junta de Andalucía cree que con el decreto de regularización
    de viviendas alegales aprobado el pasado mes de enero, las ...
    www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=23330...3 - En caché - Similares
  • lunes, 20 de febrero de 2012

    MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

    20:44 h.
    URBANISMO

    Alcaldes y técnicos de Córdoba estudian el contenido del decreto de regularización de viviendas

    AGENCIAS 20/02/2012
    Alrededor de 300 personas, entre alcaldes y técnicos de los 75 ayuntamientos cordobeses y de la Diputación, se han reunido este lunes en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) para profundizar sobre el contenido del nuevo decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable.
         Este encuentro, según ha informado la Junta de Andalucía, ha contado con la participación de la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, así como de la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, y del delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en Córdoba, Francisco García.
         Durante el encuentro, se han formulado dudas y se han expuesto casos concretos sobre situaciones que se dan en los diferentes términos municipales. Igualmente, se ha destacado la importancia que tienen los ayuntamientos en la aplicación de dicho decreto que, a juicio de la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, no pretende regularizar la situación de construcciones ilegales de forma indiscriminada, sino dar una respuesta, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y en función de las circunstancias físicas y jurídicas de cada caso particular.
         El decreto aprobado en enero de 2012 en Consejo de Gobierno --y ya publicado en BOJA-- distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de hábitat rural diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).
         La secretaria general ha destacado la importante responsabilidad de los ayuntamientos, dado que es el planeamiento municipal el instrumento indicado para la regularización de los asentamientos urbanísticos que puedan integrarse en el modelo de ordenación. Además, ha insistido en la obligatoriedad de que todos los costes que implique la regularización sean asumidos por los propietarios.
         De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad, bien de obtener una licencia de ocupación o bien de reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación, que les permita mantener su estado actual y acceder a servicios como los de suministro de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento.
         En el mismo encuentro también se han abordado las modificaciones de la LOUA, recientemente aprobadas por el Parlamento andaluz y publicadas en BOJA. La nueva normativa supondrá una simplificación de la tramitación de los planes urbanísticos en los suelos urbanos, un mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y un refuerzo de los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano.
         Asimismo, dinamizará la actividad urbanística en el interior de la 'ciudad construida' y logrará una mayor adecuación entre los planes urbanísticos y los planes municipales de vivienda y suelo.

    jueves, 16 de febrero de 2012

    Ubanismo

    La legalización de las 11.000 viviendas irregulares, en tres meses

    Los ayuntamientos concederán a partir de mayo las primeras licencias de ocupación a los inmuebles

     05:00  
    M. FERRARY Once mil viviendas construidas en la provincia en terreno no urbanizable verán a partir de mayo la puerta abierta para su regularización definitiva, acogiéndose al decreto aprobado por la Junta de Andalucía para legalizar la situación de estos inmuebles.

    La secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Gloria Vega, explicó ayer que los ayuntamientos podrán conceder las primeras licencias de ocupación y resoluciones de reconocimiento de asimilado fuera de ordenación en el plazo de tres meses, lo que permitirá ofrecer una seguridad jurídica a las 11.000 viviendas situadas fuera de la ordenación urbanística, la mayoría en la Axarquía.

    Gloria Vega, que participó ayer en unas jornadas de trabajo celebradas en Málaga con alcaldes y técnicos municipales de la provincia para explicar el decreto, adelantó que los ayuntamientos ya pueden iniciar la regularización de estas viviendas, de modo que las primeras licencias se concedan en tres meses, el tiempo que se tardan en tramitar. En este sentido, la secretaria general de Ordenación del Territorio insistió en que el avance de planeamiento de la norma no obliga a esperar «a la entrada en vigor del decreto», prevista para finales de este mes.

    Una vez que el decreto esté vigente, los ayuntamientos podrán sacar a información pública el avance de planeamiento y los propietarios podrán solicitar la regularización a los servicios municipales.
    Vega recordó que la Consejería de Obras Públicas está ya elaborando diversas normas para facilitar y agilizar la aplicación del decreto en el caso de las edificaciones aisladas.

