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sábado, 31 de mayo de 2014

NOTA DE PRENSA DEL PARTIDO VECINAL REGIONALISTA





En este blog, siempre tendrá cabida la información que desde el Partido Vecinal Regionalista nos brinda, sobre cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos andaluces, cuestiones como se señala en esta nota de prensa de las cuales nos sentimos identificados.






El Partido Vecinal Regionalista ha salido hoy al paso al afirmar que “es un misterio lo del líder de la oposición, José María Román, que dice tener la solución para 7.500 de las, aproximadamente, 30.000 viviendas de construcción irregular existentes en nuestra ciudad. Ello amparándose en el Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía para viviendas situadas en Suelo No Urbanizable”.
Asimismo, los miembros de la formación local han abundado en que “el periódico El País, del pasado 20 de abril, no es tan optimista como el edil chiclanero. Dicha publicación cifra en 177, de las 300.000 que se calculan en Andalucía, la estadística de viviendas beneficiadas por el Decreto 2/2012, o sea, menos de un 0,1% del total. ¿A quien damos crédito, al Sr. Román o al mencionado diario?”, se preguntan.
“Ni la Junta lo tiene claro. -han continuado afirmando- Ya el Decreto 36/2014 modifica el Decreto 2/2012, según manifestaciones del personal de la Junta de Andalucía”.
De la misma manera, han insistido en que “de todas formas, en tanto no se ataque el problema de raíz, gran parte de las viviendas no tendrán solución. Todas las parcelaciones situadas en Suelo no Urbanizable de Especial Protección, están afectadas por el Art. 185.2 de la LOUA y su situación no prescribe nunca. En tanto dicho artículo no sea anulado o reformado, la Administración Pública, podrá tomar medidas de protección de la legalidad en cualquier momento, esto es, restaurar la realidad a su estado original”.
Asimismo, desde el PVRE han sugerido a José María Román que “repase el Decreto 2/2012, ya que en la Disposición Transitoria Segunda, se contempla que, hasta que el Plan General de Ordenación Urbana no haya sido aprobado, no procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en las edificaciones ubicadas en Suelo Urbano No Consolidado”.
De otra parte, vista la situación en que quedarían las viviendas en situación de AFO, desde CALU, que integra multitud de federaciones y asociaciones por la legalización urbanística, se insiste en la modificación de la legislación actual. “Como ejemplo de lo que supone la figura del AFO, tenemos las viviendas afectadas por el incendio de Mijas. La Junta de Andalucía no permitiría la restauración de las viviendas siniestradas, ya que nuestra legislación autonómica, impide las obras de consolidación”, han aclarado los regionalistas.
“Al margen de todo este embrollo legal a que estamos sometidos, deseamos informar al Sr. Román que ya quisiéramos que, en primer lugar, el Decreto 2/2012 fuese una solución definitiva para las viviendas situadas en Suelo No Urbanizable en Chiclana, que no lo es y, en segundo lugar, que las viviendas se pudieran beneficiar de una legislación que, por el momento, es impracticable e ineficaz en nuestra localidad”.
“Queremos manifestar al Sr. Román que nuestra preocupación por la situación en que se encuentran las viviendas del extrarradio sin agua, saneamiento y en algunos casos, sin luz, es total, en primer lugar, por humanidad y, en segundo lugar, porque estamos directamente afectados por el problema muchos de nosotros. Él, en su caso, no los sufre de primera mano, por lo que no puede llegar a comprender estos problemas”.
Por último, han terminado afirmando que “solicitamos al líder socialista que deje de mentir a los chiclaneros y de crearle falsas esperanzas ante una solución urbanística que no tiene posibilidad legal de aplicarse en Chiclana ante la gran mayoría de afectados, porque eso provoca desconcierto, desinformación y genera mentiras entre la ciudadanía, de manera premeditada”.

miércoles, 28 de mayo de 2014

Las viviendas ilegales del Almanzora, protagonistas en Televisión Española


La Voz de Almería

Un programa ofrecerá entrevistas con afectados británicos en horario de máxima audiencia

Guillermo Mirón   [ 27/05/2014 - 18:14 ]
Protesta de un británico en Albox mostrada en el avance del programa de hoy.  [ La Voz ]

La voz de los afectados por la compra de viviendas ilegales en el Valle del Almanzora llegará hoy a millones de telespectadores de todo el territorio nacional. Las cámaras del programa Comando Actualidad de Televisión Española visitaron recientemente Albox y su comarca para entrevistar a residentes (mayormente de origen británico) a los que el estado urbanístico de su vivienda les ha cambiado la vida con consecuencias como carecer de servicios básicos o con la incertidumbre de la demolición.

De ámbito nacional “Imagine que compra una casa y que a los pocos años descubre, una denuncia de por medio, que es ilegal”, manifiesta el avance del programa que emitirá el primer canal de TVE. Pero el programa no solo se centrará en los compradores de buena fe de este tipo de inmuebles. “También es posible que cuando la compró o la construyó supiera que estaba cometiendo una ilegalidad, pero ahora sufre las consecuencias de no disponer de alcantarillado, agua corriente ni electricidad… Casos como éstos se cuentan por cientos de miles en toda España, sólo en Andalucía hay más de trescientos mil”, anuncia el programa.

La emisión del último programa fue seguida por más de dos millones de telespectadores. Una gran difusión de esta problemática impulsada por el programa de actualidad de la televisión pública que se suma a numerosos magacines y reportajes que en los últimos meses se han emitido en medios de comunicación británicos. Las denuncias sobre la situación en la que viven miles de compatriotas en Almería se han acentuado tras las últimas dos demoliciones de viviendas ilegales en el mes de octubre del pasado año.

Difusión
Decenas de páginas de periódico (incluyendo las cabeceras de mayor difusión en Inglaterra), reportajes televisivos y emisiones en radios como la BBC dedicadas a las viviendas ilegales en España han sido frecuentes en los últimos meses. Pero además de la situación del Almanzora, las cámaras mostrarán la realidad de otras zonas que no son ajenas a las construcciones ilegales.


Es el caso de El Palmar, en la costa gaditana; Elche o Chiclana, donde “más de la mitad de la población vive en casas irregulares, incluso la concejal de Urbanismo tiene una de ellas”, afirma la previa del programa. En la misma previa, se observa al abogado de la asociación de afectados del Almanzora (AUAN), Gerardo Vázquez, se pronuncia sobre este problema: “Se ha hecho la vista gorda”, denuncia.a del programa.

martes, 27 de mayo de 2014

Gerencia tramita 65 expedientes de regulación de parcelas

CÓRDOBA / EN ENCINARES DE ALCOLEA

Gerencia tramita 65 expedientes de regulación de parcelas
ABC


Una vez que el Ayuntamiento de Córdoba aprobó en febrero pasado el inventario que recogía las 4.334 construcciones en suelo no urbanizable que hay en Córdoba capital, a la Gerencia de Urbanismo han llegado ya para su tramitación «65 expedientes de asimilados fuera de ordenación (AFO), todos ellos procedentes de la urbanización Encinares de Alcolea», según señaló ayer a este periódico el concejal de Urbanismo, Luis Martín.
A pesar de que se trata de una cifra baja, teniendo en cuenta que hay un total de 4.170 casas que se podrían acoger a esta figura creada en 2012, Luis Martín no le quiso restar importancia, ya que se trata de un «proceso lento, como ocurre con todas las novedades en materia urbanística». Por el momento, desde la Gerencia de Urbanismo «seguimos informando de esta posibilidad a quienes pueden entrar en el proceso en los distintos suelos que hay», añadió, y, de hecho, confirmó que hace aproximadamente medio mes se aprobó otro expediente de AFO para una nave industrial.
De igual modo, Martín apuntó que el efecto dominó juega un papel importante en este tipo de procesos y, por tanto, a medida que se vayan cerrando expedientes y actuando en cada vivienda, se correrá la voz y se irán apuntando más propietarios. «Sobre todo cuando hemos reducido la tasa que tienen que pagar para que se acojan a esta declaración del 6% del valor de los construido que había el año pasado al 3% en 2014», puntualizó el concejal.
Eso significa que si una construcción estaba valorada, por ejemplo, en 55.000 euros, antes su propietario tenía que abonar al Consistorio 3.300 euros y ahora serían 1.650 euros. Se trata de un ejemplo real, a tenor de los anuncios de compra y venta que hay en Internet sobre viviendas en esa urbanización, algunas de las cuales alcanzan unos precios de 400.000 euros (en este caso, el abono llegaría a los 12.000 euros) o de 307.000 euros.
En cualquier caso, puesto en contacto este periódico con el presidente de la Asociación de Vecinos Encinares de Alcolea, Ignacio Espino Alcudia,la cifra de 65 expedientes le parece «excesiva», ya que «hace unos días hablamos Luis Martín y yo y nos comunicó que se trataba de algo más de 20 expedientes». En su opinión, y teniendo en cuenta que la urbanización cuenta con 332 vecinos, «esa cantidad no es significativa».
Según Espino, los vecinos tienen otros problemas más acuciantesque hay que resolver, antes que una declaración como AFO, como, por ejemplo, «la necesidad de que se construya un puente nuevo de acceso a la urbanización, porque el que hay es de época romana y ya muestra una serie de grietas en su estructura preocupantes y tendría que pasar a ser peatonal, el acondicionamiento de la carretera y que se nos ponga un autobús desde Aucorsa».
Martín recordó que existen unos requisitos para la declaración como AFO para una vivienda: en primer lugar, que sea habitable y que haya prescrito ya la posibilidad de la restauración de la legalidad urbanística (sanción) por el tiempo transcurrido.
Eso permitiría a estas viviendas inscribirse en el Registro de la Propiedad y acceder a los servicios de luz y de agua, siempre que las redes pasen literalmente por delante de las casas y no haya que realizar obras nuevas de infraestructuras, además de que «pueden pedir también obras de conservación y mantenimiento con sus respectivas licencias de obras», abundó el concejal de Urbanismo.
Ahora mismo, por ejemplo, la urbanización de Encinares de Alcolea tiene luz y agua, pero se paga en comunidad, mientras que los AFO permitiría tener a cada propietario su propio contador.

Desde la Plataforma observamos como todavia hay vecinos que no saben las consecuencias del AFO.
El AFO. Es solo un reconocimiento de que tu casa está ahí, pero no la legaliza y en caso de catástrofe, terremoto,incendio,etc. Si tu casa se destruye se le acaba la vida útil y no podrás volver a hacerla, puesto que solo te permiten obras de reparaciones para su conservación.
Eso si, pagar se pagará como si fuese legal a todos los efectos.

viernes, 23 de mayo de 2014

La Junta trabaja en una salida a las casas ilegales en la Axarquía sin modificar la legislación



DIARIO SUR.ES.

La plana mayor de Ordenación del Territorio se reúne en La Viñuela con los dueños de
viviendas irregulares, que exigen medidas para legalizar sus propiedades 


21.05.14 - 00:59 -


La Junta trabaja en una salida a las casas ilegales en la Axarquía sin modificar la legislación
José Juan Jiménez, Nieves Masegora, Rafael Márquez, Basilia Pareja y Philip Smalley, . :: A. P.
«Intentar resolver el mayor número de situaciones posibles dentro del actual marco legal vigente». Este fue el único compromiso adquirido ayer por la secretaria general de Ordenación del Territorio, María Nieves Masegosa, con los más 300 dueños de viviendas ilegales de la Axarquía en un encuentro convocado por la asociación Save Our Homes Axarquía -en español, Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía- (SOHA), y que tenía como objetivo conocer hasta dónde la Junta de Andalucía está dispuesta a atender la demanda de legalización de los afectados y si piensa modificar la legislación ante las críticas al Decreto 2/2012 de regularización en suelo rústico.
Acompañada por el director general de Ordenación del Territorio, Rafael Márquez; la senadora y vicesecretaria provincial del PSOE, Pilar Serrano, y los alcaldes de La Viñuela y Arenas, José Juan Jiménez y Basilia Pareja, Masegosa dejó claro a los afectados que la postura del nuevo gobierno andaluz de Susana Díaz no es la de mirar hacia otro lado, sino la de «dar la cara y conocer los problemas», ofreceindo soluciones dentro del marco legal actual .
La responsable de la Junta dejo claro que la voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es «reflexionar profundamente sobre este problema y conocer la casuística de las edificaciones en el suelo no urbanizable en los distintos territorios de Andalucía para poder dar una respuesta lo más satisfactoria posible, siendo consciente de que no todos los casos se podrán resolver», dijo.
Aunque colectivos como Soha no han dejado de expresar su rechazo al Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la Comunidad, Masegosa insistió en que lo que se está haciendo actualmente es valorar los resultados de esta norma. «Estamos viendo los resultados y reflexionando, para dentro del actual marco legal, ver cómo dar solución al máximo de casos posibles, aunque hay que partir de que el Decreto no buscaba una amnistía, sino una regularización y darles una cobertura, para que la casas que están fuera de ordenación pudieran tener unos servicios básicos mínimos», declaró.
Los responsables de Ordenación del Territorio fueron tajantes a afirmar que la Junta, en contra de lo que solicita Soha, no tiene sobre la mesa la idea de modificar o derogar el artículo 185.2a de la LOUA, que considera que las parcelaciones no prescriben y por tanto las viviendas construidas en este tipo de suelos no pueden ser regularizadas.
A pesar de todo, Masegosa insistió en que es intención de la Consejería seguir dialogando, por lo que invitó a Soha y a los ayuntamientos a plantear todas las cuestiones que consideren oportunas para seguir ahondando en el tema y tratar de resolver el problema.
El presidente de Soha, Philip Smalley y el secretario del colectivo, Mario Blancke, valoró la voluntad de dialogo expresada por la plana mayor de Ordenación del Territorio sobre el problemas de las casas ilegales en el campo. No obstante, desde el colectivo se insistió en que el conflicto de las casas ilegales se resolvería si se modificara la LOUA y el Decreto 2/2012, «hecho a espaldas de la realidad, y lo que es peor: a espaldas de la sociedad», según Soha, que integra por a más de 400 residentes extranjeros de la Axarquía.
ALGUNAS DUDAS Y PREGUNTAS A RAIZ DE LA REUNIÓN EN MÁLAGA:

Salvo que se den soluciones de raíz - por ejemplo cambiando el articulo 185.2 LOUA para que se reconozca expresamente la caducidad de las parcelaciones  - se corre el riesgo de crear más confusión, incertidumbre y enmarañar más el problema. 
Por ejemplo si se permitiese la caducidad de la construcción pero no de la parcelación – me dicen que se mencionó ello en la reunión de Málaga - reagrupar las parcelas sería harto difícil sino imposible (poner a todos los afectados de acuerdo, deshacer negocios jurídicos, establecer servidumbres, definir zonas comunes y privativas, etc). Además se crearía el problema de la difícil regulación del resultante régimen jurídico, es decir ¿sería una propiedad horizontal tumbada? ¿Se resuelve la parcelación de esta forma o persiste de hecho?, Etc. Por otro lado estos últimos aspectos son más de ley estatal.
Gerardo Vazquez
Asesor Juridico de AUAN, Colectivo  miembro fundador  de  CALU.

miércoles, 21 de mayo de 2014

La Junta estudia cambios en el decreto para regularizar viviendas


Desde este blog, queremos hacer un llamamiento a todos los afectados nativos de todas las provincias de Andalucía.
Hay que tomar ejemplo de los afectados extranjeros en nuestra Comunidad, ejemplo de interés, seriedad, inquietud ante la situación en la que nos encontramos y sobre todo en la unión de todos los afectados.

