Páginas vistas en total

sábado, 30 de junio de 2012

REPRESENTANTES DE LA PLATAFORMA SE REÚNEN CON EL ALCALDE DE CÓRDOBA





En el día de hoy, 25 de julio, ha tenido lugar la reunión entre la delegación enviada por la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir con el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, D. José Antonio Nieto.

La delegación de la Plataforma estuvo formada por D. Francisco León, presidente; D. Julio Cortés, vicepresidente; y D. Cristóbal Serrano, secretario y abogado. La mesa de debate, presidida por el Alcalde, D. José Antonio Nieto, contó también con la participación de personalidades como D. Luis Martín, presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo; Dª Laura Ruiz, delegada de infraestructuras; Dª Antonia Yuste, delegada de la Alcaldía en la barriada periférica de Alcolea; y Dª Elena Rojano, delegada de la Alcaldía en la barriada del Higuerón.

Tras hacerle entrega en un primer momento la petición del proyecto de informe e indicársele al Sr. Nieto las directrices del mismo, se manifiesta la voluntad por parte de la Plataforma de realizarlo conjuntamente con todas las fuerzas políticas e instituciones cordobesas, haciéndosele la petición al Alcalde de que se ponga en contacto con otros municipios en similares situaciones, para coordinar mejor una actuación conjunta.

Una vez el Alcalde hubo ojeado el dossier entregado hizo especial énfasis en que el problema de Alcolea, situado en la 2ª Fase de remodelación del cauce del río, está en que el cauce se está moviendo en la actualidad, unos 25-30 metros hacia la derecha del mismo, motivo por el cual justifica que esa zona sea de especial protección. También indicó que dichas actuaciones en el río, de acuerdo con el dossier presentado, aunque desbloqueen el cauce, no haría legalizables todas las parcelas de la zona, nombrando especialmente Las Cigüeñas, zona inundable de alto riesgo.

Esto es debido, de acuerdo con las precisiones del regidor de la Ciudad, a que en la 2ª Fase existía una condición del Plan Urbanístico, la cual era realizar una obra de encauzamiento.

Al ser informado el Alcalde de que desde el Puente de Casillas hasta el Aeropuerto también existiría una zona inundable, contestó remarcando el problema de la distancia sobre el cauce, formando parcelas que serían legalizables y otras ilegalizables a causa de estar dentro del espacio de protección del cauce.

De acuerdo con las palabras del Sr. Nieto, “vamos a llegar al límite de nuestras posibilidades para cumplir el Decreto de la Junta de Andalucía, pero tenemos limitaciones”.

Ante cualquier actuación a realizar, serán los técnicos los que tengan la palabra, indica el Sr. Alcalde, si bien él propondrá en la reunión que mantendrá a principios de julio con el Subsecretario de Estado de Fomento las posibles soluciones respecto a las Fases 2 y 3 del río.

La Plataforma subrayó el interés de la petición y la finalidad del proyecto planteado, por desviarse el debate hacia otros derroteros, consistente en realizar las obras de acondicionamiento y legalizar todas las viviendas posibles.

D. José Antonio Nieto puso de manifiesto desde ya que “hay un proyecto de parcelaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, actuaciones muy potentes, donde se buscará la igualdad de todos los cordobeses, para evitar que se paguen las obras de acondicionamiento de los demás por parte de todos”, por lo que pedirá al Ministerio que se ejecuten las Fases 2 y 3, con la finalidad de evitar las inundaciones, pero reitera que muchas son irregularizables y se quedarían fuera del inventario de parcelaciones que está realizando el Ayuntamiento.

El Decreto de la Junta de Andalucía, para refrescar la memoria del lector, indica que los suelos inundables no son susceptibles de legalizarse, por lo que habría que defender la tesis de que son asimilables al suelo ya ordenado, siendo aprobado por la Junta por haber prescrito ya la sanción urbanística o existir un certificado técnico de habitabilidad.

D. Francisco León, presidente de la Plataforma, señaló que los fondos provendrían de la UE, siendo la finalidad que la Junta dote al Ayuntamiento del poder suficiente para realizar las actuaciones, situación bastante contraria a la que se produce en la actualidad, y que así Córdoba pueda aspirar a solicitar la Capitalidad Europea de Medio Ambiente.

D. Julio Cortés también intervino para indicar que, en la zona del Aeropuerto, AENA manifiesta que no existe problema alguno en continuar la escollera hasta la nueva sede del Círculo de la Amistad, proporcionándosele copia al Alcalde de los documentos que así lo demuestran.

Los puntos que el Alcalde señaló como de gran importancia en este tema son los siguientes:

-         Que se actúe.
-         Resolver el problema de las parcelaciones.
-         Ser muy duros con las nuevas parcelaciones.
-         Legalizar las parcelaciones que se puedan con un criterio, que es que los propietarios asuman los costes de urbanización.

Asimismo, subrayó los requisitos de la Ley para la urbanización y la legalización, dependiendo en todo momento de los servicios y dotaciones con que cuenten las parcelaciones.

En el punto álgido del debate, D. Julio Cortés indicó que en las zonas inundables de las que hablan los representantes municipales, el Ayuntamiento reunido en Pleno proyectó hoteles, puntos que, junto con el de la gota fría, han sido obviados por el Ayuntamiento.

Para concluir, el Alcalde indicó que da su apoyo al proyecto de la Plataforma, pero lo que es necesario es que la Junta acepte el criterio que se está planteando.

Además, el Regidor pone de manifiesto que el Ayuntamiento tiene un límite en fondos FEDER (Fondos Europeos para el Desarrollo) de 6 millones de euros, por lo que los 80 millones necesarios para realizar el proyecto son, de lejos, inalcanzables. Incluso debido a los recortes presupuestarios, no sería posible reunir 30 millones de euros (porcentaje de los 80 que aportaría el Ayuntamiento).

Por último, D. Julio Cortés hizo referencia a la reunión con el Subdelegado del Gobierno en Córdoba, D. Juan José Primo Jurado, haciéndoles ver a los representantes municipales la firme voluntad y predisposición que éste mostró hacia la realización del proyecto.

La reunión finalizó con el compromiso por parte del Alcalde de mantener a la plataforma informada continuamente, agradeciendo su preocupación e incorporando su trabajo a las actuaciones ya realizadas, concluyendo dicha reunión diciendo que “el Ayuntamiento no va a hacer que los ciudadanos paguen la legalización. En caso de desacuerdo entre vecinos ha de haber consenso. Hay cosas que son difíciles de realizar y otras imposibles”. 

ENTREGA DEL PROYECTO DE PETICIÓN AL GRUPO MUNICIPAL DE UNIÓN CORDOBESA





En medio de un ambiente de total cordialidad y amabilidad ha tenido lugar hoy, día 25 de junio, la entrega y presentación del proyecto de petición de informe de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, ante representantes del grupo municipal de Unión Cordobesa.

Ante la ausencia de su líder, D. Rafael Gómez Sánchez, quien no se encontraba en el Ayuntamiento en el momento de la entrega, la delegación de la Plataforma, formada por su presidente D. Francisco Léon, su vicepresidente D. Julio Cortés, y su secretario y abogado D. Cristóbal Serrano, procedió a entregar el dossier al portavoz de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba, D. Juan Miguel Alburquerque.

Éste se mostró desde el primer momento muy receptivo y amable con el proyecto, comprometiéndose a presentar ante el Pleno del Ayuntamiento la propuesta de la Plataforma.

También, ante la presencia del destacado miembro de Unión Cordobesa D. Juan Muñoz Garrido, así como de todo el equipo de dicho grupo en el Ayuntamiento, presentamos el proyecto e indicamos su viabilidad, haciendo referencia a las reuniones mantenidas con los distintos grupos políticos e instituciones de la Ciudad.

De acuerdo con las palabras del Sr. Muñoz Garrido, D. Rafael Gómez apoyará este proyecto “a pies juntillas” con total seguridad por la enorme potencialidad que presenta y por la gran cantidad de puestos de trabajo que pueden surgir a raíz de él.

Al finalizar esta breve reunión, obtuvimos por parte de todos los miembros del equipo de Unión Cordobesa una calurosa despedida y el compromiso de que el proyecto será debatido en Pleno con total seguridad a la mayor brevedad posible. 

lunes, 25 de junio de 2012

LEGALIZAR, "SI" A CUALQUIER PRECIO,"NO"


CÓRDOBA

La regularización, un nicho de actividad para la construcción

Día 25/06/2012 - 09.49h
El proceso de legalización contemplado en el PGOU -declarar urbanizables 10 millones de metros cuadrados-, su ampliación -otro millón de metros- y la regularización que pueda conllevar el último decreto de la Junta suponen una oportunidad de negocio para el sector de la construcción en Córdoba, hundida en la capital.
Todos los trabajos que conlleve la legalización de bolsas de suelo -urbanización, dotación de servicios como agua, luz, alcantarillado...- serían un balón de oxigeno para el «ladrillo» cordobés. Incluso, recientemente la propia empresa municipal de suelo, Procórdoba, en una delicada situación económica, cambiaba su estatutos, dentro de su programa de unión con Vimcorsa (su homóloga de vivienda), para poder actuar en suelos no urbanizables. Se antoja como una nueva vía de negocio para ella, pero también como una forma de impulsar el proceso de regularización.
Desde que el PP llegó al gobierno local hace un año, uno de sus objetivos ha sido avanzar en la legalización. Sin ir más lejos, a finales de 2011, Urbanismo eximió a las tres primeras parcelaciones de tener que presentar un aval bancario del 7% del coste del proyecto de urbanización para constituir oficialmente su junta de compensación, que es el primer paso para ejecutar dichas obras de urbanización. Se les permite suplirlo por la formulación de otro tipo de garantías económicas, abono en metálico o acreditación de ingresos.
Y es que muchos colectivos de dueños no pueden formalizar el aval del 7%; entre otras cuestiones, por la dificultad para acceder al crédito en los últimos años. Sin él, no pueden presentar los proyectos de reparcelación y de urbanización y avanzar en su regularización.
Eso sí, las juntas de compensación, una vez que vayan a iniciar las obras, deben aportar la garantía del 7% del coste del proyecto de urbanización definitivo, con aval o fianza. La ventaja para entonces es que, con los proyectos de parcelación y urbanización aprobados, sus parcelas ya estarán inscritas en el Registro de la Propiedad y podrán ser objeto de hipoteca.
En su día, la regularización de parcelaciones se planteó como un negocio floreciente. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria también desinfló esta vía de negocio, que ahora se intenta revitalizar.

El Ayuntamiento hará público en un mes el nuevo mapa de parcelaciones


Actualiza las edificaciones en suelo no urbanizable según el último decreto de la Junta, que abre la puerta a dar servicios en puntos de la Vega y Sierra

Día 25/06/2012 - 09.50h
El Ayuntamiento hará público en un mes el nuevo mapa de parcelaciones
R. SERRANO
Viviendas en la falda de la Sierra de la parcelación Casilla del Aire
El Ayuntamiento de Córdoba ultima la nueva hoja de ruta de las parcelaciones en Córdoba. Un mapa acompañado de una memoria técnica que establece una actualización a modo de inventario de las edificaciones en suelo no urbanizable de la ciudad. A buen seguro, el nuevo cuadro de cabecera de muchos despachos relacionados al terreno urbanístico. Es una de las exigencias del decreto que la Junta habilitó a primeros de año para dar una salida a innumerables construcciones al margen de la legalidad urbanística -se habló entonces de 200.000 en toda Andalucía-, bien a modo individual, bien como asentamiento.
Este mapa estará listo en un mes y será la foto fija más actual sobre un fenómeno muy arraigado y polémico en Córdoba. Será el contrapunto al inventario realizado para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001 donde fueron detectadas hasta 72 parcelaciones con más de 12.000 viviendas. Un Plan General que amnistió entonces con el acuerdo de IU, PSOE y PP a ocho parcelaciones, reclasificando como urbanizables diez millones de metros cuadrados a los que añadió ampliaciones de suelo vinculado a las mismas parcelaciones por una extensión de otro millón de metros.
En estos últimos meses, la Gerencia de Urbanismo ha estado trabajando en la traducción de un farragoso decreto y la modificación puntual de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, en teoría, pretenden dar una herramienta a los ayuntamientos para hacer un reconocimiento exacto de su territorio y reorganizar aquellas edificaciones que en suelo no urbanizable podrían reconducirse o no, siempre a costa de la cartera de los propietarios. De partida se ha aprobado una innovación del PGOU para encajar las nuevas reglas. Aparece la figura de «asimilado a fuera de ordenación», una especie de limbo jurídico donde una casa ilegal podría obtener servicios con limitaciones pero no cruzar el umbral de la legalidad, por ejemplo. No cabe duda de que la malla normativa ha suscitado mucha expectativa en Córdoba, donde sigue habiendo zonas calientes sin resolver: la Sierra, algunas áreas de la Vega o el entorno del yacimiento arqueológico de Medina Azahara.
El decreto de la Junta obliga a realizar un mapa que identifique todas las edificaciones en suelo no urbanizable y las clasifique en base a unos criterios que la normativa andaluza aporta y que varias ordenanzas que también está desarrollando el Ayuntamiento tamizarán para ver cuáles pueden regresar a la tutela urbanística legal, cuáles seguirán al margen de la ley y cuáles encontrarán una salida a un problema crónico como el de los servicios básicos (luz, agua y alcantarillado fundamentalmente). Este mapa, que se conocerá en julio, se ha elaborado en base a vuelos topográficos y geográficos con información del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. A partir de ahí comenzará un arduo trabajo en el que los afectados, los parcelistas, deberán conducirse por las nuevas ordenanzas que desarrollarán esa normativa andaluza en base a la nueva foto fija para lograr que su asentamiento pudiera ser regularizado como suelo urbano no consolidado, o al menos pasar a la figura de «asimilado fuera de ordenación» que le puede proporcionar algunos servicios con condiciones (permisos de empresas suministradoras, no tener infracciones, no estar en suelo protegido, densidad de vivienda por hectárea...).
Según las fuentes del gobierno municipal consultadas, Córdoba tiene mucho trabajo ya resuelto en este campo con el Plan General, que apenas dejó una serie de asentamientos sin regularizar amén de los incipientes que desde 2001, pese a las negativas de los responsables municipales, han seguido proliferando en zonas de Levante, Vega o Sierra. ¿Cuáles son los flecos, entonces, que podría resolver esta reordenación parcelística?
La Sierra es una de las zonas más complicadas. Los suelos protegidos se tornan una barrera infranqueable con esta nueva normativa, y muchas de las parcelaciones (hasta 24 con más de 1.600 viviendas) identificadas en el Plan Especial de Protección de la Sierra están en territorio preservado por su alto valor ecológico. Otras no, y son precisamente éstas las que sí podrían tener una salida para hallar el ansiado paquete de servicios básicos que mejoren sus condiciones de habitabilidad. En esta tesitura se ha reiterado desde el minuto uno el gobierno municipal del PP, incluso en la campaña electoral y posteriormente con las riendas de la Gerencia de Urbanismo.
El trabajo de la Universidad de Córdoba sobre la amplia faz de la Sierra fijó unas seis mil hectáreas de terreno de alto valor ecológico y paisajístico -junto al Parque Natural de Hornachuelos y los arroyos Molino y Bejarano- con siete parcelaciones y unas 300 viviendas que están condenadas a seguir en la más absoluta ilegalidad. Pero hay otras que, bien porque su infracción urbanística haya prescrito, bien porque su construcción se hiciera sin que pesara sobre su suelo protección alguna, sí podrían encontrar una salida acogiéndose a la figura de «fuera de ordenación». Aunque es pronto para aventurarse, estarían muy en consonancia con aquellas paras las que el actual PGOU establece un plan de mejora del medio rural y físico: una decena con un millar de viviendas. Lo cierto es que sobre esta zona queda trabajo por hacer.
La otra área susceptible de verse afectada es la Vega. Aunque se parte de que un gran número de hectáreas están bajo el epígrafe de especial protección por suelo de vega, existen «huecos», según la terminología empleada por la Gerencia de Urbanismo, entre asentamientos ya regularizables que podrían acogerse también a esta figura o incluso a su reclasificación como suelo urbano no consolidado.
Los mensajes del PP hasta ahora han sido claros: están por que se puedan resolver muchos casos de ostracismo en cuanto a los servicios que se puedan prestar. El encaje legal con el nuevo tablero de juego será la incógnita a resolver desde el momento en que ese mapa se convierta en la hoja de ruta.

Difícil encaje para Medina Azahara

sábado, 23 de junio de 2012

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN CÓRDOBA




El pasado día 20 de junio tuvo lugar la reunión de la delegación enviada por la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir; compuesta por D. Francisco León, presidente; D. Julio Jacobo Cortés, vicepresidente; y D. Cristóbal Serrano, secretario y abogado de la misma.

La reunión comenzó con la presentación por parte de la delegación de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir ante el Subdelegado del Gobierno en Córdoba, don Juan José Primo Jurado, del informe de petición de proyecto para unir la periferia ribereña con el centro de la ciudad, usando para ello fondos procedentes de la Unión Europea.

Tras presentarle el informe, se le informó tanto por parte del presidente de la Plataforma, don Francisco León, como del vicepresidente, don Julio Cortés, de los contactos que se están llevando a cabo con las diferentes fuerzas políticas e institucionales de la ciudad, haciendo especial énfasis en la necesidad de llevar el proyecto a cabo cuanto antes, debido a que los fondos europeos serán progresivamente transferidos en un plazo de 5 años hacia las zonas de Europa del Este.

El señor Primo Jurado, tras un breve recorrido por el informe entregado, preguntó hacia qué zona iba dirigida el proyecto. Tras serle informado por la delegación de la Plataforma de que comprendería tanto aguas abajo como aguas arriba del centro de la ciudad, el Subdelegado mostró su aprobación ante el informe, llegando a declarar que existe una voluntad por parte del Alcalde de la ciudad, D. José Antonio Nieto, de integrar la periferia con el centro de la ciudad.

Este proyecto resultaría de vital interés para dicha finalidad, puesto que junto con otras iniciativas privadas y públicas, como la colaboración de AENA para evitar las inundaciones en la zona del aeropuerto y de La Altea, Córdoba podría aspirar a acoger numerosos acontecimientos, entre otros la solicitud para ser Capital Europea del Medio Ambiente o acoger competiciones deportivas en el río Guadalquivir, además de incrementar la actividad comercial y privada en la zona de manera considerable.

De acuerdo con las palabras del señor Primo Jurado, “este proyecto sólo puede salir adelante si existe un entendimiento entre todos”, para lo cual se comprometió a coordinar las diversas Administraciones Públicas (Gobierno central, Administración autonómica y Entes Locales) para llevar a cabo el proyecto.

Por otro lado, también aseguró que se pondrá en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al ser ésta competencia estatal, para hacerla partícipe también en dicho proyecto.

La visita concluyó de un modo cordial y con el compromiso por parte del Subdelegado del Gobierno a visitar las zonas del Aeropuerto y Alcolea en los primeros días de julio.

viernes, 22 de junio de 2012

ESTA ES LA SITUACIÓN DE MÁLAGA UN AÑO DESPUÉS DEL DECRETO


JUEVES, 21 DE JUNIO DE 2012

El decreto de viviendas no legaliza ni un solo caso en 6 meses de vigencia (La Opinión)


LAS ASOCIACIONES DE AFECTADOS SE QUEJAN DE LOS LARGOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS DE LA NORMA

 



J.L.JIMÉNEZ / F.EXTREMERA Insignificantes pasos hacia la regularización de las decenas de miles de viviendas ilegales que existen en la provincia de Málaga un año después de que la Junta de Andalucía anunciara la creación de un decreto para aclarar la situación de todas ellas. Tras recibir el visto bueno de la mayoría parlamentaria regional el pasado 11 de enero, y por consiguiente, entrar en vigor, ninguna construcción ubicada en suelo no urbanizable ha sido normalizada en Málaga.