    Estas normas también incluirán los requisitos que las viviendas deben cumplir como habitabilidad y salubridad para que puedan acceder a la vía del reconocimiento de asimilado fuera de ordenación, lo que permitirá a estas edificaciones su uso y acceder a los servicios básicos de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento.

    Esta jornada contó con la asistencia de unas 250 personas, entre alcaldes y técnicos. Junto a Málaga se han celebrado otras similares en Cádiz, Granada, Sevilla, Córdoba y Almería.

    La Junta espera que en tres meses esté clarificada la situación de todas las viviendas ilegales

    La secretaria de Ordenación del Territorio reitera que el decreto no puede suponer una legalización indiscrimina No se trata de una amnistía ni de una legalización indiscriminada. El coste de su aplicación debe ser asumido por los propietarios y en ningún caso por los ayuntamientos. En un plazo de tres meses tras la entrada en vigor, el 1 de marzo, puede estar reconocida la situación de las viviendas irregulares de todos los municipios de Málaga, que es la provincia en la que más incidencia tendrá la aplicación del decreto por el que se regula el régimen de las más de 50.000 edificaciones y asentamietnos existentes en suelo no urbanizable. Estos son los tres puntos fundamentales que ha defendido hoy la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Gloria Vega, que esta mañana ha participado en las primeras jornadas técnicas que se desarrollan en la capital, con el objetivo de explicar a técnicos municipales, alcaldes y concejales de municipios afectados por el mismo las cuestiones básicas de este decreto, "con el objetivo de que exista unidad de criterios para su aplicación en todo el territorio andaluz", ha afirmado el delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez.

    Aplicación inmediata
    La secretaria de Ordenación del Territorio ha insistido en que "el decreto está pensado para que su aplicación sea inmediata, a través de la realización de avances por parte de los ayuntamientos". Estos avances son, según la responsable de la Junta, 'pequeños mapas' , en los que se identifica el negativo, es decir, todas aquellas viviendas que están en parcelaciones o urbanizaciones importantes, "todas las viviendas que no estén en estos espacios se considera edificaciones aisladas y sus propietarios pueden iniciar inmediatamente el procedimiento, con el fin de poder acceder a los servicios básicos".
    En cuanto al anuncio de movilizaciones por parte de plataformas de propietarios en contra de este decreto, Gloria Vega ha indicado que "no es intención de este gobierno modificar la ley para que todo el monte sea orégano y para que cada cual pueda edificar donde le de la gana". En este sentido ha asegurado que "hay viviendas que solo pueden ser usadas en condiciones restringidas, por su situación de ilegalidad y el decreto no puede modificar la ilegalidad de esas edificaciones, porque no puede modificar la ley".

    Las casas ilegales podrán tener en tres meses licencia de primera...

    Las casas ilegales podrán tener en tres meses licencia de primera...

    miércoles, 15 de febrero de 2012

    ALGO ES ALGO.(A VER CON LO QUE NOS SALEN)

    La Junta cita a los alcaldes para abordar las viviendas ilegales

    REDACCION 14/02/2012
    La Consejería de Obras Públicas y Vivienda celebrará encuentros con alcaldes de toda Andalucía para abordar y profundizar sobre el nuevo decreto de regularización de viviendas ilegales. Según indicaron a Europa Press fuentes de la consejería, estos encuentros, de carácter itinerante, han pasado ya por provincias como Cádiz o Sevilla, de forma que "el objetivo es extender estos encuentros a todas las provincias andaluzas". Más de 200 personas, entre alcaldes y técnicos de casi un centenar ayuntamientos sevillanos y de Diputación se reunieron ayer en el convento de Santa María de los Reyes, donde la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega; el director general de Urbanismo, Daniel Fernández; y la delegada provincial de Sevilla, Salud Santana, participaron en una jornada informativa para profundizar sobre el decreto de regularización de viviendas. Durante el encuentro se formularon dudas y se han expuesto casos concretos. Se destacó la importancia que tienen los ayuntamientos en la aplicación de dicho decreto, que, a juicio de Gloria Vega, "no pretende regularizar la situación de construcciones ilegales de forma indiscriminada, sino dar una respuesta, cuando sea posible, en el marco de la LOUA y en función de las circunstancias físicas y jurídicas de cada caso particular".