Málaga Hoy


La secretaria general de Ordenación del Territorio mantiene un encuentro con extranjeros residentes en la comarca


MAYTE CORTÉS VÉLEZ-MÁLAGA , AXARQUÍA RINCÓN DE LA VICTORIA | ACTUALIZADO 21.05.2014 - 05:01


La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio estudia introducir cambios normativos en el decreto de regularización de viviendas promulgado a principios de 2012. La intención de la Junta de Andalucía es recoger información de cada uno de los territorios y analizar cada caso de forma específica, para dentro del marco legal, realizar algunas variaciones que ofrezcan soluciones factibles a los propietarios de las viviendas afectadas. Ayer, gracias al empuje de la Asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA), integrada principalmente por extranjeros residentes en la comarca, y al Ayuntamiento de La Viñuela, pudieron mantener una reunión con la secretaria general de Ordenación del Territorio, María Nieves Masegosa. 

En el encuentro, más de 300 vecinos de los municipios de interior de la Axarquía, la mayoría de ellos del colectivo SOHA, conocieron de primera mano los planteamientos de la administración autonómica tras la publicación del decreto de regularización. Los asistentes plantearon diversas propuestas para cambiar el marco legal que afecta sus casas, entre las que pasa, la necesidad de suprimir el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que impide que prescriban las parcelaciones ilegales. "Sabemos que la regularización de todas las viviendas no tiene una solución simple. Si el planteamiento es dar respuesta concreta a cada expediente o territorio, con 300.000 viviendas ilegales que hay, el problema se alargaría demasiado. La situación es demasiado grave para buscar una solución para cada uno", reflexionó Philip Smalley, presidente de la asociación Save Our Homes Axarquía (SOHA).

Según comentaron los asistentes, Masegosa les explicó que el resultado del decreto para la regularización de las viviendas en el no urbanizable que se aprobó en enero de hace dos años ha sido "desigual en función de las provincias". Es por ello, que según confirmó el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez (PSOE), la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está estudiando la aplicación de algunos cambios normativos que permitan encontrar soluciones a la problemática de las casas en el no urbanizable que quedaban fuera del decreto." Lo que debe quedar claro, según ha expuesto la secretaria general, es que los cambios que se puedan hacer serán dentro del marco legal, y se harán una vez vean como se está desarrollando el decreto en cada territorio", aclaró Jiménez sobre la posibilidad de introducir medidas correctoras. 

"Lo que sí hay que separar son los aspectos técnicos o políticos con los jurídicos. Es decir, aquellas viviendas que están inmersas en un proceso jurídico van por otro lado", recordó el regidor quien hizo hincapié en la intención de la Junta de Andalucía de conocer los aspectos positivos y negativos de la aplicación del decreto, y de los pormenores de cada uno de los expedientes según la zona afectada. " Ha sido un encuentro muy positivo, sobre todo porque ha sido directo con los afectados. Vamos a seguir trabajando con esta asociación que está muy implicada para encontrar una solución satisfactoria para todos", añadió el alcalde. 

Ambas partes han quedado emplazadas a una nueva reunión con representantes de SOHA donde abordarán con mayor precisión técnica los cambios que se pueden introducir en el marco urbanístico para dar solución a la problemática de las viviendas irregulares en el no urbanizable.

martes, 13 de mayo de 2014

ESTAMOS HARTOS YA, DE BUENAS PALABRAS


Una vez más tenemos que agradecer a D. Manuel Hidalgo Romero, la información que nos facilita a todas las Federaciones,Asociaciones y colectivos que componen CALU. (Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística) información que hacemos pública para todos los afectados y no afectados, para que se conozca la realidad existente de este caos  urbanístico y la dejadez de nuestros representantes políticos ante este asunto, asunto que no resuelven porque lo único que les importa de nosotros es EL VOTO.

1.-CLASIFICACIÓN DEL SUELO.-  Se trata de dar un volantazo  de verdad al cauce por el que discurren los acontecimientos, en lo que nos compete, los urbanísticos.
Hasta la fecha, el cambio preconizado por la Junta de Andalucía ha brillado por su ausencia. A saber:
-          El tan cacareado Decreto 2/ 2012 de 10 de enero no ha llegado a resolver ni 200 casos, de entre los 300.000 que se calcula existen en la Comunidad Andaluza.
-          Ahora, tenemos otro invento: el Decreto 36/2014 de 11 de febrero. Otro movimiento de fichas que no sabemos en qué quedará. Eso sí, se justifican cambios de denominación  de los distintos estamentos y nuevossillones.
Como sabemos, las competencias en Urbanismo y Medio Ambiente corresponden a la Comunidad  Autónoma, pero se apoyan en una Ley Básica estatal: El TRLS 08 de 20 de junio.
Esta Ley Básica, redactada en momentos de debilidad política, a nuestro juicio, no respira la fortaleza que se espera  de una ley que debiera ser firme.
Uno de los aspectos al que nos referimos,  mira a la clasificación del suelo.
La ley básica estatal  es clara, pero no contundente. Falta el cauce infranqueable que exija a cada Comunidad Autónoma ceñirse a lo que ella misma estipula. Esto es: solo dos clases de suelo: rural y urbano, aunque habla de asimilados a urbano, pero cuando se disfrutan de las servicios, dotaciones y viales
¿Para qué se quiere una administración estatal, si esta no es capaz de poner orden,  ni en el conjunto de las autonomías, ni en su propia casa? Seis legislaciones urbanísticas desde la Ley del Suelo desde 1.992 y dos, llamémosles  retranqueos, estos, a tenor de las  STCs 61/1997 y 164/2001, no son precisamente la  columna vertebral que necesita  nuestra,cuasi desarticulada, España, aderezada por un Tribunal Constitucional que , voz populi, no cumple férreamente con su misión, salvo casos contados, cuestión esta que no es el momento para debatir.
A nivel autonómico, se contempla la subclase siguiente:  Suelo Urbano No Consolidado, SUNC
¿Qué es este quiero y no puedo? Pues nada más y nada menos un suelo que, a efectos fiscales, es urbano, pero que urbanísticamente y a efectos prácticos, recibe el mismo tratamiento que el que la legislación básica denomina Suelo Rural y la autonómica, Suelo No Urbanizable.
De manera que, debido a lo elevado de unos  valores catastrales cuya ponencia se aprobó en plena burbuja del ladrillo está llevando a muchas familias a la ruina, por los efectos fiscales que arrastra esta subclase: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre  Sucesiones y Donaciones, Plusvalía, becas,IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio.
Tenemos, pues, en este aspecto, a la sociedad en un callejón sin salida y con unos impuestos, en el caso de Sucesiones que puede exceder fácilmente del 30% del valor que impone la Administración Autonómica, generalmente muy por encima del de mercado.  Una locura, o mejor y desde nuestro punto de vista: una confiscación en la práctica. De hecho, muchísimas herencias se abandonan y  son las administraciones las beneficiadas, ya que no merecería pagar, aunque se dispusiese de los recursos necesarios.
Estamos hablando de suelos donde no se permite poner un ladrillo, ni dividirlo en parcelas, por supuesto, pero que pagan sus impuestos   al mismo nivel  que  si fuesen urbanos. Y así, hay ámbitos que se podrían eternizar  en esta situación, dependiendo del sistema de actuación. En la práctica, regalándole el dinero a las administraciones.
En lo que respecta al Suelo Urbanizable, podemos decir otro tanto, sobre todo desde el punto de vista impositivo, muy similar al SUNC.
Esta dicotomía entre lo que se paga y lo que se obtiene ha de resolverlo la administración central, imponiendo su ley, la de todos los españoles a la de los feudos autonómicos, pese al Tribunal Constitucional, cuyo rol jugado hasta la fecha, omitimos, por no ser el foro adecuado.
Si para mejorar lo dicho hay que reformar la Constitución, se reforma si existe valentía política y vergüenza torera ¿No se reformó, sin referéndum,  el artículo 135, por resumir, en virtud de un acuerdo entre ZP y Rajoy, entonces en la oposición, para garantizar a la banca  el cobro de la deuda pública?  “y su pago gozará de prioridad absoluta” reza en dicho artículo 135 de  la Constitución Española, desde 23/08/2011.
Si atendemos, precisamente a la STC 164/2001, deja en claro algo muy lógico y que cae por su propio peso:
Ahora bien, también en la STC 61/1997, FJ 5, dijimos que “la exclusividad competencial  [de las comunidades autónomas] sobre urbanismo, no autoriza a desconocer la competencia que, con el mismo carácter vienereservada al Estado por virtud del art. 149.1 CE., tal como ha precisado la STC 56/1986, de 13 de mayo (FJ 3),referida al urbanismo, y la STC 149/1991, de 4 de julio (FJ 1.b), relativa a la ordenación del territorio. Procede, pues, afirmar que la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar lícitamente la competencia de las comunidades autónomas sobre el citado sector material
Ver Pág 23, columna derecha (parte central) del enlace siguiente:

2.- LOS PROINDIVISOS. Otro Problema que está destrozando la vida a muchísimas familias es el  de los proindivisos.
-          En gran parte del territorio nacional, Andalucía incluida, desde que se cortó el chorro de las segregaciones, en los años 90, se detuvo el tiempo para cientos de miles de familias.
En este caso, hemos de pararnos en el Art. 17 del TRLS 08. No se permiten las segregaciones en las que se incumplan la legislación aplicable, así como las determinaciones de la ordenación del  territorio y urbanísticas. Pues, que decir estamos de acuerdo, pero qué se hace con los actos de parcelación que llevan ya una veintena de años y no cumplen dichas determinaciones. Caso especial es el que se contempla en el punto siguiente (3)
-          Por otra parte, en cuanto a la legislación andaluza, la LOUA , para suelos No Urbanizables, chocamos  con el terrible e inhumano Art. 185, apartado 2, de la LOUA: Las medidas de protección de la legalidad urbanística no caducan en dichos suelos.
3.- COMPRADORES DE BUENA FE. Siguiendo el Art. 20.4,c) del TRLS 08 (Ley del Suelo actual),  si ha habido negligencia, por parte de la administración y no se ha procedido a la anotación registral de una posible sanción, dicho comprador ha de ser indemnizado. A saber:
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados.
  En consonancia con lo anteriormente expuesto, desconocemos por qué no se coordinan los distintos estamentos de  la Administración competente, en este caso el Ministerio de Justicia. A saber: Registradores, Notarios, fiscales y jueces.
 Atendiendo al antecedente, nadie se puede explicar que haya sentencias de demolición sobre propiedades adquiridas por compradores de buena fe, algunas ya ejecutadas y sin  indemnización a sus propietarios
4.- CONDICIÓN SUSPENSIVA. – En un terreno dividido bajo condición suspensiva, Los propietarios que no han construido, por qué han de contribuir al fisco, como si lo hubieran hecho, incluso estando gozando de la condición suspensiva. Los  terrenos correspondientes a su cuota de participación deberían figurar como solar y no como suelo edificado. En las escrituras, figuran explícitamente, tanto linderos, como viales.
Esta situación le viene de maravilla, tanto a la administración local (IBI), como a la central (IRPF),  pero no es justa.
Se ha de buscar una solución a los cientos de miles de parcelas que se encuentran en esta situación, de lo contrario, el problema se eternizará y se enquistará. Es decir, los problemas seguirán si resolverse in aeternum
-          Búsqueda de una Ley de punto final en los casos expuestos, pues hasta en las guerras, se establece esta solución, para estabilizar a la sociedad.
5.- CONTAMINACIÓN DE LOS POZOS DE SUMINISTRO, DIRECTIVAS EUROPEAS.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2013 como Año Internacional de la Cooperación en Agua. En función de esto, si la población no tiene acceso al agua en cantidad y calidad, el derecho humano al agua se encuentra gravemente lesionado e impide el cumplimiento de otros derechos humanos, como por ejemplo:
El derecho a la salud. Es la primera consecuencia ante la ingesta de agua en malas condiciones de salubridad: el deterioro de la salud.
Dentro del conjunto de la sociedad el colectivo  más afectado se centra en la infancia. Ellos son la parte más débil y la que más sufre en los ámbitos donde esta escasea o se encuentra en condiciones inadecuadas de salubridad.
Al margen de lo dicho, se tiene la experiencia de que los pueblos que carecen de este preciado bien, el agua, se mantienen en situación de subdesarrollo, con respecto a los pueblos que disponen de ella en cantidad y calidad.
España y, dentro de esta,  Andalucía vienen cada una por su lado colaborando con sus ayudas a que determinados territorios foráneos solucionen problemas relativos a la escasez y deficiente calidad en las aguas de suministro para la población.
España ha creado el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), idea que nos parece muy loable.
Por otra parte, el pasado día 8 de mayo se reunieron en  Toledo los representantes autonómicos del área de Cooperación Internacional con el correspondiente de la Administración Central, Sr. Gonzalo Robles. Se trataba de decidir a dónde enviar 2.200 millones de euros, para entre otras cuestiones, solucionar el problema de las aguas y el saneamiento en determinados países. Muy loable también. Máxime que se destaca en dicha reunión que España es líder mundial en este tipo de ayudas.
 Nos parece magnífico.
 Ver el enlace siguiente:
Pero debemos hacer una observación, aquí tienen,  in situ, un terreno donde explayarse  y hacer prácticas en corto.
Este mensaje va dirigido, tanto  al gobierno central, como al autonómico. El PP es el gestor actual del Gobierno Central, aunque tiene su candidato a las próximas autonómicas en Andalucía, el Sr. Juan Manuel Moreno.  Los ocupantes de las 300.000 viviendas irregulares  de nuestra región, sumamos aproximadamente un millón de almas en las mismas o parecidas circunstancias urbanísticas. Sirva esto como aviso.
En España puedes sobrepasar el millón, las viviendas irregulares,  las cuales, en general,  no tienen acceso al agua potable ni a las redes de saneamiento.
Se da la circunstancia de que muchas de estas viviendas tienen las infraestructuras en la misma puerta. Se les impide la conexión por meras cuestiones burocráticas, obviando  cualquier razón, no solo humanitaria, sino de justicia social.
Queda agravado  el asunto por el hecho de que, en ocasiones, esas infraestructuras han sido implementadas con fondos FEDER, destinados a tal efecto. Es decir, a cubrir el suministro de agua y saneamiento en determinadas zonas de nuestra geografía. Entre tanto, dichas infraestructuras se van deteriorando por falta de uso y, repetimos, a la puerta de las viviendas.
Ver el siguiente enlace como ejemplo (Págs. 61- 71):
  De manera que, gran parte de la población de nuestro país carece del tan preciado bien y derecho humano, como es el acceso al agua y al saneamiento, aún pudiendo disponer de ellos, pero que por determinados  argumentos este derecho se es negado.
El hecho de que esta negativa está acarreando gravísimas consecuencias de índole sanitario a sus  moradores,  a nuestros  representantes políticos no parece afectarle. Veremos qué ocurriría en el hipotético caso de que este asunto estallase y empezara a generalizarse  en lo que se refiere  a los casos de patologías provocadas por los altísimos niveles de nitratos, nitritos, coliformes fecales, e. coli, etc., como así lo demuestran las analíticas efectuadas en determinadas viviendas, por zonas, tomadas como ejemplo. Hay muestreos que analizan un determinado territorio, como han hecho algunos vecinos de Chiclana de la Frontera. En todos los análisis llevados a cabo se repite la misma sentencia:
               agua no potable.
Según el  foro  Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, la cooperación en este sentido es crucial para la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género, la preservación del medio ambiente y la paz social.
Ver enlace:
El evento anterior este año coincide con el Día Mundial del Agua, (ONU) cuyo eslogan reza así:
«En el Día Mundial del Agua, comprometámonos a crear las políticas necesarias para garantizar que el agua y la energía sostenibles estén al alcance de todos, y no solo de unos pocos.»
Mensaje del Secretario General en el Día Mundial del Agua,
22 de marzo de 2014
 Y uno de sus mensajes:
4. El sector más pobre de la población necesita urgentemente el acceso a los servicios tanto de agua y saneamiento como de electricidad
Algunos tenemos estos servicios a medio metro de nuestras casas, pero no nos dejan acceder
Ver enlace:
 Los puntos aquí expuestos no agotan la casuística urbanística y humanitaria que sufren las viviendas de construcción irregular, lo cual daría cancha para escribir gran cantidad de volúmenes, pero por cuestiones de espacio y tiempo, hemos de concluir, no sin antes hacer una  clara advertencia:
          
