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lunes, 31 de diciembre de 2012





ÚLTIMAS NOTICIAS DE ANDALUCÍA 18:27

URBANISMO Condenado a derribar un 

Sevilla, 30 dic (EFE).- El juzgado penal 1 de Sevilla ha condenado a tres meses de cárcel a un
vecino que levantó un chalé de 66 metros cuadrados en la urbanización Las Minas de
 Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), en una sentencia que le impone además su derribo pese
 al decreto andaluz de legalización.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el acusado Enrique José J.J. compró una
 parcela en marzo de 2003 y levantó sin licencia un chalé de 66 metros cuadrados, en cuya
 construcción fue sorprendido por la Guardia Civil en diciembre de 2005.
Pese al decreto andaluz de enero de 2012 que legalizará unas 250.000 viviendas de este tipo en
 zona forestal, la sentencia incluye la demolición, a costa del propietario, de todo lo levantado
 porque "no ha quedado acreditado que la obra sea susceptible de legalización".
La legalización "es un hecho futuro e incierto, que podría no ocurrir nunca, por lo que permitir
 la pervivencia de la edificación realizada supondría mantener y justificar la ilegalidad de la construcción", dice el juez.
La sentencia fue alcanzada de conformidad con el acusado e incluye la absolución de su esposa,
 tras la retirada de la acusación por parte del fiscal, ya que no consta que conociera las obras emprendidas por su marido.
Esta condena es similar a la dictada contra varios centenares de propietarios de la urbanización
 Las Minas y el juez razona en su fallo que "podría argumentarse que son muchas las
 construcciones similares, y aún mayores, en dicho paraje, pero ello no supone ninguna disminución
 de la gravedad de los hechos, sino todo lo contrario, su mayor gravedad, pues cuanta mayor sea la acumulación de construcciones, mayor es el perjuicio total causado".
La diferencia respecto a una futura legalización de este tipo de viviendas es que la que pueda levantarse en el futuro "ya no sería la misma", puesto que "sería legal, mientras que la actual es
ilegal", añade la sentencia.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

" Y ESTA LA REALIDAD"

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Civil

18 de Diciembre de 2012

El incendio del pasado verano en la costa del sol y las viviendas afectadas en suelo no urbanizable

A raíz del terrible incendio que se originó el pasado verano en la Costa del Sol (Málaga) y que arrasó unas 8000 hectáreas, entre 100 y 200 construcciones situadas en suelo no urbanizable (S.N.U.) en los términos municipales de Coín, Mijas, Marbella, Ojén y Alhaurín el Grande, resultaron seriamente dañadas y algunas de ellas en situación total de ruina.
Gustavo Calero Monereo,
abogado de la firma legal C&D Solicitors