    domingo, 12 de febrero de 2012

    JUNTOS PODEMOS

    federación contra el decreto de la Junta
    Á. R. | Actualizado 12.02.2012 - 01:00
    zoom

    Luis Martín, con los parcelistas, en el hotel Averroes.
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    Asociaciones de parcelistas de toda Andalucía anunciaron ayer la creación de una federación para luchar contra el decreto de la Administración autonómica que aprueba regula y clarifica la situación de las viviendas levantadas en suelo no urbanizable, al entender que "no soluciona la situación existente". Por primera vez, los propietarios se reunieron ayer en Córdoba convocados por la Plataforma de Afectados por Inundaciones del Guadalquivir y se emplazaron a una manifestación que tendrá lugar en Sevilla el próximo día 28 promovida por la Asociación de Viviendas Irregulares de Málaga. La plataforma cordobesa intentará asistir a la capital andaluza "con el máximo de personas posibles", anunció el portavoz del colectivo, Francisco León.

    Al encuentro de ayer asistieron integrantes de la Federación de Asociaciones La Lagunas de Chiclana (Cádiz), la Asociación de Afectados por Sanciones Urbanísticas de Cádiz, el colectivo Abusos Urbanísticos Almanzora No (Almería) y las asociaciones malagueñas de Viviendas Irregulares y Save Our Homes, de la comarca de La Axarquía. Los parcelistas cordobeses, anfitriones, fueron los más numerosos, con representantes de los núcleos de La Altea, La Gorgoja II, Las Perlas, Córdoba la Vieja o Fontanar de Quintos. En el encuentro también estuvieron el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, y la delegada de la Alcaldía en la barriada periférica de El Higuerón, Elena Rojano.

    Los parcelistas calificaron el encuentro de "muy positivo" y anunciaron que solicitarán reuniones con los partidos políticos y las administraciones públicas para "buscar una solución de una vez por todas". Los propietarios, además, se propusieron impulsar una iniciativa legislativa popular que intente la regularización de sus viviendas, dijo León. También anunciaron la convocatoria de manifestaciones y avisaron que apelarán ante el Tribunal Supremo para que modifique la sentencia que determina la no prescripción de las sanciones en suelos protegidos, en contra de la opinión de la Fiscalía de Medio Ambiente. Los propietarios también realizarán proyectos "para salvaguardar la seguridad de las zonas inundadas, que no inundables".

    La Plataforma de Vecino Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir nació en 2010 para luchar contra la política de embalses de la Agencia Andaluza del Agua, que provocó, según el colectivo, el repetido desbordamiento del río a lo largo de aquel año. El objetivo de los vecinos es "que se haga justicia y que se responsabilicen de los daños materiales, físicos y morales, consecuencia de esta catástrofe, que podía haberse evitado".

    EL PRIMER PASO PARA LA UNIDAD DE TODA ANDALUCIA.

    REPRESENTANTES DE 17 ASOCIACIONES DE REUNIERON AYER EN CORDOBA

    Unos 40.000 parcelistas andaluces se unirán en una federación de afectados

    Reclaman que se derogue el decreto de la Junta "porque no soluciona la situación existente". Anuncian la elaboración de una iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos

    ARACELI R. ARJONA 12/02/2012
    Representantes de diecisiete asociaciones de parcelistas de toda Andalucía se dieron cita ayer en Córdoba para celebrar la primera reunión a nivel regional destinada a analizar los efectos del decreto elaborado por la Junta de Andalucía sobre edificaciones en zona no urbanizable.
    Las asociaciones asistentes, que representan a alrededor de 40.000 parcelistas andaluces, valoraron muy positivamente la reunión, que se prolongó durante más de cuatro horas.
    Entre los acuerdos adoptados destaca la creación inminente de una Federación Andaluza de Afectados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), "con el fin de coordinar todas las acciones que se lleven a cabo en las distintas provincias".
    En esta primera reunión, que se produce tras la reciente publicación en BOJA del Decreto Sobre Edificaciones en Zona no Urbanizable, los afectados reivindican la derogación de dicho decreto "porque no ofrece una solución a la mayoría de las parcelaciones existentes".
    Las asociaciones acordaron también solicitar reuniones con los distintos partidos políticos y exigirles "un compromiso para dar una respuesta definitiva" al problema de las parcelaciones ilegales en Andalucía. En opinión de los afectados, "la situación actual no es culpa de los parcelistas sino de los políticos, que durante años no han regulado el planeamiento urbanístico ni han organizado la dotación de suministros y ahora pretenden imponer sanciones millonarias y derribar casas sin ofrecer soluciones a las familias".

