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jueves, 31 de enero de 2013

OTRA MODIFICACIÓN DE LA LOUA

Si quieren, pueden, lo mismo tienen que hacer pero en favor de solucionar el drama existente en Andalucía.


29/01/2013 EUROPA_PRESS
SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes la modificación del artículo 35 de la Ley Urbanística de Andalucía (LOUA) con una disposición transitoria sobre la suspensión de instrumentos de planificación urbanística en aquellos casos en los que, concurriendo circunstancias excepcionales, sea necesario garantizar el interés público.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Angel Vázquez, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que en el apartado 2 del artículo 35 de la LOUA se regula la posibilidad de suspender cautelarmente cualquier instrumento de planeamiento urbanístico si con ello se persigue la salvaguarda de la eficacia de las competencias autonómicas.
Según ha agregado, dicha medida solo se puede aplicar si se ven quebrantadas o ignoradas las competencias autonómicas y la Junta tiene la obligación de garantizarlas. No obstante, según ha añadido, pueden existir otros supuestos, donde forzosamente no se tienen que ver concernidas las competencias autonómicas, pero está por medio el interés público.
Ha indicado que, en ese sentido, hay ayuntamientos cuyo planeamiento vigente, por circunstancias sobrevenidas, pueden tener algún tipo de impedimento para el desarrollo normal de la actividad económica municipal, es decir, afectado por tanto el interés público y que solicita la paralización y suspensión del planeamiento urbanístico de acuerdo con esas circunstancias sobrevenidas.
"Es decir, se genera una situación donde hay que preservar el principio de seguridad jurídica", según Vázquez, quien ha señalado que para dar cobertura legal a esas situaciones, se incluye en el artículo 35 de la LOUA un apartado número 3 que hace posible que el Consejo de Gobierno, por razones de interés público, pueda suspender de manera cautelar un instrumento de planeamiento "en tanto que se produzca su innovación o restauración".
Ha agregado que los requisitos para que esto se produzca es que sea con carácter excepcional; que sea necesario garantizar el interés público; y tiene que ser a petición, convenientemente razonada, de un ayuntamiento o varios afectados, la suspensión se tiene que tomar por decisión del Consejo de Gobierno, con dictamen previo del Consejo Consultivo.
La suspensión no podrá ser superior a dos años y desde que se produce la misma hay que regular una normas sustantivas que deben regir de manera transitorio, en tanto en cuanto se ponga en marchan los instrumentos de planeamiento urbanístico ya debidamente renovados. Para esas normas, sustantivas hay un plazo de seis meses.


Registros da un empujón a la legalización de construcciones ilícitas (El Economista)

jueves, 24 de enero de 2013
Lucía Sicre MADRID.
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha dado un empujón, a través de una reciente resolución, a la legalización de viviendas ilícitas construidas cuando las leyes de urbanismo eran menos exigentes. En ella se niega la necesidad de presentar en el Registro de la Propiedad una licencia de ocupación o de utilización, expedida por el Ayuntamiento, para inscribir este tipo de inmuebles, en caso de que haya caducado la acción de demolición.
Se trata del caso de una vivienda construida en los 60 que su heredera pretende aportar a la sociedad conyugal. No existía ninguna incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca edificada pero, sin embargo, la registradora se negó a inscribirla por considerar necesaria la licencia de ocupación o utilización del bien, entre otras exigencias.
Este criterio choca con el mantenido por la Dirección, que en su resolución -de 3 de diciembre- revoca la calificación y arremete contra la interpretación de la normativa autonómica andaluza llevada a cabo por la registradora. Así, se fija que el hecho de que se agote el tiempo para ejercitar la acción por la que se "reestablezca el orden infringido" supone que la ilicitud de la edificación ilegítima "ha quedado purificada".
De ahí que la posibilidad legal de inscribir la edificación ¡legítima "resulte incompatible con la necesidad de sujetar dicha inscripción a la expedición a la expedición de licencia de ocupación o utilización".
Cuestión de EstadoLa resolución recuerda que la competencia para determinar los requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción registral de las declaraciones de obras nuevas y obras antiguas es estatal. Es también el Estado quien debe fijar en qué casos debe acreditarse el otorgamiento de la licencia que sea necesaria, o los requisitos para que accedan al Registro las edificaciones consolidadas por su antigüedad.
Partiendo de esta base, se reconoce que las obras que acceden al Registro como consecuencia de la caducidad de la acción de restablecimiento del orden infringido constituyen normalmente edificaciones ilícitas, cuyo uso resulta incompatible con la clase o tipo de suelo definido por el Plan.
Sin embargo, la ley estatal permite su acceso al Registro a pesar de ese carácter contrario a la ordenación. Por ello, "no puede quedar frustrada" la inscripción de este tipo de inmuebles ilícitos por la exigencia de que se expida una licencia cuando ésta, por tratarse de un uso "ilícito por definición", no podría expedirse.
Se decreta, en definitiva, la "imposibilidad de condicionar la inscripción al otorgamiento de licencia de ocupación o utilización, cuando la edificación -incluso si fuera finalizada con posterioridad a la norma material que exige el otorgamiento de dicha licencia-accede al Registro como consecuencia de la caducidad de la acción de demolición".
Además, la resolución cree que el propio régimen de edificaciones en suelo no urbanizable en Andalucía lleva hacia este criterio, en contra de la interpretación de la registradora.

martes, 29 de enero de 2013

" MIGUEL QUIROS" UN EJEMPLO A SEGUIR

Este enlace que me manda mi amigo Miguel Quiros de Estepona viene a sacar a la luz lo complejo de la modificación de la Ley 2/2012,donde marca claramente la situación del AFO. (Asimilado Fuera de Ordenación) por lo que la mayoría de afectados pueden optar a los servicios básicos,en la Disposición, transitoria tercera. 