El Decreto 2/2012 que aprobó la Junta de Andalucía en Enero de este año para intentar atajar el problema de las miles de viviendas situadas en suelo no urbanizable (S.N.U.) llamado Decreto de  regulación de las edificaciones y asentamientos ubicados en suelo no urbanizable en Andalucía, ni se está aplicando actualmente, ni tampoco supone una legalización de dichas viviendas.
De acuerdo con dicho Decreto, la mayoría de estas viviendas afectadas por el incendio se considerarían viviendas asimiladas al régimen fuera de ordenación pues se construyeron sin licencia de obras o contraviniendo sus condiciones y en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, sobre las cuales ya no pueden adoptarse medidas para restablecer la legalidad jurídica perturbada por el transcurso del tiempo y tampoco pueden ser legalizadas. En dichas viviendas lo único que el Decreto permite es "...obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble" (Art. 8.3 del Decreto).
En el supuesto de que algunas de las viviendas afectadas por el incendio puedan ser consideradas viviendas fuera de ordenación, esto es aquellas viviendas que cuando se construyeron eran conformes con el PGOU del municipio pero que luego quedaron fuera del mismo por una modificación de dicho plan, las obras que pueden realizarse deben ser recogidas en el PGOU de cada municipio, estando la mayoría de los planes en fase de desarrollo, y supletoriamente hay que atender a la Ley Urbanística de Andalucía (LOUA) la cual permite "...solo obras de reparación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización..", así como "...excepcionalmente podrían autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación...". Por cierto señalar que muy pocas viviendas en S.N.U. en Andalucía encontraremos en esta situación de fuera de ordenación.
Esta restricción o limitación para modificar o reformar las viviendas en S.N.U. viene dada porque el Decreto lo que hace es definir las viviendas aisladas en suelo rústico dentro del concepto fuera de ordenación y su variante de asimilado, este concepto de acuerdo con la jurisprudencia se ha definido como construcciones llamadas a desaparecer una vez se extingan las posibilidades de vida útil de las mismas, la figura fuera de ordenación busca el uso de la edificación hasta que se agote la misma por el transcurso del tiempo, hasta que acabe en ruina y se elimine de manera natural, siendo por esto por lo que siempre se habla en la normativa andaluza de concesión de licencias sobre este tipo de construcciones para el estricto mantenimiento, y con carácter excepcional.
El Decreto no legaliza dichas viviendas, de hecho parte del estatus de considerar las viviendasasimiladas a fuera de ordenación como ilegales, lo que hace es definirlas y limitar su uso puesto que nada se puede hacer para adoptar medidas de protección de la legalidad y "atacar" esas viviendas por haber transcurrido demasiado tiempo desde su construcción.
En las situaciones en las que debido a un siniestro como este incendio, inundación, terremoto, desprendimiento, etc, la vivienda queda en estado de ruina o muy dañada sin que pueda seguir usándose para el fin que tenía, que era su habitabilidad como residencia, si nos atenemos a la normativa actual en estos casos sería muy complicado otorgar licencia de obras o reparación para esas viviendas, puesto que esto iría en contra del propio concepto de fuera de ordenación y de asimilado a fuera de ordenación que el Decreto desarrolla.
El problema radica en un Decreto que no soluciona la actual situación jurídica a las viviendas situadas en S.N.U. que han sido toleradas por la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos durante muchos años en los que nadie hizo nada al respecto y por eso jurídicamente no pueden adoptarse medidas legales para restablecer la legalidad jurídica por haber prescrito las acciones de disciplina urbanística.
Parece ser que se quiere estudiar cada caso en concreto en relación a las viviendas afectadas por dicho incendio y en algunas se haría una interpretación forzada y excepcional que estaría fuera del actual marco jurídico para intentar que aquellas familias que han perdido su única vivienda puedan volver edificar y residir en sus terrenos no urbanizables, como lo venían haciendo antes del incendio. El problema de tomar estos "atajos" para poder hacer lo que la normativa jurídica no deja hacer,radicaría en el precedente que se está sentando ya que si en el futuro alguno de los propietarios de las mas de 100.000  viviendas en S.N.U. en Andalucía sufre un siniestro de estas características ¿no tendría derecho a un trato similar por parte de la administración?, es por esto por lo que el problema radica en un Decreto aprobado de cara a la galería que no soluciona el problema y que ahora, en este tipo de situaciones, queda en entredicho.

martes, 18 de diciembre de 2012

" Y ESTAS SON LAS SOLUCIONES"


Los inmuebles irregulares afectados por el incendio recibirán ayudas del Gobierno