    MANIFESTACION También está prevista la convocatoria de manifestaciones. La primera tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Sevilla "ante la Junta de Andalucía". Se trata de una protesta convocada por la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares de Málaga, a la que los colectivos de Córdoba acordaron sumarse. Los parcelistas, que exigen a la Junta la modificación de la LOUA y rechazan el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) "sobre todo, en lo referente al tope de crecimiento urbanístico", tienen previsto elaborar una iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos, contraria a la actual ley y "apelar al Tribunal Supremo para que modifique la sentencia sobre la no prescripción de sanciones en suelos protegidos, contraria a la opinión de la Fiscalía de Medio Ambiente". Por último, las asociaciones acordaron realizar "proyectos para salvaguardar la seguridad de las zonas inundadas".

    sábado, 11 de febrero de 2012

    Reunión en Córdoba de vecinos afectados por viviendas irregulares - Noticias de Chiclana - Puente Chico

    Reunión en Córdoba de vecinos afectados por viviendas irregulares - Noticias de Chiclana - Puente Chico

    LA REUNIÓN DESDE CHICLANA

    Diversos colectivos de Afectados por el problema de las viviendas ilegales de toda Andalucía mantendrán el próximo sábado en Córdoba un encuentro para hablar y buscar soluciones a su problemática.
    Desde la localidad chiclanera, una de las que más ha sufrido la proliferación de viviendas edificadas al margen de la legalidad, y que según los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía, existen más de 15.000 casas irregulares, se trasladará hasta la capital cordobesa una representación de la Asociación de Afectados por las Sanciones Urbanísticas, Asasur.
    Este colectivo formará parte del la mesa que se ha convocado a partir de las 11 de la mañana en el hotel Averroes, y en la que también participarán representantes de otras cuatro provincias andaluzas, como son la AUAN de Almería, APVI de Málaga, o la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir de Córdoba entre otros.
    En dicha reunión se solicitara «que haya un antes y un después con respecto a la problemática que nos incumbe a todos y que afecta a más de un millón de viviendas irregulares repartidas por toda la geografía nacional ya que, solamente en Andalucía, ocupa a unos quinientos mil propietarios», explican.
    Este colectivo chiclanero, al que acompañarán también representantes de la Federación de AAVV Las Lagunas de Chiclana, recuerda que «la falta de voluntad política en unos casos, el afán recaudatorio, en otros, el aspecto lucrativo de promotores que al final se van de rositas, la dejadez de algunos, el clientelismo político muchas veces y razones inconfesables en ocasiones, unido al silencio administrativo y la falta de publicidad sobre la bola de nieve que ha ido engordando cada vez más, conforman los ingredientes que han abocado a la situación actual» en esta materia.
    Los propietarios de viviendas ilegales del municipio vuelven a criticar «la ley despótica, confiscadora e inhumana» que a su juicio es la Ley Urbanística de Andalucía, Loua.
    A ese respecto, considera que ha existido «un cóctel explosivo que ha propiciado la unión de los mentados colectivos afectados, uno de cuyos objetivos es arrinconar a dicha ley, por impracticable», dicen.
    Desde Asasur se ha protagonizado en las últimas semanas varias manifestaciones contrarias a la gestión que el actual equipo de gobierno del PP está llevando en materia urbanística.
    Los propietarios, de este y otros colectivos, llevan meses criticando a Ernesto Marín y los suyos por haber llevado a la Fiscalía más de 1.700 expedientes urbanísticos, que se están transformando en estos momentos en sanciones e incluso órdenes de demolición de los inmuebles.
    El asunto del urbanismo irregular en Chiclana ha derramado auténticos ríos de tinta. Desde la GMU, el titular, Andrés Núñez, recuerda que el Ayuntamiento trabaja para «dar seguridad jurídica» a la localidad con las nuevas Normas Sustantivas Transitorias. Este documento, que se encuentra en estos momentos en periodo de alegaciones, será un paso previo al nuevo Plan General que se elabora en estos momentos.

