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jueves, 28 de febrero de 2013

HACE UN AÑO DE LA MANIFESTACIÓN A NIVEL ANDALUZ CONTRA LA LOUA


ANDALUCÍA

Propietarios de viviendas ilegales se rebelan contra los planes de la Junta





Las expectativas que tenían muchos propietarios de viviendas construidas en suelos no urbanizables han quedado truncadas tras conocer el contenido del decreto elaborado por la Junta para tratar de regularizar la situación de más de 300.000 inmuebles repartidos por toda Andalucía en zonas aisladas, en hábitats rurales y en urbanizaciones o parcelaciones. La opinión de los colectivos afectados, que este 28 de febrero se manifiestan en Sevilla, es que la normativa no resuelve el conflicto, y que en el algunos caso lo agrava. La Consejería de Obras Públicas, a través de la directora general de Ordenación Territorial, Gloria Vega, sale al paso de tales apreciaciones y asegura que el decreto «lo que tiene detrás es un ejercicio importante de realismo y de equilibrio», de forma que los dueños de las casas saben que no se puede conceder una amnistía a 300.000 viviendas y en el otro extremo, los ecologistas también son conscientes de que «no se pueden derribar».



El 1 de marzo entra en vigor el decreto para la normalización de las viviendas irregulares en Andalucía, consideradas así por haber sido construidas en suelo no urbanizable. Se calcula que son más de 300.000 los inmuebles afectados por una normativa con la que la Junta no ha satisfecho las expectativas de sus dueños..
Sólo una pequeña parte, entre 30.000 y 40.000 de las casas en parcelaciones y en hábitat rural diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculados al mundo rural) pueden aspirar a la legalización con todas las bendiciones y siempre que se incorporen a los planes de ordenación urbanística de los ayuntamientos y no estén en zonas inundables, vías pecuarias o suelos de especial protección. La Consejería de Obras Públicas ha acusado a sus titulares de no querer asumir en muchos casos ni el coste de la regularización. El resto, que son la gran mayoría, las viviendas aisladas, sólo podrá disponer de documentos acreditativos de reconocimiento y suministros, pero seguirán teniendo numerosas limitaciones, por ejemplo realizar obras de ampliación o que incrementen su valor.
Según la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería, Gloria Vega, la normativa cuantitativamente «da salida», a través de la regularización, a las viviendas aisladas, mientras que las parcelaciones tienen la posibilidad de incorporarse a los planeamientos de los municipios y convertirse finalmente en edificaciones legales. En Andalucía las viviendas aisladas construidas en suelos no urbanizablesson aproximadamente 250.000, y la solución que les da el decreto (salvo a las que están inmersas en procedimientos judiciales) no es la legalización como tal, sino la regularización, es decir que pueden tener papeles (documentos de propiedad, etc) y suministros de servicios esenciales.
Planes urbanísticos
La normativa considera a estas edificaciones asimiladas a fuera de ordenación. Y los propietarios, resalta la secretaria general de la Consejería, «lo que quieren es una amnistía», que «no se va a conceder». Caso distinto es el de las viviendas situadas en parcelaciones, unas 40.000, que sí podrían quedar legalizadas con todos los aditamentos si los ayuntamientos, durante la revisión de los planes urbanísticos, recalifican los suelos siempre que no estén afectados por normativas de protección ambiental.
En este sentido, María del Mar Vázquez, portavoz de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) de Málaga, asegura que el decreto sólo soluciona los problemas de una mínima parte, pero agrava la situación del resto. APVI fue una de las más de veinte agrupaciones similares que recientemente se reunieron en Córdoba para hacer un planteamiento común en sus reivindicaciones. Todos esos colectivos reclaman no sólo la derogación del decreto sino también la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y apelan Tribunal Supremo para que se se modifique la sentencia sobre la no prescripción de las sanciones en suelos protegidos. Estas asociaciones han elegido este 28-F para mostrar en una manifestación en Sevilla su contrariedad.
Igualmente tienen previsto constituirse en federación de perjudicados y presentar una iniciativa legislativa popular que trasladarán al Parlamento y a los ayuntamientos, y a la que esperan que se adhieran todos los propietarios de casas en situación irregular. Otra de las iniciativas consistirá en mantener reuniones con todos los partidos políticos.
Según la Consejería de Obras Públicas, la LOUA prohíbe la vivienda en el campo si no está vinculada a la actividad agropecuaria, de ahí el interés de los propietarios de estas casas por modificar la normativa. Gloria Vega apunta que entre las asociaciones que se están movilizando hay grupos de parcelistas cuyas viviendas forman parte de los procesos de planeamiento, es decir, que pueden aspirar a la legalización plena. «El problema es que la legalización no termina porque usted se incorpore al planeamiento, el problema es que hay que pagar por los servicios y la infraestructura. Es cierto que dicen que están dispuestos a pagar, pero no lo que les reclaman los ayuntamientos», en algunos casos hasta 30.000 euros.
Añade Gloria Vega que algunos de los colectivos que más se han significado es el de los parcelistas de Córdoba que tienen las casas en zonas inundables, «y no tienen solución. Ellos buscan una amnistía, y si se les legaliza la vivienda tendrían derecho a que la Administración en lugar de tirarles la casa debería hacer obras hidráulicas para quitar la inundabilidad, que es lo que están buscando».
Para la secretaria general, los manifestantes llevan razón en el sentido de que ni el decreto ni la ley «les da solución. Si no quieren pagar, si quieren que la Administración costee las infraestructuras, que les hagan obras hidráulicas para que la casa no se inunde porque se ha construido donde no debía y que el Tribunal Supremo cambie las sentencias, están pidiendo lo más».


