Páginas vistas en total

viernes, 17 de junio de 2016

Entrevista Francisco León Presidente Plataforma Afectados Imundaciones...

La demanda llega al Parlamento


DIARIO CÓRDOBA


i.l.
12/06/2016

Miembros de la plataforma andaluza CALU, en uno de los encuentros con grupos parlamentarios. - CÓRDOBA
Miembros de la plataforma andaluza CALU, en uno de los encuentros con grupos parlamentarios. - CÓRDOBA

Uno de los colectivos de parcelistas, la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) ha llevado sus demandas hasta el Parlamento. El miércoles, representantes de los colectivos vecinales afectados por la no regularización de sus viviendas que conforman CALU se reunieron con cada uno de los grupos parlamentarios para abordar la reforma de la LOUA y «trasladarles nuestro empeño en denunciar ante ellos el flagrante incumplimiento de la ley con el compromiso de respeto a los derechos humanos de suministro de agua potable y saneamiento», según expresa en una nota el presidente de CALU, Francisco León, que es el máximo representante de la plataforma cordobesa de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir.
La federación andaluza quiere «una LOUA que resuelva las urgentes necesidades de miles de familias andaluzas, dando soluciones a unos ciudadanos que malviven en un desamparo impropio en un estado de derecho». Entre las peticiones realizadas esta semana está «que se arbitren medidas rápidas y urgentes, aunque sean de forma transitoria, para el abastecimiento de agua y electricidad, mientras se realizan los procesos burocráticos urbanísticos».
Por otro lado, CALU ha solicitado a los grupos parlamentarios que «por parte de la administración se establezca un canal de participación directa de los ciudadanos afectados, donde, a través de sus representantes se planteen las propuestas y soluciones facilitando la comunicación» y «evitando la enorme indefensión e injusta y costosa judicialización».
La federación explica que el compromiso alcanzado por los grupos ha sido «trabajar para que el proyecto se apruebe sobre mediados de julio, presentándose la ponencia el martes día 14». CALU pide un esfuerzo «en poner en valor las necesidades y derechos de los ciudadanos y que no prevalezcan los intereses de promotores y constructores para los que la actual LOUA ha sido tan provechosa».
Por último, señala que la mayoría de los grupos «ha visto con buenos ojos nuestros planteamientos, aunque no todos con el mismo grado de aceptación.


Los parcelistas exigen agilidad en la legalización y servicios básicos





domingo, 12 de junio de 2016

ESTAMOS HARTOS YA, DE BUENAS PALABRAS, RECUPERAMOS ESTE ARTICULO POR SER DE MÁXIMA ACTUALIDA




martes, 13 de mayo de 2014

ESTAMOS HARTOS YA, DE BUENAS PALABRAS


Una vez más tenemos que agradecer a D. Manuel Hidalgo Romero, la información que nos facilita a todas las Federaciones,Asociaciones y colectivos que componen CALU. (Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística) información que hacemos pública para todos los afectados y no afectados, para que se conozca la realidad existente de este caos  urbanístico y la dejadez de nuestros representantes políticos ante este asunto, asunto que no resuelven porque lo único que les importa de nosotros es EL VOTO.