    viernes, 10 de febrero de 2012

    jueves, 9 de febrero de 2012

    ESPERAMOS QUE ESTA REUNION SEA LA HERMANDAD DE TODOS LOS AFECTADOS DE ANDALUCIA

    Version en PDF de la noticia, página 13 Esta noticia pertenece a la edición en papel de Diario Córdoba.
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    I.L. 09/02/2012
    Propietarios de viviendas ilegales de Málaga, Cádiz, Almería y Córdoba se reunirán el sábado en el hotel Averroes para plantear sus problemas y abordar los nuevos cambios introducidos por la Junta en su decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable, que entrará en vigor a final de este mes, y en la reforma de la LOUA, que ayer publicaba el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A la reunión, que organiza en Córdoba la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, asistirá también la mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya. El presidente de la plataforma, Francisco León, explicó ayer que el objetivo de esta primera reunión es abordar los problemas que padecen, exigir soluciones y consensuar las reclamaciones que plantearán a las modificaciones legislativas realizadas. En este sentido, no descartan alegar contra la modificación de la LOUA, que no les convence.
    La reforma de la LOUA introduce novedades como la que permitirá aumentar en un 20% la edificabilidad en suelos urbanizables y urbanos y agilizar la dotación de servicios básicos de forma provisional a las viviendas de suelo no urbanizable, siempre que no estén en zona protegida o con riesgos. El objetivo es garantizar la habitabilidad en aquellas casas en las que ha prescrito la infracción urbanística y serán asimilados al fuera de ordenación

    miércoles, 8 de febrero de 2012

    ESTA ES LA SITUACIÓN EN EL VALLE DE LA ALMANZORA-ALMERIA

    La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), que agrupa a ciudadanos británicos residentes en esta comarca almeriense, se ha lamentado que el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable aprobado este martes por la Junta de Andalucía "no solo crea más confusión, sino que crea una clase de vivienda de segunda", de forma que han rechazado este decreto, que han tildado de "señuelo".
    La presidenta de la AUAN, Maura Hillen, ha manifestado a través de una nota que este decreto ha sido finalmente "muy decepcionante" puesto que "si uno mira el detalle del decreto verá que no evita que las viviendas con procedimientos en curso, que quizás son la mayoría, puedan caer bajo la piqueta", asevera a través de una nota.
    El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años, ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" y, por tanto, son susceptibles de demolición.
    "Si lo que la Junta quiere son más casos como el del matrimonio Prior, desde luego este decreto no entorpece el camino", critica Hillen tras hacer referencia al caso de un matrimonio británico cuya vivienda fue derribada en Vera al considerarse fuera de la legalidad. Con esto, la presidenta de la AUAN acusa a la Administración autonómica de estar "poco conectada" con los "problemas reales" de los ciudadanos puesto que, considera, que el decreto "no es operativo en la práctica".
    Hillen ha identificado además ciertas situaciones que, bajo su interpretación, quedan sin resolver con el decreto de regularización, ya que afirma que los ciudadanos que cuentan con una orden de demolición no podrán salvar sus casas, así como las familias que carecen de escritura del terreno por asentarse en sitios irregulares. "De hecho --ahonda-- algunos de los que tienen escrituras corren el riesgo de que éstas se anulen, por una posible parcelación ilegal".
    Sobre las viviendas aisladas, Hillen señala que quedan "relativamente apestadas", dado que "ni siquiera tienen derecho a licencia de ocupación o utilización" por lo que entiende que "quedan sujetas a unas supuestas y futuras normas directoras para la ordenación urbanística y a unas teóricas normas mínimas de habitabilidad".
    Con esto, asegura que la Junta de Andalucía "en vez de un cambio normativo de importancia, y me refiero a un cambio en la LOUA, para tratar de resolver un problema de gran envergadura, no solo crea más confusión, sino que crea una clase de vivienda de segunda" por lo que espera que "no sean muchos los que sean llevados a error y piensen que esta medida es una panacea". La asociación calcula que solo un 16 por ciento de sus afiliados podrá verse de alguna forma beneficiado por este decreto.