Así lo han dejado claro distintas asociaciones de vecinos afectadas por esta problemática que, en su mayoría, comienzan a creer que de poco ha servido este intento del Ejecutivo andaluz por legalizar las muchas construcciones levantadas en el campo de la región al margen de la legislación.
Empezando por la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares cuya presidenta, María del Mar Vázquez, no termina de ver claro que el texto autonómico sea la solución.
«El único arreglo posible pasa por modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y que cada ayuntamiento de cada zona afectada eleve a la Junta esta exigencia tras la presentación de un texto alternativo donde éste colectivo plantearía una solución legal a esas viviendas», dijo.
En este sentido, Vázquez cree que el artículo 22 del decreto andaluz puede ser una solución provisional al problema. Dicho punto habla del hábitat rural diseminado, «una figura legal para agrupaciones de viviendas y a las que podrían acogerse muchas de ellas».
Mijas y la Axarquía. Zonas como Mijas, que recientemente y tras elaborar un concienzudo censo de construcciones irregulares, determinó que existe en el término municipal un total de 4.015 construcciones irregulares. De ellas, sólo 2.800 cuentan, según el Consistorio, con muchas posibilidades de legalizarse mediante modificaciones de elementos y acogiéndose, precisamente, a la figura de diseminados; el resto podrían demolerse.
En tanto, desde la Asociación de Viviendas Irregulares del municipio, Javier Leiva, reconoció ayer que el empuje del Ayuntamiento presidido por Ángel Nozal está «por la labor», aunque cuestionó la valía del decreto de la Junta, «que no ha motivado ningún cabio».
Desde la Axarquía, por su parte, los portavoces de los propietarios de más de 1.500 viviendas, que sólo en los municipios de La Viñuela y Alcaucín están pendientes de completar los trámites de regularización, se mostraron «decepcionados» ante la lentitud y el retraso de más de un año que acumulan los expedientes que, como primer paso, deben reajustar la normativa autonómica a la realidad de sus municipios.
Representantes del colectivo de residentes extranjeros con casas en el entorno del embalse de la Viñuela consideran que el decreto de la Junta ha significado «una tomadura de pelo más». Después de varias reuniones con responsables políticos y técnicos de la administración autonómica desde principios de 2011, «lo único que tenemos es la seguridad de que con el decreto no van a tirar nuestras casas».
«No se ha solucionado nada con el decreto. Sólo sabemos que en Viñuela hay inventariadas 680 viviendas que podrían ser incluidas en la nueva figura de regularizadas como asimiladas fuera de ordenación», explicaba ayer uno de los integrantes del PA en el Consistorio de Viñuela, José Luis Florido.
El responsable andalucista, agregó, además, que la indignación es todavía mayor, cuando hay propietarios que en su momento obtuvieron la licencia de obras, «luego anulada por la Junta y llevada ante los tribunales».

jueves, 21 de junio de 2012

El PP le da poder a Procórdoba para hacer obras en parcelas



Reconoce la capacidad de la empresa para actuar en suelo no urbanizable y terciario · Vimcorsa amplía su radio de acción a la rehabilitación de barrios
RAFAEL RUIZ | ACTUALIZADO 21.06.2012 - 01:00
zoom

Parcelación de la periferia del término municipal.0 votos
La empresa municipal Proyectos de Córdoba Siglo XXI (Procórdoba), que empezó su andadura para la urbanización y venta de los terrenos liberados del ferrocarril, modificará sus estatutos con el propósito, entre otras cuestiones, de poder realizar actuaciones en suelo no urbanizable; esto es, las parcelaciones no reconducibles de la ciudad. El equipo de gobierno hizo ayer público el proyecto de estatutos de esta sociedad mercantil y los de Vimcorsa en un proceso que incluye una operación societaria en la que Procórdoba será la propietaria de la totalidad de las acciones de la promotora municipal de viviendas de protección oficial. 

El cambio más significativo es que se permita a Procórdoba actuar en suelo no urbanizable. El presidente de la empresa, el edil Luis Martín (PP), explica que la nueva situación creada tras la aprobación del decreto de regularización de las parcelaciones no legalizables de la comunidad autónoma aconseja tomar esta medida "por si fuese necesario". 

Hasta el momento, Procórdoba tenía limitado su campo de actuación a la urbanización de suelo y edificación en los terrenos propios y en aquellas iniciativas que el Ayuntamiento de Córdoba le encomendase con la financiación correspondiente. La nueva redacción de los estatutos, realizada de forma deliberadamente amplia, permite usar Procórdoba para dotar de servicios a las viviendas que puedan acceder al nuevo estatuto que tolera las construcciones sin licencia. La norma obliga a que sean los propietarios quienes sufraguen estas medidas, lo que en puridad sería un servicio prestado a terceros. El Partido Popular incluyó en su programa electoral a las municipales incluyó que el Ayuntamiento se embarcase en la urbanización de parcelas legalizables contando con la financiación de los propios vecinos para facilitar un proceso urbanizador que se encuentra, según reconocen todas las partes, estancado. No todos los partidos políticos son favorables a entrar en este tipo de gestiones. El Consistorio ya participó hace años en este tipo de iniciativas y acabaron siendo sumamente gravosas para las arcas municipales porque el dinero que se le recaudaba a los propietarios afectados nunca cubría la totalidad de las necesidades. 

Martín aclara que Procórdoba no se va a poner a actuar ya en las parcelaciones irregulares y que no hay un proyecto concreto donde se quiera entrar a trabajar. Sin embargo, reconoce que el gobierno municipal quiere tener un recurso en el caso concreto de que sea necesaria la asistencia municipal en este tipo de iniciativas. En el suelo no urbanizable, Procórdoba estaría llamada a realizar o facilitar la dotación de servicios básicos para las viviendas. 

