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jueves, 21 de enero de 2016

Parcelistas exigen soluciones urgentes y servicios básicos

DIARIO CÓRDOBA





COMPARECENCIA EN LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE DEL PARLAMENTO SOBRE LA REFORMA DE LA LOUA


Apaig denuncia la falta de luz y la contaminación del agua de los pozos. Alamiriya reclama la creación de una oficina para agilizar la regularización


 Vista aérea de parcelaciones de Córdoba. - Foto:TONI BLANCO

I.L. 02/12/2015
La plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig) y la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) participaron ayer en la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento, donde comparecieron, al igual que otros catorce colectivos más, para exponer sus propuestas de cara a la reforma de varios artículos de la LOUA, anunciada por la Junta en la pasada legislatura y que llevará a cabo durante esta. "En representación de miles de afectados por la LOUA", el presidente de Apaig y presidente en funciones de CALU, Francisco León, expuso que el objetivo de estos dos colectivos es "concienciar a todos los parlamentarios y a todos los grupos políticos" de la "necesidad urgente de buscar soluciones a la lacra que, por una causa u otra, perdura en el tiempo", y de dejar ya de "buscar culpables".

Francisco León aseguró que hay muchas personas en situación "límite", que están enfermas o son mayores y que no tienen luz ni agua, lo que considera un hecho "muy grave". A esto se une el problema de "los pozos con el agua contaminada", ya que, según indicó, "cada vez hay más". Por ello, el presidente de Apaig pidió apoyo a todos los grupos políticos y que se pongan "de acuerdo" para "arreglar definitivamente" esta situación.
A la comisión asistió también el presidente de la mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya, Manuel Sánchez, que denunció la "burocracia y exceso de papeleo existente" en la regularización de parcelaciones. Sánchez reclamó que "en cada ayuntamiento exista una oficina exclusiva del territorio que se dedique a arreglar el problemas de las parcelaciones". A su juicio, esa oficina debe centrarse en visitar la zona, valorar los problemas, "y eso llevará a una agilización y contribuirá, junto a la modificación de la LOUA, a que se vayan subsanando".
Junto a ellos estuvo Manuel Hidalgo, de la Federación de Las Lagunas de Chiclana, integrada también en CALU, que reiteró los problemas de suministro que hay en muchos puntos por "la contaminación del subsuelo" y recordó la "frustración" existente porque "se dilatan los procesos" de regularización. Aseguró que con el decreto del 2012 sobre las edificaciones en suelo no urbanizable hubo "una esperanza" porque "iba a ser la solución", pero, tres años después, se han beneficiado un "0,7%".
Como respuesta a estas intervenciones, IU mostró su preocupación por los riesgos para la salud pública de la contaminación de pozos, al igual que Podemos. Ciudadanos, por su parte, manifestó que está dispuesto a escuchar a estos colectivos, así como el PP. Por último, el PSOE subrayó que la "casuística" es diferente en Andalucía "y llegar a soluciones conjuntas y globales es difícil", por lo que el tema de las parcelaciones "habrá que atajarlo por partes".

miércoles, 13 de enero de 2016

Asaja-Córdoba logra casi dos millones de euros para agricultores afectados en la riada de 2010


13:53 h.INDEMNIZACIÓN


La unión de 28 agricultores logra una indemnización de casi dos millones de euros por los daños del agua a las propiedades agrícolas


  • Una imagen de la crecida del Guadalquivir a su paso por la provincia. Asaja-Córdoba. - Foto: EUROPA PRESS
    Una imagen de la crecida del Guadalquivir a su paso por la provincia. Asaja-Córdoba. - Foto: EUROPA PRESS
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13/01/2016
Asaja-Córdoba, con la unión de 28 agricultores afectados y un informe del Grupo de Investigación de Hidrología e Hidráulica Agrícola de la Universidad de Córdoba (UCO), ha conseguido, a través del despacho De la Riva Abogados, que los tribunales den la razón a los damnificados por la riada del año 2010, por lo que hasta el día de hoy le han sido reconocidos casi dos millones de euros por los daños ocasionados en sus propiedades agrarias.
Así lo ha comunicado la asociación agraria en una nota, en la que ha explicado que hasta ahora el importe total de las sentencias que reconocen acreditados los daños asciende a 1.375.107,06 euros. Asimismo, dado que las sentencias condenan a los intereses legales desde la reclamación administrativa, estos ascenderían aproximadamente, a fecha 30 de diciembre de 2015, a 217.530 euros.
Esta cantidad resultará incrementada, "puesto que hasta la fecha solo se ha abonado el principal de uno de los expedientes, encontrándose pendientes de resolución tres asuntos por procedimiento abreviado, por ser inferiores a 30.000 euros, si bien el Juzgado Central de Madrid estima el recurso al considerar competente a la Junta de Andalucía", según Asaja-Córdoba.
En esa fecha, la gestión de la Cuenca del Guadalquivir era competencia de la Agencia Andaluza del Agua, decisión posteriormente revocada por el Tribunal Constitucional (TC).
Por tanto, según Asaja, las sentencias consideran a la Junta de Andalucía como "responsable por acciones y omisiones" en los días previos a los hechos, afirmando la Audiencia Nacional que existía una ausencia de mantenimiento y que los desembalses que se produjeron en diciembre de 2010 "ponen de manifiesto una mala gestión por parte de la Administración".
En este sentido la asociación ha señalado que "ante las previsiones meteorológicas se debió regular el caudal de los embalses, soltando agua de forma paulatina para que no se encontraran al límite de su capacidad cuando llegaron las lluvias, como era de esperar en esa época del año y fue previsto por la información meteorológica difundida durante las semanas anteriores".
Según las sentencias, el 5 de diciembre de 2010, los embalses se encontraban al 83 por ciento de su capacidad, lo que obligó a desembalsar en los días de inundaciones, por lo que los tribunales consideran que la Junta de Andalucía cometió un fallo de seguridad inaceptable en el sistema hídrico de la cuenca del Guadalquivir, unido a la falta de la limpieza de los cauces.
Las resoluciones judiciales se han basado en dos documentos principales, como son el informe de la UCO, además de un peritaje realizado a instancia judicial sobre la situación en la que se encontraba el cauce del río Guadalquivir y cómo se actuó.


Desde la plataforma de afectados por las inundaciones nos alegramos de que por fin se haga justicia en este país y se reconozca que hubo un fallo de seguridad inaceptable por la falta de coordinación,prevención y limpieza del cauce.
También queremos denunciar, que desde entonces poco o nada se ha hecho para remediar futuras avenidas, solo algunas actuaciones puntuales en algunos pueblos y un paripe en el centro de la ciudad.
La falta de interés de nuestros representantes políticos más cercanos para atajar este peligro constante que sufren miles de personas, cerrándose en banda y no queriendo saber nada del asunto.
Llevamos bastante tiempo esperando respuesta por parte de la alcaldesa de Córdoba y el Presidente de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, para que se sienten en la Mesa del Río, y Junto con los demás representantes Institucionales que ya están, impulsar el proyecto de Integración del Guadalquivir en el municipio de Córdoba.
Queremos recordar una vez más que con este proyecto se erradicarían las inundaciones en el termino municipal de Córdoba, que se aprobó en una moción de pleno por todos los grupos políticos, que hay fondos europeos para estas cuestiones, por tanto solo queda la voluntad de nuestros representantes Locales.
No queremos pensar que si estas inundaciones se volvieran a repetir, no solo serían responsables los titulares de la cuenca, que también quienes pudieron con todos los medios a su alcance, no quisieron hacer nada para evitarlo.
Paco León.