    martes, 7 de febrero de 2012

    ALGUNOS PASOS DADOS POR APVI. DE MALAGA.

    La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) ha recibido el rechazo de la Diputación de Málaga en la ronda de reuniones que lleva manteniendo con los municipios malagueños de más de 20.000 habitantes con el objetivo de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que, en la provincia de Málaga, afecta a unas 80.000 viviendas irregulares.

    Según ha señalado la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, ha manifestado que "no puede utilizar una Administración pública para ir en contra de otra, cuando hay un decreto por medio", motivo por el que no se ha mostrado partícipe a colaborar con la asociación.

    Asimismo, ha asegurado que Pendón considera que "debemos ser sancionados con dureza por lo que hemos hecho", y en este sentido, se ha preguntado si la situación de irregularidad en la que se encuentran estas viviendas es motivo suficiente para que "vayamos a la cárcel". "Para él, todos los vecinos son culpables, ya que no tiene en cuenta ningún tipo de necesidad o problema que puedan tener", ha lamentado.

    Por tanto, Vázquez ha destacado "la mentalidad súper arcaica" del máximo responsable del ente supramunicipal y de la Junta, dado que "a pesar de que sabe que la LOUA no está bien, no quiere rectificar en nada". Asimismo, ha asegurado que, para la asociación, la reunión con Pendón "ha sido una decepción", ya que "esperábamos que nos escuchara" para que "contribuyera a agilizar la gestión con el resto de ayuntamientos de la provincia". RESPUESTA

    Por su parte, el presidente de la Diputación ha explicado que las viviendas irregulares que se encuentran en terreno protegido "no son legalizables, aunque se modifique la LOUA", ya que su clasificación responde a una decisión del Ayuntamiento a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

    En este sentido, ha destacado la defensa que viene haciendo desde hace 30 años de la regularización de las viviendas irregulares, "las que son legalizables", ha precisado, indicando que se trata de "un problema muy grave que afecta a un territorio muy importante de la provincia de Málaga".

    "Y por fin parece que la Junta de Andalucía, en el decreto que anuncia la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, va a establecer tres procedimientos a la hora de abordar esta situación que, según anunció el pasado 4 de marzo, afectaría a un total de 12.760 edificaciones irregulares de la comarca de la Axarquía que, de esta forma, podrán tener vías de solución", ha indicado.

    En concreto, Pendón ha explicado que, "primero, se encuentran las casas irregulares que se pueden legalizar vía Plan General; segundo, a través de planes especiales de regularización, y, tercero, mediante la aplicación de la disciplina a aquellas que estén en terrenos que soporten algún tipo de protección, es decir, lo que no sea legalizable".

    "Esto último no se puede solucionar modificando una ley, sino vía Plan General", ha precisado, al tiempo que ha indicado que del orden de los ayuntamientos son aquellos terrenos que tengan grado uno de protección, como son los Lugares de Interés Comunitario (LIC), que los declara la Unión Europea, y los que sean Paraje Natural.

    Con este decreto, Pendón ha señalado que "se van a poder legalizar la inmensa mayoría" de las viviendas irregulares, teniendo en cuenta que la Consejería de Obras Públicas contempla la posibilidad de la regularización a través del PGOU. De esta forma, la solución pasaría por que el Consistorio descalificara estos terrenos, ha apuntado.

    No obstante, el presidente de la institución provincial ha señalado que, "suponiendo que se derogue la LOUA, tiene que haber un proceso de adaptación que no puede significar carácter retroactivo", por lo que "la ley vigente tiene que seguir en vigor". Por ello, estarían "en suspensión todas esas viviendas irregulares cinco o seis años hasta que dispusiera otra vez".