1.-CLASIFICACIÓN DEL SUELO.-  Se trata de dar un volantazo  de verdad al cauce por el que discurren los acontecimientos, en lo que nos compete, los urbanísticos.
Hasta la fecha, el cambio preconizado por la Junta de Andalucía ha brillado por su ausencia. A saber:
-          El tan cacareado Decreto 2/ 2012 de 10 de enero no ha llegado a resolver ni 200 casos, de entre los 300.000 que se calcula existen en la Comunidad Andaluza.
-          Ahora, tenemos otro invento: el Decreto 36/2014 de 11 de febrero. Otro movimiento de fichas que no sabemos en qué quedará. Eso sí, se justifican cambios de denominación  de los distintos estamentos y nuevossillones.
Como sabemos, las competencias en Urbanismo y Medio Ambiente corresponden a la Comunidad  Autónoma, pero se apoyan en una Ley Básica estatal: El TRLS 08 de 20 de junio.
Esta Ley Básica, redactada en momentos de debilidad política, a nuestro juicio, no respira la fortaleza que se espera  de una ley que debiera ser firme.
Uno de los aspectos al que nos referimos,  mira a la clasificación del suelo.
La ley básica estatal  es clara, pero no contundente. Falta el cauce infranqueable que exija a cada Comunidad Autónoma ceñirse a lo que ella misma estipula. Esto es: solo dos clases de suelo: rural y urbano, aunque habla de asimilados a urbano, pero cuando se disfrutan de las servicios, dotaciones y viales
¿Para qué se quiere una administración estatal, si esta no es capaz de poner orden,  ni en el conjunto de las autonomías, ni en su propia casa? Seis legislaciones urbanísticas desde la Ley del Suelo desde 1.992 y dos, llamémosles  retranqueos, estos, a tenor de las  STCs 61/1997 y 164/2001, no son precisamente la  columna vertebral que necesita  nuestra,cuasi desarticulada, España, aderezada por un Tribunal Constitucional que , voz populi, no cumple férreamente con su misión, salvo casos contados, cuestión esta que no es el momento para debatir.
A nivel autonómico, se contempla la subclase siguiente:  Suelo Urbano No Consolidado, SUNC
¿Qué es este quiero y no puedo? Pues nada más y nada menos un suelo que, a efectos fiscales, es urbano, pero que urbanísticamente y a efectos prácticos, recibe el mismo tratamiento que el que la legislación básica denomina Suelo Rural y la autonómica, Suelo No Urbanizable.
De manera que, debido a lo elevado de unos  valores catastrales cuya ponencia se aprobó en plena burbuja del ladrillo está llevando a muchas familias a la ruina, por los efectos fiscales que arrastra esta subclase: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre  Sucesiones y Donaciones, Plusvalía, becas,IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio.
Tenemos, pues, en este aspecto, a la sociedad en un callejón sin salida y con unos impuestos, en el caso de Sucesiones que puede exceder fácilmente del 30% del valor que impone la Administración Autonómica, generalmente muy por encima del de mercado.  Una locura, o mejor y desde nuestro punto de vista: una confiscación en la práctica. De hecho, muchísimas herencias se abandonan y  son las administraciones las beneficiadas, ya que no merecería pagar, aunque se dispusiese de los recursos necesarios.
Estamos hablando de suelos donde no se permite poner un ladrillo, ni dividirlo en parcelas, por supuesto, pero que pagan sus impuestos   al mismo nivel  que  si fuesen urbanos. Y así, hay ámbitos que se podrían eternizar  en esta situación, dependiendo del sistema de actuación. En la práctica, regalándole el dinero a las administraciones.
En lo que respecta al Suelo Urbanizable, podemos decir otro tanto, sobre todo desde el punto de vista impositivo, muy similar al SUNC.
Esta dicotomía entre lo que se paga y lo que se obtiene ha de resolverlo la administración central, imponiendo su ley, la de todos los españoles a la de los feudos autonómicos, pese al Tribunal Constitucional, cuyo rol jugado hasta la fecha, omitimos, por no ser el foro adecuado.
Si para mejorar lo dicho hay que reformar la Constitución, se reforma si existe valentía política y vergüenza torera ¿No se reformó, sin referéndum,  el artículo 135, por resumir, en virtud de un acuerdo entre ZP y Rajoy, entonces en la oposición, para garantizar a la banca  el cobro de la deuda pública?  “y su pago gozará de prioridad absoluta” reza en dicho artículo 135 de  la Constitución Española, desde 23/08/2011.
Si atendemos, precisamente a la STC 164/2001, deja en claro algo muy lógico y que cae por su propio peso:
Ahora bien, también en la STC 61/1997, FJ 5, dijimos que “la exclusividad competencial  [de las comunidades autónomas] sobre urbanismo, no autoriza a desconocer la competencia que, con el mismo carácter vienereservada al Estado por virtud del art. 149.1 CE., tal como ha precisado la STC 56/1986, de 13 de mayo (FJ 3),referida al urbanismo, y la STC 149/1991, de 4 de julio (FJ 1.b), relativa a la ordenación del territorio. Procede, pues, afirmar que la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar lícitamente la competencia de las comunidades autónomas sobre el citado sector material
Ver Pág 23, columna derecha (parte central) del enlace siguiente:

