Los propietarios de las viviendas no se hacen cargo del coste de la normalización
Darle una salida jurídica a las decenas de miles viviendas que se han levantado en Andalucía en terrenos no urbanizables. Ese es el espíritu que envuelve el decreto que la Junta de Andalucía aprobó la semana pasada. En la mayoría de los casos, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda plantea un "reconocimiento" de las casas aisladas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico en el que están y acceder a suministro de agua y luz. Sin embargo, también se requiere de la colaboración de los ciudadanos.
Varios Ayuntamientos andaluces han intentado solucionar este problema y regularizar las urbanizaciones ilegales que se han levantado en sus términos municipales. Pero en muchos casos estos procesos no han prosperado. Dos de los ejemplos más llamativos son Córdoba y la localidad gaditana de Chiclana.
Estas dos localidades acumulan cerca de 25.000 casas levantadas al margen del ordenamiento. Hay alrededor de 15.000 en Chiclana y en el término municipal cordobés, entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas.
En ambos casos, los Ayuntamientos -ya sean de un color político o de otro- se han encontrado con la misma dificultad: la negativa o imposibilidad -según quien lo explique- de los propietarios de las casas a correr con los gastos económicos que acarrea el proceso de regularización. Otro de los puntos en común de estas dos localidades es la presencia de estas edificaciones en el debate político y el poder de presión de los parcelistas. En Chiclana, incluso se creó un partido que agrupa los intereses de los propietarios, el Partido Vecinal Regionalista. En el caso de la capital cordobesa, todos los partidos llevan años cortejando a los dueños de las parcelas.
El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 79.839 habitantes), gobernado ahora por el PP, aprobó en 2009, bajo mandato socialista, la primera ordenanza para iniciar la regularización de sus más de 15.000 viviendas ilegales, que habían proliferado desde los años ochenta. Pero el camino abierto por este municipio ha estado plagado de obstáculos. En estos dos años solo 56 propietarios han cumplimentado la solicitud para poder legalizar sus casas. La mayoría de los dueños no quiere asumir el coste dictado por el Ayuntamiento, a pesar de continuos anuncios de rebajas. Además, Chiclana tiene otro problema añadido. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue anulado por la justicia y lo que fue señalado como urbanizable ha dejado de serlo legalmente hasta que se aprueben unas normas transitorias.
Fue el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, encargado del planeamiento de Chiclana, el que diseñó el proceso regularizador de viviendas. Dividió la ciudad en áreas de gestión básica y estableció los pasos para dar licencia a esas casas y poder suministrarles servicios como el agua, la luz o el alcantarillado. En total, el plan suponía ordenar 15 millones de metros cuadrados y 15.000 viviendas, según el catálogo hecho por el Ayuntamiento y aprobado por la Junta. Todo se recogía en unas ordenanzas aprobadas en 2009. Pero en 2010 solo cinco personas se interesaron por este proyecto. En 2011, 51.
Lo que más echó para atrás a los propietarios fue lo que consideraban un "excesivo coste" de la legalización de unas viviendas que levantaron sin control ni permiso alguno. Una parcela de 1.000 metros cuadrados, el mínimo permitido para regularizar, podía costar una media de 45.000 euros. El Ayuntamiento llegó a acuerdos con entidades financieras para dar facilidades de pago y, a medida que pasaban los meses y se aproximaban las elecciones municipales, se anunciaron rebajas en el precio final. Según cálculos municipales, dar legalidad a las 15.000 viviendas supondrá un coste de unos 360 millones de euros.
Los dueños de las casas ilegales protagonizaron movilizaciones en varias localidades de la provincia de Cádiz. Las más concurridas, en Chiclana. Es lo que la Fiscalía de Medio Ambiente viene calificando en sus últimas memorias como "auténticos lobbies de presión". En esta ciudad se llegó a dar un paso más con la constitución de un partido, el Partido Vecinal Regionalista, que agrupaba estos intereses, y llegó a sacar dos concejales en los últimos comicios.
