Páginas vistas en total

jueves, 29 de marzo de 2012

EN CHICLANA- CADIZ

La Audiencia condena por construir dos chalés ilegales pero rechaza demolerlos


El tribunal dice que el derribo de las dos viviendas de Pago Melilla (Chiclana), una zona con un elevado grado de edificaciones, es una medida "desproporcionada"
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado por falsedad y otros delitos a un constructor y vendedor de dos viviendas levantadas ilegalmente en Chiclana y a un arquitecto. El fiscal solicitó al tribunal que acordase la demolición de los chalés. Pero la sentencia rechaza adoptar esa medida: sostiene que la zona en la que fueron construidos los dos chalés tiene en la actualidad un elevado grado de edificaciones de tipo familiar (por encima del 60% del territorio, calcula) y que derribar las casas es desproporcionado.

"No estamos ante unas construcciones aisladas ni diseminadas sino inmersa en una zona consolidada, que cuenta con servicio de alumbrado público, agua y recogida de basuras, donde el bien jurídico protegido hemos de convenir que apenas está en riesgo, lo que nos lleva a la conclusión de que la demolición acordada en sentencia es desproporcionada al ilícito cometido", señala la resolución de la Sección Tercera, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Ángel Ruiz Lazaga.

La sentencia condena al constructor y vendedor de los dos chalés a un año y medio de prisión por tres delitos: contra la ordenación del territorio, falsedad en documento oficial y desobediencia a la autoridad.

El tribunal lo absuelve del delito de estafa. La sentencia estima que hay indicios de que los compradores de las dos viviendas conocían la situación de ilegalidad de los inmuebles que compraban y que, por tanto, no hubo engaño que lleve a considerar que el vendedor los estafó.

La sentencia condena a un año de prisión al arquitecto Alberto Marón Sepúlveda. La resolución ve probado que Marón firmó un certificado de antigüedad de las viviendas con datos falsos para facilitar que fuesen inscritos como obra nueva, esto es, darles apariencia de legalidad. El arquitecto ha sido condenado en varias ocasiones por hechos similares, recuerda la sentencia. De ahí que los magistrados indiquen en la resolución que consideran inverosímil la versión aportada por el arquitecto: que lo llevaron a una parcela distinta y que él certificó sobre la construcción antigua que vio allí. Marón se dedicaba a esa ilícita actividad ya antes de firmar el certificado de este caso, señalan los magistrados. Actuaba con un claro fin de lucro y sabía lo que hacía, agregan. "Lo contrario", afirman, "sería suponer que estamos en presencia de una persona cuyo grado de estupidez era tal que podía ser manejada por uno y otro, llevada de una finca a otra, una y otra vez", engañado, y que no se percataba.

ASÍ ESTÁN LAS COSAS EN SAN FERNANDO- CADIZ

El Gobierno local pide a la Junta que no demore más el PGOU

Obras Públicas asegura que no se ha incumplido ningún plazo y que el documento se está tramitando de forma adecua.el Documento de Cumplimiento de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), lleva un mes esperando el último formalismo de la Junta de Andalucía para que pueda publicarse y entrar en vigor. El PGOU lleva en la mesa del Director General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas desde comienzos del presente mes. Concretamente, «el mismo día en que se aprobó por el Pleno, el 24 de febrero, le fue remitido para su firma e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. No hace falta nada más», subrayó el teniente de alcalde de Desarrollo de la Ciudad, Ángel Martínez. Y es por la simplicidad de ese acto administrativo por la que desde el Gobierno isleño no se explican el nuevo retraso. Martínez expresó su malestar ante esta situación «totalmente anómala», y demandó que la Junta de Andalucía no se demore más y proceda cuanto antes a la publicación del PGOU en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). «San Fernando lleva mucho tiempo esperando este importante documento que transformará la ciudad en los próximos años. La Isla necesita su nuevo PGOU puesto que permitirá poner en marcha actuaciones que generarán actividad económica, y por tanto, crearán empleo en el municipio. Con este retraso la administración gobernada por el PSOE no está dañando al Ayuntamiento o a un ejecutivo del PP, sino que esa decisión afecta a los 100.000 ciudadanos que tiene San Fernando»

Respuesta
Por su parte la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda precisó que hasta la fecha no se ha incumplido ningún plazo, ya que el documento se encuentra en el tiempo y forma establecido. A juicio del delegado de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Cádiz, Pablo Lorenzo, «sólo una visión partidista y torticera de la realidad puede dar lugar a que el edil isleño exponga planteamientos tan retorcidos. Insisto, la Junta de Andalucía está cumpliendo con los plazos establecidos. Sin embargo, el Ayuntamiento, que tiene ahora tanta prisa, no se ha mostrado tan diligente a la hora de elaborar su PGOU».