Los vecinos perjudicados tienen hasta finales de octubre para entregar sus reclamacionesLos vecinos perjudicados tienen hasta finales de octubre para entregar sus reclamacionesFoto: Irene Pérez
Las viviendas irregulares afectadas por el incendio que estén al corriente de los pagos del IBI podrán beneficiarse de las ayudas decretadas por el Gobierno Central. Se trata de una de las principales novedades del Real Decreto, aprobado el pasado 7 de septiembre con el consenso de los ministerios de Interior, Hacienda, Empleo, Agricultura e Industria y Turismo.
“Solo podrán recibir esta prestación aquellas viviendas ilegales que, aún siendo irregulares, acrediten pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles y se empleen como primera residencia”, aclaraba el Subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar.
El edil Miguel González-Berral, presente en la reunión de trabajo mantenida con  responsables del Gobierno Central, Junta de Andalucía y ayuntamientos afectados por el incendio, cree que, en Mijas, esta medida podría beneficiar a una decena de familias con inmuebles irregulares.
“Es una decisión que ha tomado el gobierno central, pero ahora toca esperar que la Junta de Andalucía nos autorice para conceder licencias de reparación a los propietarios de inmuebles irregulares ya que, hasta el momento, se prohíbe. Hemos trasladado esta petición al gobierno andaluz y estamos a la espera de la respuesta”, explicaba el edil.
Según el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández, el Real Decreto incluye un amplio apartado de subvenciones para la reparación de casas dañadas por el fuego. Son cuantías que complementan a las ofrecidas por las compañías aseguradoras y que van desde los 15.120 euros en caso de destrucción total de la vivienda, hasta los 10.320 euros de daños estructurales del inmueble o 5.160 y 2.580 euros si se trata de reparaciones menores o daños en enseres, respectivamente.
El documento también plantea beneficios fiscales para cualquier tipo de inmueble perjudicado por las llamas. “Se determina la exención del IBI correspondiente al ejercicio 2012 a viviendas, establecimientos industriales, mercantiles y turístico o explotaciones agrarias y forestales que hayan sufrido daños, siempre que los bienes y enseres hayan tenido que ser realojados en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños, o los destrozos de cosechas, y que constituyan siniestro que no estén cubiertos por pólizas de aseguramiento pública o privada”, apuntaba el subdelegado.
Si todavía no han reclamado esta ayuda estén tranquilos porque el gobierno ha anunciado que el plazo de recepción de las reclamaciones se amplía hasta finales de octubre. Los ayuntamientos, por su parte, tienen hasta el próximo sábado para entregar la primera evaluación de los daños en cada municipio. Estos informes son imprescindibles para calcular la cuantía total de las ayudas nacionales.
Las subvenciones económicas no solo se reservan a propietarios de viviendas. También a aquellos que posean explotaciones agrarias o ganaderas, siempre y cuando cumplan determinados requisitos. “Por un lado que tengan en vigor las pólizas de seguro agrario y por el otro que las pérdidas de producción sean superiores al 30 por cierto, en base al criterio de la Unión Europea”, detallaba Hernández Mollar.
Asimismo, el decreto contempla un buen número de beneficios fiscales y laborales para las empresas afectadas por el fuego. Para empezar, estarán exentas del Impuesto de Actividad Económica si las tareas comerciales o industriales se frenan temporalmente. “En cuanto a los trabajadores, quedarán exentos de pagar la cuota de la Seguridad Social durante los meses que se vean obligados a interrumpir la actividad”, especificaba.
Los dueños de vehículos quemados parcial o totalmente tampoco abonarán las tasas de tráfico correspondiente al ejercicio de 2012. 

lunes, 17 de diciembre de 2012

Crece la incertidumbre de los afectados por el incendio que tienen casas ilegales







Junta, Ayuntamiento y asociaciones prorregularización admiten que la ley les pone muy difícil poder reparar los daños



Una de las cosas que ha dejado al descubierto el incendio que comenzó, hoy hace una semana, en Coín, y que arrasó con 8.225,1 hectáreas de la provincia de Málaga, ha sido la escasa cobertura legal que padecen los propietarios de viviendas en suelo no urbanizable. Ni la Junta de Andalucía, ni los ayuntamientos de los municipios a los que ha afectado esta problemática ni siquiera las asociaciones proregularización de viviendas en el campo, se atreven a aventurar cuál es el futuro de las casas ilegales que se han quemado en el siniestro.


