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miércoles, 26 de marzo de 2014

Alcaldes del PSOE vuelven a pedir que se modifique el decreto


SUR.ES

MÁLAGA

Los regidores municipales trasladaron la pasada semana su petición a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano 

23.03.14 - 02:30 - 


El Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable no sólo no convence a los afectados, sino que tampoco satisface a los ayuntamientos. Tanto es así, que aún habiendo transcurrido ya dos años de su entrada en vigor los alcaldes socialistas volvían hace sólo una semana a trasladar a la propia consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, la necesidad de modificar el decreto y dar una solución a las viviendas ilegales. Los regidores aprovecharon un encuentro que se desarrolló en la sede del partido en Málaga y en la que Serrano dio a conocer las medidas que se están llevando a cabo para reactivar la construcción, para volver a sacar el problema de las casas en el suelo no urbanizable y el rechazo que la normativa despierta entre la población.
Aunque los alcaldes no confían en que la Junta modifique el Decreto, el secretario de Organización provincial, Cristóbal Fernández, ha declarado que la normativa no es «inflexible. El mensaje respecto a la construcción de la Junta ha cambiado y en estos momentos estamos reflexionando sobre la normativa urbanística en Andalucía».
Los alcaldes temen el coste electoral que puede tener este tema en los próximos comicios municipales, razón por la cual piden al Gobierno andaluz la búsqueda de soluciones, porque se trata de un hecho que está ahí. «La Junta tiene que ponerse las pilas y buscar salidas, porque derribar dos o tres viviendas no es buscar soluciones, es hacer daño a esas familias», dice un alcalde socialista que pide que no se diga su nombre para evitar que el partido le tire de la oreja.

martes, 25 de marzo de 2014

El director de la Agencia Andaluza de Energía dimite, acusado de tener una vivienda ilegal

Por si alguien tiene dudas mirar el enlace de abajo:
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2014-03-17/el-director-general-de-energia-de-andalucia-tiene-una-casa-ilegal-con-agua-y-luz-pirata_102916/


LA CASA ESTÁ EN UNA ZONA NO URBANIZABLE


La decisión la ha dado a conocer el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado


EFE 18/03/2014
El director general de la Agencia de la Energía de la Junta de Andalucía, Luciano González García, ha dimitido hoy tras conocerse que el ayuntamiento de Yunquera (Málaga) le ha abierto un expediente informativo por tener supuestamente una vivienda en una zona no urbanizable.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, el consejero de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha confirmado que ha aceptado la dimisión del director general de la Agencia andaluza de la Energía porque le "rogó" que le aceptara la renuncia al cargo para defenderse de las acusaciones.
El consejero ha explicado que ha aceptado la dimisión no porque esta acusación afecte a la imagen del Gobierno, sino porque Luciano González quiere "tener las manos libres sin estar sometido por ser persona de confianza del Gobierno" para defenderse "en el sitio que crea apropiado".
Maldonado ha admitido que desconoce si la vivienda que posee el director general de la Energía de la Junta es ilegal, según publican varios medios de comunicación a raíz de que el Ayuntamiento de Yunqueras le haya abierto un expediente.
"No pido las escrituras" de las viviendas de los cargos de confianza, ha apostillado el consejero de Economía.

lunes, 24 de marzo de 2014

CONSECUENCIA DE LOS EXAGERADOS VALORES CATASTRALES






CONSECUENCIA DE LOS EXAGERADOS VALORES CATASTRALES
Chiclana de la Frontera. 13 de marzo de 2.014.
La importancia de los valores catastrales en los distintos conceptos impositivos y su repercusión en el bolsillo de los ciudadanos, a veces, se nos escapa, hasta que llega la ocasión.
Con motivo del pinchazo de la “burbuja inmobiliaria” se viene contemplando un desajuste entre el valor de mercado y el valor catastral en lo referente al mundo inmobiliario, hecho que en algunos casos es ruinoso.
En relación a este asunto, debemos destacar que en el ejercicio anterior, 2.013, en Chiclana se consiguió frenar el importe ascendente que venía sufriendo el recibo del IBI, modificando, a la baja, el tipo impositivo que venía aplicando este Ayuntamiento, ya que en la ponencia de valores se ha venido contemplando una subida anual del 10% en los valores catastrales.
En el presente ejercicio, 2.014, se consigue una bajada del 27% en dichos valores, con su repercusión, no solo en el recibo del IBI. Este impuesto es el más visible, pero hay otros que son muchísimos más gravosos para el bolsillo del ciudadano.
Por ejemplificar, escojamos el IRPF. A través de este impuesto, se nos imputa una renta que va en función del V.C. de los bienes inmuebles que no correspondan a la vivienda habitual. Sin entrar en detalle, los V.C. repercuten en otros impuestos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Plusvalía. También en becas, ayudas de tipo social y otros.
En este asunto, tiene mucho que ver la clasificación de los suelos.

