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miércoles, 9 de julio de 2014



D. Manuel Bodoque Ariza, Presidente de la Federación de Parcelistas de Córdoba. (FEPACOR)



CÓRDOBA

Contestación sobre el parcelismo

Día 02/07/2014
He leído el artículo publicado en el diario ABC de Córdoba titulado «El parcelismo militante», en el que se manifiesta que se va a producir una tercera amnistía para el parcelismo militante, y por ello, se tacha a los parcelistas de chantajistas, y acusa a los partidos políticos de doblegarse a ese chantaje. Parece que el articulista olvida que gran parte de los barrios de Córdoba se construyeron y habitaron, primero, y se urbanizaron, después, como ocurre hoy con las parcelaciones. Hay que recordar que el barrio del Brillante, construido y habitado desde hace casi un siglo, todavía hoy tiene calles sin asfaltar. Cerca del Brillante, Valdeolleros es resultado de una parcelación previa al PGOU de 1958, consecuencia de un proceso continuado de autoconstrucción de viviendas unifamiliares adosadas, que se levantaban al borde de las vías. Y, como éste, otros. Olvida mencionar también que el parcelismo fue fomentado por las Administraciones, en toda Andalucía, desde el comienzo de la democracia, quizás como única forma de poder cumplir el precepto constitucional contenido en el artículo 47, que establece el derecho de todos los españoles a disponer de una vivienda digna, vivienda inalcanzable por su precio, para las clases humildes en los años 70. Achaca el articulista a los partidos políticos que claudiquen ante las exigencias de regularización de los parcelistas, olvidando también, en mi opinión, que los partidos políticos, sea el que sea, cuando detentan el poder municipal, no tienen otra salida legal que afrontar lo que en aquellos años era una solución, y hoy lo quieren hacer ver como un problema. Y, si además, todos los plazos de prescripción, para imponer sanciones, y para restablecer el orden urbanístico, han transcurrido, el Ayuntamiento no puede sino regularizar la situación mediante el planeamiento, como ha hecho en tantas otras ocasiones.
Se confunde finalmente en el artículo, amnistía con regularización urbanística. Amnistía es una forma de extinguir las responsabilidades penales, y en ninguno de los tres casos que cita como amnistía, se ha producido extinción de responsabilidades penales, ni de las civiles, ni de ninguna de las obligaciones urbanísticas de los propietarios de las parcelas, que conforme a la legislación vigente, y conforme al contenido del PGOU, van a afrontar el pago de todas y cada una de sus obligaciones, sin que se les perdone o se extinga ninguna de ellas.

La Junta abre el corsé y flexibiliza los límites de crecimiento a los municipios


El Día de Córdoba

Ordenación del Territorio reinterpretará el artículo 45 del POTA para no "lastrar" nuevas oportunidades de desarrollo urbanístico El objetivo es reactivar el sector de la construcción
SEBASTIÁN SÁNCHEZ MÁLAGA | ACTUALIZADO 06.07.2014 - 05:04

La Junta de Andalucía sigue añadiendo ingredientes a la fórmula con la que reactivar el sector de la construcción en la región. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene previsto presentar esta semana una instrucción mediante la que "flexibilizar" la forma de interpretar los límites de crecimiento contenidos en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que impide a los municipios ir más allá del 30% de aumento de población y del 40% en lo que a ocupación de suelo refiere. Ello, de facto, supone abrir la mano al férreo corsé al que, en apariencia, han estado sometidos los municipios desde que entrase en vigor esta herramienta. 

Grosso modo, la medida ayudará a paliar el estancamiento de la industria del ladrillo que, según datos de la propia presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha supuesto la pérdida de unos 400.000 puestos de trabajo desde 2007. Para ello, se quiere hacer más permisivo el actual ordenamiento, de tal manera que en casos "justificados y excepcionales" se puedan autorizar crecimientos por encima de los parámetros recogidos en el artículo 45 del POTA. Con ello, además, quiere dar respuesta a la demanda de la inmensa mayoría de los ayuntamientos andaluces. 