El actual gobierno del PP aspira a que el decreto de la Junta impulse su normativa. También confía en que las normas transitorias, adelanto del futuro plan general, que se quieren aprobar en febrero solventen las dificultades administrativas que ha supuesto la anulación del anterior documento dictada por el Tribunal Supremo. Si prosperan, el Ayuntamiento confía en que el interés crezca más allá de los únicos 56 interesados hasta ahora en regularizar sus casas.
Córdoba ha visto en las últimas décadas cómo en áreas de especial valor medioambiental e histórico (como la sierra o el entorno de Medina Azahara) se levantaban extensas urbanizaciones sin orden. La solución legal para esas casas (entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas) que, se calcula, existen en el término municipal es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el urbanismo cordobés. Ninguna corporación municipal, ya sea de IU -que gobernó los pasados 12 años- o del PP, actualmente en el poder, han dado con la tecla para solucionar este problema.
El PGOU de 2003 dictamina que hay dos clases de parcelaciones ilegales: las que se pueden reconducir dentro de la legalidad (la mayoría) y las que no (un millar de casas). 42 urbanizaciones regularizables han creado las juntas de compensación de propietarios que ordena el PGOU para que puedan sacar adelante las reformas necesarias, pagadas por los vecinos, que les doten de servicios. Pero ninguna ha logrado culminar el proceso. Y lo que es peor, la crisis ha atropellado sus aspiraciones. Poco antes de las elecciones locales, sus integrantes se quejaban de que ninguna entidad bancaria les ofrecía el aval del 7% para iniciar las obras de urbanización.
En la campaña electoral, casi todos los partidos cortejaron a los parcelistas ilegales. Aproximadamente son 50.000 las personas que viven en la periferia, unas 20.000 en las urbanizaciones irregulares. Un caladero de votos que nadie quería dejar escapar. Uno de los últimos anuncios de IU en mayo fue que agilizarían los trámites para las obras de las juntas de compensación, aceptando como aval fianzas personales como declaraciones de la renta, IVA o títulos de propiedad.
Por su parte, el PP, una vez que logró gobernar la capital cordobesa, optó por un cambio de estrategia, pero también con el objetivo de agilizar la legalización. Su plan era permitir una nueva modalidad de regularización e introducir el modelo de las juntas de cooperación, con lo que desaparecería el aval del 7% y el Ayuntamiento pagaría las obras para luego facturárselas a los vecinos.
Estas dos localidades acumulan cerca de 25.000 casas levantadas al margen del ordenamiento. Hay alrededor de 15.000 en Chiclana y en el término municipal cordobés, entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas.
En ambos casos, los Ayuntamientos -ya sean de un color político o de otro- se han encontrado con la misma dificultad: la negativa o imposibilidad -según quien lo explique- de los propietarios de las casas a correr con los gastos económicos que acarrea el proceso de regularización. Otro de los puntos en común de estas dos localidades es la presencia de estas edificaciones en el debate político y el poder de presión de los parcelistas. En Chiclana, incluso se creó un partido que agrupa los intereses de los propietarios, el Partido Vecinal Regionalista. En el caso de la capital cordobesa, todos los partidos llevan años cortejando a los dueños de las parcelas.
El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 79.839 habitantes), gobernado ahora por el PP, aprobó en 2009, bajo mandato socialista, la primera ordenanza para iniciar la regularización de sus más de 15.000 viviendas ilegales, que habían proliferado desde los años ochenta. Pero el camino abierto por este municipio ha estado plagado de obstáculos. En estos dos años solo 56 propietarios han cumplimentado la solicitud para poder legalizar sus casas. La mayoría de los dueños no quiere asumir el coste dictado por el Ayuntamiento, a pesar de continuos anuncios de rebajas. Además, Chiclana tiene otro problema añadido. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue anulado por la justicia y lo que fue señalado como urbanizable ha dejado de serlo legalmente hasta que se aprueben unas normas transitorias.