Una segunda modificación del objeto social de Procórdoba tiene que ver con el desarrollo de suelos terciarios; esto es, parcelas dededicadas a oficinas, comercios de todas las características o locales de hostelería. Ese artículo de los estatutos se ha desarrollado asegurando que Procórdoba tendrá como eje el fomento de la actividad productiva. Hasta el momento, la empresa ha participado en procesos de urbanización de suelos industriales donde tiene la propiedad, como la llamada manza de San Eloy de la carretera de Palma del Río, que aún está intentado vender. 

La explicación que da el Partido Popular es que se quiere que Procórdoba tenga un mayor carácter de incentivador directo de la actividad empresarial en Córdoba frente a su historia reciente, que se ha basado más en el desarrollo de equipamientos y zonas comunes de la ciudad como brazo inversor del Consistorio. Pese a todo, la empresa tiene que afrontar antes un proceso serio de saneamiento. Los gobiernos anteriores realizaron obras por encima de los ingresos de la empresa, que ha venido dependiendo de líneas de tesorería millonarias. La teoría es que hacerla propietaria de Vimcorsa debe hacerla partícipe de los beneficios de ésta cuando existan. 

La promotora pública también modificará su objeto social. A la tradicional actividad de venta y alquiler de vivienda de protección oficial, se le ha añadido un párrafo que establece "un mayor énfasis" en las actividades directas de rehabilitación tanto de viviendas como de edificios y barrios completos. Vimcorsa dispone de líneas en este sentido pero son ayudas dentro de sus programas sociales. Se estima que, en el futuro, los programas estatales en la materia se van a centrar en este capítulo concreto para favorecer la actividad inmobiliaria. Los estatutos recogen la actividad de promoción de aparcamientos aunque se le retira la coletilla siguiente: "que sirvan para disuadir del uso de vehículo privado". Desde la empresa, se asegura que su función es prestar ese servicio por encima de factores de movilidad propios de otros departamentos municipales. 

Estaba previsto que hoy mismo se aprobara la operación corporativa de poner a nombre de Procórdoba las acciones de Vimcorsa mediante una ampliación de capital. Intervención emitió ayer mismo un escrito en el que asegura que toda la documentación se le ha facilitado 48 horas antes del Pleno, por lo que es imposible establecer un criterio. El informe es preceptivo para una operación para la que es preciso contar con mayoría cualificada. Tras hablarlo con los grupos municipales, el edil de Urbanismo aseguró que hoy se celebrará una comisión para establecer un calendario y que el Pleno queda desconvocado.

martes, 19 de junio de 2012

LIMPIEZA DEL ARROYO GUADALBARBO-ALCOLEA DE CÓRDOBA

Después de dos años pidiendo la limpieza del río y arroyos,observamos con gran alegría el comienzo de la limpieza del arroyo Guadalbarbo, desde el puente de la carretera hacia la desembocadura en el río, actuación de limpieza en este mes de Junio.

Pero pasados los días, también observamos como dicha actuación se ha dado por terminada por la empresa que estaba realizando los trabajos y hemos comprobado como en la zona de la desembocadura y arroyo arriba del puente no se ha hecho nada, es por lo que la Plataforma y en representación de los vecinos a dirigido un escrito a la Representante de Alcadia en Alcolea, para que traslade nuestras quejas a la administración que corresponda, para que culminen los trabajos a la mayor brevedad posible.




También hemos observado como algunos vecinos no respetan el Medio Ambiente ni nuestros sotos y confunde nuestro arroyo y río con vertederos y escombreras, a esos vecinos decirle que hoy en día existen centros para llevar los muebles,electrodomésticos,restos de obras, etc. Sin necesidad de tirarlos en los sotos.

Desde la Plataforma se pedirá la colocación de un hito móvil, en el centro de la calle que da al camino de bajada al río, para evitar que los coches y remolques puedan tener acceso y de esa forma evitar los vertederos.

Respetar  el Medio Ambiente, es tarea de todos, no nos vale pedir limpieza de arroyos y río y después nosotros los propios vecinos, los llenamos de basura y escombros.Sirvan estas líneas para que estas personas tomen conciencia del daño que producen.

viernes, 15 de junio de 2012

ESPEREMOS DE SOLUCIONES POSITIVAS EN LAS VIVIENDAS IRREGULARES


Amanda Meyer, próxima directora general de Vivienda de la Consejería de Fomento (SUR)


El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto, en su reunión de hoy, martes, nombrar a la abogada gaditana con despacho profesional en Málaga y militante de IU Amanda Meyer Hidalgo como directora general de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, según pudo confirmar este periódico de varias fuentes consultadas.
Meyer es hija del veterano dirigente de IU y actual eurodiputado Willy Meyer. Nacida en Sanlúcar de Barrameda en 1977 y licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, esta letrada ejerce en Málaga. En las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, figuró como número dos de la candidatura de Izquierda Unida por la circunscripción malagueña.
Militante de IULV-CA desde 1996, año en el que entró en la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de IU como secretaria de Comunicación Interna y pertenece al Comité federal del PCE y de su ejecutiva.
Colabora con entidades de personas inmigrantes, en organizaciones que trabajan por los derechos humanos, de solidaridad internacional, en plataformas por una vivienda digna y contra los desahucios, así como con asambleas de mujeres.

sábado, 9 de junio de 2012

LOS CONSTRUCTORES DE CÓRDOBA, DEBERÍAN TOMAR NOTA


Los constructores piden un plan urgente de obra pública (La Opinión)