"Una de sus principales demandas está relacionada con esto. Cada uno, por situaciones distintas, plantea problemas coherentes, lógicos y salvables, que pueden tener una solución con una nueva interpretación y una bajada al territorio; hay que dar respuesta a los ciudadanos desde la realidad y no estar legislando con carácter general sin tener en cuenta las características del territorio", explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

¿Dónde residen las principales novedades? Hay dos variaciones significativas para permitir mayores crecimientos. De un lado, pasarán a no computar ni en población ni en ocupación de suelo aquellos sectores urbanizables con proyectos de reparcelación aprobados. La medida se adopta sobre la base de que en muchos casos, la incapacidad de los promotores para desarrollar estas actuaciones, por la falta de crédito, fundamentalmente, "lastra" la posibilidad de un ayuntamiento de impulsar nuevas oportunidades de inversión en su territorio. 

"Ése es un cambio trascendente para muchos municipios, porque hay muchos sectores en estas circunstancias que no han culminado su ejecución por falta de financiación y están lastrando el futuro de esos territorios", comentan otras fuentes del mismo departamento. La segunda modificación, que altera los límites del POTA, se vincula a los suelos urbanos no consolidados, que hasta la fecha sólo sumaban en lo que a población de refiere. Con la nueva interpretación, dejarán de hacerlo. 

Dos cambios que, a juicio de los responsables de la consejería dirigida por María Jesús Serrano, dan "más margen" a los municipios. "Los ayuntamientos están en un callejón sin salida, porque o apuestan por la oportunidad, pagando los daños y perjuicios e indemnizando a los titulares de estos suelos no desarrollados, o no indemnizan pero pierden oportunidades", comenta Márquez, que defiende la necesidad de "interpretar el momento y, dentro de la norma, ser lo más flexibles posibles". 

Uno de los interrogantes que pesa sobre esta hoja de ruta es en qué medida afectará esto a la puesta en carga de nuevos suelos en el territorio andaluz. Sobre el particular, los dos responsables de la Consejería dicen no disponer de datos concretos. Ni tampoco sobre la repercusión que estas acciones pueden tener sobre la reducción de las elevadas cifras de desempleo. 

A pesar de esta evidente variación, en Medio Ambiente se ensalza el valor del POTA, considerándolo "un instrumento vital, que tiene que seguir siendo la piedra angular de la política urbanística de la Junta". "Lo que hacemos es interpretar ese artículo, pedir a los ayuntamientos un esfuerzo, en el sentido de permitir superar los parámetros de crecimiento pero siempre de manera justificada, ordenada y teniendo en cuenta que es prioritario mantener la ciudad consolidada", añaden. 

En la misma línea, se señala que si bien la regla general se mantiene en los límites del 30% y el 40%, "hay excepciones, lo que nos obliga a ver cuál es la justificación de cada planeamiento; porque hay circunstancias y el sentido común nos lleva a tenerlos en cuenta". "Siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo el municipio de Rota y el de Puente Genil; los dos tienen unos 20.000 habitantes, pero teniendo la misma base poblacional, en Rota hay una base naval a la que vienen unas 3.000 personas, mientras que en Puente Genil no ocurre eso", expone una de las fuentes. Y añaden: "Se trata de ponerle sentido común a una regla general que es positiva y buena; los crecimientos deben ser sostenibles, pero no debemos dejar de admitir que Andalucía es muy amplia y diversa y por tanto puede haber circunstancias que, justificadamente, motiven esta acción". 

La elaboración de esta instrucción sigue la línea de las medidas impulsadas en los últimos meses por la Junta en pos de revitalizar el sector de la construcción. Muestra de ello es el decreto que persigue rebajar de forma sensible los tiempos de aprobación de los planeamientos. No obstante, la apuesta por aceptar la posibilidad de superar los límites del POTA entra en cierto conflicto, al menos desde el punto de vista conceptual, con la apuesta de esta misma consejería de blindar la franja del litoral de la región.


http://www.elfarodechiclana.com/index.php/desarrollo/varios/item/11145-ayala,-satisfecha-con-la-decisi%C3%B3n-de-la-junta-de-rectificar-el-art%C3%ADculo-del-pota-que-limitaba-el-crecimiento-de-los-municipios


martes, 1 de julio de 2014

MARÍA JESÚS SERRANO. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE


Uno de los mayores problemas el de las viviendas irregulares en toda Andalucía, no se ha mencionado en esta entrevista, será que no interesa, o será que no importa de que miles de Andaluces mal vivan, por que sus representantes políticos miren hacia otro lado. 