Viviendas ilegales: expectativas frustradas

la tribuna
SIENDO como son muchos los propietarios de viviendas ilegales en Andalucía, y muchísimo el tiempo que se han tomado nuestras autoridades para su elaboración, muchas eran también las expectativas que había levantado el decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma de Andalucía, norma publicada en el BOJA el pasado día 30 de enero y que, según se nos ha informado, viene a resolver el grave problema económico y medioambiental que para nuestra tierra ha representado y representa el incumplimiento generalizado de las obligaciones urbanísticas que hemos sufrido calladamente, durante los últimos 30 años, todos los que vivimos en Andalucía y procuramos cumplir las normas.

Lamentándolo mucho por los técnicos que seguro han trabajado duro en su elaboración, visto el resultado obtenido, no podemos por menos que recordar la famosa frase de Fedro: "El monte, al cabo, parió un ratón". O lo que es lo mismo, muchas eran las expectativas creadas y magro, a mi juicio, el resultado obtenido.

Porque el decreto yerra ya, en mi opinión, desde su mismo principio inspirador, el del enfoque del problema.

Nos encontramos ante una situación excepcional -la de las más de 300.000 viviendas ilegales construidas en Andalucía en los últimos 30 años-, a la que hemos llegado, en parte por el incumplimiento generalizado de las normas que regulan el proceso urbanístico por unos muchos, y en parte por la desidia e incompetencia de unas autoridades que han consentido dichos incumplimientos y no han sabido dar cauce legal a una parte de las justas aspiraciones de vivienda de los ciudadanos.

Consecuencia de ello es el desastre que todo este desgraciado proceso ha traído consigo: económico, porque una buena parte de esas viviendas son auténticas res extra comercium, excluidas del tráfico jurídico y del crédito territorial, con los graves perjuicios que ello ocasiona tanto a sus propietarios como a la comunidad, y medioambiental, para cuya descripción basta con traer a la mente de todos la imagen de los cientos de miles de pozos negros que se han construido sin ningún tipo de control a lo largo y ancho de la geografía andaluza.

Y ante una situación excepcional, la solución también tendría que haberlo sido, a mi juicio, desde una triple perspectiva: la del rango de la norma, la de su ámbito de aplicación temporal y la de la forma de implementar el proceso de regularización.

Así, por exigencia del principio de jerarquía normativa -el que establece que una norma no puede ir contra lo dispuesto en otra de rango superior-, el proceso tendría que haberse acometido a través de una ley; una especie de norma de punto final que, por un lado, viniera a solucionar de verdad y de inmediato, con un fuerte apoyo político en el Parlamento, el problema de casi todas las viviendas ilegales -incluyendo todas las construidas hasta la fecha en la zona de influencia del litoral, en suelo con algún tipo de protección y las incompatibles con el modelo urbanístico o territorial del municipio- y no sólo el de algunas, y que, por el otro, no apuntase como regla general de actuación para las excluidas de la regularización a futuras demoliciones.

Asimismo, la norma tendría que haber establecido un plazo perentorio de regularización -2 ó 3 años-, lo que hubiera traído consigo, además de ventajas económicas para todos, la pronta solución del problema, que ahora se deja ad calendas graecas, al hacerse depender de la aprobación o revisión de unos instrumentos de planeamiento que, transcurridos diez años desde la publicación de la ley de referencia, todavía no han sido capaces de sacar adelante más del 50% de los municipios andaluces.

De la misma forma, en lugar de dejarse al albur de los propietarios afectados vía compensación, tendría que haberse dispuesto que el proceso de regularización se llevase en todo caso a buen término, manu militari, por los ayuntamientos respectivos, mediante la elaboración y ejecución directa de los correspondientes proyectos de urbanización, cuyo pago, que debería instrumentarse a través de contribuciones especiales, podría quedar adecuadamente garantizado con la afección de las viviendas.

Por último, no se ha atacado la verdadera raíz del problema, que no son tanto las viviendas ilegales -muchas de ellas ya legalizadas mediante su registración, que ahora se dificulta- como los proindivisos sobre los que se han edificado la mayor parte de ellas, y cuya solución final se deja, como decíamos, a futuros planeamientos.

En definitiva, estamos ante un proceso ocasionado por la imprevisión y dejación de funciones en que han incurrido nuestras autoridades en los últimos 30 años, y ante una solución políticamente mal enfocada, poco ambiciosa y, desde luego, oportunista. Con todo ello, se cumple, una vez más, la regla general de que el que ha contribuido a crear un problema, muy difícilmente puede encontrar la forma de solucionarlo.

jueves, 22 de marzo de 2012

Gabinete De Prensa Ayuntamiento de Mijas

El equipo de gobierno de Mijas avanza en el proceso de regularización de viviendas

• La Junta Local de Gobierno aprueba la contratación de una empresa para la realización de un estudio de definición y delimitación de los asentamientos en el suelo no urbanizable, documento base para la revisión parcial del PGOU que permitirá la legalización de “no todas las viviendas irregulares”

• La consultoría elegida, que tiene un plazo de cuatro meses para entregar el estudio, cuenta entre sus técnicos con redactores del Plan General de Mijas y especialistas en la gestión del suelo no urbanizable

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha aprobado hoy la contratación de una empresa para la realización del estudio de definición de los asentamientos urbanísticos en el suelo no urbanizable, primer gran paso para la regularización de viviendas.
La consultoría a la que ha sido confiada la realización del estudio, Desarrollo de Planeamiento, ha sido designada tras superar un proceso legal de contratación negociada, por un monto de 59.500 euros, y entre sus técnicos figuran colaboradores en la redacción del PGOU de Mijas de 1999, especialistas en la gestión del suelo no urbanizable e, incluso, técnicos que durante 20 años han trabajado al servicio de la Junta de Andalucía en la gestión del territorio.
Los encargados de realizar la definición y delimitación de los asentamientos urbanísticos tienen un plazo de cuatro meses para entregar el estudio, según ha confirmado el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro. Documento que servirá de base para la revisión parcial del PGOU de Mijas en el suelo no urbanizable, cuya aprobación definitiva depende de la Junta de Andalucía.
Una vez aprobada la revisión del PGOU, los propietarios de las viviendas susceptibles de legalización deberán emprender una serie de gestiones administrativas y propiamente urbanísticas para conseguir el permiso de primera ocupación de las edificaciones o viviendas o, en su defecto, el certificado de reconocimiento para las viviendas aisladas que hayan prescrito.
No obstante, el concejal de Urbanismo ha insistido en que “no todas las viviendas irregulares se podrán legalizar”, ya que el propio decreto recientemente promulgado por la Junta de Andalucía y que abre el proceso de regularización pone limites.
Aunque los propietarios de viviendas irregulares que puedan ser legalizadas tendrán que costear el proceso administrativo, la inversión realizada por el equipo de gobierno para contratación de la consultoría no será cargada a los interesados. “Se trata de una apuesta, de un gran esfuerzo, del equipo de gobierno para contribuir a solucionar un problema”, dijo Manuel Navarro.

RAYNAUD ANUNCIA UN DECRETO PARA REGULARIZAR LAS VIVIENDAS ILEGALES EN ANDALUCIA

El candidato del PP al Parlamento Andaluz por Sevilla estuvo acompañado por Ana Hermoso y Javier Jiménez, también candidatos al Parlamento.

 Image

En la tarde del 19 de marzo, la Venta El Garrote acogió la visita del candidato del Partido Popular al Parlamento de Andalucía por Sevilla, Jaime Raynaud, quien estuvo acompañado por Javier Jiménez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Espartinas y candidato número 9 por Sevilla, y por Ana Hermoso, alcaldesa de Bomujos y también candidata al Parlamento de Andalucía.

Fueron muchos los vecinos bomujeros que se trasladaron hasta El Garrote para formar parte del encuentro con los tres políticos, quienes destacaron la situación de las viviendas de la zona.

Durante el acto, Raynaud subrayó que “la vivienda es la inversión más importante que una familia hace en su vida” y por ello le preocupa mucho la legalización de las viviendas de Bormujos.