Medidas para garantizar la habitabilidad de las edificaciones 
existentes en suelo NO URBANIZABLE que constituya la vivienda habitual de sus propietarios.

Los Ayuntamientos podrán autorizar con carácter excepcional y transitorio y hasta que se resuelva el procedimiento de reconocimiento y en su caso regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable establecido reglamentariamente, la contratación PROVISIONAL de los servicios básicos con las 
compañias suministradoras.

" Pero" dicha autorización NO conllevará la ejecución de obras de reparación,conservación o de cualquier otra naturaleza.

"Pero" para conceder dicha autorización el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante informe técnico(¿quien lo paga) y Jurídico de los servicios municipales, que dicha edificación se encuentra terminada,( y si te falta cualquier pego y no puedes hacer obra)en uso, y constituye la vivienda habitual de los propietarios.

"Pero además que NO concurra  ninguna de las circunstancias descritas en el apartado 2 del articulo 185 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre.Y que No esté en curso de procedimiento administrativo ni judicial alguno. 

"Pero para ponerlo más fácil dice lo siguiente, a si mismo será preceptiva la acreditación por parte de la compañía suministradora de que las redes se encuentran accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, la acometida es viable y NO se induce a la implantación de nuevas edificaciones.

"Pero" además, si pasado un año de la entrada en vigor de la presente Ley,No se podrán conceder nuevas autorizaciones y cesará la contratación del suministro autorizado, salvo que con anterioridad se haya resuelto favorablemente el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 
El próximo 28 de Febrero termina el plazo,Y la mayoría de los afectados ni se han enterado.Ah,pero ese es su problema.

El apartado 2 del articulo 185 de la Ley 7/2002, nos dice:

2. La limitación temporal del apartado anterior no regirá para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los siguientes actos y usos:
A) Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable.
B) Los que afecten a:
a) Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección o incluidos en la Zona de Influencia
del Litoral.
b) Bienes o espacios catalogados.
c) Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás reservas para dotaciones, en los términos que se
determinen reglamentariamente.
d) Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística
o de los Planes de Ordenación Intermunicipal, en los términos que se determinen reglamentariamente.

Si no entienden bien este articulo, vean y sobre todo escuchen a Miguel Quiros en el video del enlace tarda aproximadamente una hora, pero te digo que a los afectados se nos hace corto.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_8_l4GTioqI



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_8_l4GTioqI


lunes, 28 de enero de 2013

EL CASTILLO DE MONDA

EL CASTILLO DE MONDA ES "LA MONDA" SIRVANSE OJEAR ESTE ENLANCE Y QUE CADA UNO PIENSE LO QUE QUIERA. ¿QUE TE PARECE.

http://lacrimaseca.wordpress.com/2013/01/14/condones-y-mazmorras-un-castillo-sin-murallas-sexuales/


"MENUDO CACA...O"




                                         
Javier Pajarón   [ 28/01/2013 - 20:04 ]
Ramón Herrera y Antonio Serrano.  [ La Voz ]
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha confirmado las condenas para el ex alcalde de la Facultad de Derecho de la UAL, Ramón Herrera, y ex alcalde de Paterna del Río, Antonio Serrano, por la construcción de una vivienda de 250 metros cuadrados en una parcela no urbanizable.Ç

El tribunal presidido por el magistrado Juan Ruiz-Rico ratifica el fallo del Penal número Tres que castigaba a los acusados por delitos contra la ordenación del territorio y omisión de deber de perseguirlos. Ordenaba también la demolición de la propiedad levantada en una parcela de 1.300 metros cuadrados en 2005.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso LA VOZ, “Herrera se entrevistó con el alcalde de Paterna del Río, Antonio Serrano, a quien comunicó su intención de construirse una vivienda en la parcela”. El alcalde respondió “que podía construirla, pese a ser conocedor de que se trataba de un suelo no urbanizable”.

“Ramón Herrera, sin licencia alguna que le amparase, puesto que Antonio Serrano no se la había concedido, siendo perfectamente conocedores ambos de la imposibilidad de concederse la preceptiva licencia municipal (...) en julio de 2005 procedió a iniciar la construcción de una vivienda unifamiliar”, continúa el documento.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Almería detectó el inmueble el 15 de julio y remitió al Ayuntamiento de Paterna del Río la existencia de una obra sin licencia. Comenzó entonces el proceso judicial contra ambos.

En 2011 el Penal número Tres condenó a los acusados, aunque Herrera hizo uso de su derecho de apelación y recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial de Almería.