"No podemos caer en errores pasados y tener Algarrobicos en todo el litoral"

Defiende "la apuesta" que la Junta ha realizado por la protección de la biodiversidad andaluza y asegura que llegaran "donde haga falta" para frenar la ampliación de El Cabril.
JUAN RUZ | ACTUALIZADO 22.06.2014 - 10:56


Si hay algo que esta baenense extrovertida le pone a su trabajo es pasión y no hay asunto que dependa de su consejería del que no esté perfectamente documentada antes de enfrentarse a un debate o a una entrevista. Defiende a capa y espada que medio ambiente y ordenación del territorio deben ir de la mano y que ambas materias son una oportunidad para el desarrollo económico de Andalucía. 

-No son buenos tiempos para ocupar una cartera como la suya de medio ambiente. 

-Yo creo que los tiempos so siempre buenos cuando a uno le toca una responsabilidad y la crisis no puede ser una excusa para dejar las políticas medioambientales ni bajar la guardia en estos temas. En Andalucía seguimos siendo pioneros en la defensa de nuestro patrimonio medioambiental. 

-Pero cuando se habla de recortes parece que el medio ambiente siempre está el primero en las quinielas. 


-En Andalucía no. Cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, conformó su Gobierno optó por devolver a la Consejería de Medio Ambiente al lugar que siempre había tenido y seguir reivindicando la protección de nuestro territorio, ya que el 30% del mismo está protegido en la actualidad. 

-Una de las señas de identidad de Andalucía es Doñana, donde por ejemplo sigue sin resolverse el problema de los pozos ilegales. 
-Ahí llevamos trabajando mucho tiempo y ya hemos conseguido llevar el Plan de Ordenación de la Corona Norte al Consejo de Participación de Doñana. Tuvo lugar un consejo extraordinario y se llevó el documento que recibió el apoyo. Ahora hay que convocar la mesa de redacción del plan, ratificar todos los informes y se espera que para finales de año esté aprobado. ¿Qué significa este plan? Pues incluye medidas ambientales y de conectividad ecológicas y de 11.000 hectáreas de regadío fuera de ordenación en el entorno de Doñana se van a poder regularizar 9.300 y el resto tendremos que establecer un plan para ver qué hacer con ellas. 

-Este entorno se puede ver afectado por el anteproyecto de parques naturales que plantea el Gobierno. ¿La Junta de Andalucía va a recurrirlo? 

-Nosotros ya hemos transmitido nuestro total desacuerdo con el anteproyecto de ley que está elaborando el Gobierno. Si no se tienen en cuenta las medidas que ha propuesto el grupo socialista y el texto queda tal cual está ahora, el Gobierno andaluz la recurrirá. Porque entendemos que no era necesario abrir el debate ahora de los parques nacionales, porque la ley de 2007 recogía la sentencia del Tribunal Constitucional y lo que había era que desarrollar dicha ley y no abrir otra vez un nuevo debate sobre competencias. Lo que más nos preocupa es que se abra la puerta en los parques nacionales a actividades especulativas, sobre todo urbanísticas, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Todo ello sin olvidar que el informe del Consejo de Estado establece que 22 de los artículos puede ser anticonstitucionales e invadir competencias de las comunidades autónomas y le recomendaba al Ejecutivo estatal que reformara el texto. El Gobierno no lo ha entendido así, sólo ha modificado el artículo que hace referencia al voluntariado y si el texto sale del Senado como está ahora, lo recurriremos porque entendemos que invade competencias de las comunidades autónomas. 