El presidente de la ACP de Málaga, José Prado, ayer.
El presidente de la ACP de Málaga, José Prado, ayer.  L.O.
JAVIER GARCÍA RECIO El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, demandó ayer urgentemente a las administraciones públicas un nuevo plan de infraestructuras que acabe con la situación «agónica» que sufre el sector, que en los últimos años ha mandado a más de 44.000 trabajadores al paro por la paralización del segmento de viviendas y de la propia obra pública. Actualmente el sector, que llegó a dar empleo en Málaga a casi 100.000 personas, sobrevive con apenas 34.000
ocupados en la provincia, tal y como avanzó hace unos días este periódico.
Prado, que presentó su informe anual con motivo de la asamblea general de la ACP, afirmó que el recorte en inversión de obra pública» es el mayor de los recortes sociales que se puede hacer», y calculó que por cada millón de euros al año que se dejan de invertir en infraestructuras, 18 personas pierden su puesto de trabajo. La ACP calcula que en el año 2011 –donde con sólo 281 millones de euros, la inversión se redujo un 85% en relación a 2006– se han perdido 22.500 empleos en el segmento de obra pública.
El responsable de la ACP también advirtió de que un destino turístico como la Costa del Sol no puede «permitirse el lujo» de retrasar cinco años infraestructuras como el tren litoral, el acceso norte al aeropuerto o la culminación del soterramiento de San Pedro de Alcántara, ya que esa demora conlleva una pérdida de competitividad en relación a otros enclaves.
«Destinos turísticos emergentes como Croacia o Turquía están subiendo mucho, y en Málaga el turismo se ha quedado como la única industria relevante, porque la construcción está paralizada, tanto en obra pública como en residencial», alertó.
Prado –que estuvo acompañado por el presidente del Grupo de Contratistas de la ACP, Emilio López Caparrós, y por la secretaria general, Violeta Aragón– también quiso reafirmar que la partida en infraestructuras no es un gasto sino una inversión ciertamente rentable para los poderes públicos.
«Un plan de inversiones en obra pública se convertiría en un ejercicio de una verdadera política social debido al efecto multiplicador que la inversión tiene sobre otros sectores productivos y a la elevadísima tasa de retorno fiscal que tiene la inversión en obra pública», que cifró en un 60% en el corto plazo y en un 80% en el largo plazo, una vez considerados los efectos inducidos.
El cálculo, que se desprende de un informe de la patronal Seopan, incluye conceptos como el IVA, cotizaciones sociales, el IRPF de los trabajadores o el Impuesto de Sociedades, aparte de lo que deja de pagar en prestaciones por desempleo.
En cuanto a la vivienda, la ACP confirmó que 2012 se está revelando como otro año de «paralización total». Los datos de viviendas visadas del primer trimestre ante el Colegio de Arquitectos reflejan una caída del 26% respecto al mismo periodo del año anterior, que ya fue a nivel global el más nefasto para Málaga desde 1960, fecha en la que arrancaron estas estadísticas. Concretamente, en 2011 se visaron 1.186 viviendas, sólo el 2,5% de las visadas en 2006, justo antes de que reventara la burbuja inmobiliaria.
«La paralización es de tal magnitud que nos hemos quedado sin parámetros de referencia», dijo. La única noticia positiva es que las 9.826 ventas de vivienda nueva registradas en 2011 en Málaga han servido para drenar el stock de pisos que mantiene atascado al sector. Según Prado, ahora mismo quedarán unos 10.000 pisos en stock en manos de promotores –más lo que tenga la banca, que pueden ser de 6.000 a 7.500–, un volumen que puede ser fácilmente absorbible si se recupera la demanda. La ACP reconoce que se están vendiendo con rebajas del precio de hasta el 30% y descarta nuevos descensos.
Las constructoras ya cobran las deudas de los ayuntamientos. La ACP manifestó su satisfacción por el plan de pago a proveedores por el que los principales ayuntamientos malagueños abonarán unas 65.000 facturas pendientes para una deuda total de más 300 millones de euros. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que las constructoras y promotoras podrían ser los acreedores de hasta un 60% de estos débitos. El presidente del Grupo de Contratistas de la ACP, Emilio López Caparrós, confirmó que las empresas ya están recibiendo el dinero, aunque destacó que para ninguna de ellas supone ingresos extra.
«Ese dinero viene a tapar las propias deudas en las que nos hemos tenido que meter las empresas pero no para tener ganancias», comentó. Acogerse al plan de proveedores implicaba renunciar a los intereses de demora. «Las deudas de las administraciones arrastran dos y tres años; hemos tenido que renunciar hasta un 6%-7% de lo que nos debían. Pero es mejor cobrar ahora que seguir esperando», aclaró. Los ayuntamientos con más deuda acogida al plan –en general, no sólo a constructoras– son, según la ACP, Benalmádena (61,9), Estepona (60,7), Mijas (34,6), Fuengirola (29,3), Vélez (27,7), Rincón de la Victoria (23,4), Marbella (10), Ronda (8,2), Torrox (4,9), Nerja (4,8), Cártama (3,3) y Álora (1,9). En total, ellos solos suman 280 millones.