Apelación

En el escrito el ex decano de la Facultad de Derecho presentó ocho puntos de apelación, esencialmente sobre una presunta indefensión, sobre la denegación de pruebas y sobre la supuesta aplicación indebida del articulado del Código Penal. Según la defensa, el suelo debía ser considerado como urbanizable “cuenta con acceso al tráfico rodado, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y evacuación de aguas residuales”.  Además, señala el escrito, “está a 40 metros de la Iglesia”.

Sin embargo, el tribunal con Ruiz-Rico como ponente desestima estos argumentos. No es urbano “por más que disponga de algunos servicios propios de terrenos urbanos, la zona donde se ubica la vivienda sigue mostrando un aspecto predominantemente rústico”. Así pues, ratifica el fallo que, además, castiga a Ramón Herrera al pago de una multa de 4.000 euros y a los costes del derribo.

No obstante, el caso puede tener todavía recorrido en los tribunales si se presenta un recurso de casación al Supremo.
                                                                                                                                                                                                




  • García Urbano, nominado al Premio Nacional Pablo de Tarso 2013 como "Mejor Alcalde de España"José María García Urbano, presentó su candidatura al galardón‏

Estepona ciudad libre de desahucios
Presentamos una moción para que Estepona se declarara ciudad libre de desahucios. No salió adelante por los votos en contra del Partido Popular.
00:03:29
Agregado el 27/01/2013
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e incluir fotografías y/o videos
García Urbano, nominado al Premio Nacional Pablo de Tarso 2013 como "Mejor Alcalde de España"
García Urbano, nominado al Premio Nacional Pablo de Tarso 2013 como
El regidor popular, José María García Urbano, ha sido nominado al Premio Nacional Pablo de Tarso 2013 como 'Mejor Alcalde de España', convocado por el Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE), en alianza con la Universidad Pontificia de Salamanca. Según señala el escrito remitido al Consistorio para dar a conocer su inclusión, han valorado"el rigor metodológico, el estudio de su contribución al desarrollo  de la administración pública". "No sé si seré el mejor alcalde de España, pero seguro que nadie me gana en ilusión por mi ciudad", dice.
Para García Urbano, "solo con estar nominado lo vivo ya como un premio". "El que se haya incluido mi persona en el listado de alcaldes y alcaldesas es un honor y al mismo tiempo un compromiso para seguir trabajando, día a día, en los objetivos que se evalúan en este galardón, como es el desarrollo de la administración pública en favor de la ciudadanía", apunta. Para el popular, esta nominación es también un reconocimiento a todos los esteponeros, "que son parte activa del desarrollo de la ciudad y al programa de transformación, dinamización y modernización de la ciudad".
La otra cara del premio: los alcaldes presentan sus candidaturas
Basta echar un vistazo a la página web de la universidad que organiza este premio para descubrir que el regidor popular, José María García Urbano, presentó su candidatura al galardón, pues se trata de un premio abierto. Es decir, los interesados que crean cumplir con los requisitos deben presentar su "candidatura" y acreditar los logros y no es la organizadora quien nomina, como pensábamos. "En los Premios Pablo de Tarso 2013 podrán participar dirigentes políticos en función  así como alcaldes que hayan dejado su cargo y deseen mostrar su contribución pública y social. Los documentos para acreditar los logros, actividades y programas destacables deberán ser entregados para su evaluación en formato Word e incluir fotografías y/o videos si fuese necesario. Los alcaldes de los diferentes municipios nominados se considerarán postulantes hasta en tanto resulten ganadores", explica la web.
García Urbano competirá con regidores como la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, la regidora de Elda, Adela Pedrosa o el alcalde de Getafe, Juan Soler.  El jurado decidirá quién es el mejor alcalde de España y entregará el galardón, por primera vez en España, el próximo 21 de junio en una ceremonia en Madrid.

miércoles, 23 de enero de 2013

SIEMPRE LES TOCA PERDER A LOS MISMOS

DIARIO CÓRDOBA 

LOS PARCELISTAS EXIGEN CAMBIOS EN LA LEY URBANÍSTICA ANDALUZA 


ISABEL LEÑA 23/01/2013

Viviendas inundadas en 2010.


Los parcelistas no terminan de verle la punta a la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), que permite servicios básicos con condicionantes y la inscripción en el Registro de la Propiedad a viviendas ilegales en las que ha prescrito la infracción urbanística y que cumplen una serie de requisitos. Colectivos como Alamiriya y Córdoba Extrarradio manifestaban el lunes que es insuficiente y a ellos se sumó ayer la plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, cuyo presidente, Francisco León, tiene claro que el modelo recogido en el decreto de la Junta que entró en vigor hace un año y en la ordenanza en la que trabaja la Gerencia Urbanismo, adelantada por este periódico, "no interesa" ni a los que lo tienen más fácil, "es un señuelo, una trampa para que piquemos". Para este colectivo la única solución es "modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)". Es más, tanto este colectivo como otros similares en Andalucía, se están moviendo para conseguir una reunión con el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas.
A juicio de León, la figura "es un parche y lo único que se va a intentar es dar servicios a unas pocas casas", que serán "las mínimas y todo pagado por los propietarios". Tiene claro que "no es la solución" porque "no se va a poder edificar, no se pueden agrandar las casas y van a seguir siendo ilegales". Además, advierte de que "los servicios son provisionales". León recuerda que el 28 de febrero acaba el plazo que dio la Junta dentro de la modificación de la LOUA que se hizo hace casi un año para que los posibles beneficiarios del AFO solicitaran luz y agua como fórmula transitoria mientras esperaban la resolución. Para ello, la casa debía ser residencia habitual, no estar en suelo con riesgo natural o protegido y tener una red al lado para engancharse sin necesidad de obras. Urbanismo ha concedido tres AFO.
Por su parte, el presidente del consejo de distrito de El Higuerón, José Rodríguez Maqueda, confía en que en la próxima reunión de la mesa de trabajo sobre las parcelaciones Urbanismo lleve medidas sobre los servicios básicos, su principal demanda y "un problema social".