                                    Estamos hartos ya de buenas palabras

miércoles, 7 de mayo de 2014

Pons promete estudiar las soluciones de los británicos a sus casas ilegales



Diario de Almería

Masivo acto político en Huércal-Overa y en Fines con el número dos del PP en los comicios europeos
Paqui Martínez · Jorge Colipe | Actualizado 06.05.2014 - 01:00


El próximo viernes arrancará oficialmente la campaña electoral de cara a las elecciones europeas, a pesar de ello, se suceden los actos políticos. Muestra de ello son las visitas de ayer a la provincia de Almería, entre las que destaca el vicesecretario general y número dos del PP para estos comicios, Esteban González Pons, que recorrió el norte de la provincia. 

A las seis de la tarde se reunió en la sede del PP de Fines con representantes de asociaciones de afectados por las viviendas ilegales en Andalucía; la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), el matrimonio Prior, la Asociación de SOHA (Save our Homes in Axarquía) de Málaga y la Confederación de Asociaciones de Andalucía (CALU). Colectivos preocupados por una problemática que afecta a 300.000 familias en Andalucía y más de doce mil en el Almanzora y el Levante almeriense. Buscar soluciones a nivel estatal, era la premisa con la que acudían los afectados que entregaron un documento a Pons con propuestas encaminadas a reconocer y proteger el derecho a la propiedad en diferentes artículos de la Ley del Suelo. Además de la petición de un cambio en el Código Penal que garantice al comprador una adecuada indemnización en el caso de demolición. "Hemos hablado de las 300.000 casas ilegales que existen en esta comunidad autónoma, del Decreto que los afectados consideran nefasto y que claramente no funciona" explicaba el abogado de AUAN, Gerardo Vázquez y Maura Hillen, presidenta de AUAN, que coincidieron en manifestar que "los afectados están hartos y quieren cambios de raíz. Es un tiempo pre electoral y no queremos que solo se hable de soluciones, siempre para después de las elecciones. Creemos que la responsabilidad para dar solución a esta enfermedad urbanística no solo reside en Sevilla, sino también en Madrid, donde gobierna el Partido Popular, y por ello hemos transmitido en la reunión una serie de sugerencias". Los afectados esperan que "esto no quede solo en palabras, sino en pasos legislativos concretos que avancen en la resolución de estos problemas" aseguran. 

En esa reunión previa donde se encontraban las primeras espadas del PP regional y nacional, los afectados expusieron la problemática y entregaron el documento, que "será estudiado", según manifestó Esteban González Pons, después de lamentar "la situación irregular de aquellos a los que la Junta está derruyendo sus casas". Se comprometió a "seguir trabajando para encontrar los procedimientos más adecuados para que se legalicen las viviendas, cumpliendo con la ley y la protección del medio ambiente, y evitando que esto pueda volver a ocurrir en el futuro". 

Tras la reunión de trabajo, la numerosa comitiva se trasladó al Salón Social de Fines. Allí les esperaban más de 800 personas y numerosas autoridades, como los diputados Juan José Matarí, Carmen Navarro y Rafael Hernando, el presidente y vicepresidente de la Diputación Gabriel Amat y Javier Aureliano García, o el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Almanzora y uno de los impulsores del encuentro, Antonio Ramón Salas. 

Ante un auditorio, repleto de vecinos y muchos de ellos británicos que residen en la comarca, el alcalde Rodrigo Sánchez dio la bienvenida a los visitantes destacando que "no estamos con el número dos de la lista del Partido Popular, porque el PP lleva dos números uno, en relación al tándem que forman Miguel Arias Cañete y Esteban González Pons en las listas al Parlamento europeo". Antonio Ramón Salas quiso aprovechar la oportunidad para "volver a pedir disculpas a los señores Prior, por haber sido víctimas de este desaguisado y cuya responsabilidad es de la Junta de Andalucía" dijo. 

También González Pons hizo referencia a esta familia de Vera a quien una orden de demolición les dejó sin casa en enero del 2008. "He tenido la oportunidad de saludar a los señores Prior que para mí, son un símbolo de lo que nunca debería suceder en nuestro país", indicó. Posteriormente el candidato en un perfecto inglés se dirigió a los vecinos británicos donde hizo hincapié "en la derogación de la LOUA y el POTA", y reclamó una solución inmediata a la situación. "Su problema, es nuestro problema" afirmó el número dos del PP a las europeas. 