Para el candidato al Parlamento de Andalucía por Sevilla, “es urgente modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, derogar el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz y arrancar desde cero, porque Andalucía lleva 28 años con las transferencias en competencia de urbanismo, transporte y vivienda”.

Además, Raynaud hizo hincapié en que “la Junta no tiene un censo de organizaciones ilegales”,  dato importante para los andaluces, y anunció que si el Partido Popular gana las elecciones del 25 de marzo,  se pondrá en marcha un Decreto de Regularización de Viviendas Ilegales en Andalucía para así “poder dar una solución a todos los problemas existentes”.

domingo, 18 de marzo de 2012

LOS ARQUITECTOS CUESTIONAN EL DECRETO DE LAS VIVIENDAS IRREGULARES

Consideran difícil su aplicación y abogan por un nuevo modelo territorial de Andalucía

Día 17/03/2012 - 23.17h
Los arquitectos cuestionan el decreto de las viviendas ilegales
JOSÉ GALIANA
No es fácilmente aplicable por falta de medios de los ayuntamientos; tendría que haberse optado por una modificación puntual de la leyes urbanísticas, y debería evitar que se perjudique el crecimiento regular de los municipios por favorecer la integración de asentamientos. Estas son alguna de las apreciaciones que los arquitectos del Colegio Oficial de Sevilla han realizado sobre el decreto de la Junta destinado a la regularización de viviendas ilegales.
El decreto prevé la normalización de unas 300.000 edificaciones levantadas en suelos no urbanizables. De esa cifra, 250.000 están en zonas aisladas y pueden ser regularizadas, no legalizadas. Se clasificarán en dos apartados que han levantado una fuerte polémica por la confusión de los términos. Alrededor de de 40.000 viviendas en parcelaciones o urbanizaciones y en hábitat rural diseminado puede ser legalizadas si se integran en los planes urbanísticos de los ayuntamientos.
Rafael González Millán, presidente de la Agrupación de Arquitectos de la Función Pública, del Colegio sevillano, intervino recientemente en unas jornadas sobre la novedosa normativa de la Consejería de Obras Públicas, que dirige Josefina Cruz, en las que se llegó a la conclusión de que ante las dificultades que van a encontrar los ayuntamientos para su aplicación, se debería colaborar económicamente con ellos.
«Si se quiere hacer una chapuza siempre hay tiempo, pero en estos momentos los ayuntamientos no tienen dinero para hacer una buena ordenación del suelo no urbanizable». En definitiva, según González Millán, el decreto «tiene buenas intenciones, pero además de tratar de resolver el problema de los parcelistas debe abordar el modelo del territorio». A juicio del presidente de la Agrupación de Arquitectos de la Función Pública, la Junta tendría que haber optado «por una modificación legislativa» en lugar de abordar la problemática a través de un decreto. «Hay comunidades autónomas como la de Valencia que tienen una ley específica del suelo no urbanizable, y mediante un decreto difícilmente se va a solucionar el problema que tienen estos momentos los asentamientos en el campo. Lo mejor del decreto es que no ha gustado a nadie, ni a los ecologistas ni a los afectados».
Y de cara al futuro, «independientemente del grupo político que venza en las elecciones, habría que hacer una revisión de la legislación andaluza, y habría que plantantearse por qué no se puede vivir en el campo y ampliar las zonas de especial protección». En su opinión, «la especial protección no debe ser sólo porque haya yacimientos arqueológicos o porque haya arroyos o vías pecuarias. El gran valor del suelo no urbanizable es que es campo y hay que protegerlo. Y no tiene que entrar en contradicción con que haya algunas zonas del territorio de cada municipio donde se permita vivir allí».
En concreto, entre las conclusiones de las mencionadas jornadas se destaca que el decreto debería servir para iniciar una reflexión sobre el suelo no urbanizable, reabriendo el debate de los usos en el medio rural y contemplando la posibilidad de establecer usos residenciales aislados no vinculados a la productividad tradicional del mismo, así como la apertura a los nuevos conceptos de explotación sostenible y valoración del territorio».
Y de otro lado, se consideró que la normativa de la Junta «no va a detener el proceso de parcelación ilegal el el medio rural si no se ponen en marcha medidas de fomento de la disciplina urbanística y de aplicación del régimen sancionador establecido en la legislación vigente».

viernes, 16 de marzo de 2012

Bendodo: “Las nuevas normativas en materia de urbanismo son confusas y no solucionan los problemas del pasado”