¿REGULARIZACIÓN-LEGALIZACIÓN?


Mijas aprobará definitivamente en el próximo pleno el documento que permite el proceso de regularización de viviendas



Fuente: María José Gómez.
Manuel Navarro, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas.El concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, asegura que ésta “es la decisión más importante” del actual mandato municipal y recordó que la regularización fue un compromiso electoral del alcalde Ángel Nozal
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas elevará a la próxima sesión plenaria, prevista para el 31 de enero,  una propuesta para la aprobación definitiva del documento que permitirá el inicio real del proceso de regularización de viviendas y edificaciones en el suelo no urbanizable, según ha informado hoy el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro.
Se trata de la propuesta de aprobación definitiva de la Delimitación en Suelo No Urbanizable de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados, una vez que ha recibido el plácet de la Junta de Andalucía, que si recibe el visto bueno corporativo entraré en vigor al día siguiente. Es decir, que el 1 de febrero el Ayuntamiento de Mijas podrá regularizar las primeras viviendas y edificaciones.
“Esta es la decisión más importante de este mandato municipal”, aseguró el concejal de Urbanismo, quien recordó que el inicio del proceso de regularización “fue un compromiso electoral del alcalde Ángel Nozal”, dijo Navarro.
El documento de la Delimitación en Suelo No Urbanizable de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados incluye un total de 4.200 edificaciones ubicadas en distintas zonas del término municipal, de las que unas 3.500 tienen posibilidades reales de regularización – siempre que sobre  ellas no pese expediente de disciplina urbanística - según señaló Manuel Navarro, podrán comenzar a presentar la documentación necesaria para iniciar el proceso de legalización. El resto, hasta las 4.200, deberán aguardar al desarrollo de planes especiales en los hábitats rurales o a la modificación del plan general para los asentamientos urbanísticos.
El texto que debatirá la sesión plenaria contempla la creación de seis diseminados (Valtocado, La Atalaya, Entrerríos, Majadilla del Muerto, La Alquería-El Hornillo y Osunillas) así como tres asentamientos, como son los casos de La Alberquilla, El Chaparral y el Polígono de Los Perales.
No obstante, la Junta de Andalucía no ha admitido la totalidad de la propuesta efectuada por el equipo de gobierno. Así, se han quedado fuera del documento zonas como El Rincón del Hinojal o Rancho de la Luz. “La Junta ha tenido la última palabra”, señaló el edil.
De la misma forma, La Roza tampoco ha sido incluida entre las zonas comprendidas en el documento de la Delimitación en Suelo No Urbanizable de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados, “porque está en suelo urbanizable no sectorizado, que es una categoría del suelo urbano”, por lo que “en breve comenzaremos a desclasificar suelo para que las edificaciones de La Roza puedan asimilarse a fuera de ordenación”,  lo que a juicio de Manuel Navarro permitiría su futura regularización.
El concejal de Urbanismo recordó que “todas las viviendas y edificaciones están obligadas a ser regularizadas” y explicó que “quien se hizo una casa, sobre ella no pesa expediente de disciplina urbanística abierto y dispone de placa de diseminado” deben iniciar el trámite de legalización ante el Ayuntamiento para que dichas casas puedan ser asimiladas al régimen de fuera de ordenación, porque es bueno “para tener todos los papeles en regla, poder hipotecar la vivienda, poder registrarla y ganar en seguridad jurídica y, sobre todo, es bueno para dormir bien”.

No sólo viviendas han sido incluidas en el documento, sino que también las naves industriales del Polígono de Los Perales, ubicado en Las Lagunas, podrá ser definitivamente regularizadas, además de otras construcciones de estas características ubicadas en distintos puntos del término municipal.
El equipo de gobierno inició los trámites que concluirán en la próxima sesión plenaria hace varios meses, cuando contrató el estudio para la realización del estudio de la Delimitación en Suelo No Urbanizable de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados, una vez que la Junta de Andalucía promulgó el decreto que ha facilitado el proceso. Mijas es el primer municipio de Andalucía en iniciar la legalización real de las viviendas.