La ley Básica urbanística estatal, TRLS 08 establece una clasificación, simple, equilibrada y directa. Por resumir: “Suelo Urbanizado” que es el que goza de las infraestructuras y servicios necesarios para las edificaciones y terrenos contenidos en él, y “Suelo Rural” el que se protege de ser urbanizado por diversos conceptos y, por lo tanto, no cumple aquellos requisitos.
A este respecto, podemos diferenciar los suelos en función de la naturaleza del impuesto:
  1. Se aplica IBI de naturaleza urbana a los siguientes clases y categorías de suelo:
Suelo urbano consolidado que goza de todas las infraestructuras y servicios.
También al suelo urbano no consolidado y al suelo urbanizable, con sus distintas categorías, solo que en estos últimos, las infraestructuras y servicios son inexistentes o insuficientes.
  1. Se aplica IBI de naturaleza rústica al suelo no urbanizable en sus distintas categorías.
Finalmente, pretendemos continuar trabajando en este asunto hasta lograr equilibrar la balanza entre lo que sería el precio de mercado y el valor catastral y, en eso, seremos infatigables.
El próximo año deberá llegar una nueva rebaja de los Valores Catastrales, bien por el procedimiento actual de aplicación de coeficientes correctores, bien porque sea ya efectiva la revisión que se está tramitando entre el Ayuntamiento de Chiclana y La Dirección General del Catastro.


Y EN LA PERIFERIA DE CÓRDOBA? Y NUESTRO ALCALDE?.

EL DÍA DE CÓRDOBA.

Almenara insta a la CHG a que actúe para

prevenir inundaciones en la localidad

El alcalde reclama a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
que no se limite "a cobrar cánones y a sancionar"
BELÉN HIGUERAS , PALMA DEL RÍO | ACTUALIZADO 18.03.2014 - 05:01
zoom
Unos jóvenes contemplan




Estas declaraciones tuvieron lugar una vez que el Ejecutivo, en respuesta a varias preguntas de diputados socialistas por Córdoba, anunciara que no limpiara los cauces de varios arroyos ni tampoco el del Genil ni trabajará sobre márgenes y meandros en el término municipal de Palma del Río puesto que, según los casos, las actuaciones por las que preguntó el PSOE son competencia de la Junta o de la administración local.

Almenara señaló que, una vez que la CHG asumió las competencias de los ríos en detrimento de la Agencia Andaluza del Agua, perteneciente a la Junta de Andalucía, ahora sorprende que, cuando hay invertir, le pasen la pelota a otras administraciones. "Tal vez, la CHG se crea que es una administración superior a las demás y decida qué actuaciones llevan a cabo y cuáles no sin preguntar a nadie", añadió Almenara, quien no ocultó su asombro por el anuncio que hizo hace unos meses el organismo de cuenca sobre las obras de reparación de la balsa de La Verduga sin que el Ayuntamiento la hubiera solicitado. "Todas las mejoras son buenas pero en los plenos municipales, con el respaldo de todos los grupos políticos, hemos pedido otras cosas. Habría que preguntarse quién ha instado a hacer esa obra", dijo.

Las actuaciones que el Gobierno central ha negado a Palma del Río son, entre otras, la protección de varios meandros del Genil, la restauración de pasos de agua potable para los diseminados de Pedro Díaz y La Graja, la limpieza del arroyo de la Vahera y del Boticario y la protección de la red de saneamiento mediante bombeos en emisarios, todas ellas relacionadas con las inundaciones que ha sufrido el municipio en los últimos años como consecuencia del desbordamiento del Genil y del Guadalquivir. 

Además, el Ejecutivo rechazó restaurar la margen derecha del Genil a su paso por el casco urbano de Palma del Río, pues entiende que es competencia de la Junta de Andalucía porque ostenta las competencias en materia de ordenación del territorio y de urbanismo.

En el año 2011, un ingeniero de la Confederación redactó, a instancias de la Agencia Andaluza del Agua, un proyecto para construir 1.850 metros de escollera en la margen derecha del Genil, a la altura de Palma del Río, con el fin de complementar el dique existente y garantizar la defensa de la población ante las avenidas del río. El por entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Luis Rey, informó de que carecía de financiación para la obra y meses más tarde, la posible construcción de este dique de protección pasó a manos del Gobierno central a través de la CHG.



miércoles, 19 de marzo de 2014

INTERVENCION DE MAURA HILLEN Y GERARDO VAZQUEZ EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.



En primer lugar y en nombre de todos los afectados por la LOUA. Queremos agradecer el buen trabajo y la exposición de motivos de la Presidenta de AUAN, y su asesor jurídico, Maura Hillen y Gerardo Vazquez.
Maura Hillen

Lógicamente ellos se han centrado en el caso de sus representados, pero han catalogado muy bien el AFO. Y las carencias de este, También han puesto el dedo en la llaga, cuando dicen que 300.000 casas no se hacen de la noche a la mañana, incluso algunas con todas las licencias y permisos, esto ha sido un caos por parte de las administraciones competentes, entre otras muchas verdades.

Desde APAIG,FEPACOR,FEDERACIÓN CORDOBA EXTRARRADIO, JUNTAS DE COMPENSACIÓN ALAMIRIYA,PROYECTO REAPPARITION ONG, PLATAFORMA ZONA BIC, ASOCIACIÓN DE PARCELISTAS INDEPENDIENTES, y por supuesto las del resto que componen la,  CONFEDERACIÓN ANDALUZA POR LA LEGALIZACIÓN URBANISTICA, (CALU). Les damos nuestra mayor "FELICITACIÓN".

Enlace al vídeo.
http://obiter.us.es/index.php?option=com_seyret&Itemid=2&task=videodirectlink&id=787

martes, 18 de marzo de 2014

COMENTARIOS DE D. MANUEL HIDALGO ROMERO




COMENTARIOS AL VIDEO EXPUESTO EN YOUTUBE Y QUE RESPONDE AL SIGUIENTE ENLACE:


Con todos los respetos hacia el Sr. Nozal:

La chica, desde el primer momento, alude a las viviendas irregulares. Se ve que está en el sendero de lo  correcto. Esto dice mucho en su favor.

  Este hombre prometía, por sus andares, pero p'a mi que se ha desviado de la ruta.


Al parecer, los mijeños, veían con bastante optimismo el asunto urbanístico al comienzo de la legislatura.

A la sazón, ya teníamos al Sr. Nozal pilotando la nave de las Casas Consistoriales de Mijas.

  Cambio de tercio: Ahora, al cabo del tiempo, nos sale el Sr. Nozal diciendo frases como.

  Que si “Decenas de miles de casas ilegales”
Que si  “ Le deberíamos haber exigido a Ud. que no hubiera hecho nada ilegal nunca” (minutos 6:34 y 7:54 del vídeo)…  y otras lindezas.

  Por otra parte, se queja e intenta justificarse:

  Que si todo es muy difícil, que si yo qué más quisiera…

Por cierto, no hace alusión a promotores, notarios, registradores, bancos, administración local, administración autonómica, administración central,… todos ellos parecen los grandes ausentes en la fiesta.

 Por lo visto, la tarta nos la comimos nosotros solitos: el usuario final. El propietario actual.

 Advierte Nozal, al propietario, que este cometió una ilegalidad.

Pudiéramos decir que le Echa en cara que no debería haber construido.


  Pasa por alto la casuística existente en este mundo de las viviendas de construcción irregular.

  Este hombre olvida que tradicionalmente se venía construyendo, no en terrenos robados, sino de propiedad particular y con las autoridades haciendo la vista gorda, mirando para otro lado. De ahí que haya más de 300.000 viviendas de este tipo, solo en Andalucía.

Parece ser que a esta clase de viviendas, se les viene llamando irregulares, que no ilegales, algo que se le escapa a muchos.

De todas formas, si se habla de ilegalidades,  habrá quien  considere cómplice a la administración, ya que, por una parte, ha permitido el abultadísimo  parque existente de viviendas sin licencia y, de otro lado, ha cobrado sus impuestos: de transmisiones patrimoniales, IBI, plusvalía, imputación en el IRPF, llegado el caso, Impuesto sobre el Patrimonio, …

Miles de propietarios fueron engañados por promotores dotados de una ética a la altura del betún. Que pregunte el señor Nozal a los extranjeros que creyeron estar en país europeo. Sencillamente, se fiaron de un estado que creían de derecho. En su propio municipio tiene buenos ejemplos.

Otros obtuvieron su licencia. Incluso así, se han visto comprometidos. Su vivienda se ha ido al suelo demolida por una administración, más madraza que madre. Y lo que es más grave, sin previa indemnización. De ahí que la administración española haya quedado en entredicho en los foros internacionales y el caso haya llegado ya a Estrasburgo.

  Determinados estados europeos han enviado algunos mensajitos a la Administración andaluza. De ahí que ya se esté hablando de movimiento de fichas a nivel legislativo.

¡Qué vergüenza! ¡Qué depredadores!

Vamos haciendo amigos por el mundo.

Ellos, La Casta, no se aplican a sí mismos la misma energía con la que se ensañan con la gente de la clase de tropa.
 
Este buen hombre, Nozal, hay momentos, en el vídeo,  en que parece arrepentirse e intenta enmendar  la plana y viene a decir algo parecido y por abreviar
Que si todo es muy difícil, que si la Junta, que si los técnicos,…
En otros momentos vuelve a la carga:
Yo no voy a prevaricar, solo voy a firmar lo que sea legal,… por supuesto, hombre, por supuesto. Nadie va a pedirle que firme nada ilegal.

  Lo que ocurre, Sr. Nozal es que lo que Ud. llama  legalidad no hay por donde cogerla. Que está prevista para llevarnos a la ruina. De ello hasta los más incrédulos cadad vez son más conscientes. Ese detalle se le escapa a Ud. No había caído en ello ¿Verdad? Pues aquí está quien se lo recuerda y de cuya opinión participan  cientos de miles de familias. Incluso correligionarios de su mismo color político reconocen que la LOUA hay que cambiarla.
  ¡Ud. ve normal que unas edificaciones que se han permitido que existan, llegado el caso no se permita repararlas, incluso demolerlas? ¿Cree Ud. Sr. Nozal que esta pauta de actuaciones corresponda a un país europeo?

Estamos, desde mi punto de vista, ante un país de pacotilla, dirigidos por lo peorcito de cada familia.

  Quien lo diría. Las más de las veces se tiran los trastos a la cabeza PP y PSOE-IU. En este caso, parece estar a partir un piñón: Si señor, hasta defiende a la Sra. Susana Díaz. Todos contra el de abajo.

     En la actualidad, dice quedarse cuadriculado por mor de  una señora que a través del Facebook, manifiesta haberle votado porque prometió que iba a regularizar las viviendas irregulares.

  Pues es Ud. muy ingenuo Sr. Nozal. Cuando se vota a un alcaldable, y no a otro, es por algún motivo. Tal vez sea  porque ha hecho unas promesas electorales que entran en el campo de intereses de un sector amplio de la población. Por ese motivo ha sido elegido, para que las cumpla. De lo contrario, lo estarán esperando para las próximas. No sé si Ud. hizo la promesa que hace manifiesta la señora de Facebook. Si fue así, estoy con la señora: a cumplir, de lo contrario, los propios irregulares del lugar, me imagino que le harán la campaña para las próximas elecciones.


  Efectivamente, son dignas de preocupación las personas mayores que hicieron su casa en la posguerra y que ahora tienen problemas con sus casas en Mijas, tal como argumenta el Sr. Nozal.

  Que se pase este hombre por las casas que ardieron, precisamente en su municipio.
Personas que compraron sus viviendas de buena fe y que, ahora, no es que tengan problemas, es que sus viviendas son impracticables y que la Junta de Andalucía les impide reformar ¿Estas personas no merecen también ayuda?

Menuda gracia les hará a las Víctimas del Incendio de Mijas, entre otros,  oírle estas expresiones.


  En el lugar donde resido, la mayoría de las viviendas que se construyeron a raíz de la posguerra e incluso mucho más adelante, fueron construidas sin licencia y nadie las llama ilegales. Barrios enteros construidos a finales del S. XX, como decimos sin licencia y que gozan de todos los servicios,… y sin pagar regularización.
 
Para finalizar, este Sr. Se queja de los que han construido sin licencia sus viviendas y, a continuación,  confiesa que hasta algunos edificios oficiales pertenecen al club de los irregulares.
¿En este caso no hay sanciones, ni demoliciones?

  Con qué argumentos se le exige ahora a la ciudadanía unos comportamientos de los que la propia administración adolece.
    
  A ver si hay alguien por ahí que le haga llegar a este señor, los siguientes enlaces del llamado corruptódromo:



  Ante esto no se dice nada en el vídeo y este es el verdadero problema y lo que ha arruinado a España.


  La ruina de nuestro país no es que algunos ciudadanos propios o extraños posean una vivienda irregular que, para mayor INRI, si algo se les puede achacar es que hayan contribuido a engrandecer una industria que en su momento fue pujante y que dotó de un envidiable nivel de vida a nuestros conciudadanos: la del ladrillo. Por cierto, inducida por quienes nos mal gobiernan.


http://www.mijascomunicacion.org/index.php/reportajes/item/6422-mijas-concluye-el-avance-de-la-revisi%C3%B3n-parcial-del-pgou-en-el-suelo-no-urbanizable


lunes, 10 de marzo de 2014

Propietarios de parcelas a favor de cambiar la LOUA prevén celebrar una convención en Córdoba para analizar su situación




NOTA PRENSA 22-02 ABREVIADO.
Agencia Europa Press. Noticias e información de actualidad
NOTA PRENSA 22-02 ABREVIADO.odt
CÓRDOBA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -  

No descartan crear partidos políticos vecinales en distintos puntos de Andalucía y manifestarse ante la sede de la Junta en Sevilla

Representantes de distintas asociaciones de propietarios de parcelas a favor de cambiar "o no aplicar" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como las últimas normativas que regulan el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, prevén celebrar en próximas fechas una convención en Córdoba capital para analizar su situación, junto a las autoridades de las diferentes administraciones, a las que invitarán a la cita.
   Así lo han destacado a Europa Press desde la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir en Córdoba, en representación de distintas asociaciones y que promueve esta convención, que se convocará "próximamente" con la participación de parcelaciones, comunidades, plataformas o federaciones, en el ámbito regional para "la unidad total y la solución final de cada casa, parcela y problema", precisando que en toda la región hay más de 300.000 familias afectadas.
   Igualmente, muestran "la voluntad de cambiar o que no se aplique" la actual LOUA a los que "quieran legalizar su casa debido al error en su concepto", y que "se incluya la responsabilidad de los especuladores del suelo aparcelado, que siempre han salido indemnes con su indebido enriquecimiento".
   Además, apuntan que no descartan crear partidos vecinales en distintos puntos de Andalucía para concurrir a las próximas elecciones municipales, "creados por y para los parcelistas", y ponen como ejemplo la situación en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, con un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Vecinal Regionalista (PVRE), donde éste último tiene la Delegación de Urbanismo.
   Y es que, desde la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir lamentan que "ninguno de los partidos existentes a día de hoy defienden los derechos de los propietarios de las parcelas, siendo una realidad que en tiempo electoral se nos utiliza a conveniencia como arma arrojadiza entre los grandes partidos".
   Asimismo, entre las próximas acciones que estudian, prevén una manifestación frente a la sede de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para "la defensa" de sus intereses y por "el derribo" de la LOUA, con la participación de gran parte de propietarios de las provincias andaluzas, puesto que, agregan, "los continuos anuncios de elaboración de nuevos decretos son meras maniobras electorales que dejan ver una deficiente legislación de ordenación urbana".
   Al respecto, comentan que han "sufrido durante tres años la publicidad" del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, que abre la posibilidad de regularizar viviendas construidas en suelo no urbanizable, si bien "no ha producido ningún efecto positivo al problema del parcelismo".