  • 14 MAR
    2012

    Un centenar de alcaldes, concejales y técnicos asisten a la jornada informativa organizada por la Diputación sobre viviendas en suelo no urbanizable

    Jornadas Informativas de Urbanismo
    El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha inaugurado una jornada informativa sobre el nuevo decreto de la Junta en materia de urbanismo y ha señalado que “las nuevas normativas son un tanto confusas, no compartidas por muchos alcaldes, y no dan solución a los problemas del pasado”.
    Bendodo ha criticado la falta de consenso y diálogo respecto al decreto 2/2012 de 10 de enero, que regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma y cuya entrada en vigor data de principios de mes.
    La Diputación, dentro de sus competencias para prestar colaboración mediante asistencia técnica a los municipios menores de 20.000 habitantes en materia de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, ha organizado estas jornadas para las que cuenta con la participación de técnicos de alta cualificación y experiencia en urbanismo, así como con la intervención de abogados y arquitectos.
    Al acto, celebrado en la sala Oyarzábal de la sede de la institución en la plaza de la Marina, han asistido un centenar de alcaldes, concejales y técnicos de ayuntamientos de la provincia.
    El presidente de la institución provincial ha recordado que se trata de un asunto de actualidad que afecta a muchos municipios malagueños, sobre todo de la comarca de la Axarquía. “Habrá que regularizar lo que se pueda, pero no todo se puede”, ha advertido. “Lo primero es poner las bases sobre una futura normativa que no dé lugar a tantas interpretaciones, en muchos casos erróneas”, ha apuntado Bendodo.
    Profesionales de reconocido prestigio en el sector urbanístico ponen de manifiesto a través de ponencias las distintas vertientes que convergen en la planificación, uso y desarrollo del territorio, así como sus repercusiones en los intereses particulares de los ciudadanos y en el medio ambiente.
    Bendodo ha destacado la relevancia de las opiniones de los expertos que hoy se dan cita en una mesa de debate presidida por Ignacio Mena, diputado de Arquitectura, Urbanismo e Información Territorial.
    El presidente de la institución provincial ha señalado también que se está configurando un entorno de inseguridad jurídica que resulta perjudicial para las políticas urbanísticas, como consecuencia de la profusión de leyes y de la complejidad y lentitud de sus desarrollos reglamentarios.
    Bendodo ha hecho referencia a la falta de garantías jurídicas o de claridad a la hora de las interpretaciones de las normas, que no sólo afectan a las administraciones públicas, sino también a promotores, inversores e incluso potenciales residentes en la provincia.
    Ponentes
    José Domingo Gallego, secretario del Ayuntamiento de Frigiliana y presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en Málaga, centra su intervención en la  aplicación práctica del Decreto desde el punto de vista de los operadores jurídicos locales.
    El arquitecto y urbanista Salvador Moreno Peralta y Luis Machuca Santa-Cruz, doctor arquitecto y jefe de servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga, exponen las  ‘luces y sombras’ del urbanismo en Andalucía.
    El análisis jurídico y técnico del decreto relativo a los asentamientos y edificaciones en suelo no urbanizable corre a cargo de José Luis Palma Fernández, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y de Alejandro José Hernández del Castillo, abogado de Estado en excedencia y responsable y socio del bufete Gómez-Acebo & Pombo de Málaga.
    Las jornadas se cierran con un coloquio en el que los asistentes compartirán las conclusiones con el fin de solventar los problemas del día a día del sector.