Fue el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, encargado del planeamiento de Chiclana, el que diseñó el proceso regularizador de viviendas. Dividió la ciudad en áreas de gestión básica y estableció los pasos para dar licencia a esas casas y poder suministrarles servicios como el agua, la luz o el alcantarillado. En total, el plan suponía ordenar 15 millones de metros cuadrados y 15.000 viviendas, según el catálogo hecho por el Ayuntamiento y aprobado por la Junta. Todo se recogía en unas ordenanzas aprobadas en 2009. Pero en 2010 solo cinco personas se interesaron por este proyecto. En 2011, 51.
Lo que más echó para atrás a los propietarios fue lo que consideraban un "excesivo coste" de la legalización de unas viviendas que levantaron sin control ni permiso alguno. Una parcela de 1.000 metros cuadrados, el mínimo permitido para regularizar, podía costar una media de 45.000 euros. El Ayuntamiento llegó a acuerdos con entidades financieras para dar facilidades de pago y, a medida que pasaban los meses y se aproximaban las elecciones municipales, se anunciaron rebajas en el precio final. Según cálculos municipales, dar legalidad a las 15.000 viviendas supondrá un coste de unos 360 millones de euros.
Los dueños de las casas ilegales protagonizaron movilizaciones en varias localidades de la provincia de Cádiz. Las más concurridas, en Chiclana. Es lo que la Fiscalía de Medio Ambiente viene calificando en sus últimas memorias como "auténticos lobbies de presión". En esta ciudad se llegó a dar un paso más con la constitución de un partido, el Partido Vecinal Regionalista, que agrupaba estos intereses, y llegó a sacar dos concejales en los últimos comicios.
El actual gobierno del PP aspira a que el decreto de la Junta impulse su normativa. También confía en que las normas transitorias, adelanto del futuro plan general, que se quieren aprobar en febrero solventen las dificultades administrativas que ha supuesto la anulación del anterior documento dictada por el Tribunal Supremo. Si prosperan, el Ayuntamiento confía en que el interés crezca más allá de los únicos 56 interesados hasta ahora en regularizar sus casas.
Córdoba ha visto en las últimas décadas cómo en áreas de especial valor medioambiental e histórico (como la sierra o el entorno de Medina Azahara) se levantaban extensas urbanizaciones sin orden. La solución legal para esas casas (entre 7.000 y 9.000, según las distintas fuentes consultadas) que, se calcula, existen en el término municipal es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el urbanismo cordobés. Ninguna corporación municipal, ya sea de IU -que gobernó los pasados 12 años- o del PP, actualmente en el poder, han dado con la tecla para solucionar este problema.
El PGOU de 2003 dictamina que hay dos clases de parcelaciones ilegales: las que se pueden reconducir dentro de la legalidad (la mayoría) y las que no (un millar de casas). 42 urbanizaciones regularizables han creado las juntas de compensación de propietarios que ordena el PGOU para que puedan sacar adelante las reformas necesarias, pagadas por los vecinos, que les doten de servicios. Pero ninguna ha logrado culminar el proceso. Y lo que es peor, la crisis ha atropellado sus aspiraciones. Poco antes de las elecciones locales, sus integrantes se quejaban de que ninguna entidad bancaria les ofrecía el aval del 7% para iniciar las obras de urbanización.
En la campaña electoral, casi todos los partidos cortejaron a los parcelistas ilegales. Aproximadamente son 50.000 las personas que viven en la periferia, unas 20.000 en las urbanizaciones irregulares. Un caladero de votos que nadie quería dejar escapar. Uno de los últimos anuncios de IU en mayo fue que agilizarían los trámites para las obras de las juntas de compensación, aceptando como aval fianzas personales como declaraciones de la renta, IVA o títulos de propiedad.
Por su parte, el PP, una vez que logró gobernar la capital cordobesa, optó por un cambio de estrategia, pero también con el objetivo de agilizar la legalización. Su plan era permitir una nueva modalidad de regularización e introducir el modelo de las juntas de cooperación, con lo que desaparecería el aval del 7% y el Ayuntamiento pagaría las obras para luego facturárselas a los vecinos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario