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jueves, 26 de enero de 2012

LA OFICINA DEL PARCELISTA

Córdoba

 

Urbanismo pondrá en marcha de inmediato esta promesa del PP para coordinar la atención a parcelistas

Día 26/01/2012
CÓRDOBA
El nuevo decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable auspiciado por la Consejería de Obras Públicas y la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada ayer por el PSOE en solitario en la Cámara andaluza, provocarán que se active de urgencia la Oficina Municipal de Parcelaciones que prometió el PP si gobernaba Córdoba.
Ambos cambios normativos, que han levantado expectativas a muchos parcelistas ilegales para regularizarse y obtener, al menos, servicios básicos, pueden originar un severo cambio organizativo en la Gerencia de Urbanismo, justo cuando sus responsables estaban trabajando en una reestructuración pareja a la negociación del convenio colectivo.
Estas expectativas, rodeadas de mucha confusión por la falta de concreción de las medidas a adoptar por los ayuntamientos que reza el nuevo decreto y algunas disposiciones nuevas de la LOUA, están provocando ya un efecto llamada y numerosas consultas por parte de los propietarios de viviendas. Por ello, según fuentes municipales de toda solvencia, la decisión del PP es activar cuanto antes esta oficina aunque sea, en primera instancia, con un personal básico y mínimo que sería reforzado después una vez que se conozca el alcance completo de la aplicación del decreto y las nuevas disposiciones para parcelaciones de la ley urbanística.
A esta conclusión se llegó en la primera reunión que Luis Martín, presidente de la Gerencia de Urbanismo, y su equipo técnico mantuvo el lunes con los respectivos jefes de servicio para abordar la aplicación de las nuevas normativas urbanísticas que podría tener más impacto del previsto en un principio en el mapa parcelario cordobés. De hecho, se han encargado nuevos vuelos para actualizar el inventario de parcelaciones de la ciudad con el que se trabajará para detectar qué zona podrán beneficiarse bien de enganches o construcción de redes de servicios, o bien de ser regularizadas en un futuro bajo la figura de parcelaciones asimiladas a la categoría de fuera de ordenación.
Hay que recordar que tanto el decreto de edificaciones en suelo no urbanizable (pendiente de ser publicado en el BOJA) como las disposiciones de la LOUA agregadas desde ayer a la misma en cuanto a la misma clase de suelo ponen coto a las salidas de los parcelistas en el considerado terreno de especial protección.
Un primer análisis somero de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo apuntan a que algunas parcelaciones en huecos de la Vega y no regularizadas aún y parte de los asentamientos de la Sierra podrían beneficiarse directamente. Las dudas están en Medina Azahara y las tres parcelaciones en zona BIC e incluso en cómo podrían afectar estas variaciones normativas a aquellas zonas que ya se están regularizando a través de una reciente innovación del PGOU.
La disposición transitoria tercera de la LOUA que se aprobó ayer sólo con los votos del grupo socialista (el PP se abstuvo e IU votó en contra), quien la propuso, añade más leña al fuego, ya que consiente que se autoricen enganches a un año de luz y agua por los ayuntamientos con informes técnicos municipales y de las compañías suministradoras siempre que no haya que hacer obras, entre otras limitaciones. Este último dardo envenena aún más un panorama en el que los propios parcelistas andan desconcertados.

El PP critica que el decreto "no resuelve la situación de Córdoba" ( Diario Córdoba - 26/01/2012 )

martes, 24 de enero de 2012

La Gerencia contrata vuelos para hacer inventario de parcelaciones

Un trabajo con fotografías aéreas servirá para establecer la realidad de la indisciplina urbanística y las casas que se pueden acoger al nuevo decreto
R. R. | Actualizado 24.01.2012 - 01:00
zoom

Parcelación ubicada dentro del plan especial de Medina Azahara, lindando con el canal del Guadalmellato.

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La Gerencia de Urbanismo iniciará en breve el trabajo de inventario de las parcelaciones, que se establece en el nuevo decreto aprobado por la Junta de Andalucía que permite dotar de servicios a viviendas sin licencia, fuera de ordenación y ajenas al proceso de legalización de la ciudad. Los vuelos servirán para realizar nuevas fotografías aéreas del término municipal. Ese material es el que se utiliza como base para montar, posteriormente, toda la documentación gráfica y los expedientes administrativos posteriores.

La última vez que se realizó un inventario general de parcelaciones, que afectase al conjunto del término municipal, fue con motivo de la realización del Plan General de Ordenación Urbana de 2001-2003. Posteriormente, se han realizado iniciativas parciales que se refieren tanto a las viviendas de la Sierra como a las que se encuentran dentro del Bien de Interés Cultural de Medina Azahara. En la última evaluación se llegó a hablar de 9.000 viviendas aunque se realizó cuando el fenómeno de las parcelaciones se hallaba desbocado. El PGOU nació antiguo en este aspecto.

Los trabajos preparatorios del inventario de parcelas se iniciaron aproximadamente hace un mes, ante la constatación de que el Consistorio tendría que realizar un trabajo minucioso de identificación de viviendas.

Ayer, en la Gerencia Municipal de Urbanismo se realizó la primera reunión técnica entre el presidente del organismo, Luis Martín; el gerente, Juan Luis Martínez, y los jefes de todos los servicios afectados con el objetivo de empezar a poner en común un criterio único sobre esta cuestión teniendo en cuenta que el decreto de la Junta ni siquiera se ha publicado y ya hay propietarios que le han pedido a los políticos información sobre cuándo pueden empezar a solicitar los servicios. Del encuentro salió el encargo de informes técnicos parciales de cada uno de los departamentos con el objetivo de montar un documento común que se llevará al consejo rector de Urbanismo o, incluso, al Pleno del Ayuntamiento que servirá de guía sobre cómo la corporación municipal entiende que se deben hacer las cosas en este aspecto. El gobierno municipal ya ha adelantado que pretende sacarle todo el jugo posible a la normativa dotando de servicios, si ello fuese legalmente posible, a las viviendas ubicadas en la zona inundable del Guadalquivir y las que se encuentran en la Sierra.

Martín criticó la disposición del decreto en el sentido de que establece amplios instrumentos de acción a los ayuntamientos aunque bajo "la tutela" de la Junta sobre "la autonomía municipal". El edil reclamó la publicación del decreto en el BOJA y criticó que el cambio en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se presentase en la sede del PSOE

Urbanismo encarga fotos aéreas para ver la evolución de las parcelaciones ( Diario Córdoba - 24/01/2012 )

domingo, 22 de enero de 2012

DECLARACIONES DE MAR MORENO, EN DIARIO CORDOBA.

-- El decreto que indulta a viviendas ilegales en Andalucía, ¿es una forma de reconocer que la política urbanística de la Junta no ha funcionado?
-- En primer lugar, hay que recordar que el corazón del urbanismo es municipal, es decir, el grueso de las decisiones que se toman en materia de suelo en España corresponden a los ayuntamientos. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Reconocer una realidad y encarar un problema que en muchos lugares existe y que no se resuelve dando la espalda. Yo creo que es muy difícil mirar al pasado con los ojos de hoy. Hoy hay una sensibilidad en materia de urbanismo, en materia de medio ambiente, hay una rigurosidad de las leyes, una actuación en materia de disciplina urbanística por parte de la Guardia Civil o de los tribunales que no existía hace 8, 10 o 15 años. Para la Junta de Andalucía ese muro que hemos puesto de respeto a las leyes y de respeto al bueno uso del suelo lo vamos a mantener con más firmeza si cabe, pero es verdad que en el pasado se hacían las cosas de otra manera. Habrá gente que se ha enriquecido a costa de ello, pero también hay multitud, miles de familias normales y honestas que se han visto embarcadas en situaciones de irregularidad o de alegalidad que al final es un verdadero quebranto y un problema para sus vidas. Por lo tanto la Junta de Andalucía ha puesto normativa para que los ayuntamientos puedan abordad esa realidad con dos fronteras muy claras o con dos líneas rojas muy claras. Una, los costes de cualquier legalización los tienen que pagar los beneficiarios como en cualquier otra. Y número dos, creo que esto no se va a repetir en el futuro

sábado, 21 de enero de 2012

Aprobado el dictamen de la modificación de la LOUA, que incluye medidas para acondicionar viviendas irregulares

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
   La comisión de Obras Públicas y Vivienda ha aprobado el dictamen sobre el proyecto de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que incorporas 11 enmiendas del PSOE, tres del PP y cuatro de IU y que, entre otras cuestiones incorpora una enmienda socialista mediante la que se pretende arbitrar mecanismos que permita a los ayuntamientos poder conceder autorizaciones de carácter provisional para que las viviendas ubicadas en suelo no urbanizable tengan servicios básicos, como luz y agua, hasta que concluya el proceso de regularización de las mismas.
   Según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, se han aceptado 11 enmiendas del PSOE, una de IU y tres del PP, aunque en este último caso, según varias fuentes consultadas, el PSOE ha presentado enmiendas transaccionadas a enmiendas del PP e IU, de forma que además se han aceptado otras tres de IU y otras 11 de PP.
   De esta forma, el dictamen de la Ley ha incorporado el contenido de 26 enmiendas y solo falta que sea lleva al Pleno del Parlamento andaluz para su aprobación.
   En una nota, la portavoz de Obras Públicas y vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Regina Cuenca, ha resaltado que las enmiendas socialistas "otorgan mayor seguridad jurídica a los procesos de regularización de las edificaciones y asentamientos ubicados en suelo no urbanizable, e incluso permitiendo medidas provisionales, por el plazo máximo de un año, para garantizar la habitabilidad y salubridad de las edificaciones que constituyan vivienda habitual, y ello en tanto se procede a efectuar el proceso de reconocimiento reglamentariamente establecido".
   "Por otra parte, se pretende evitar que, a partir de la entrada en vigor de la Ley, se sigan consolidando situaciones irregulares por la vía de los hechos consumados", ha indicado Cuenca, quien precisa que, de esta forma, se amplía el plazo para que las administraciones puedan reaccionar ante las ilegalidades "dos años más, ahora son seis, en lugar de cuatro", explicó Regina Cuenca.
   Agrega que "se ha reforzado más, si cabe, el acceso a los instrumentos de planeamiento urbanístico, estableciendo medidas que permitan que cualquier ciudadano pueda consultar por vía telemática los planes urbanísticos en cualquier fase del procedimiento, una de las aportaciones de los agentes sociales que han comparecido". Cuenca ha indicado que estos aspectos, junto a unos "reajustes necesarios para la total adecuación a la legislación estatal", han constituido el grueso de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.
   Cuenca además ha pedido al presidente del PP-A, Javier Arenas, que "se deje de milongas" y sea coherente con la reforma de la LOUA que está llevando a cabo el Parlamento Andaluz, una reforma que significará "un impulso para el sector inmobiliario, el empleo y, en general, la actividad económica, y que refuerza los  criterios de sostenibilidad ambiental y económica del urbanismo en Andalucía"
   La portavoz de Obras Públicas y Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Regina Cuenca, ha manifestado que "Arenas pretende derribar el modelo de urbanismo sostenible que impulsa la reforma de la LOUA" y considera "decepcionante" que el PP "pretenda llevarnos de nuevo al modelo económico especulativo nos ha llevado al fracaso". 
   La diputada socialista ha señalado que "con esta reforma la esencia de la norma sigue intacta, esto es, la apuesta por la función pública del urbanismo, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna a precio asequible, y la consecución de un modelo de crecimiento sostenible, un modelo de ciudad compacta y dimensionando su crecimiento".

POSTURA DEL PP-A

   Por su parte la portavoz de Vivienda del PP en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, ha lamentado que "sólo tres de las 31 enmiendas presentadas por el PP se han aceptado en su totalidad" y ha apuntado que se trata de propuestas "menores y genéricas, como que la actividad urbanística garantice la ausencia de ningún tipo de discriminación".
   Martínez ha indicado que la reforma de la LOUA emprendida por la Junta "es una minirreforma que aborda muy pocos aspectos de la Ley y no se tocan aspectos esenciales como la disciplina urbanística, y además sigue quedando pendientes los desarrollos de la Ley de 2002".
   Considera "inadmisible" que se haya modificado "en el último minuto de la legislatura" esta ley "que regula el sector inmobiliario, tan importante para la economía".
   Además, Martínez ha criticado la "pasividad del Gobierno andaluz en esa materia, que ha generado un caos urbanístico, algo resultado de la especulación y de la ausencia de un nuevo modelo".
   Frente a esto, la dirigente popular había destacado que el PP había planteado enmiendas "en el sentido de agilizar mucho más los plazos, simplificar trámites y garantizar la transparencia de convenios urbanísticos, además de profundizar en la publicación y divulgación de instrumentos normativos a través de la web".
   Asimismo, el PP pedía que "se garantizara los usos del patrimonio público del suelo pudiéndose destinar a dotaciones, y que en los convenios se garantice que éstas se destinan al patrimonio público de suelo".
   "Hemos planteando enmiendas para que la Ley del Suelo de Andalucía repercuta los beneficios de la actividad urbanística de una forma más justa entre todos los vecinos del municipio, pues hemos asistido durante unos años a una especulación fuerte y a un oscurantismo", ha agregado Martínez, quien pide que "se clarifique todo esto y todos los vecinos de la ciudad también puedan disfrutar de los beneficios de la actividad urbanística" y quien ha demandado mayor intervención en la rehabilitación de barrios degradados y medidas para garantizar la seguridad jurídica "y así poner freno a viviendas ilegales".
...