    La presidenta de APVI también mantuvo la pasada semana diversos encuentros con representantes de varios municipios malagueños, como el teniente de alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; y "todos apoyan la iniciativa", ha asegurado.

    Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga, a través de su concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, también se ha mostrado "de acuerdo" con la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y, según ha apuntado a Vázquez, "está buscando una solución al desmadre urbanístico que hay en los diseminados, dentro de sus posibilidades y con en la LOUA en la mano", ha indicado.

    En este sentido, Díaz ha asegurado a la presidenta de APVI que "el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga está realizando los inventarios de esas viviendas irregulares", pero, a pesar de ello, Vázquez ha puntualizado que, "tal y como está la LOUA, no pueden resolver el problema".

    Sin embargo, desde la asociación han asegurado que "no nos vamos a rendir", ya que "todos" los alcaldes de los municipios con los que se han reunido hasta ahora "apoyan la iniciativa". En concreto, el regidor de Mijas, Antonio Sánchez, mostró la pasada semana su apoyo a APVI en su idea de presentar un texto para la modificación de la LOUA ante el Parlamento Andaluz.

    La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares también cuenta con la colaboración del delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, y del alcalde del municipio malagueño de Coín, Gabriel Clavijo, fruto de dos reuniones que la presidenta ha calificado de "muy positivas"; así como de otros municipios malagueños con los que ha contactado telefónicamente, como es el caso de Teba,

    viernes, 3 de febrero de 2012

    VEJER DE LA FRONTERA- CADIZ

    Vejer convoca a 260 vecinos de El Palmar para la legalización de sus viviendas

    • Copio esta noticia aparecida en el Diario de Cádiz de hoy: La polémica está servida