domingo, 24 de febrero de 2013

"ALCOLEA" BARRIADA PERIFERICA O "PUEBLO"



Los Dolores según Alcolea



Más allá de Las Tendillas, en el municipio hay otras semanas santas: las de la periferia, con arraigo y peso por sí mismas, como el caso de la barriada cordobesa más oriental



Puente construìdo durante el reinado de Carlos III



                                                                                 

JUAN M. NIZA 23/02/2013
A veces por desconocimiento, a veces por mirarnos el ombligo, se olvida que el enorme patrimonio cultural, histórico y cofrade de Córdoba no termina en la Cuesta de los Visos. Hay vida cofrade más allá de Las Tendillas, e, incluso, devociones que se instituyeron en 1238, apenas dos años después de que Fernando III conquistara Córdoba y mucho antes de que muchas de las iglesias fernandinas se hubieran terminado de construir. Precisamente, ese es el caso de Alcolea con Nuestra Señora de los Ángeles, patrona desde hace casi ocho siglos, y, sobre todo, de la hermandad de Los Dolores, que le ha dado a este núcleo una de esas semanas santas de la periferiaque ya quisieran localidades de mucho mayor tamaño.
    "Sé que nuestro palio llamaría la atención si llegara a Las Tendillas", resumía ayer Rafael Revuelta, el joven hermano mayor que sustituyó el pasado noviembre en el cargo a María José Palomino tras ocho años de gestión. Revuelta, de hecho, transmite orgullo por su hermandad, que con 31 años de historia se ha convertido no solo en un referente religioso, sino también ciudadano. Basta mirar la obra social de la cofradía con su recientes campañas de juguetes y alimentos en Navidad o la labor que realiza complementando el trabajo de Cáritas Parroquial atendiendo a 9 familias.
    Para ello, Los Dolores cuenta con 400 hermanos (prácticamente, uno de cada diez censados en la barriada) y como la propia Alcolea, que parece urbanística, geográfica y demográficamente una versión reducida de la capital, incluso en sus problemas (las vías del tren, el río, la regulación de las parcelaciones, etcétera) la hermandad de Los Dolores es un pequeño compendio de las cofradías cordobesas. Así, su talla evoca a La Merced al salir de la gubia del mismo imaginero (el sevillano Francisco Buiza Fernández), la hermandad tiene el sello de franciscana y sacramental junto al aroma de la plaza de Capuchinos con el nombre de Los Dolores y el espíritu de La Paz, ya que su promotor fue Fray Ricardo de Córdoba, además de algo de Santa Marina por sus muchos cofrades ligados al Resucitado y a la Esperanza (el propio hermano mayor) e, incluso, cierto espíritu de La Agonía y La Estrella con ese paso a nivel por medio que rompe la barriada y, respecto a la cofradía, limita el itinerario procesional el Viernes Santo. Unas vías, eso sí, que parecen ser lo único que en la tierra (que no en el cielo) frena a esta floreciente cofradía.