viernes, 20 de enero de 2012

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA CON LUÍS MARTÍN

En Córdoba a 19 de diciembre de 2011, reunidos en la Gerencia Municipal de Urbanismo, representantes de la Plataforma de afectados por las inundaciones del Guadalquivir: presidente, Paco León; vicepresidente y coordinador de La Altea, Julio Jacobo Cortés; coordinador de la C/ La Barca de Alcolea, Francisco Rey; coordinador de C/ Paseo al puente, Emilio Berná; representante de Ribera baja, Inma de Miguel; delegada de alcaldía en El Higuerón, Elena Rojano y el presidente de la Gerencia de urbanismo, Luis Martín.



Tras un breve recordatorio de los hechos acontecidos en las riadas del 2010, el presidente de la plataforma Paco León, comienza reivindicando los proyectos de defensa y limpieza en el Guadalquivir desde Alcolea hasta las Quemadillas, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, a lo que responde Luis Martín que en reunión mantenida con representantes de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir, éstos se han comprometido a hacer un proyecto que iría destinado a fondos europeos, y que en enero, cuando se constituya definitivamente el organismo competente y responsable de las acciones en el rio, se volverá a tratar el tema para que vaya marchando el citado convenio de defensa, incluyendo la c/ La Barca.

Por su parte, Emilio Berná coordinador de C/Paseo al Puente, pregunta a Luis Martín, si cree que la solución será a muy largo plazo o si hay una vía rápida, a lo que  Martín, responde que los convenios funcionan por quinquenios, pero que estamos a tiempo de ser incluidos en los ya existentes, antes de que se creen unos nuevos para 2016.
A pregunta de Julio J. Cortés por la situación de La Altea, éste responde que el PGOU es distinto al plan de Alcolea. La Altea es un núcleo consolidado, excluyendo algunas zonas inundables. Se plantearía a la Junta de Andalucía  crearlo como hábitat diseminado,
incluido en medio rural y trabajar en esa línea.

Francisco Rey hace entrega de unas fotografías del actual estado en que se encuentra el arroyo Guadalbarbo a su paso por la C/ La Barca, y pide que se incluya en dicho proyecto la construcción de muros a la altura del puente.

En el tema de los permisos de obra para el levantamiento de la cota en el azud de Ribera Baja por parte de Hidroeléctrica de Alcolea, Luis Martín nos dice que la gerencia no ha dado dichos permisos y se compromete a averiguar quien los ha dado, si es que existen. También se le hace entrega de fotografías de dicha obra.

Se hace referencia también al decreto de necesidades básicas como agua, luz….. Según Martín han cambiado mucho las leyes y se han endurecido algunas hasta el punto que comenta que cualquier vivienda que se empiece a construir sin licencia de obra, debe ser derivada a fiscalía, y se ha dado orden a la policía local de tolerancia “0” al nuevo parcelista.
Con todo esto, lo que nos queda es seguir luchando y esperar óptimas respuestas y compromisos por parte de todos.




LA JUNTA,EL DECRETO Y LOS AYUNTAMIENTOS,"SRES.PASEN Y VEAN"

La LOUA incluirá una disposición para que los ayuntamientos den permisos provisionales en suelo no urbanizable

Día 20/01/2012
El PSOE impulsa en el Parlamento dar un año enganches de luz y agua a parcelistas
ARCHIVOViviendas incrustadas en las faldas de la Sierra de Córdoba
 