ABARATAMIENTO DE COSTES

   Por otra parte, consideran que "el abaratamiento de costes" para urbanizar responde a "otra de las tantas maniobras para alcanzar los objetivos recaudatorios que persigue la administración", motivo por el que los propietarios demandan "compromisos ratificados por las autoridades competentes y cuantificados con exactitud, y no expresiones de buenas voluntades".
   De este modo, defiende que "la solución no está en rebajar costes de las obras de urbanización, sino en buscar soluciones negociadas viables tantas veces planteadas por vecinos", teniendo en cuenta "la grave situación que se atraviesa por la actual crisis económica y además padeciendo la falta de servicios básicos, como el derecho universal al agua y el alcantarillado; y asumiendo la carga impositiva como el resto de ciudadanos".
   En definitiva, reclaman "el derecho a vivir" en sus casas, "construidas con el consentimiento de las administraciones y grabadas impositivamente por éstas a lo largo de los años, ingresando ingentes cantidades de dinero en las arcas públicas que en ningún caso revierten en este sector de población", según destacan desde la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir.




















domingo, 9 de marzo de 2014

DECRETO 36/2014, De 11 de febrero


Entrada que publicamos de D. Manuel Hidalgo Romero, donde nos envía un enlace del nuevo decreto 36/2014.

Desde este blog. les damos las gracias por la información y comentarios.

DECRETO 36/2014,  De 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

TÍTULO PRELIMINAR
INTRODUCCIÓN
                 En lo tocante a…. otro nuevo Decreto, éramos pocos y… comentar que está soportado por un universo de leyes, decretos y otras hierbas. La cuestión es perdernos en una maraña legal que cada vez confunda más al ciudadano que parece ser lo que se pretende.
Solo echar un vistazo a la introducción da pavor. En torno a veinte leyes y Decretos se citan para un folio y medio, así como un cúmulo de estamentos y organismos de la Junta que sufrimos. A todos, por ahora, los mantenemos.
Ellos, incansables impenitentemente se vienen arriba,  cada vez con más intensidad, inasequibles al desaliento.
Al margen de los cambios de denominación, de enumeración de competencias personales, estructurales u orgánicas.
Dejando a un lado todas las idas y venidas que, a modo de justificación se introducen habitualmente en cualquier cambio normativo, viajes de ida y vuelta en los que se aprecia un gran movimiento, para parecer que se hace mucho, para, al final, hacer poco (o nada), como ocurre con el contenido de la Disposición Adicional Primera. Esta Adicional es un clarividente ejemplo de los movimientos elefantiásicos de la administración que nos encorseta y frena.
 Se pregunta uno si no  sería más operativo solicitar los informes directamente a la Junta de Andalucía, ahorrando este cúmulo de vueltas y más vueltas.
¡Ah, pero entonces en qué se entretendrían los amiguetes de los amiguetes!
Bueno, prosigamos y vamos a uno de los aspectos que nos pudieran interesar del Decreto que nos ocupa. Este es la
Disposición final tercera Modificación del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Versión anterior:
Artículo 4. Identificación de las edificaciones aisladas.
1. La identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable requiere la previa delimitación por el Plan General de Ordenación Urbanística de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable del municipio, y de los asentamientos que pudieran ser objeto de calificacióncomo ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
2. En ausencia de Plan General, o si éste no contuviera la delimitación de los asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento para su identificación, que tendrá el carácter de Ordenanza Municipal, y que deberá someterse a información pública por plazo no inferior a treinta días. Simultáneamente se solicitará informe a la Consejería competente
en materia de urbanismo que lo emitirá en un plazo inferior a dos meses, previa valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.
3. Las edificaciones que no se ubiquen en ninguno de los asentamientos delimitados por el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, en el documento de Avance aprobado, se identificarán como edificaciones aisladas.