    Desde la Plataforma y en este blog queremos agradecer a nuestra hermandad de los Dolores el gran trabajo que realizan en la barriada y además el interés en todos los problemas que afectan de una forma muy directa a los vecinos.

    sábado, 23 de febrero de 2013

    ¿UNA RONDA PARA RECIBIR ALEGACIONES? ¿CON QUIÉN?




    La CHG declara de alto riesgo unos 50 kilómetros de la ribera del río



    Sólo el casco urbano queda fuera de la primera evaluación ordenada por la Unión Europea

    La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha incluido cerca de 50 kilómetros lineales de la ribera del Guadalquivir y varios afluentes del término municipal en el listado de Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Aspri), el nivel más alto de peligrosidad que se incluye dentro de la primera evaluación del riesgo que genera el Guadalquivir en un estudio conjunto de toda la cuenca. El documento se hizo público ayer y se ha iniciado una ronda para recibir alegaciones ciudadanas teniendo en cuenta que este tipo de información puede tener relevancia de cara a ordenaciones urbanísticas o a las propiedades colindantes. 

    Aunque parezca extraño, es el primer documento que estudia de una manera general cuáles son los riesgos de inundación que existen en toda la cuenca del Guadalquivir. Y Córdoba es uno de los términos municipales donde existe mayor acumulación de puntos de inundabilidad cierta. El estudio salva la zona urbana, que históricamente fue objeto de enormes crecidas del Guadalquivir, al entender que las obras de encauzamiento y la regulación efectuada por las presas que se han venido construyendo. El estudio entiende que las inundaciones en el término municipal son ya infrecuentes. 

    En lo que concierne al término municipal de la capital, el estudio identifica en primer lugar los 4.100 metros de ribera de los arroyos de la sierra que pasan junto a El Higuerón. Particularmente, se señalan como problemáticos los de Ochavillos, Quintos, de la Gitana y Cantarranas, todos ellos rodeados de parcelaciones y que desbordan generando daños materiales. 

    En el entorno de Villarrubia, la CHG ha identificado como zonas de alta peligrosidad los cauces de los arrollos Arjarilla, Huerta Mallorga, Guadarromán, Gorgojuela y del Alamillo. La mayor parte de estos cauces entran dentro de un plan de encauzamiento firmado por la Confederación y el Ayuntamiento que avanza a duras penas, sobre todo, por las dificultades económicas y las diferencias entre las partes. Son cerca de 12 kilómetros de cauce en total. 

    Además, se han calificado como dos zonas de alto riesgo la totalidad de las aguas arriba y abajo del casco urbano, que suman más de 30 kilómetros. Se trata de toda la ribera que rodea el aeropuerto y sus parcelaciones anexas y, por otro lado, el recorrido hasta los aledaños de las barriadas de Alcolea y El Ángel. En algunos casos, se registran 16 inundaciones desde 1995. El estudio obedece a un compromiso del Gobierno con la legislación comunitaria.

    Pediremos una copia de ese estudio a la C.H.G. Y 

    preguntaremos si la Plataforma se encuentra dentro 

    de esa ronda de contactos que van a realizar para ver 

    si tenemos que hacer algunas alegaciones 

    "ciudadanas."




    miércoles, 20 de febrero de 2013

    LA AUDIENCIA ABOGA POR DEMOLER LAS CASAS ILEGALES PESE AL DECRETO DE LEGALIZACIÓN

    La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sentencia en la que concluye que todas las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable de la provincia deben ser demolidas pese a que el Ayuntamiento haya puesto en marcha un intento de reclasificación del suelo en base al decreto aprobado en 2012 por la Junta que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable, ya que éste "no legaliza las edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico".

    Así se pronuncia la Sección Primera de la Audiencia Provincial en una sentencia, consultada por Europa Press, que estima el recurso interpuesto por la Fiscalía contra un fallo del Juzgado de lo Penal número 5 que absolvía a una pareja que, sin pedir licencia al Ayuntamiento, construyó una vivienda no autorizable de 60 metros cuadrados con porche, piscina y fosa séptica en terreno no urbanizable de la urbanización 'Las Minas' de Castilblanco de los Arroyos.
    La Audiencia aboga por demoler las casas ilegales pese al decreto de legalizaciónLa juez de lo Penal absolvió a esta pareja, formada por P.J.S. y A.M.C., al entender que no se trataba de una construcción no autorizable, pues "se están dando los primeros pasos dirigidos a convalidar legalmente la situación de hecho que ha ido creciendo al margen de la legalidad", entendiendo además que la construcción llevada a cabo estaría dentro del grupo definido en el decreto de la Junta como edificaciones en situación de asimilado al régimen fuera de ordenación.
    Es decir, dentro del grupo de las viviendas construidas sin licencia urbanística, o contraviniendo sus condiciones, respecto de las cuales cabe el procedimiento de regularización. La Audiencia indica, frente a ello, que "no se puede aceptar que desaparezca la punibilidad por la posibilidad de que una modificación del planeamiento modifique la calificación del suelo", pues cuando el legislador introduce en el artículo del Código Penal que regula los delitos contra la ordenación del territorio que la edificación ilegal ha de ser no autorizable, "no se está refiriendo a la eventualidad de que, en un futuro, más o menos incierto, pudiera modificarse la legalidad urbanística".
    "Esta interpretación conduciría al absurdo, puesto que en el terreno de la hipótesis de trabajo toda calificación es susceptible de modificación por decisión del legislador o de la administración competente en materia urbanística, por lo que este elemento del tipo ha de referirse necesariamente a la ilegalidad de la edificación en el momento que se realiza", apostilla.
    Al hilo de ello, la Audiencia recuerda que el Ayuntamiento "no tiene competencia para la aprobación definitiva de cualquier modificación de planeamiento", sino que esta competencia le corresponde a la Junta, "sin que exista una aprobación definitiva por la Junta tras la entrada en vigor del decreto"


    martes, 19 de febrero de 2013

    URBANISMO ADVIERTE DE LOS PRECIOS ABUSIVOS


    Urbanismo advierte de los precios abusivos de algunos presupuestos para iniciar el proceso de regularización de casas


    El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas, Manuel Navarro, ha advertido hoy de los precios abusivos que algunos técnicos están presupuestando a los propietarios de viviendas irregulares para preparar la documentación a fin de que la edificación sea regularizada mediante el régimen de asimilado a fuera de ordenación.
    Según ha explicado hoy el edil en la Concejalía de Urbanismo se han recibido quejas de propietarios de edificaciones susceptibles de ser regularizadas que han recibido presupuestos de incluso 15.000 euros, lo que a juicio de Navarro es “un abuso”.
    El concejal de Urbanismo, Manuel Navarro.“Hemos detectado que profesionales proponen precios absolutamente excesivos, lo que es una barbaridad”, dijo Manuel Navarro, quien explicó que “el equipo de gobierno no va a permitir ni a consentir que se abuse de la situación de propietarios que lo único que quieren es regularizar su vivienda”.
    En este sentido, el concejal de Urbanismo explicó que la documentación que los técnicos deben tramitar para iniciar la legalización de las edificaciones “es muy clara, pero no es un proyecto arquitectónico ni necesita boletines de instalación, sólo necesitan dos certificados y un reconocimiento de campo con planos de la casa, pero sin cálculos de estructuras”.
    Requisitos técnicos que pueden tener un coste de entre 800 y 2000 euros “dependiendo quien la haga, si un aparejador o un arquitecto”, dijo Manuel Navarro, quien recordó que una vez presentada la documentación en el Ayuntamiento el propietario que deberá hacer frente a una tasa del 5% sobre el valor de la vivienda, “aunque existe posibilidad de fraccionarlo”.
    Manuel Navarro ha animado a todos los propietarios de viviendas sobre las que no pesen expedientes, estén situadas en suelo no urbanizable y no haya sido catalogadas como asentamientos urbanísticos “a empezar de forma rápida la tramitación” de la documentación que posibilite la regularización de la vivienda “porque tiene beneficios como poder escriturarla, registrarla e hipotecarla” además de despejar trabas burocráticas a la hora de que la vivienda sea transmitida en herencia.