El ente autonómico, a través de su delegado en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, fue muy claro el pasado martes: se piensa cumplir la ley en todo momento. Esto quiere decir que no se pueden reconstruir o reparar, o al menos, los consistorios no podrán expedir licencias para tal fin.
Ruiz Espejo avanzó, igualmente, que desde el organismo regional pretenden pedir un informe jurídico que les marque las líneas rojas de hasta donde pueden llegar en un ánimo extraordinario por conseguir que quienes lo han perdido todo con el fuego, tengan una alternativa. Así, desde la Junta de Andalucía se han comprometido a estudiar «caso por caso» y de la forma más rápida posible todas las construcciones irregulares afectadas por las llamas.


Para los responsables políticos autonómicos, este accidente ha puesto de manifiesto el peligro que supone construir una vivienda fuera de ordenación y con una clara influencia forestal.


En Mijas, uno de los municipios más afectados por esta terrible circunstancia, son quince familias, según comentó ayer el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la localidad, Manuel Navarro, las que han perdido su casa en este incendio. De ellas, seis son las que, en realidad, era su única vivienda.


Navarro reconoce que «con la ley en la mano poco se puede hacer» para recuperarlas. Sin embargo, el pasado lunes el equipo de gobierno local pidió a la Junta de Andalucía que considerase la posibilidad de conceder licencias de reparación para que estas familias pudieran reconstruir sus casas.


En este sentido, Navarro aludió al proceso de regularización de viviendas fuera de ordenación en el que, en estos momentos, está inmerso el Ayuntamiento y las más de 4.000 construcciones que se erigen en el campo mijeño, y que en un plazo breve pretende normalizar la situación de muchas de las viviendas.


«Sería muy injusto que antes de culminar este proceso, las que se han visto afectadas por el incendio, que a lo mejor podrían salvarse de ser demolidas, no tengan oportunidad de reconstruirse por esta desgraciada casualidad. Comprendo que es complicado, pero trataremos de hacer ver esta circunstancia a la Junta», explicó el edil.


Una petición que los representantes provinciales de la administración andaluza escucharon de boca, incluso, del alcalde del la localidad, Ángel Nozal, pero que no ha encontrado respuesta, de momento, como aseguró el edil de Urbanismo y como confirmó la primera teniente de alcalde mijeña, Lourdes Burgos, que también estuvo presente en la reunión que junto al resto de municipios afectados mantuvieron con el delegado del gobierno de la Junta.


«No ha habido pronunciamiento de la Junta de momento. Hablamos de ello en la reunión y yo misma he hablado de eso mismo con el gabinete de la Consejería competente. En ambas conversaciones me han trasladado que van a tratar de buscar una solución excepcional para lo que consideramos que es una situación excepcional. Percibí una buena actitud, pero lo cierto es que a día de hoy no hay nada concreto y es muy posible que no pueda haberlo dada la dificultad del asunto», esgrimió la segunda de abordo del ejecutivo local de Mijas.


Confusión. Esto es algo que aceptan con recelo las distintas asociaciones pro regularización de viviendas de la provincia. La expresidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, sin ir más lejos, manifestó ayer que los afectados lo tienen «muy difícil» para volver a levantar sus casas, ya que «no tenemos ningún derecho a hacerlo si miramos escrupulosamente la ley».


En este sentido, animó a todos los damnificados a unirse en asociaciones y pedir reuniones con los responsables políticos para exponer la dramática situación a la que se enfrentan muchos de ellos.


En el mismo sentido que Vázquez se pronunció también ayer el presidente de la asociación de Mijas, Juan Antonio Blanco, quien, además, lamentó la «desinformación y confusión» que sufren los muchos afectados por el incendio, así como la propia asociación.


«Estoy tratando de ponerme en contacto con algunos de los que han sufrido esta catástrofe para asistirlos y agruparlos con nosotros y así tener más fuerza frente a las administraciones públicas. Queremos concertar una reunión pronto para así trasladarles a ellos y a nuestros asociaciones cuál será su futuro», dijo.

Enlace de la Noticia:La Opinion de Malaga