2.- LOS PROINDIVISOS. Otro Problema que está destrozando la vida a muchísimas familias es el  de los proindivisos.
-          En gran parte del territorio nacional, Andalucía incluida, desde que se cortó el chorro de las segregaciones, en los años 90, se detuvo el tiempo para cientos de miles de familias.
En este caso, hemos de pararnos en el Art. 17 del TRLS 08. No se permiten las segregaciones en las que se incumplan la legislación aplicable, así como las determinaciones de la ordenación del  territorio y urbanísticas. Pues, que decir estamos de acuerdo, pero qué se hace con los actos de parcelación que llevan ya una veintena de años y no cumplen dichas determinaciones. Caso especial es el que se contempla en el punto siguiente (3)
-          Por otra parte, en cuanto a la legislación andaluza, la LOUA , para suelos No Urbanizables, chocamos  con el terrible e inhumano Art. 185, apartado 2, de la LOUA: Las medidas de protección de la legalidad urbanística no caducan en dichos suelos.
3.- COMPRADORES DE BUENA FE. Siguiendo el Art. 20.4,c) del TRLS 08 (Ley del Suelo actual),  si ha habido negligencia, por parte de la administración y no se ha procedido a la anotación registral de una posible sanción, dicho comprador ha de ser indemnizado. A saber:
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados.
  En consonancia con lo anteriormente expuesto, desconocemos por qué no se coordinan los distintos estamentos de  la Administración competente, en este caso el Ministerio de Justicia. A saber: Registradores, Notarios, fiscales y jueces.
 Atendiendo al antecedente, nadie se puede explicar que haya sentencias de demolición sobre propiedades adquiridas por compradores de buena fe, algunas ya ejecutadas y sin  indemnización a sus propietarios
4.- CONDICIÓN SUSPENSIVA. – En un terreno dividido bajo condición suspensiva, Los propietarios que no han construido, por qué han de contribuir al fisco, como si lo hubieran hecho, incluso estando gozando de la condición suspensiva. Los  terrenos correspondientes a su cuota de participación deberían figurar como solar y no como suelo edificado. En las escrituras, figuran explícitamente, tanto linderos, como viales.
Esta situación le viene de maravilla, tanto a la administración local (IBI), como a la central (IRPF),  pero no es justa.
Se ha de buscar una solución a los cientos de miles de parcelas que se encuentran en esta situación, de lo contrario, el problema se eternizará y se enquistará. Es decir, los problemas seguirán si resolverse in aeternum
-          Búsqueda de una Ley de punto final en los casos expuestos, pues hasta en las guerras, se establece esta solución, para estabilizar a la sociedad.
5.- CONTAMINACIÓN DE LOS POZOS DE SUMINISTRO, DIRECTIVAS EUROPEAS.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2013 como Año Internacional de la Cooperación en Agua. En función de esto, si la población no tiene acceso al agua en cantidad y calidad, el derecho humano al agua se encuentra gravemente lesionado e impide el cumplimiento de otros derechos humanos, como por ejemplo:
El derecho a la salud. Es la primera consecuencia ante la ingesta de agua en malas condiciones de salubridad: el deterioro de la salud.
Dentro del conjunto de la sociedad el colectivo  más afectado se centra en la infancia. Ellos son la parte más débil y la que más sufre en los ámbitos donde esta escasea o se encuentra en condiciones inadecuadas de salubridad.
Al margen de lo dicho, se tiene la experiencia de que los pueblos que carecen de este preciado bien, el agua, se mantienen en situación de subdesarrollo, con respecto a los pueblos que disponen de ella en cantidad y calidad.
España y, dentro de esta,  Andalucía vienen cada una por su lado colaborando con sus ayudas a que determinados territorios foráneos solucionen problemas relativos a la escasez y deficiente calidad en las aguas de suministro para la población.
España ha creado el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), idea que nos parece muy loable.