    martes, 12 de febrero de 2013

    Los embalses alcanzan su máximo nivel del año

    De nuevo está la hucha llena, una alegria sin duda, esperemos que no caigan fuertes lluvias y los nuevos titulares de las presas las sepan gestionar bien.


     11/02/2013


    Los embalses cordobeses siguen recibiendo agua de las escorrentías e incrementando sus recursos semana tras semana, con lo que los niveles se encuentran en sus valores máximos desde que se iniciara el año hidrológico el 1 de octubre. Los pantanos de la provincia, que tienen 142 hectómetros cúbicos más que hace un año, almacenaban el viernes 2.826,5 y estaban al 82,8% de su capacidad. Con estos niveles, el campo cordobés tiene garantizados dos años de riego, a lo que se une también la recuperación de los cultivos tras la gran sequía del pasado año que provocó una fuerte reducción de la producción en los herbáceos, pero también en leñosos como el olivar o los cítricos. Algunos pantanos desembalsaron agua durante la semana pasada al situarse en el 100% de su capacidad. Es lo que sucede con Yeguas y Martín Gonzalo, mientras que los dos grandes embalses de la cuenca del Guadalquivir, Iznájar y La Breña, están por encima del 80%. En el caso de Iznájar, almacena 818,8 hectómetros cúbicos (83,4%), mientras que La Breña tiene 693,8 (84,3%).
    Los 2.826,5 hectómetros cúbicos almacenados en la provincia suponen la mayor cantidad de la cuenca del Guadalquivir, superando los 2.014 de Jaén.
    PRECIPITACIONES Desde el inicio del año agrícola (1 de septiembre) se han registrado en la ciudad de Córdoba 439 litros por metro cuadrado, lo que supone un 17,9% más del acumulado normal entre 1980 y el 2010. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recoge excesos en todas las estaciones climáticas de la provincia, aunque destaca el caso de Espiel, que con 510 litros supera en 219 litros su media habitual. Montoro, con 564,1 litros, es el municipio del que facilita datos la Aemet con más agua acumulada en la provincia. Esta localidad acumula un exceso de 189,6 litros respecto a lo normal


    lunes, 11 de febrero de 2013

    EL ANHELO DEL SR.ALCALDE


    Las declaraciones hechas en los diarios abc y diario Córdoba del jueves 7 de febrero por el alcalde de Córdoba Jose Antonio Nieto, y en referencia sobre el proyecto de ciudad para unir la periferia ribereña con el centro de la ciudad desde Alcolea a Encinarejo,en las que dice que este proyecto es un anhelo de la Plataforma y que el anhelo es que no haya inundaciones en Córdoba.

    Desde la Plataforma creemos que esas declaraciones no son las más apropiadas de un alcalde que tiene que defender todas y cada una de las opciones de mejora para su ciudad.

    Le recordamos al Sr.Alcalde, que en unas declaraciones suyas al diario abc. Cuando aún era candidato a la alcaldía, donde decía que apostaba por la regularización de las parcelas una vez que se hayan aplicado las medidas necesarias para evitar que esos terrenos dejen de ser inundables.(Casualmente uno de los puntos de reivindicación de la Plataforma.)
    EVITAR INUNDACIONES
    También dijo,<creo que siempre que haya una posibilidad de evitar las inundaciones,hay que explorarlas y, una vez que se eviten y ese suelo deje de ser inundable, se abre la posibilidad de que pueda producirse una regularización> sentenció el líder popular.

    De igual modo,Nieto coincidió con el anterior alcalde al solicitar que la Agencia Andaluza del Agua,(anterior titular de la cuenca) dejara de mirar para otro sitio y llevara acabo actuaciones para evitar los daños que el río está causando a nuestra ciudad, es más si estas actuaciones permitieran que las parcelas levantadas en suelo inundable dejaran de serlo "habría que darle el mismo tratamiento que al resto de parcelaciones que se hallan en proceso de regularización".

    También le podemos recordar al Sr.Alcalde, que desde su grupo han reclamado a la Junta y Gobierno de España, proyectos pendientes para la ciudad en los que se encuentran los del río.

    Ademas queremos recordarle que en el programa de objetivos si su partido salía elegido para gobernar en Andalucía en su apartado 4,pagina 99, MEDIO AMBIENTE Y AGUA COMO GENERADORES DEL EMPLEO Y RIQUEZA.
    Entre otras muchas actuaciones que harían imposible de nombrarlas todas por su extenso contenido, pero nos quedamos con una
    Priorizaremos, en materia de Obra Publica Hidráulica,el mantenimiento de las instalaciones existentes y como obra nueva, las del Plan de Prevención de inundaciones y las de depuración,etc.etc.etc.bla.bla.bla.

    El Sr.Alcalde sabe de sobra que la Plataforma no tiene dinero ni competencia para encargar los proyectos de obra Civil necesarios para evitar las inundaciones, inundaciones como la del 2010, que todos sabemos que han sido provocadas por la mala gestión de sus titulares y por el afán recaudatorio entre otros intereses.

    La Plataforma, en una reunión con el Sr.Alcalde, le hizo entrega del informe de petición de proyecto, al igual que hicimos con el Subdelegado de gobierno,Presidenta de Diputación y resto de fuerzas políticas de nuestra ciudad.
    En este informe de petición de proyecto, queda muy claro con los medios de financiación que se podría hacer realidad y también queda muy claro que es el Alcálde de la ciudad quien tiene que pedir que se encarge  este proyecto.
    En el articulo del abc. Dice el sr.Alcalde que recuerda como el representante que tomó la palabra en el pleno, dijo que era que tenían que ir a Europa y se trajeran los cajones llenos de dinero, que están ahí para eso.
    Le recordamos al Sr.Alcalde que en nigun momento se dijo lo de los cajones de dineros a ver si  se quedo durmiendo en el pleno, por lo tanto al igual lo ha soñado y si la intervención no fue lo más acertada, también queremos recordar que este representante de la Plataforma que tomó la palabra es un ciudadano de a pie y no un político. Pero estamos seguros de que lo que dijo lo hacía con el corazón y la ilusión de unir a todas las fuerzas políticas y sociales para este gran proyecto de ciudad.

    De hecho todos los grupos políticos,Subdelegación de Gobierno,Diputación y personas a las que se les ha entregado este informe han coincidido que sería muy importante para nuestra ciudad.y han elogiado la gran idea y trabajo realizado en este informe.

    Por ultimo para terminar y no cansar, le diremos al Sr. Alcalde que aproveche este tiempo que tiene para trabajar por una Córdoba mejor, que no se burle de las personas que trabajan duro día a día  pero con ilusión. Que aquí estamos todos de paso,que las personas se olvidan en el tiempo pero no sus hechos, y si el tiene la oportunidad por ocupar un lugar publico, que lo haga y si no está capacitado o no quiere, que le deje su sitio a otro que tenga mas interés.

    el enlace de Diario Córdoba

    Nieto ve "más barato trasladar las casas" que ejecutar el proyecto de la platafoma