Otro asunto son los 170 millones que la Junta de Andalucía adeuda a las constructoras de la provincia. El problema es que hasta un 30% corresponden a certificaciones de obra, sin factura acreditativa. Se está pendiente de que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, acepte incluir las certificaciones de obra en el plan de pago de las autonomías. j. v. r. málagaúltimos años ha mandado a más de 44.000 trabajadores al paro por la paralización del segmento de viviendas y de la propia obra pública. Actualmente el sector, que llegó a dar empleo en Málaga a casi 100.000 personas, sobrevive con apenas 34.000
ocupados en la provincia, tal y como avanzó hace unos días este periódico.
Prado, que presentó su informe anual con motivo de la asamblea general de la ACP, afirmó que el recorte en inversión de obra pública» es el mayor de los recortes sociales que se puede hacer», y calculó que por cada millón de euros al año que se dejan de invertir en infraestructuras, 18 personas pierden su puesto de trabajo. La ACP calcula que en el año 2011 –donde con sólo 281 millones de euros, la inversión se redujo un 85% en relación a 2006– se han perdido 22.500 empleos en el segmento de obra pública.
El responsable de la ACP también advirtió de que un destino turístico como la Costa del Sol no puede «permitirse el lujo» de retrasar cinco años infraestructuras como el tren litoral, el acceso norte al aeropuerto o la culminación del soterramiento de San Pedro de Alcántara, ya que esa demora conlleva una pérdida de competitividad en relación a otros enclaves.
«Destinos turísticos emergentes como Croacia o Turquía están subiendo mucho, y en Málaga el turismo se ha quedado como la única industria relevante, porque la construcción está paralizada, tanto en obra pública como en residencial», alertó.
Prado –que estuvo acompañado por el presidente del Grupo de Contratistas de la ACP, Emilio López Caparrós, y por la secretaria general, Violeta Aragón– también quiso reafirmar que la partida en infraestructuras no es un gasto sino una inversión ciertamente rentable para los poderes públicos.
«Un plan de inversiones en obra pública se convertiría en un ejercicio de una verdadera política social debido al efecto multiplicador que la inversión tiene sobre otros sectores productivos y a la elevadísima tasa de retorno fiscal que tiene la inversión en obra pública», que cifró en un 60% en el corto plazo y en un 80% en el largo plazo, una vez considerados los efectos inducidos.
El cálculo, que se desprende de un informe de la patronal Seopan, incluye conceptos como el IVA, cotizaciones sociales, el IRPF de los trabajadores o el Impuesto de Sociedades, aparte de lo que deja de pagar en prestaciones por desempleo.
En cuanto a la vivienda, la ACP confirmó que 2012 se está revelando como otro año de «paralización total». Los datos de viviendas visadas del primer trimestre ante el Colegio de Arquitectos reflejan una caída del 26% respecto al mismo periodo del año anterior, que ya fue a nivel global el más nefasto para Málaga desde 1960, fecha en la que arrancaron estas estadísticas. Concretamente, en 2011 se visaron 1.186 viviendas, sólo el 2,5% de las visadas en 2006, justo antes de que reventara la burbuja inmobiliaria.
«La paralización es de tal magnitud que nos hemos quedado sin parámetros de referencia», dijo. La única noticia positiva es que las 9.826 ventas de vivienda nueva registradas en 2011 en Málaga han servido para drenar el stock de pisos que mantiene atascado al sector. Según Prado, ahora mismo quedarán unos 10.000 pisos en stock en manos de promotores –más lo que tenga la banca, que pueden ser de 6.000 a 7.500–, un volumen que puede ser fácilmente absorbible si se recupera la demanda. La ACP reconoce que se están vendiendo con rebajas del precio de hasta el 30% y descarta nuevos descensos.
Las constructoras ya cobran las deudas de los ayuntamientos. La ACP manifestó su satisfacción por el plan de pago a proveedores por el que los principales ayuntamientos malagueños abonarán unas 65.000 facturas pendientes para una deuda total de más 300 millones de euros. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que las constructoras y promotoras podrían ser los acreedores de hasta un 60% de estos débitos. El presidente del Grupo de Contratistas de la ACP, Emilio López Caparrós, confirmó que las empresas ya están recibiendo el dinero, aunque destacó que para ninguna de ellas supone ingresos extra.
«Ese dinero viene a tapar las propias deudas en las que nos hemos tenido que meter las empresas pero no para tener ganancias», comentó. Acogerse al plan de proveedores implicaba renunciar a los intereses de demora. «Las deudas de las administraciones arrastran dos y tres años; hemos tenido que renunciar hasta un 6%-7% de lo que nos debían. Pero es mejor cobrar ahora que seguir esperando», aclaró. Los ayuntamientos con más deuda acogida al plan –en general, no sólo a constructoras– son, según la ACP, Benalmádena (61,9), Estepona (60,7), Mijas (34,6), Fuengirola (29,3), Vélez (27,7), Rincón de la Victoria (23,4), Marbella (10), Ronda (8,2), Torrox (4,9), Nerja (4,8), Cártama (3,3) y Álora (1,9). En total, ellos solos suman 280 millones.
Otro asunto son los 170 millones que la Junta de Andalucía adeuda a las constructoras de la provincia. El problema es que hasta un 30% corresponden a certificaciones de obra, sin factura acreditativa. Se está pendiente de que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, acepte incluir las certificaciones de obra en el plan de pago de las autonomías. j. v. r. málaga