Cambiando de tema, también de interés para los afectados por las inundaciones, exponemos las últimas noticias sobre la cuestión de la legalización de las parcelaciones.
En este artículo se dice que Urbanismo ha iniciado los trámites para legalizar las parcelaciones ilegales. Se ha abierto la Oficina de Suelo No Urbanizable a disposición de los interesados en este asunto y se ha propuesto ir cambiando la Junta de Compensación por la de Cooperación.
LuIs Martín, Concejal de Urbanismo, cumpliendo con las promesas electorales del PP para los 100 primeros días de gobierno, ha manifestado que ya se puede hacer el cambio de compensación a cooperación para eliminar el 7% de aval que tan paralizado había mantenido el proceso de urbanización hasta el momento.
En el plazo de un mes para realizar la petición formal por parte de los vecinos interesados, el consejo rector deberá dar el aprobado para que los técnicos municipales hagan el inventario de las viviendas, el presupuesto del coste y el procedimiento para hacer los pagos de las cuotas por parte de los propietarios.
Con esta medida se pretender acallar las quejas de aquellos cordobeses que se consideran "padrinos" de los "perolistas" ya que siempren nos han juzgado de tener piscina y parcela para hacer peroles domingueros y tener que costearlo todo ellos pagando sus impuestos y oponiéndose a cualquier proceso de urbanización que les implicara.
De esta manera se espera tener el proyecto y la adjudicación de obras en poco tiempo para que en dos años comiencen a verse las primeras parcelas legalizadas.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Córdoba se va relegar a someter a este proceso a las parcelas que entran en el PGOU, lo que excluye a los inundados, y estas medidas se nos escapan y no nos solucionan el problema.
Como Presidente de la Plataforma considero oportuno vincular el problema de las zonas inundadas al de la urbanización y legalización, pues la regularización resolvería gran parte del problema al que nos hemos visto sometidos en el 2010 y garantizaría nuestra seguridad, que nuestro principal objetivo.
Sobre estas medidas del PP, podemos leer comentarios de algunos incrédulos que consideran "una evasión de responsabilidad" o "una falta al art. 125, 126, 127 y 128 de la LOUA, lo que supone una ilegalidad". En nuestro blog nos mostramos imparciales políticamente hablando, por ello damos voz a aquellos que se manifiestan a favor y en contra de las vertientes políticas que aquí comentamos. Sin embargo, para aquellos que a pesar de decir este artículo que los "ilegales" pagarán sus propios gastos, hecho por el que se juzga al PP por otros comentaristas, he de recordarles que no es cierto que seamos ricos y hayamos pagado igdinamente "con dinero negro", ni tenemos culpa de "embargos y pisos de protección oficial cerrados". No me cansaré de repetir que entre los vecinos ilegales hay vecinos "con sus papeles en regla, escrituras de parcela y vivienda" y que la mayoría son de clase media, trabajadores y que también están sufriendo las consecuencias de la crisis, teniendo que hacer frente a las hipotecas frente a la amenaza de embargo como cualquier "condenado español al sistema capitalista".
En el ABC, podemos volver a leer la noticia sobre la apertura de las puertas a la legalización en Córdoba. Donde se insiste que los servicios mínimos correran a gastos de los propietarios, y hay que recordar que muchas ya venían costeando estos gastos anteriormente y no notarán la diferencia.
En Málaga, concretamente en Mijas, podemos observar como se están tomando medidas mejores que las propuesta por Luis Martín en Córdoba para solucionar el problema de la regularización de las viviendas ilegales que se atienen al PGOU. Se ha creado una Concejalía de Viviendas Irregulares para tratar esta cuestión a través de la oficina técnica pertinente.
ver noticia La Plataforma desea conocer un poco más de cerca la iniciatica de Luis Martín para saber si en Córdoba se contará con una oficina independiente del Ayuntamiento como en Mijas y si estará dotada de arquitecto, aparejador, abogado y administrativo que se encargue de la documentación como en el caso de Mijas. Sabemos que en Mijas se tratará la cuestión de la legalización de forma individual y esperamos que se tome ejemplo en el caso de Córdoba.
Una posibilidad sería que cada Centro Cívico, en el que se adscribe las zonas afectadas, contara con una de estas oficinas para mejorar la calidad de la atención al interesado y desarrollar mejor su labor de esta forma, ya que las zonas afectadas están muy distantes las unas de las otras. Solo desde el poder de la unión de las autoridades locales y municipales se puede obtener una revisión de la LOUA, ya que este problema afecta a numerosos municipios de toda Andalucía.
¿Estamos ante un nuevo cambio que mejorará nuestra situación? ¿qué pasará con las zonas inundadas que escapan al PGOU? ¿supondrá un cambio notable la Junta de Cooperación? ¿están cumpliendo sus promesas los del PP?
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