    sábado, 9 de febrero de 2013

    EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DA UN NUEVO VARAPALO A ESPAÑA POR SU POLÍTICA DE VIVIENDA



    Suspendido cautelarmente un derribo en la Cañada Real Galiana (Madrid)
    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un nuevo varapalo a España por su política de vivienda
    Una pareja con una hija de ocho años no será desalojada de su vivienda, sobre la que pendía una orden de derribo, porque las autoridades españolas no les garantizan una alternativa habitacional adecuada.
    Gladys Martínez López. Redacción
    06/02/13 · 17:54
    El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto en entredicho la política española de vivienda por segunda vez en dos meses. En esta ocasión, el tribunal de Estrasburgo ha vuelto a sentar precedente al suspender de manera cautelar el derribo de una vivienda familiar en la Cañada Real Galiana, antigua vía pecuaria de la Comunidad de Madrid donde miles de familias, de manera irregular pero tolerada e incluso reconocida por las administraciones, se han ido asentando en los últimos 40 años en seis sectores repartidos entre las ciudades de Madrid, Coslada y Rivas.
    Desde 2007, más de 250 viviendas de Cañada han sido demolidas por las administraciones, dejando en el desamparo a sus habitantes, que a menudo habían llegado a ellas en situación de precariedad y por la falta de alternativas habitacionales. El caso de Mohamed Raji era uno de ellos. De 47 años, con mujer y una hija de ocho años, Raji vivía y trabajaba en Madrid desde hace 20 años, pero la crisis lo abocó al paro y en 2010, con pocos recursos y después de cuatro años solicitando una vivienda social tanto al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de Vivienda sin obtener una respuesta favorable, decidió mudarse a una casa en la Cañada Real, sin saber que sobre ésta ya pesaba sentencia de derribo, cuya notificación recibió meses después.
    A pesar de los requerimientos de Javier Rubio, abogado de la familia, invocando los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso decidió ratificar la demolición, y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negó a suspender el desalojo de manera cautelar mientras se tramitaba el recurso interpuesto. “Ante el derribo inminente, solicitamos amparo ante el TEDH alegando una posible vulneración de derechos fundamentales y la inexistencia de vías efectivas en España para proteger estos derechos mientras se tramita un recurso”, explica Rubio.
    Igual que ocurrió en diciembre con el caso de una familia que, ante la falta de alternativas, ocupa una vivienda del Ivima, el TEDH requirió al Gobierno español para que explicase qué alternativas habitacionales iba a proponer a los afectados. La respuesta del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, que proponían enviar a la familia a un albergue entre 7 y 15 días, no satisfizo al tribunal, que dictaminó el 31 de enero la paralización del desalojo.
    “Hay garantías que deben cumplirse, como la de que todas las personas tienen derecho a un alojamiento alternativo adecuado. El alojamiento alternativo propuesto a esta familia por el Ayuntamiento de Madrid es de emergencia, temporal, no satisface los requerimientos del derecho internacional a una vivienda adecuada y deja a las personas en una situación de total desprotección”, explica Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional, que ha recibido “con satisfacción” la decisión del TEDH, decisión que “supone un nuevo recordatorio para el Estado español de que tiene obligaciones jurídicamente vinculantes con respecto al derecho a la vivienda que afectan a todas las autoridades a nivel central, autonómico y local”. Mendiola añade que “los desalojos efectuados sin salvaguarda de derechos han sido calificados por diversos organismos de la ONU como violaciones graves de derechos humanos y son contrarios a la legalidad internacional”.
    Precisamente, el pasado 28 de enero el relator especial de Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, declaraba tras una visita a la Cañada Real que “es necesario atender con carácter urgente la situación de desalojos forzados de las zonas de la Cañada Real y Puerta de Hierro en Madrid, y encontrar soluciones inmediatas y a largo plazo a los problemas relativos al acceso a una vivienda adecuada y a los servicios en dichos lugares. Estas situaciones son simplemente inaceptables y España debería encontrar una solución integral para estas víctimas”.