martes, 13 de marzo de 2012

2ª REUNION A NIVEL DE ANDALUCIA DE AFECTADOS POR LA LOUA

  En el día de ayer, 12 de enero,  se reunieron, a las 11:30 H. de la mañana en Estepona- Málaga, propietarios de viviendas de carácter irregular que se consideran “Afectados por la LOUA”.
En  dicha reunión estuvieron representados AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No)  de Almería, APAIG (Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir) de Córdoba,  APVI (Asociación de Provincial de Viviendas Irregulares) de Málaga y  La Federación de AA.VV. Las Lagunas de Chiclana de la Frontera.
Se debatieron, a lo largo de la mañana, diversos asuntos que afectan a su situación específica y, aunque cada zona requiere un tratamiento particularizado, se llega a la conclusión de que todo parte de una situación podrida en la que ha tenido mucho que ver, la inacción de determinados políticos,  una legislación inadecuada, elaborada de espaldas a la realidad y, para colmo, mal aplicada, conclusión a la que llegan algunos de los de los responsables de la política, con los que se ha tenido contacto recientemente.
En vista de lo expuesto,  concluyen en que la clase política debe estar para resolver los problemas y no para provocarlos, por tanto, deben proceder a:
1.- Cambiar el entramado legislativo actual, con objeto de llegar a la resolución de la situación caótica en que ha desembocado el urbanismo.  Estos cambios deberían afectar a la LOUA, POTA, Ley de Costas, Procedimiento de Delimitación de Suelos Inundables, Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otros.  Dichos cambios han de contar con la presencia de la parte afectada, a través de sus representantes.
2.- Buscar  mecanismos ineludibles de colaboración de los ciudadanos a la hora de aplicar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos. Dichos mecanismos, aunque están contemplados en la LOUA, en la práctica, se eluden, no pocas veces, por parte de quienes precisamente deberían fomentarlos, en referencia  a los gobiernos locales.
3.- Dotar de seguridad jurídica los asuntos relacionados con  el urbanismo, seguridad que, hasta ahora, se ha venido caracterizando por su precariedad, situación que ha llevado a la ruina a un sinfín de personas inocentes.
4.- Seguir los pasos de las comunidades extremeña y gallega, en lo referente a las soluciones urbanísticas que han aportado sus respectivos gobiernos autonómicos, en lo que atañe a las viviendas de construcción irregular.
Con el fin de concertar entrevistas con los representantes correspondientes, se está pendiente de hacer llegar las conclusiones anteriores al abanico de partidos políticos de Andalucía, actualmente en liza con motivo de las Elecciones Autonómicas

DIPUTACION DE MALAGA

Diputación organiza este miércoles una jornada informativa sobre el decreto de la Junta que regula las edificaciones en suelo no urbanizable

El responsable del área de Urbanismo, Ignacio Mena se reunió el viernes con asociaciones de afectados, entre ellas Estepona


La Diputación Provincial de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha organizado para el miércoles 14 de marzo una jornada informativa sobre el decreto 2/2012 de 10 de enero de la Junta de Andalucía, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y cuya entrada en vigor data del 1 de marzo.
La sala Oyarzábal de la Sede de la Diputación Provincial, en la plaza de la Marina, será el lugar donde se sucederán una serie de intervenciones por parte de profesionales del sector de la arquitectura y urbanismo. Bajo el nombre de ‘Suelo no urbanizable: Estado de la cuestión', desde las diez de la mañana se llevarán a cabo un total de tres ponencias y un coloquio.
Cómo será la jornada
La mesa estará presidida por el popular esteponero Ignacio Mena, diputado de Arquitectura, Urbanismo e Información Territorial de la Diputación de Málaga. Por su parte, José Domingo Gallego, secretario del Ayuntamiento de Frigiliana y presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en Málaga, expondrá la aplicación práctica del Decreto desde el prisma de los operadores jurídicos locales.
Por su parte, el arquitecto y urbanista Salvador Moreno Peralta y Luis Machuca Santa-Cruz, doctor arquitecto y jefe de servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga, se encargarán de exponer las ‘luces y sombras' del urbanismo en Andalucía.
El análisis jurídico y técnico del Decreto relativo a los asentamientos y edificaciones en suelo no urbanizable correrá a cargo de José Luis Palma Fernández, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y por Alejandro José Hernández del Castillo, abogado de estado en excedencia y responsable y socio del bufete Gómez-Acebo & Pombo de Málaga.
Mena ha destacado que es competencia de la Diputación de Málaga asesorar a los municipios tras la reciente aprobación de la normativa y, por tanto, prestar ese servicio a los ayuntamientos. Por ello, están invitados a las jornadas los alcaldes, concejales, secretarios y técnicos de los ayuntamientos de los municipios de la provincia.
Reunión con afectados
Asimismo, Ignacio Mena mantuvo el pasado viernes una reunión con María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares. En la misma se han intercambiado impresiones sobre la entrada en vigor del nuevo decreto y las posibles soluciones jurídico legales a la problemática de las viviendas ilegales. La asociación ha transmitido a la institución su inquietud respecto a la actual normativa urbanística, anunciado futuras reivindicaciones en este sentido.
En dicho encuentro también estuvo presente la asociación de afectados de Estepona, quien aseguró a esta redacción que se ha solicitado al Partido Popular que presente ante la Junta de Andalucía una petición de modificación de la LOUA como posible solución al riesgo de demolición de miles de viviendas edificadas en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma. El diputado provincial y Presidente de los populares en Estepona aceptó trasladar la propuesta al seno del partido