-En Doñana y en el Guadalmellato de Córdoba se repite el problema del atropello de linces. ¿Se van a tomar medidas? ¿Se replantean si merece la pena el esfuerzo que se está realizando en esta materia? 
-Siempre merece la pena la recuperación de la biodiversidad, siempre. Además, no debemos considerarlo como un gasto, sino como una inversión, y está demostrado que este tipo de programas siempre traen actividad económica, sin olvidar que se trata de fondos finalistas de la Unión Europea. El asunto de los atropellos nos preocupa y se está trabajando para poner algún tipo de solución. Digo algún tipo porque no podemos evitar que los animales se muevan por el territorio y no podemos evitar el 100% de los accidentes. Además, desde la Dirección General del Medio Natural se ha llegado a la conclusión de que hay más atropellos porque hay más linces y al haber más ejemplares también hay más movimiento de ellos por el territorio, entre otras cosas porque tienen que buscar alimento y se acercan cada vez más a territorios más humanizados. Se ha convocado ya el grupo de trabajo para que se pueda establecer un protocolo de actuación y podamos evitar cuantos más atropellos, mejor. Desde la Consejería se está preparando la solicitud a la UE de un programa Life integrado de conectividad ecológica al que se ha sumado Portugal y que queremos que el Ministerio lo apoye también. 

-Usted también es titular de Ordenación del Territorio, con algunos problemas de calado como el de las naves de la Colecor en Córdoba. ¿Qué va a hacer la Junta? ¿Se tirará parte de esa infraestructura? 

-Las naves de la Colecor están dentro del Plan Especial de la Carretera de Palma y eso es algo más que esas naves. Este es un asunto demasiado debatido y mediático, al que hay que poner solución cuanto antes porque los ciudadanos no lo entenderían. Ahora tenemos un plan especial aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba, que está vigente, porque la sentencia del TSJA lo avala y no lo anula. Únicamente dice que el artículo que se refiere a la ocupación y usos son los que declara nulos y ahí es el Ayuntamiento el que tiene que poner la solución encima de la mesa. Nosotros estamos a su disposición, con voluntad de colaborar, pero las competencias en materia de urbanismo son de los municipios. En la reunión de mayo con el alcalde de Córdoba quedamos en que desde la lealtad y la colaboración el Ayuntamiento pusiera sobre la mesa una propuesta, que aún no nos ha llegado, y desde la consejería se le diría si es viable o no. Una vez que tengamos eso y el plan esté aprobado en su totalidad, sabremos si hay que hay que tirar las naves o no y en qué porcentaje. Dicho esto, me gustaría dejar claro que el expediente de restitución de la legalidad no está prescrito, como ha dicho el concejal José María Bellido. Una cosa es la sanción administrativa, la cuantía económica y la multa que tiene que pagar el promotor, que tiene su curso y que el Ayuntamiento tendrá que velar por cobrarla, y otra cosa el expediente de restitución de la legalidad urbanística alterada, que al estar en suelo no urbanizable de especial protección no prescribe jamás. 

-Al margen de que se busque una salida, aquí hay una realidad, que es que el propietario de esas naves es el empresario y líder de la oposición en el Consistorio cordobés Rafael Gómez. ¿Teme que no se entienda la solución que se adopte?. 

-Ya le he dicho que el Plan General de la Carretera de Palma es algo más que las naves de la Colecor y hay que darle una solución jurídica a todos los propietarios de ese ámbito. Pero también es verdad que los ciudadanos no entenderían que un infractor y una persona que no cumple con la ley como es el caso de Rafael Gómez con las naves de la Colecor, si se me permite la expresión, se vaya de rositas. No lo entenderían y le tenemos que dar una respuesta desde la Administración. La ley es para todos igual y tenemos que tener tolerancia cero con los infractores. Dicho esto, lo que tenemos que hace los servidores públicos es poner soluciones que entiendan los ciudadanos. Las normas están para cumplirlas. 

-Otro problema de calado, ¿qué va a hacer el Gobierno autonómico con el Hotel Algarrobico? 