    Negociaciones y derribos

    A pesar de la aprobación en 2011 de la Ley de Cañada y de que en los últimos meses los ayuntamientos de estas tres localidades, la Comunidad de Madrid, asociaciones y vecinos afectados han iniciado un proceso de negociación que debería desembocar en una solución para sus habitantes, en los últimos dos años se han producido al menos 15 derribos y en meses pasados numerosos vecinos recibieron notificaciones para abandonar sus viviendas. “En ningún caso se previó un alojamiento alternativo y tampoco había previsión sobre la situación social o sobre si contaban con medios económicos, de modo que tenemos casos en que los derribos han dado lugar a personas sin hogar”, explica Javier Rubio, que mantiene que “se puede decir que los derribos anteriores que no tenían estas previsiones constituyeron violaciones de derechos humanos, por lo que se puede pensar en algún tipo de medida”.
    No ha sido hasta el 30 de enero cuando el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la paralización de los derribos en Cañada, vinculados a 141 órdenes de demolición, en nombre de “su voluntad inequívoca de contribuir para generar el mejor clima social posible hasta que se alcance el acuerdo marco previsto en la ley”. Casualmente, este anuncio se producía días después del requerimiento por parte del tribunal europeo y pocas horas antes de que éste pronunciara la orden de suspensión. “Hasta hoy los habitantes de Cañada nos sentíamos desprotegidos, y con esta decisión sentimos que podemos negociar con la administración con más protección”, explica Mohamed Raji.
    Según Javier Rubio, “la consideración del tribunal tiene importancia no sólo para Cañada, sino también para el derecho a la vivienda. Aunque se reconoce este derecho en el artículo 47 de la Constitución, no es invocable ante los tribunales españoles, y de alguna manera la decisión del TEDH es un toque de atención sobre las autoridades españolas porque, en la medida en que no hay recursos efectivos para los ciudadanos ante estas agresiones, se está incumpliendo el Convenio de Roma y se están vulnerando los derechos humanos”.



    lunes, 4 de febrero de 2013

    EL SUPREMO OBLIGA A LA JUNTA DECIR SI LAS LICENCIAS DE ENCINAREJO SON LEGALES




    El alto tribunal lleva a la Junta a pronunciarse sobre si la ELA era un órgano competente

    El Gobierno andaluz no podrá eludir la cuestión de emitir un pronunciamiento expreso en su máximo órgano ejecutivo, el Consejo de Gobierno, sobre una cuestión que atañe a docenas de vecinos de la entidad local de Encinarejo: si son legales las licencias otorgadas para sus viviendas y, por ende, si los criterios bajo los que se concedieron y los tributos que se pagaron por ellas se efectuaron por un órgano competente o no. 

    El alto tribunal acaba de emitir una sentencia en la que obliga a la Junta de Andalucía a aclara su posición en el conflicto de competencias suscitado en 2006 entre la ELA de Encinarejo y el Ayuntamiento matriz, entonces en manos del PA e Izquierda Unida, respectivamente. Poniendo las cosas en contexto, eran años de crecimiento inmobiliario y de ingresos derivados por las tasas que se percibían. Encinarejo entendió que tenía la plena potestad para autorizar mientras que el gobierno municipal de Córdoba, que desde la etapa de José Mellado en Urbanismo se oponía a esta cuestión, aseguraba que podía autorizar actuaciones menores pero que las mayores, construir un edificio o rehabilitarlo, tenían que pasar por la Gerencia de Urbanismo. Tras muchos tira y afloja, el Consistorio planteó un conflicto de competencias ante la Junta de Andalucía. 

    El Gobierno autonómico informó el conflicto de competencias pero nunca llegó a emitir un pronunciamiento en firme aunque se llegó a redactar un borrador del decreto a aprobar sobre esta cuestión alegando dos cuestiones fundamentales. La primera, que las licencias emitidas eran firmes. La segunda, que al ser procedimientos cerrados no cabía desarrollar un pronunciamiento buscando analogías en casos previos similares. 

    El Supremo entiende que la Junta no tiene más alternativa, en aplicación de la legislación de conflictos de competencias, de emitir un pronunciamiento sobre la cuestión. De hecho, el recurso judicial que interpuso en su día el Ayuntamiento aseguraba que tenía que ser el Consejo de Gobierno quien dirimiese quien llevaba razón. El Supremo entiende, en la sentencia comunicada a las partes, que el pronunciamiento no implica darle la razón directamente al Ayuntamiento de la capital sino estudiar el asunto y emitir una opinión firme. Lo contrario, asegura el fallo, sería "causar un irreparable e injustificado perjuicio" a la corporación municipal de la capital. 

    Socialmente, el tema podría llevar a que una serie de licencias de obras se emitieron por un órgano incompetente y por tanto no son válidas. Lo que viene a ser un lío.