EN DEFENSA DE TODOS LOS AFECTADOS



Soledad Becerril, en Mijas, junto a otras autoridades. FOTO: IVECINOS.ES                                         La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha anunciado este viernes en su visita a Mijas que tratará de intermediar ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para que los afectados por el gran incendio forestal, que el pasado mes de agosto devastó buena parte del término municipal– 2.567 hectáreas - puedan reconstruir sus viviendas.                                                                         Soledad  Becerril, que visitó hoy Mijas para conocer la zona siniestrada, ha mantenido una reunión con miembros de la plataforma de afectados creada por el incendio. Propietarios de viviendas totalmente destruidas o con graves daños estructurales que no pueden acometer su reparación. Se trata de edificaciones fuera de ordenación, ubicadas en suelo no urbanizable, para las que el Ayuntamiento de Mijas no puede conceder licencia de obra por estricta prohibición legal.

No obstante, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas remitió días después de la extinción del incendio una carta al consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente – con competencia en la ordenación del territorio – para que otorgase el carácter de excepción a las viviendas afectadas, lo que habilitaría la vía legal para la reparación de las casas.
Sin embargo, y a pesar de tiempo transcurrido, aún no se ha producido una contestación formal por parte de la Junta de Andalucía, lo que ha provocado el desasosiego de las familias, muchas de las cuales viven de alquiler o en residen en casas de amigos o familiares.
En este sentido, los miembros de la plataforma de afectados han entregado a la titular de la Oficina del Defensor del Pueblo una carta en la que le reclaman que "emplee toda su influencia para respaldar la petición razonable hecha por el Ayuntamiento de Mijas a la Junta de Andalucía para que volvamos a la situación que existía antes del incendio. No pedimos nada más".
Al término de la reunión con los afectados, Soledad Becerril ha señalado que la situación por la que pasan los propietarios de las viviendas siniestradas "no es fácil". "Vamos a ver hasta dónde y a cuántas personas se les puede echar una mano" con el objetivo de "facilitar la reconstrucción total o parcial" de las viviendas.
Becerril anunció que remitirá toda la información obtenida durante la reunión tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a la Junta de Andalucía, "para que estás personas, por su propia iniciativa, y con su esfuerzo, puedan reparar los daños, que en algunos casos son muy graves".
Tras la reunión, la titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, recorrió acompañada por la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mijas, Carmen Márquez, y por el edil responsable de los Servicios Operativos, José Manuel Muñoz, así como por técnicos municipales, diversas zonas afectadas por el incendio, donde se siguen realizando tareas de limpieza y de eliminación de árboles calcinados.
Soledad Becerril, que llegó a Mijas en compañía de la vicepresidenta de Diputación, Kika Caracuel, y por el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, dijo sentirse "desolada" por los efectos del fuego.
En este contexto, se mostró muy interesada por el proceso de reforestación, tanto natural como el emprendido por el Ayuntamiento, y fue informada por la concejala Carmen Márquez de todas las medidas preventivas puestas en marcha por el equipo de gobierno de Mijas.

LABERINTO CON SOLO UNA PUERTA DE ENTRADA


CÓRDOBA

Un hall con tres puertas laberínticas

Día 22/01/2013

El deseo parcelista de lograr servicios a toda costa de Urbanismo con el decreto de la Junta puede toparse con caminos complejos, baldíos y exitosos a la larga

El borrador del avance de adaptación del PGOU al decreto de la Junta sobre construcciones ilegales en suelo no urbanizable ha visto la luz. En esa norma autonómica se recoge la categoría de asimilado a régimen de fuera de ordenación (coloquialmente AFO) como una salida para miles de casas. Es una suerte de limbo por el que una construcción no alcanza la legalidad, pero sí se reconoce su ocupación y se le permite lograr servicios básicos -siempre pagados por los propietarios- y ser inscrita en el Registro de la Propiedad. Dicho borrador, avanzado por ABC, debe registrar todas las parcelaciones existentes a día de hoy en suelo no urbanizable y cuya legalización, además, no se recogió en el PGOU vigente de 2001. Son 78 e incluye una docena de la Vega que están tramitando su regularización por una innovación del Plan General. Acumulan 3.887 viviendas.
La expectación ha hecho que muchos de sus propietarios se froten las manos esperando al fin lograr un cierto estatus legal y servicios básicos. Pero no será tan sencillo. Estos dueños abarrotan ahora una suerte de imaginario hall del que esperan dejar por alguna de las tres puertas laberínticas que se abren ante ellos como camino para salir de su ilegalidad. Responden a las tres clases de edificaciones en suelo no urbanizable: agrupación de edificaciones aisladas (38 enclaves con 1.598 viviendas); asentamientos urbanísticos (35 con 2.125 viviendas) y los hábitat rurales diseminados (5 con 164).
La primera de ellas es la que más expectación ha generado entre los parcelistas, ya que sería la vía más directa para obtener la categoría de AFO. Ahora bien, habrá muchos de los propietarios de casas en las agrupaciones aisladas que toquen a la puerta sin que se la abran, y entonces llegará la decepción. Y es que el primer requisito para acogerse a esa figura es que haya prescrito el periodo para restaurar la legalidad vulnerada -en fase de derribo-, que ahora es de seis años. Y no caduca nunca si la edificación se ha levantado en suelo no urbanizable de especial protección. Hay unas 700 edificaciones en esa situación, con lo que parece muy difícil que traspasen el dintel que les dé servicios por esta vía.
Sin embargo, los enclaves situados en terrenos catalogados con carácter rural o natural (CNR), y que no cuenten con esa especial protección, sí traspasarían la puerta. Otra cosa es que logren los servicios básicos. Son 11 parcelaciones con 894 viviendas, mayoritariamente ubicadas en la Sierra. Son las que tienen más abiertas las puertas, siempre y cuando se haya producido la prescripción de la irregularidad para lograr agua, luz y saneamiento. Eso sí, no todos estos casos podrán vislumbrar un camino expedito para ser AFO. Las habrá que lo tendrán muchísimo más complicado.