Por otra parte, el pasado día 8 de mayo se reunieron en  Toledo los representantes autonómicos del área de Cooperación Internacional con el correspondiente de la Administración Central, Sr. Gonzalo Robles. Se trataba de decidir a dónde enviar 2.200 millones de euros, para entre otras cuestiones, solucionar el problema de las aguas y el saneamiento en determinados países. Muy loable también. Máxime que se destaca en dicha reunión que España es líder mundial en este tipo de ayudas.
 Nos parece magnífico.
 Ver el enlace siguiente:
Pero debemos hacer una observación, aquí tienen,  in situ, un terreno donde explayarse  y hacer prácticas en corto.
Este mensaje va dirigido, tanto  al gobierno central, como al autonómico. El PP es el gestor actual del Gobierno Central, aunque tiene su candidato a las próximas autonómicas en Andalucía, el Sr. Juan Manuel Moreno.  Los ocupantes de las 300.000 viviendas irregulares  de nuestra región, sumamos aproximadamente un millón de almas en las mismas o parecidas circunstancias urbanísticas. Sirva esto como aviso.
En España puedes sobrepasar el millón, las viviendas irregulares,  las cuales, en general,  no tienen acceso al agua potable ni a las redes de saneamiento.
Se da la circunstancia de que muchas de estas viviendas tienen las infraestructuras en la misma puerta. Se les impide la conexión por meras cuestiones burocráticas, obviando  cualquier razón, no solo humanitaria, sino de justicia social.
Queda agravado  el asunto por el hecho de que, en ocasiones, esas infraestructuras han sido implementadas con fondos FEDER, destinados a tal efecto. Es decir, a cubrir el suministro de agua y saneamiento en determinadas zonas de nuestra geografía. Entre tanto, dichas infraestructuras se van deteriorando por falta de uso y, repetimos, a la puerta de las viviendas.
Ver el siguiente enlace como ejemplo (Págs. 61- 71):
  De manera que, gran parte de la población de nuestro país carece del tan preciado bien y derecho humano, como es el acceso al agua y al saneamiento, aún pudiendo disponer de ellos, pero que por determinados  argumentos este derecho se es negado.
El hecho de que esta negativa está acarreando gravísimas consecuencias de índole sanitario a sus  moradores,  a nuestros  representantes políticos no parece afectarle. Veremos qué ocurriría en el hipotético caso de que este asunto estallase y empezara a generalizarse  en lo que se refiere  a los casos de patologías provocadas por los altísimos niveles de nitratos, nitritos, coliformes fecales, e. coli, etc., como así lo demuestran las analíticas efectuadas en determinadas viviendas, por zonas, tomadas como ejemplo. Hay muestreos que analizan un determinado territorio, como han hecho algunos vecinos de Chiclana de la Frontera. En todos los análisis llevados a cabo se repite la misma sentencia:
               agua no potable.
Según el  foro  Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, la cooperación en este sentido es crucial para la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género, la preservación del medio ambiente y la paz social.
Ver enlace:
El evento anterior este año coincide con el Día Mundial del Agua, (ONU) cuyo eslogan reza así:
«En el Día Mundial del Agua, comprometámonos a crear las políticas necesarias para garantizar que el agua y la energía sostenibles estén al alcance de todos, y no solo de unos pocos.»
Mensaje del Secretario General en el Día Mundial del Agua,
22 de marzo de 2014
 Y uno de sus mensajes:
4. El sector más pobre de la población necesita urgentemente el acceso a los servicios tanto de agua y saneamiento como de electricidad
Algunos tenemos estos servicios a medio metro de nuestras casas, pero no nos dejan acceder
Ver enlace:
 Los puntos aquí expuestos no agotan la casuística urbanística y humanitaria que sufren las viviendas de construcción irregular, lo cual daría cancha para escribir gran cantidad de volúmenes, pero por cuestiones de espacio y tiempo, hemos de concluir, no sin antes hacer una  clara advertencia:
          