CÓRDOBA
Los tiempos en los que el PSOE se presentaba en Córdoba como brazo de hierro contra el parcelismo ilegal parecen haber pasado a mejor vida. La modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que en estos momentos enfila su trámite final en el Parlamento andaluz —se someterá a votación la semana próxima— incluye una disposición transitoria por la que se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan autorizar «de forma transitoria y excepcional» enganches de agua y luz, sin obra, a parcelistas ilegales asentados en suelo no urbanizable durante, al menos, un año desde la entrada en vigor de la ley modificada.
El objetivo que reza teóricamente en esta disposición, impulsada por el PSOE a través de una de las once enmiendas que ha presentado y que ha salido adelante en los trabajos de la Comisión de Obras Públicas, es la de «garantizar la habitabilidad en condiciones mínimas de salubridad de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable respecto de las que ya no quepa la adopción de medida alguna de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico infringido».
Esta condescendiente postura llega a escasos dos meses de las elecciones autonómicas por lo que el tufo electoralista es más que apreciable. El mismo que ha rodeado la tramitación y entrada en vigor del decreto que regulará el régimen de las edificaciones en suelos no urbanizables, que prevé normalizar 200.000 viviendas en toda la comunidad y que ha dado alas a algunas parcelaciones en Córdoba capital de la Vega y la Sierra, sin menoscabo de las situadas en la zona BIC de Medina Azahara.
La nueva disposición transitoria deja en manos de los ayuntamientos esta nueva pelota, muy golosa, por cierto, ya que en el caso del Consistorio cordobés se trata de una de las promesas hechas por el PP en campaña y en el gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Pero el caramelo tiene limitaciones, aunque de partida pueda aumentar aún más el efecto llamada con peticiones de servicios que se espera en Urbanismo por parte de los parcelistas que llevan años reivindicando este tipo de enganches.
Las viviendas que podrán beneficiarse tendrán que demostrar ser primera residencia. Los ayuntamientos, hasta se resuelva el procedimiento por el cual el suelo de la parcelación podría regularizarse —aquí entran las herramientas que proporciona el citado decreto—, podrán autorizar la contratación provisional con las compañías suministradoras.

Enganches accesibles

Eso sí, «dicha autorización no conllevará la ejecución de obras de reparación, conservación o de cualquier otra naturaleza», de ahí que se trate de enganches a conducciones o infraestructuras muy próximas. «Redes accesibles desde la edificación», matiza la disposición transitoria del proyecto de ley que modificará a la LOUA. Eso es lo que las compañías de servicio tendrán que acreditar también, a la vez la acometida es viable y no induce a nuevas edificaciones.
Pasado el año concedido se suspenderá dicha contratación, salvo que antes de que se agote esté en vías de regularización el asentamiento por asumir la categoría de asimilado a fuera de ordenación, de la que habla el decreto hecho público recientemente.
Con estas premisas, el Ayuntamiento tendrá que acreditar, con informes técnicos y jurídicos propios, que la casa está terminada, en uso, constituye primera residencia; no está en curso procedimiento administrativo (expediente sancionador) o jurídico (pleito) y no concurre en ninguno de los casos, cita la disposición, que señala el apartado 2 del vigente artículo 185 de la LOUA, que hace referencias a los suelos no urbanizables de especial protección, zonas de influencia del litoral, bienes o espacios catalogados, entre otros. Trasladado a Córdoba: parte de las parcelaciones de la Sierra, Medina Azahara y las márgenes del río, en principio 

lunes, 16 de enero de 2012

INICIATIVAS A SEGUIR

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Dueños de viviendas ilegales llevarán al Parlamento su demanda de amnistía
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MÁLAGA

Dueños de viviendas ilegales llevarán al Parlamento su demanda de amnistía

La asociación provincial de afectados retoma la idea de promover una Iniciativa Legislativa Popular para que se legalicen todas las casas

13.01.12 - 01:42 -
Así y aún cuando todavía no se ha publicado en el BOJA la nueva norma, las asociaciones de afectados han decidido reanudar su lucha en favor de una amnistía generalizada para todas las edificaciones poniendo otra vez sobre la mesa la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a la que culpan en buena parte de la situación en la que se encuentran las más de 60.000 casas irregulares que existen en la provincia malagueña.
El desencanto que generado el Decreto entre los propietarios, ha llevado a la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares de Málaga (APVI), que agrupa a más de medio centenar de colectivos de afectados de toda la provincia, a convocar para el próximo 10 de febrero una asamblea con el único punto en el orden del día de acordar la recogida de las firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular ante la Junta de Andalucía exigiendo el cambio de la LOUA y el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).
«Lo que queremos es que se legalicen todas las viviendas que se puedan, incluidas las que están en suelo protegido», explicó ayer la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez.
Según Vázquez, no es la primera vez que las asociaciones de propietarios de viviendas irregulares barajan la posibilidad de promover una Iniciativa Legislativa Popular con el fin de exigir la legalización masiva de todas las casas situadas en suelo no urbanizable.
Apoyo del 15 M
«Hace justo un año llegamos a mantener incluso varias reuniones con representantes de los distintos partidos políticos con el fin de poner en marcha una iniciativa de este tipo, pero la paralizamos ante el anuncio del Decreto de Regularización. Ahora, en cambio, la situación es diferente porque tenemos un Decreto que no sirve para nada y no nos resuelve nuestro problema», manifestó Vázquez, que dijo asimismo que APVI «cuenta en esta ocasión para sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular con el apoyo del 15 M».
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 111, permite que tanto los ciudadanos como los ayuntamientos puedan iniciar el procedimiento legislativo presentando proposiciones de ley ante el Parlamento para que éste, si lo considera conveniente, las debata y apruebe pasando así a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Cuando esta iniciativa la ejercen los ciudadanos son necesarias las firmas de al menos 75.000 ciudadanos mayores de edad y que esté inscritos en el Censo Electoral vigente el día de presentación de la iniciativa ante la Mesa del Parlamento. La regulación de este procedimiento figura en la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los ayuntamientos.

El decreto de la indeferencia

El decreto de la indeferencia

domingo, 15 de enero de 2012

Incertidumbre por sus efectos ( Diario Córdoba - 11/01/2012 )

Desde nuestro blog,hacemos un llamada a los que todavía no se han enterado,que a ellos,también les interesan las medidas tomadas por la Junta de Andalucia,respecto a la regularización de sus viviendas.

Ya es hora de que aunen esfuerzos y se impliquen en la lucha para dejar de ser ilegales.

Lo mismo a todos los parcelistas de la ribera del río,pues su situación es todavía peor.

"Despertad"

Vecinos y parcelistas cuestionan el plan de autoabastecimiento del decreto ( Diario Córdoba - 15/01/2012 )

Llegó la hora de movilizarse,espero que los propietarios de viviendas en parcelaciones que todavía están en coma,sobre este asunto de gran interés para todos,"despierten" y se sumen   a la lucha por la regularización de sus casas.

viernes, 13 de enero de 2012

AL FINAL LOS YUNTAMIENTOS SERÁN LOS QUE DÉN SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Griñán advierte de que la Junta no puede regularizar viviendas "sin que los que las hicieron asuman costos"

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado, tras la decepción mostrada por propietarios de viviendas ilegales ante el decreto de regularización de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable aprobado por el Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo andaluz no puede normalizar la situación de estas casas "sin que los que las hicieron asuman los costos que ahora tendrá que soportar cada una de ellas en cuanto a servicios públicos".
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha afirmado, tras la decepción mostrada por propietarios de viviendas ilegales ante el decreto de regularización de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable aprobado por el Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo andaluz no puede normalizar la situación de estas casas "sin que los que las hicieron asuman los costos que ahora tendrá que soportar cada una de ellas en cuanto a servicios públicos".
"Eso ya se esperaba porque si no fuera así, todo el mundo se dedicaría a hacer viviendas ilegales", ha declarado este miércoles el jefe del Ejecutivo andaluz en una rueda de prensa celebrada en Málaga en la que ha anunciado la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 25 de marzo.
Griñán ha valorado el decreto, aprobado este martes, que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en la Comunidad, buena parte de ellas en la comarca malagueña de la Axarquía, ya que establece vías para la legalización o reconocimiento cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y en función de circunstancias particulares.
Más aún, ha indicado que "hemos puesto en disposición a los ayuntamientos para que terminen definitivamente la regularización", destacando "algo importante", que es que un 10 por ciento de esas viviendas en ningún caso se podrá regularizar al estar en terrenos que implican "un riesgo medioambiental o físico". "INÉDITO,
Pero necesario"
A juicio de Griñán, "hemos hecho algo que es inédito, pero que necesariamente debíamos hacer", porque se estaba ante una situación de "limbo jurídico", como lo definió la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz.
"Hay actuaciones irregulares que han prescrito y viviendas y hasta urbanizaciones cuya situación jurídica no les permite ni siquiera acometidas ni reformas y eso es un riesgo", ha apuntado el responsable del Gobierno andaluz.

domingo, 8 de enero de 2012

Andalucía

La Junta va a regularizar por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

La normativa de la Consejería de Obras Públicas cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo

Día 30/12/2011 - 16.47h
El martes 10 de enero es la fecha inicialmente prevista para que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelos no urbanizables, una normativa impulsada en la presente legislatura por la consejera de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz, y que permitirá la normalización de miles de viviendas construidas de forma ilegal. El decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que únicamente ha apuntado objeciones de carácter técnico y perfectamente subsanables.
En Andalucía se calcula que hay entre 300.000 y 400.00 viviendas que por haberse levantado en suelos no urbanizables incumplen la legislación, circunstancia a la que se quiere poner fin con una normativa sumamente compleja por cuanto incluye una amplia variedad de tipologías.
El Decreto, que según afirmó recientemente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, será aprobado el próximo 10 de enero, señala en la exposición de motivos que «la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convivan en esta clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado».
«Es por lo que el presente Decreto —añade— tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. Esta línea de desarrollo normativo ya fue iniciada por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía».
Actualmente, existen en esta clase de suelo edificaciones en diferentes situaciones por su origen, ubicación, uso, etc. El Decreto diferencia básicamente las edificaciones por su forma de implantación y por su adecuación o no a las determinaciones establecidas en la ley.
Diferencias
Entre las edificaciones disconformes pueden distinguirse, además, diferentes situaciones: las que se construyeron con arreglo al régimen jurídico existente en su momento a las que una norma sobrevenida las ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al margen de la legalidad, para las que la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, si bien cuando ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estas edificaciones quedan en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Las medidas de restauración de la legalidad no prescriben en ningún caso cuando las edificaciones se ubican en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales.
De esta forma, la Consejería de Obras Públicas contempla un numeroso grupo de edificaciones que, previa decisión judicial, tendrán que ser demolidas. Son aquellas que se encuentran en suelos de especial protección y en zonas inundables. También las que sus propietarios recibieron las órdenes de paralización cuando se encontraban en fase de estructura, y las que estando afectadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que la LOUA marca para la prescripción.
En paralelo a la elaboración del decreto, la Junta —en colaboración con los ayuntamientos— ha venido elaborando el censo de viviendas construidas en suelos no urbanizables, centrado esencialmente en dos comarcas, la Axarquía de Málaga y el Valle del Almanzora, en Almería.
Según datos facilitados por la Consejería, en Almanzora, en suelo protegido, se contabilizaron 534 edificaciones, un 4,2 por ciento, y de menos de cuatro años o no finalizadas, otras 386, el 3,1 por ciento. En el caso de la Axarquía, en el apartado de suelo protegido fueron 859, el 6,7 por ciento de las construidas en zonas no urbanizables, y las de menos de cuatro años o no terminadas de construir, 876, un 6,8 por ciento del inventario.
El resto de las viviendas, un 92,7 por ciento en Almanzora y un 86,5 en Axarquía, podrán ser regularizadas dentro de las variantes que marcará la inminente normativa, bien como fuera de ordenación, o bien asimilado a fuera de ordenación.
Consejo Consultivo
El Decreto que previsiblemente se aprobará el próximo 10 de enero fue dictaminado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en la sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre. La conclusión del informe, de carácter favorable, señala que, «en términos generales, el articulado de la disposición proyectada se ajusta al ordenamiento jurídico». No obstante, incluye una serie de observaciones. Así, en referencia al artículo 8.2.a, se indica: «Entre los supuestos en los que no se reconocerá la situación de fuera de ordenación, debe incluirse las edificaciones realizadas sobre suelo dotacional público, cuyas actuaciones ilegales sobre el mismo gozan de la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre».
«Ciertamente —indica el Consultivo— es excepcional que una dotación pública se encuentre sobre suelo no urbanizable. No obstante, la experiencia nos indica que, si bien de forma poco ortodoxa, en algunos planeamientos generales los sistemas generales de espacios libres han sido implantados sobre suelo urbanizble. Para evitar que una vivienda ilegal construida sobre el mismo se le pretenda aplicar los beneficios derivados de su falta de mención expresa en el artículo 8.2.a del Decreto, es necesario incluir de forma expresa este supuesto a fin de que no pueda ser declarada como asimilada a fuera de ordenación».

De la reticencia a la oposición frontal

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Málaga en Verde: La Junta regularizará 50.000 viviendas ilegales en...: La Junta espera aprobar el 10 de enero el decreto para normalizar las construcciones levantadas sobre suelo no urbanizable · La Axarquía, g...