Cultura, clave

Siete Fincas (450 casas); Virgen de la Cabeza-Pinar de Torrehoria (92) y Cerro Muriano (9) lo tienen todo de cara. Eso sí, como el resto de parcelaciones de la Sierra que aspiren a ser asimilado fuera de ordenación, deberán aprobar un plan de autoprotección contra incendios para tener esa condición.
Otras cuatro parcelaciones se ven afectadas por la existencia en su ámbito de un Lugar de Interés Comunitario (LIC): El Negrete (23 viviendas); El Melgarejo (26); El Jardinito (72) y Las Solanas del Pinar (85). Fuentes de Urbanismo restaron importancia a esta afección e indicaron que al elaborar la adaptación del PGOU al decreto de la Junta, la propia Dirección General de Urbanismo, que debía informar sobre ella, les indicó que existían planos informativos de la UE al respecto, pero no un soporte normativo.
Aún en la Sierra, mucho más complicado es el escenario para Casilla del Aire (38 casas) y La Torrecilla-La Gitana (18). Ambas están incluidas en el ámbito del Plan Especial de Protección de Medina Azahara -incluso a la segunda le afecta la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento-. No deberían tener ningún cambio en su situación sin que lo autorizara la Consejería de Cultura, lo que a día de hoy es imposible.
Para completar el listado de agrupaciones edificadas aisladas consideradas como CNR hay que apuntar los casos de Cañuelo Bajo (21 viviendas) y la Atayuela (60). Tendrían que acometer medidas correctoras para eliminar el riesgo de inundación. Sin ellas, no habría declaración AFO. Y normalmente este tipo de obras para evitar desbordamientos son caras.
De vuelta al vestíbulo, los propietarios que tengan sus viviendas en asentamientos urbanísticos da la sensación de que podrán entrar por otra puerta... pero a una salita de espera. El avance existente debe acabar con una revisión del PGOU en la que se determinará entonces cuáles de estos asentamientos podrán subirse al autobús de la regularización y cuáles no, quedando entonces para ellos como último cartucho acogerse al AFO.

Ordenanza flexible

Aquí, habría que ver en qué situación quedan las dos únicas bolsas de suelo con naturaleza de carácter rural o natural entre los asentamientos urbanísticos: Fontanar de Quintos-La Altea (220) y Llanos de la Vega (258). Además, ambos enclaves están considerados como de riesgo de inundación, con lo que cualquier mejora de su situación de ilegalidad pasaría por obras contra las avenidas.
En el hall también aguardan los propietarios que tienen su casa en un hábitat rural diseminado. Tienen su origen en explotaciones agrarias y no son relevantes en el proceso abierto.
Y el vestíbulo se llenará en breve aún más. El gobierno municipal ha decidido dar un impulso al proceso de legalización de parcelas que viene del PGOU de 2001 -incluida una ampliación posterior del mismo paquete- y que no ha logrado culminar la fase de gestión urbanística. Para ello, el Ayuntamiento quiere aplicar la categoría de asimilado a fuera de ordenación (AFO) también a suelo urbano no consolidado y urbanizable; o sea, a las parcelaciones en vías de regularización.
Eso les permitiría dotarse de servicios básicos siempre que tengan aprobados los proyectos de reparcelación y urbanización. Es decir, no tendrían que esperar para contar con agua o luz hasta ejecutar el proyecto de urbanización preceptivo. No en vano, se trata de obras muy costosas y se antoja especialmente complicado que las comunidades de propietarios puedan hacer frente a ellas en medio de la actual crisis. De hecho, ni un solo enclave ha iniciado aún las obras de urbanización. Estamos hablando de 28 parcelaciones (una primera fase de 20 y la ampliación con ocho más) y cerca de 10 millones de metros cuadrados.
Con los vecinos presionando para tener luz o agua en sus parcelas ilegales -las obras deben costearlas ellos-, todo apunta a que de nuevo habrá unanimidad de los grupos políticos para que la futura ordenanza del régimen de AFO permita aplicar esta categoría a los suelos en regularización. Exigir que el proyecto de urbanización esté aprobado previamente busca dos cosas: no desistir del proceso regulatorio y no ejecutar obras para dotarse de servicios de manera anárquica.