Versión actual:
«1. La identificación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable requiere la previa delimitación por el Plan General de Ordenación Urbanística de todos los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable del municipio, y de los asentamientos que pudieran ser objeto de calificación como ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
2. En ausencia de Plan General, o si éste no contuviera la delimitación de los asentamientos, el Ayuntamiento elaborará un Avance de planeamiento para su identificación, que tendrá el carácter de Ordenanza Municipal, y que deberá someterse a información pública por plazo no inferior a treinta días. Simultáneamente a la información pública se solicitará informe a la Consejería competente en materia de urbanismo que lo emitirá en un plazo inferior a dos meses.
3. En los casos en los que no sea necesaria la tramitación del Avance, bien por estar delimitados los asentamientos por el Plan General, o bien por no existir asentamientos en suelo no urbanizable, el Pleno municipal acordará expresamente la innecesariedad de dicho Avance, previo informe de los servicios técnicos municipales y de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá emitirlo en el plazo de un mes. Para la emisión de éste último informe, será suficiente la solicitud de la persona titular de la alcaldía indicando la intención de la Corporación de adoptar acuerdo de innecesariedad del Avance, acompañada del informe de los servicios técnicos municipales.
Estehttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png acuerdo será requisito necesario para la tramitación de procedimientos de reconocimiento de situaciones de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas y deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento.
4. Las edificaciones que no se ubiquen en ninguno de los asentamientos delimitados por el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su defecto, en el documento de Avance aprobado, se identificarán como edificaciones aisladas.»
Ir a Norma afectada
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                Otro día comentamos más sobre este complicado, árido y tedioso Decreto.
  Enlace del  documento:


miércoles, 5 de marzo de 2014

La Audiencia Nacional condena al Estado a pagar los gastos de la riada de 2010



CÓRDOBA / TRIBUNALES

Día 04/03/2014 - 09.36h

Revoca una decisión de la Subdelegación y obliga a abonar 1,3 millones


La Audiencia Nacional condena al Estado a pagar los gastos de la riada de 2010


El Gobierno central tendrá que hacerse cargo, casi en su integridad, de los gastos que el Ayuntamiento de Córdoba tuvo que soportar como consecuencia de la gran riada de febrero del año 2010, que obligó a sacar de sus casas a docenas de familias y a movilizar una importante cantidad de recursos y personal. La sentencia llega como consecuencia de un recurso presentado por el Consistorio ante la Audiencia Nacional contra la resolución del entonces subdelegado del Gobierno, el socialista Jesús María Ruiz, que autorizó el pago de medio millón de euros cuando la Corporación municipal declaró casi 1,4 millones. Con el fallo en la mano, el Gobierno tendrá que abonar la diferencia.
La Subdelegación decidió que no eran gastos subvencionables una serie de facturas que, afirmaba, no entraban dentro del programa oficial aprobado por el Gobierno. El caso estuvo adobado, además, de una serie de presuntas irregularidades detectadas por la Intervención del Estado. El hecho fue particularmente grave, porque por dicho informe se imputó a un funcionario municipal, el responsable del control de la retirada de lodos en las zonas inundadas. La Fiscalía consideró quehabía delito pero la investigación, llevada a cabo por un juzgado de instrucción, entendió que no había materia penal.
El fallo
La sentencia obliga al Estado a hacerse cargo de la práctica totalidad de los conceptos que quedaron fuera de la subvención inicial, al amparo de la normativa sobre catástrofes y emergencias, al entender que la Subdelegación las excluyó de forma improcedente. El fallo solo le da razón a la Administración central en el punto de que no cabe reconocer las facturas emitidas por Sadeco y Aucorsa, que entre ambas suman 128.422 euros, por ser servicios públicos de competencia municipal.
A partir de ahí, todo lo que el Estado excluyó ha de ser incluido, dice el fallo. En primer lugar, tendrá que abonar 745.000 euros por los servicios prestados por la firma Grúas Domínguez Pérez, que fueron los que originaron la investigación penal. La sentencia entiende que  un juzgado de instrucción ha dejado acreditado que la retirada de lodos se realizó, se firmó por un empleado municipal y se ejecutó conforme a precios de mercado en el contexto de una emergencia.
El Estado no quiso pagar tampoco los servicios de Cruz Roja, que aportó materiales básicos para «la protección y socorro» de las personas afectadas por valor de 22.000 euros. La sentencia asegura que se trata de servicios lógicamente relacionados con la situación que vivió la ciudad y que afectó a parcelaciones como Guadalvalle, La Altea o Fontanar de Quitos. Obliga también a resarcir al Consistorio por el servicio de la entidad Supla, que aportó monitores para los menores mientras sus padres limpiaban sus viviendas. Se reconoce en el fallo las cantidades del contrato con Opción Luna, a la que se llamó para aportar asistencia social, pero que no se ha justificado de forma adecuada la urgencia de la contratación.