    • Arranca la regularización urbanística de la playa tras años de retrasos · La adhesión al proceso será, al principio, voluntaria · Los propietarios pagarán 60 euros por metro cuadrado de finca
    • JORGE GARRET / DIARIO DE CÁDIZ | ACTUALIZADO 06.01.2011 - 07:02
    • El proceso de regularización de viviendas de El Palmar, en Vejer, afronta en este inicio de 2011 el momento crucial que representa su puesta en marcha después de toda una década de planificación y años de dificultades y retrasos. En las próximas semanas se tramitarán los primeros expedientes de legalización y en los próximos meses deben comenzar las obras de urbanización del núcleo rural. Es la hora de la verdad para las administraciones, pendientes de comprobar la validez del planeamiento desarrollado, y también para los vecinos, obligados a asumir los costes a los que no hicieron frente cuando construyeron sus casas de forma irregular.
    • La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vejer informan de que todo está preparado para la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Palmar, que beneficia a 260 propietarios en un espacio de unas 40 hectáreas en la primera línea de playa. El último paso ha sido la aprobación por parte del municipio de la ordenanza reguladora del plan, el documento que recoge los costes del proceso y detalla los pasos a seguir.
    • Los vecinos tendrán que pagar alrededor de 60 euros por cada metro cuadrado de superficie de su finca para acceder a la regularización. En la cuenta están incluidas las obras de urbanización; las conexiones exteriores de servicios básicos como el agua y la luz; el aprovechamiento público -la cesión gratuita y obligatoria de los propietarios del 10% de su terreno al Ayuntamiento, bien en euros, bien en superficie-; y los gastos de repercusión de suelo para carreteras y otros equipamientos públicos.
    • Es un coste aproximado, porque el plan establece un sistema de reparcelación mixta -económica y física, con terrenos- e incluye numerosas peculiaridades. Los pequeños propietarios, por ejemplo, podrán abaratar su normalización aportando el suelo que les sea requerido para dejar sitio a los viarios o zonas verdes, mientras que los dueños de grandes fincas cederán metros cuadrados de sus parcelas para reubicar a quienes sufran expropiaciones íntegras. Con estas condiciones, la situación de cada propietario debe ser estudiada de forma particular. De ahí que los responsables del plan ensalcen su "carácter humano" por encima de los condicionantes técnicos.
    • El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Vejer, Antonio Muñoz (PSOE), explica que en los próximos días se convocará a cada uno de los 260 propietarios, "vecino a vecino", para trasladarle el expediente de su vivienda, en el que se recogen los detalles técnicos de la finca y la liquidación provisional correspondiente al proceso regulador.
    • En la primera fase, la adhesión al proceso será "voluntaria", subraya Muñoz. Los propietarios deberán suscribir un impreso para certificar su voluntad de participar en el plan y abonar un primer pago de tres euros por metro cuadrado de finca bruta. Además, los que se sumen al proceso tendrán que aportar un aval que garantice el pago de las futuras cargas del proyecto de urbanización. Habrá un mes de plazo para la adhesión.
    • Después de este primer paso, los técnicos de la oficina de planeamiento de El Palmar, que incrementará su personal este ejercicio, visitarán cada propiedad para verificar sus características técnicas -hasta ahora se ha trabajado sobre plano- y ajustar, si procede, los expedientes.
    • La ordenanza del PERI establece que, cuando el 50% de los propietarios del ámbito de trabajo -esto es, más de 130- se haya sumado al proceso regulador, las administraciones estarán facultadas para licitar las primeras obras de urbanización de El Palmar. "Entendemos que, en ese momento, habrá garantías económicas suficientes de que se podrá hacer frente al pago de las obras", apunta Muñoz. Las actuaciones se desarrollarán de forma progresiva, y el cobro a los vecinos tendrá esa misma condición: conforme se adjudiquen obras, se requerirán pagos.
    • Las obras de urbanización requerirán el derribo de "cuatro o cinco" viviendas que coinciden con viales, aparcamientos y otros equipamientos públicos, según explicaron fuentes de la Administración. Algunas de estas viviendas fueron construidas después del 30 de octubre de 2008, fecha límite de trabajo del PERI, y caerán sin más. En otros casos, los propietarios percibirán indemnizaciones. Los afectados ya conocen su suerte, según aseveraron las mismas fuentes.
    • Hasta aquí, las certezas. Y ahora, las incógnitas: ¿Qué ocurrirá si los vecinos rechazan la adhesión voluntaria al proceso? ¿Y si deciden no pagar? ¿Y si no tienen medios suficientes para hacerlo? La respuesta que los propietarios ofrezcan al plan es, desde este momento, determinante. Si están dispuestos a pagar, el proceso avanzará; si no están dispuestos, el problema urbanístico de El Palmar se enquistará sin solución y con mínimo margen de maniobra para las administraciones.
    • El alcalde, Antonio Verdú (PSOE), sostiene que el Ayuntamiento y la Junta han hecho "todo lo que podían hacer" para facilitar y abaratar el proceso. Hay un acuerdo en firme con Cajasol para la obtención de créditos sobre el valor de suelo "a bajo interés" y 30 años de plazo que sirvan para hacer frente a las cargas. Hay negociaciones abiertas con otros bancos y cajas de ahorro para habilitar ofertas similares.
    • El delegado de Urbanismo admite que hay vecinos, "casos muy concretos", que no tienen recursos para sufragar la regularización. Para éstos, "habrá que buscar soluciones a través de los servicios sociales del propio Ayuntamiento", avanzó Muñoz. "No ocurrirá lo mismo con quienes, simplemente, se nieguen a pagar. Nuestra vía de trabajo es el diálogo, pero la última solución será la expropiación porque es eso lo que establece la ley".
    • El próximo semestre será clave en la regularización de El Palmar, pionera en Andalucía, aunque aventurar plazos es arriesgado en un proyecto que ha estado lastrado por extraordinarios retrasos y "dificultades" durante toda una década, tal y como admiten los representantes del Ayuntamiento y de la Junta. El Consistorio ideó esta actuación en 2001, pero no fue aprobada por el Gobierno andaluz hasta 2006. Su desarrollo técnico no comenzó hasta en el verano de 2008, fecha en la que se inauguró la oficina de planeamiento del núcleo rural, ya con el respaldo técnico y financiero de la Junta. Ahora la Administración sostiene que "todo está en manos de los vecinos".
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