                                    Estamos hartos ya de buenas palabras

jueves, 9 de junio de 2016

Urbanismo pedirá a la Junta que cambie la ley para dar luz y agua a las parcelaciones

CADENA SER


Radio Córdoba

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, asegura que los ayuntamientos se ven “atados de pies y manos” y critica la actitud de la Junta que “no se ha presentado a la mesa de parcelaciones”


La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba pedirá a
Junta un cambio en la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para que las parcelaciones tengan acceso a los servicios básicos como la luz y el agua.
Lo ha anunciado a Radio Córdoba, el presidente de la GMU, Pedro García, quién asegura que “los ayuntamientos estamos cogidos de pies y manos para dar cualquier paso que afecte a este tipo de parcelaciones irregulares”, aunque hay asuntos que tienen que revisarse “por sentido común, humanidad y salubridad”.
Según Pedro García, la actitud de la Junta, que no se ha presentado a las reuniones de la Mesa de Parcelaciones y que , a su juicio, ”no ha dado muestras de estar interesada en resolver este problema que afecta a miles de ciudadanos en la ciudad de Córdoba, deja mucho que desear”.
García no ha ofrecido cifras de las viviendas afectadas, pero ha insistido en que "hay construcciones, usadas como primera vivienda, “que no pueden acceder a los servicios básicos, mientras que en su misma calle, hay otras que sí por los cambios de norma”. Esto, a su juicio “tiene poca explicación y una solución muy compleja”.

Pedro García, presidente del a Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba
El presidente de la GMU admite que el asunto es "complejo", porque afecta a muchas personas, con viviendas construidas en los últimos 30 años, aunque no ha querido definir, qué tipo de vivienda se podría beneficiar de esta medida.
García anuncia que mantendrán reuniones con representantes de la Fiscalía para avanzar sobre este asunto y pide a la Junta que actúe para garantizar el acceso de los vecinos que viven en las parcelaciones a los servicios básicos


Desde CALU, y todas las asociaciones de afectados de Andalucía, felicitamos al Presidente de la Gerencia de urbanismo por la sensibilidad demostrada en este articulo para con todas las familias que están padeciendo un sufrimiento continuo que en algunos casos perdura en el tiempo desde hace más de 30 años.

Al mismo tiempo le ofrecemos  nuestro apoyo y colaboración para sumar esfuerzos y conseguir que se haga justicia .

Paco León.

miércoles, 8 de junio de 2016

Los parcelistas pedirán en el Parlamento servicios básicos


CADENA SER.


Radio Córdoba

URBANISMO IRREGULAR


Asamblea de parcelistas en Córdoba
Asamblea de parcelistas en Córdoba / CADENA SER


María Eugenia Vílchez Córdoba 07/06/2016 - 19:02 CET

Los parcelistas van a pedir mañana ante la Comisión de Ordenación del Territorio del Parlamento Andaluz, medidas para dotar de servicios básicos a las parcelaciones y abordar el futuro de estas viviendas.
La Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística, que reúne a parcelistas de seis provincias andaluzas entre ellas Córdoba, quiere que el Parlamento se pronuncie cuanto antes sobre la reforma de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, para que pueda abrir la puerta a la "normalización" de las miles de viviendas irregulares que existen en Andalucía.
Los parcelistas pedirán además que se establezca un grupo de trabajo con vecinos, técnicos y ´responsables de los grupos del Parlamento Andaluz , para analizar el futuro de estas edificaciones.

La noticia en otros medios


DIARIO CORDOBA
Representantes de parcelaciones andaluzas se reúnen este miércoles con los grupos políticos en el Parlamento ·

EL ECONOMISTA
Representantes de parcelaciones andaluzas se reúnen este ...

LA INFORMACION
Representantes de parcelaciones andaluzas se reúnen este ...

EUROPA PRESS
Propietarios de parcelas en contra de la LOUA se reúnen ...



martes, 7 de junio de 2016

Los parcelistas piden que se modifique antes del verano la Ley de Ordenación



CORDOBA HOY.ES.

LAGALIZACIÓN URBANÍSTICA

El cordobés Francisco León, que preside la asociación, avanza que la idea es crear un grupo de trabajo en el seno del Parlamento para localizar los problemas y buscar soluciones


Los representantes de CALU que irán al Parlamento andaluz
Los representantes de CALU que irán al Parlamento andaluz

07/06/2016 10:32 h. cordobahoy

Mañana, miércoles, una representación de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) se reunirá con "todos y cada uno de los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, según ha informado en un comunicado el presidente de este colectivo así como de la Mesa del Río de Córdoba, Francisco León Corral.
Se trata de la segunda vez que se reúnen en la Cámara andaluza, después de la intervención de este colectivo en la Comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio del Parlamento y en esta ocasión la idea de CALU es tratar sobre la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, a ser posible "antes de que finalice el verano", así como la "adopción de medidas urgentes para la concesión de agua y luz para las personas que viven en condiciones infrahumanas por poseer una vivienda irregular".
De igual modo, los representantes del mundo parcelista andaluz, con el cordobés a la cabeza, quieren hablar con los grupos parlamentarios andaluces sobre el establecimiento de un grupo de trabajo en el seno del Parlamento en el que CALU forme parte "por representar a los miles de afectados de toda Andalucía", con la idea de "analizar los problemas urbanísticos que existen en nuestra comunidad", además de abordar sus posibles soluciones.
La Confederación esta formada por diferentes asociaciones de Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Cádiz y Almería. "Entre todas sumamos un 80% del territorio andaluz", añade el comunicado de CALU.