domingo, 4 de marzo de 2012

UN DIA DE CONVIVENCIA ENTRE CIUDADES HERMANAS






MANIFETASTACIÓN EN SEVILLA
Diversos colectivos de personas afectadas por la LOUA y provenientes de distintos puntos de nuestra autonomía nos hemos manifestado en el día de hoy en Sevilla .
El horario de nuestra presencia ha ido desde las 11:30 H., hasta las 14:00 H. Partiendo del principio de la Avda. S. Lázaro, nos hemos desplazado hasta las mismas puertas del Parlamento, lugar donde se han leído diferentes escritos, alusivos a las inquietudes que nos han llevado a Sevilla.
El motivo de nuestra protesta abarca tres puntos fundamentales y básicos del urbanismo, como son: La LOUA, recientemente modificada, El Decreto sobre Asentamientos y Edificaciones en Suelos No Urbanizables, aprobado en enero por la Junta de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
En lo referente a infraestructuras, un cambio radical en la política de aguas, lo que implicaría:
Previsión de riesgos con garantía de seguridad para los ciudadanos.
Limpieza de cauces y dragados.
Escolleras y muros de contención.
Responsabilidades por los daños causados.
En primer término, la LOUA es inasumible en una sociedad del S. XXI, por su carácter inquisitorial, en algunos aspectos, más propia de una ley medieval que de una ley preventiva y actual y desde nuestro punto de vista, enfocada al expolio de sus afectados en otros.
El Decreto citado, por no servir para la causa que pregona, sino todo lo contrario, debiera ser anulado. Es un intento cobarde, con la idea de dar publicidad en período preelectoral y cuyo efecto más señalado ha sido el de provocar una airada rebelión contra este. O sea, que ha provocado un efecto boomerang. Resolvería este Decreto, según datos contrastados con expertos un 16% de las situaciones. Ratio insignificante a todas luces.
El POTA, supone un imposible. Es un intento de ponerle puertas al campo y nunca mejor dicho. Un corsé que está limitando el crecimiento en unas zonas, cuya economía precisamente depende, no solo del crecimiento en superficie, sino también de la población, pues al no existir actividad fabril destacable, de momento, la vida gira en torno al ladrillo, sobre todo y en las circunstancias actuales, a través de la posible regularización de las viviendas del extrarradio, eternamente pendientes y dependientes de unos PGOU y Ordenanzas adecuados. En este aspecto, el POTA supone un freno a ese desarrollo. De ahí que nos opongamos, pues casi no habría otro modo de vida que el mencionado. Y a las pruebas nos remitimos. Todo está ahora paralizado, cuando el ambiente de implementación de infraestructuras, reformas, ampliaciones, conexiones, etc. daría lugar a un efecto dominó que podría reactivar la actividad general en dichas zonas.
Aclarar que estamos pendientes de confederarnos en una estructura de carácter autonómico.
La Entidad convocante ha sido APVI de Málaga. De esta misma provincia ha habido representación de Estepona, Coín y Mijas.
Por Almería se ha desplazado AUAN.
Otros colectivos procedían de Córdoba, como APAIG, La Altea, Urb. Guadalvalle y La Gorgoja II.
En nombre de Chiclana, la Federación de AA.VV. Las Lagunas y La AA.VV. de Afectados por las Sanciones Urbanísticas.
Esperemos que se haya tomado nota de esta primera movilización a nivel autonómico de los afectados por este problema tan común que nos une a todos.

sábado, 3 de marzo de 2012

Alcaldes aconsejan no acogerse al decreto de casas ilegales y esperar a las elecciones

Los ayuntamientos de la Axarquía reciben con división de opiniones la nueva normativa del suelo no urbanizable, que hoy entra en vigor

01.03.12 - 01:48 -
Este es el caso de Almáchar, cuyo regidor, José Gámez (IU), ha señalado que el problema del decreto «es que no coge el toro por los cuernos. Estamos hablando de viviendas que han sido autorizadas para el turismo rural, que es la única posibilidad de futuro que tenemos muchos pueblos del interior, pero que para la Consejería de Obras Públicas no tienen derecho a ser legalizadas, sino sólo a un reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, que es, por así decirlo, una legalización de tercera categoría, cuando han tenido que ser adaptadas para el uso turístico».
Gámez ha manifestado que su Ayuntamiento está aconsejando a sus vecinos que esperen, «porque si entra el PP, cambiará, tal como ha anunciado en reiteradas ocasiones la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y no queremos que se gasten el dinero para que luego no sirva de nada».
Además, el alcalde almachareño ha explicado que ayuntamientos como el suyo no están preparados para poder regularizar de oficio todas las viviendas afectadas. «Tenemos un técnico que viene una vez a la semana. La Junta echa sobre el tejado de los ayuntamientos la responsabilidad de la regularización, pero no nos dota de medios», se ha quejado el regidor.
La postura de los alcaldes y concejales de Urbanismo está en función de su color político. Así, la edil de Urbanismo de Vélez, Concha Labao (PP), ha señalado que con el decreto el número de viviendas que pueden aspirar a ser legalizadas no supera la decena, toda vez que la inmensa mayoría están situadas sobre suelo protegido. En el caso de Vélez, el Ayuntamiento acaba de iniciar la elaboración del inventario de viviendas ilegales.
Seguridad jurídica
Lo mismo sucede con el Consistorio de Torrox, aunque en este caso el equipo de gobierno del PSOE se refiere al decreto como una vía que dará seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas construidas en el suelo no urbanizable, según ha señalado la edil de Urbanismo, la socialista Estrella Tome.
El alcalde de Comares, Manuel Robles (PP), ha insistido en que el decreto de la Junta no satisface a la mayoría de los ayuntamientos ni a los afectados, «de ahí que muchos estén a la espera para comprobar si el PP cambiará o no la LOUA».
En la provincia de Málaga se estima que existen más de 50.000 edificaciones levantadas en suelo no urbanizable, de las que casi la mitad están ubicadas en la Axarquía, según los ecologistas, dado que hasta la fecha únicamente han sido inventariadas unas 12.000.
No obstante, según las previsiones de la propia Consejería de Obras Públicas, sólo un 10% podrán aspirar a ser legalizadas, mientras que un 80% de las viviendas en suelo no urbanizable, aunque no se pueden demoler porque el delito ha prescrito, quedarán como «asimilado fuera de ordenación», una figura que no satisface a los afectados.
La entrada en vigor hoy jueves 1 de marzo del decreto que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en el suelo no urbanizable se produce con opiniones enfrentadas entre los ayuntamientos de la Axarquía. El grado de discrepancia es tal que algunos consistorios están aconsejando incluso a los propietarios de viviendas irregulares de sus municipios que no inicien ningún tipo de actuación para normalizar sus casas hasta tanto no se celebran las elecciones andaluzas del próximo 25 de marzo.

jueves, 1 de marzo de 2012

Los parcelistas reclaman medidas de seguridad para las zonas inundables

La plataforma de afectados por las inundaciones del Guadalquivir exigió ayer más seguridad en las zonas inundables, un día después de participar en una manifestación en Sevilla contra el decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable y la reforma de la LOUA, a la que acudieron representantes de La Gorgoja II, la Altea, Guadalvalle, Córdoba la Vieja, Ribera Baja, Las Latas y Fontanar de Quintos, según aseguró su presidente, Francisco León. Este colectivo reivindicó que, "al igual que en los cascos urbanos afectados por las inundaciones provocadas se han llevado a cabo las obras de muros, limpieza y otros medidas para garantizar la seguridad, también las hagan en estos núcleos consolidados de viviendas que se encuentran en las mismas circunstancias que los cascos urbanos". La plataforma criticó las palabras de la directora general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, que, según indica el colectivo, el martes se refirió a los parcelistas de Córdoba con casas en zonas inundables, señalando que "no tienen solución, ellos buscan una amnistía y si se les legaliza la vivienda tendrían derecho a que la administración, en lugar de tirarle la casa, debería hacer obras hidráulicas para quitar la inundabilidad". La plataforma le recordó que "no solo las parcelas han sido inundadas, también muchos pueblos" por "la mala gestión de los desembalses", y los proyectos "pendientes de ejecutar".