EL AYUNTAMIENTO ASUME UN PLAN CIUDADANO DE MEJORAS EN EL RÍO‏






J. M. C. / CÓRDOBA
Día 21/01/2013

La iniciativa, que se basa en hacer paseos fluviales de Alcolea a Encinarejo, la respalda hoy el Pleno






Tres años después de las nefastas inundaciones que anegaron Córdoba en febrero de 2010 con la crecida del río Guadalquivir, las diferentes fuerzas políticas han abrazado y hecho suyo el proyecto de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones para unir la periferia ribereña -Alcolea y Encinarejo- con el casco urbano mediante paseos fluviales y varios proyectos de ocio.
Martes, 23 de febrero. El Guadalquivir ha multiplicado su caudal por ocho en los últimos días. En la foto, el río a su paso por el Puente Romano de Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZAsí, el Pleno de hoy debatirá una moción conjunta, que entrará por vía de urgencia y que, bajo el epígrafe de «Integración del río Guadalquivir en la ciudad de Córdoba para la prevención y erradicación de inundaciones y para obtener la Capitalidad Europea del Medio Ambiente 2016», pretende la elaboración de un programa para lograr ese reconocimiento, además de pedir la ejecución de la segunda fase del Plan del Río y, finalmente, definir y aprobar las actuaciones en su cauce, zonas de retorno y servidumbres que sean necesarias para lograr ambos objetivos.

Bases de la iniciativa

Y eso, en palabras del presidente del colectivo, Francisco León, incluye solicitar financiación europea -a través de Fondos Feder, que suponen el 85% del total- para poner en marcha este gran proyecto de ciudad.
No contento con ello, el pasado viernes tanto León como el vicepresidente de la plataforma, Julio Cortés, visitaron primero al comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Pedro Escribano, y con posterioridad al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, quienes volvieron a dar su visto bueno al proyecto. Incluso, este último aseguró que a lo largo de esta semana, cuando las lluvias remitan, visitaría de nuevo la zona para hacerse una mejor idea de esa iniciativa.
Básicamente, el proyecto de la plataforma conlleva la creación de paseos fluviales, «que irían también conectados a otras rutas internas que se adentran en la Sierra»; diversos embarcaderos hasta el Jardín Botánico y conexión con las servidumbres; azudes y playas artificiales en el río; una nueva ruta de los museos de Córdoba por barco; la prolongación de la escollera del Aeropuerto hasta más allá de la curva donde confluyen el Guadajoz y el Guadalquivir, o la conexión de la periferia con la sede deportiva del Círculo de la Amistad y por el otro lado también con Alcolea y Encinarejo mediante carriles-bici y paseos fluviales.

Ecourbanización

De igual modo, se pretende la elaboración de un amplio proyecto medioambiental en condiciones para solicitar que Córdoba sea la Capital Europea del Medio Ambiente, que incluiría la limpieza del río, parques, zonas de ocio y de recreo, con merenderos o restaurantes, mientras que en La Altea se propone la puesta en marcha de una ecourbanización (espacio de producción de agricultura ecológica) en conexión con paseos fluviales del río, con un coste de 1,3 millones.
A todo eso hay que unirle la puesta en marcha de proyectos pendientes de ejecutar en el río, tales como la segunda fase del Plan del Río o el parque de ribera Puente Mocho en Alcolea, que serviría para elevar la cota de inundabilidad desde los 108 metros actuales hasta los 113, además de construir unas balsas en la Albolafia para incorporar el río en la ciudad, limpiar parte del arroyo Guadalbarbo en su desembocadura con el Guadalquivir y adecentar la caja del río lindando con San Rafael de Navallana.
«Estamos ilusionados, porque con los que hemos hablado nos han confirmado que este proyecto está generando mucha expectación en la ciudad y que se está convirtiendo en algo grande», comentó León. Añadió que «es un ejemplo del compromiso de la ciudadanía para que Córdoba recupere parte de su esplendor y que se deje de pensar que sólo nos quejamos, sino que damos soluciones».
Recientemente, la plataforma hizo un llamamiento para aprovechar la oportunidad anunciada por el comisario europeo de Presupuestos, Janusz Lewandowski, y la copresidenta del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, Annemarie Jorritsma, al afirmar ambos que España seguirá siendo un neto beneficiario de inversiones europeas más allá de 2014. «No podemos dejar pasar este tren, porque hay fondos y tenemos muchas fórmulas también a nuestro alcance». Entre ellas, la Agenda Local 21, el programa Urban o el Integra, «y que casan muy bien con lo que pretendemos hacer».

Las parcelas ilegales buscan una salida

Uno de los puntos más atractivos de este proyecto global sobre el río Guadalquivir es la posibilidad de que «la gran mayoría de las parcelaciones que ahora se encuentran en situación ilegal, dejarían de estarlo al dejar de ser inundables y pasar a ser totalmente urbanizables», recordó el presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones, Francisco León. Y si la idea es seductora para los propietarios de esas viviendas, lo es sin lugar a dudas también para el Ayuntamiento, ya que «son totalmente regularizables, con lo que se crearía un movimiento de trabajo que mejoraría notablemente la situación de paro que sufre la ciudad, por no hablar de la recaudación de más impuestos», explicó León.
Eso sí, «habría, por contra, un grupo de viviendas, que serían mínimas, y que habría que sacrificar», puesto que se han construido prácticamente dentro del cauce, y todas las ideas incluidas en el proyecto requieren del espacio necesario.

miércoles, 16 de enero de 2013

ESPERAREMOS A VER EL INVENTARIO


Urbanismo cifra en 4.000 las casas en suelo no urbanizable

Día 16/01/2013

El documento con el que trabaja la Gerencia estudia una superficie de 2.000 hectáreas