Ofensiva en parcelaciones



DIARIO CÓRDOBA

07/06/2016
Ofensiva en parcelaciones -

La nueva ofensiva vecinal en relación con las parcelaciones acaba de empezar. La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha comenzado a enviar al Ayuntamiento y al Parlamento el documento consensuado con el consejo de distrito de El Higuerón en el que avisa de que se desliga de la mesa de trabajo creada por la Gerencia de Urbanismo y retoma la acción desde el ámbito vecinal. En ese escrito, que ya adelantó este periódico, reivindican que se cumplan los acuerdos alcanzados por el Pleno del Ayuntamiento y por el Parlamento y que se han incumplido.
Entre las medidas que consideran más urgentes están la dotación de servicios básicos, prioritariamente agua potable, ya que aseguran que «existen alarmas generadas por falta de salubridad».
Los dos colectivos vecinales han dirigido sus demandas en Córdoba a la alcaldesa, Emacsa, Urbanismo y a los distintos grupos municipales; y en Sevilla, a los grupos parlamentarios.

CALU // Por otro lado, mañana, una representación de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que preside Francisco León, que, a su vez, es el máximo representante de la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, se reunirá con los grupos políticos del Parlamento para abordar la situación de las parcelaciones. El presidente de CALU ha explicado, a través de una nota, que «es la segunda vez que nos reunimos en el Parlamento, después de nuestra intervención en la comisión de ordenación del Territorio». León explica que el objetivo de este encuentro es abordar la aprobación del proyecto de ley que modifica la LOUA antes de que finalice el verano; que se adopten medidas urgentes para la concesión de agua y luz «para las personas que viven en condiciones infrahumanas por poseer una vivienda irregular»; y que se cree un grupo de trabajo en el Parlamento, del que este colectivo forme parte, «por representar a los miles de afectados de toda Andalucía para analizar los problemas urbanísticos que existen en nuestra comunidad». I.L.

La nueva ofensiva vecinal en relación con las parcelaciones acaba de empezar. La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha comenzado a enviar al Ayuntamiento y al Parlamento el documento consensuado con el consejo de distrito de El Higuerón en el que avisa de que se desliga de la mesa de trabajo creada por la Gerencia de Urbanismo y retoma la acción desde el ámbito vecinal. En ese escrito, que ya adelantó este periódico, reivindican que se cumplan los acuerdos alcanzados por el Pleno del Ayuntamiento y por el Parlamento y que se han incumplido.
Entre las medidas que consideran más urgentes están la dotación de servicios básicos, prioritariamente agua potable, ya que aseguran que «existen alarmas generadas por falta de salubridad».
Los dos colectivos vecinales han dirigido sus demandas en Córdoba a la alcaldesa, Emacsa, Urbanismo y a los distintos grupos municipales; y en Sevilla, a los grupos parlamentarios.

CALU // Por otro lado, mañana, una representación de la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que preside Francisco León, que, a su vez, es el máximo representante de la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, se reunirá con los grupos políticos del Parlamento para abordar la situación de las parcelaciones. El presidente de CALU ha explicado, a través de una nota, que «es la segunda vez que nos reunimos en el Parlamento, después de nuestra intervención en la comisión de ordenación del Territorio». León explica que el objetivo de este encuentro es abordar la aprobación del proyecto de ley que modifica la LOUA antes de que finalice el verano; que se adopten medidas urgentes para la concesión de agua y luz «para las personas que viven en condiciones infrahumanas por poseer una vivienda irregular»; y que se cree un grupo de trabajo en el Parlamento, del que este colectivo forme parte, «por representar a los miles de afectados de toda Andalucía para analizar los problemas urbanísticos que existen en nuestra comunidad». I.L.