Finalizado el acto en Fines, la comitiva se dirigió al Teatro Municipal de Huércal-Overa donde González Pons destacó la necesidad de participar en estas elecciones, ya que "los ciudadanos son los responsables del cambio. Todos los españoles han sufrido con la crisis y el PSOE; ese sufrimiento tiene que servir para algo y no tiene que ser en balde. No les pido nada extraordinario, solo que hagan lo mismo que hace dos años, confiar. El PSOE no puede menospreciar los sacrificios de los españoles". El número dos en las listas al Parlamento Europeo aseguro que "juntos, el PP y los españoles, le hemos ganado la batalla al pasado, ahora nos jugamos ganar la partida al futuro".

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domingo, 4 de mayo de 2014

Los británicos con casas irregulares piden a González Pons cambios legislativos



Por error del redactor del Diario EL PAIS, se ha omitido la Asociación AFOTOMOQUE de Marmolejo,Jaén, y Rectificar que la Federación de Asociaciones de Vecinos de las Lagunas, son de Chiclana de la Frontera. (Cadiz).


el país

Ocho colectivos de cinco provincias solicitan al Gobierno central cambios en el Código Penal que salvaguarden sus viviendas

 Almería 4 MAY 2014 - 19:59 CET



Los colectivos de británicos compradores de casas irregulares en diversos puntos de Andalucía se reunirán este lunes con el número dos de la lista del PP al Parlamento Europeo, Esteban González Pons. En la reunión, prevista en el municipio almeriense de Fines, acudirán representantes de varios colectivos que aglutinan a unos 40.000 afectados. Tras el "fracaso" del decreto de regularización andaluz, los afectados piden que el Gobierno asuma cambios en el Código Penal y en la Ley del Suelo.
“El decreto de regularización andaluz evidentemente no funciona pero es cierto que algunos cambios se tienen que llevar a cabo a nivel nacional y eso es precisamente lo que le queremos comentar al señor Pons”, ha explicado la presidenta de Abusos Urbanísticos en el Almanzora No (AUAN), Mauren Hillen. Entre las propuestas destaca la de añadir a la Ley del Suelo diferentes artículos en los que se reconozca y proteja el derecho a la propiedad “con el fin de asegurar el inmueble adquirido de buena fe por el comprador”.
Igualmente, piden un cambio en el Código Penal a los mismos efectos, dadas las muchas órdenes de demolición que ya se han dictado “sin garantizar al comprador una adecuada indemnización, el cual se podrá quedar sin casa y sin dinero si no se cambia la ley”, dice Hillen. Algo que les puede pasar a los Payne, un matrimonio británico que eligió Albox para comprar una parcela en la que construir su vivienda en 2003. Noel (73 años) y su esposa Chris (70) contaron con licencia de obras y tienen su correspondiente escritura. Por tener, tienen hasta la licencia de primera ocupación expedida por el Consistorio albojense. Noel trabajaba en una empresa colocando ventanas y Chris en una compañía de seguros y eligieron Almería porque les parecía “una zona agradable para vivir”.
Para localizar la parcela que compraron fueron asesorados por el constructor, que se encargó de tramitar la licencia. “Fuimos con él al Ayuntamiento y nos dijeron que se podía construir”, explican. Pero en la Navidad de 2009 recibieron una notificación del Ayuntamiento informando de que se les iba a demoler su casa. El abogado al que recurrieron consiguió anular el procedimiento por no haber sido informados previamente del mismo.
El Artículo 319.3 del Código Penal dispone que para el caso de un delito contra la ordenación del territorio el juez puede de manera motivada, ordenar en su sentencia la demolición de lo construido, esté dicha construcción o no en manos de terceros adquirentes de buena fe. Por ello los colectivos afectados proponen un cambio en la redacción del apartado 3 del artículo 319 de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que garantice “en todo caso” la indemnización a compradores de buena fe como condición previa a la demolición y, para el caso de que no se pueda garantizar dicha indemnización, “no se pueda ordenar la demolición”.
“Ni el promotor, ni nuestro abogado, ni el banco, ni el notario nos informaron en momento alguno durante la compra que pudiesen existir problemas urbanísticos. Hasta obtuvimos un préstamo hipotecario y pensábamos que cuando uno compra con un préstamo hipotecario esto garantiza que todo está en orden, pero el banco no admite ninguna responsabilidad”, esgrime otra pareja de británicos afectada. Brian Reade (66 años) y su esposa Lynne (64) compraron su casa de Zurgena (Almería) en junio de 2006. Cuentan con licencia y escritura hipotecaria, pero un año después, en 2007, descubrieron la petición de anulación de licencia de su casa. “Contratamos un abogado fuera de la zona para defendernos. Después de siete años aún no ha habido juicio. Nos preguntamos cuantos años más tienen que pasar, cuanto coste más tendrá para nosotros, y cuánta incertidumbre más hasta que sepamos qué va a pasar con nuestra casa”, remachan.
Junto a González Pons también estará el vicesecretario general de política autonómica y local, Javier Arenas, y el presidente del PP en Almería, Gabriel Amat. Además de AUAN, estarán representados las organizaciones Save Our Homes Axarquía (SOHA), la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir en Córdoba, el colectivo Víctimas por el Incendio de Mijas, la Plataforma vecinal de Estepona, la federación de Asociaciones de Vecinos Las Lagunas (Huelva), la federación de Parcelistas de Córdoba y la Unión de Gestión Vecinal de los Puentes (Jaén).