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba (GMU) sigue dando pasos para ultimar el nuevo mapa de parcelaciones. Según ha podido saber ABC, los técnicos de la GMU están manejando un documento de trabajo en el que cifra en 4.000 las viviendas que actualmente están en suelo no urbanizable -no regularizadas- y que, según las fuentes consultadas, ocuparían una superficie muy próxima a las 2.000 hectáreas en la capital cordobesa.
En este documento de trabajo previo, que según las fuentes consultadas, «no se puede considerar en ningún momento como definitivo, aunque sí como una guía para las labores de clasificación que se están realizando para adaptarse a la normativa andaluza», se cifran 78 parcelaciones en todo el término municipal de Córdoba.
Para elaborar esta clasificación, los responsables de la Gerencia han elaborado una clasificación preliminar de las diferentes parcelaciones, así como la situación en la que quedarían una vez que se les aplicasen los parámetros que establece la nueva normativa andaluza.
De esta manera, en este documento con el que trabaja la Gerencia de Urbanismo se clasifica a estas 78 parcelaciones con la nomenclatura que estableció el decreto de la Administración regional. El grupo más numeroso es el que conforman las denominadas «agrupaciones de edificaciones aisladas» que, según las fuentes consultadas, supondrían aproximadamente un 80% de esas cercas de 2.000 hectáreas que se cuantifican como la superficie total fuera de ordenación.
En este grupo se incluyen las parcelaciones de la Sierra de Córdoba, tales como Las Siete Fincas, El Jardincito o El Salado. El número de edificaciones que se han cuantificado supera las 1.500 viviendas, señalaron las fuentes consultadas
Junto a éstas, los denominados «asentamientos urbanísticos», que supondrían casi un 20% de la superficie total que ha cuantificado Urbanismo y en la que se censan más de 2.000 casas. En este grupo estarían Fontanar de Quintos, La Altea, Majaneque y las polémicas edificaciones próximas a Medina Azahara, Córdoba la Vieja o Las Pitas. El último grupo corresponde a los denominados «asentamientos de hábitat rural diseminado», que apenas llegan al 1% del total y que afectarían a cerca de 200 viviendas en zonas como el asentamiento del Viejo cortijo del Alcaide

martes, 15 de enero de 2013

URBANISMO ADMITE EL PAGO PARA EVITAR LAS ÓRDENES DE DEMOLICIÓN


La Gerencia Municipal de Urbanismo regulará la posibilidad de de pagar a cambio de eludir el derribo de construcciones en determinados supuestos en los que los informes técnicos digan que tirar una construcción o una parte de la misma se encuentra con problemas de índole legal o material haciendo imposible el desarrollo de esta medida. La propuesta se encuentra en el decreto sobre disciplina urbanística de la Junta de 2010 y en Córdoba no se ha aplicado nunca en la capital al no existir una regulación de competencia municipal. 

El texto de Urbanismo, que el miércoles se aprobará provisionalmente, permite aplicar el régimen asimilado al fuera de ordenación en aquellos casos donde las condiciones de la edificación o el estado del expediente hagan inviable la demolición aunque no se haya llegado a la prescripción del mismo. Se trata de casuísticas varias. Desde naves industriales que se pueden legalizar en parte pero no en todo hasta casas que han sido ampliadas sin licencia y en las que derribar una parte, la irregular, implica poner en riesgo estructural la parte de la edificación que sí se ha realizado conforme la normativa. 

La regulación autonómica y municipal establece un concepto de pago que el Consistorio tendrá que desarrollar puesto que en los textos actuales ni siquiera se apunta de cuánto dinero se puede estar hablando. Los propietarios que se encuentren en esta situación tendrán que abonar una indemnización por equivalencia además de las sanciones que correspondieran para que esa parte de la edificación adquiera la categoría de asimilado a fuera de edificación. Otros municipios han establecido como cantidad mínima el pago de la prestación económica por el uso extraordinario del suelo no urbanizable, que en Córdoba está fijado en un 5% del presupuesto de ejecución material de la edificación. 

El abono de esta cantidad no implica, en ningún caso, la legalización de las edificaciones pero sí su consideración en un régimen asimilado del fuera de ordenación que es una forma de tolerancia de las viviendas o construcciones que, realizadas sin licencia, seguirán funcionando de forma normalizada con acceso a servicios, con la posibilidad de ser ocupadas o con el desarrollo de una actividad dentro de los límites que ofrece la normativa. La Junta llevó a cabo esta propuesta con el objetivo de dar respuesta a la situación de miles de viviendas irregulares en toda Andalucía que no se pueden derribar, por haberse cumplido los cuatro años preceptivos, y que sin embargo están siendo habitadas. 

El teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín, explicó ayer que la Gerencia se encuentra realizando el avance que señalará las viviendas construidas sin licencia que se podrán beneficiar de la amnistía urbanística facilitada por la Junta de Andalucía. El trabajo pretende presentarse ante el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo con el objetivo de que pueda empezar a aplicarse en cuanto se le comunique a la Consejería competente. La innovación del PGOU en marcha tendrá que desarrollarse mediante una ordenanza específica que dirá en qué condiciones se puede emitir una licencia de ocupación a viviendas que se hayan realizado sin cumplir con la ordenación urbanística.