-Pues la Junta de Andalucía no contempla otro escenario que no sea la demolición y la restitución de la legalidad urbanística alterada. Ahora bien, para eso tenemos que tener seguridad jurídica. Lo que sí pedimos desde el respeto a la Justicia es celeridad, para que cuanto antes demos una respuesta a una cuestión también muy mediática. Hay tanta maraña y tantos recursos que es normal que los ciudadanos se pierdan. 

-¿Qué piensa usted del dragado del río Guadalquivir a su paso por Sevilla? 

-La competencia es del Gobierno central y desde la Junta lo que decimos es que no debemos ni podemos poner en peligro el estuario del Guadalquivir. Lo que tiene que cumplir la Autoridad Portuaria es con la declaración de impacto ambiental, que es del año 2003 y que pone una serie de condicionantes, como la protección de la margen derecha, del que tiene que informar la Junta de Andalucía. El Consejo de Participación de Doñana ya se pronunció en contra de ese proyecto de protección porque no reúne las condiciones técnicas. La Autoridad Portuaria presentó ese proyecto en 2013, diez años después de la declaración de impacto ambiental. Por tanto, el dragado de profundidad se podrá hacer si cumple con todos los requisitos que establece esa declaración de impacto ambiental y con los requisitos que la comisión de científicos presentó. Nosotros entendemos que el proyecto de protección de márgenes es necesario. 

-Respecto a la protección de la costa, ¿hay que echar ya el cerrojazo a la construcción en esas zonas? 


-El decreto de protección del litoral tiene una filosofía muy clara: proteger nuestra franja litoral de 500 metros y tener una costa ordenada y planificada, que a su vez servirá para potenciar nuestra industria turística y ganar en competitividad. Si tenemos una costa masificada, evidentemente no seremos competitivos. Ahora estamos resolviendo las alegaciones a ese decreto, que son unas 4.000, y queremos que sea un proceso participativo. La mayoría de las alegaciones vienen de los ayuntamientos, a los que queremos tener muy en cuenta. Con este decreto no se frena el desarrollo, ya que nosotros no podemos volver a caer en errores del pasado y tener Algarrobicos por toda la costa ni el litoral andaluz. Eso no puede volver ni escudarnos en la demagogia ni en el populismo barato del PP de que con este decreto se frena el crecimiento de los pueblos. Tenemos que apostar por una construcción sostenible y fomentar las energías renovables para luchar contra el cambio climático. Con este decreto se pueden construir todavía en la costa 150.000 viviendas, con lo que hay espacio para todo. 

-¿Hay especulación detrás de la venta de la finca la Almoraima? 

-Totalmente, se trata de especulación. Lo que no entendemos cómo el Gobierno de España quiere especular con el patrimonio de todos los andaluces y de todos los españoles. Si no pensamos en vender un cuadro de Picasso, ¿cómo nos planteamos vender un patrimonio natural? Frente a eso nosotros proponemos un modelo de gestión sostenible desde lo público, aunque sea a través de concesión. Nos oponemos a la venta de La Almoraima y por eso hemos propuesto un nuevo plan de ordenación de los recursos natural del Parque Natural de Los Alcornocales para ampliar los límites del parque y evitar usos especulativos. 

-¿Hasta dónde piensa llegar la Junta para frenar la ampliación de El Cabril? 

-Hasta donde haga falta. Nosotros estamos convencidos de que Córdoba ha cumplido ya con su cuota respecto a los residuos nucleares y no estamos dispuestos a tolerar más ampliaciones. Además, todos los grupos del Parlamento andaluz han mostrado su oposición. Por tanto, entendemos que no se debe ampliar más. Además, casi todo lo que entra vienen de centrales nucleares y pocos de servicios médicos u otros tipo de industria. Le insisto, llegaremos hasta donde haga falta. 

-Lo que no se entiende es que cuando se amplió este centro ubicado en Hornachuelos para acoger restos de muy baja intensidad nadie protestara. 

-Habría que analizar eso. En cualquier caso, no vamos a mirar al pasado, vamos a ver hasta dónde podemos llegar para que no se vuelva a repetir esa ampliación.