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domingo, 29 de septiembre de 2013

Vecinos piden que no se aplique la LOUA para regular parcelas

DIARIO CORDOBA

Exigen soluciones realistas y llaman a otros colectivos vecinales a unirse


JUAN M. NIZA 29/09/2013

 Entrada a Doña Manuela y Las Corralitas.La federación de asociaciones de vecinos (AAVV) Córdoba--Extrarradio, implantada en la zona de la Carrera del Caballo, ha iniciado una campaña informativa en puntos del municipio afectados por los planes de regulación de parcelaciones para reclamar al Ayuntamiento que no aplique la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), una norma que "está dirigida a constructores y promotores", pero que no es eficaz para reurbanizar las parcelaciones porque "conlleva unos gastos inasumibles para la gran mayoría de los vecinos", muchos de los cuales "llevan viviendo en sus casas más de 40 años", dicen los manifiestos a distribuir. Más aún, la federación teme que, de seguir este proceso, muchas familias se verán abocadas "a la expropiación y al embargo" por las juntas de compensación. "Si no podemos hacer frente al 7% de los trámites del Registro de Asociaciones Urbanísticas de la Junta, ¿cómo vamos a hacer el 100% de las obras, y más ahora que los bancos no dan créditos y mucho menos a las personas mayores?", se preguntaba ayer el presidente de la federación, Jorge Salvo. Como ejemplo, la federación estima que, de media, una parcela de 1.000 m2 con una vivienda de 150 m2 deberá poner para su regulación 63.672 euros, y eso a precios del 2008 y sin contar tasas, anuncios, notario de la junta de compensación, etcétera.
Los representantes vecinales no solo consideran la LOUA "injusta e inviable", sino que también duda de la voluntad del Ayuntamiento, del que creen que solo está agilizando los trámites que le permita recaudar unos pingües ingresos, pero a costa de dejar a los vecinos embarcados en un proceso que incluso puede desembocar en el embargo por la junta de compensación.
Las seis AAVV de Córdoba--Extrarradio representan a más de millar y medio de familias de las zonas de Doña Manuela, Los Corralitos, La Colina, Torreblanca Norte, Peña Tejada y Los Esquiveles, pero cuenta con simpatizantes en lugares como El Alamillo, La Barquera o La Gorgoja e, incluso, fuera del término municipal, en Cuevas Bajas (Almodóvar del Río). De hecho, Jorge Salvo ha reiterado su llamamiento a las AAVV de parcelaciones para que se sumen a la federación.



El pasado día 26/09/13. Emitimos una nota de prensa a este diario, en el cual mostrabamos nuestras diferencias en lo publicado por la F.Al-Zahara, como podeis leer en nuestros comentarios de la anterior publicación (CORDOBA SOMOS TODOS).

No han publicado nada, tampoco nos han contestado por si hubiese algún error y por ello no lo pudiesen publicar.

Leyendo este articulo y el enlace de abajo, tres días más tarde desde que enviamos nuestra nota de prensa, llegamos a una conclusión, "no les interesaba publicar el contenido de nuestra nota." (A saber?).

Sin embargo, no, nos parece ético por su parte que habiendo recibido una nota de prensa el día 26/09- publiquen un articulo relacionado con nuestra nota de prensa, referente a nuestros objetivos el día 29/09/13, y ni tan siquiera hayan llamado por teléfono para preguntar por el tema, como ocurre casi siempre. 

Afortunadamente existe la hemeroteca, para poder comprobar quién desde un principio está pidiendo un cambio en la LOUA. Y una modificación del Decreto.

Quién desde un principio está luchando por la unión de los afectados, no solo de Córdoba, que también del Resto de Andalucía.

Desde este humilde blog, pedimos a todos los medios de comunicación, "transparencia", igualda de oportunidades y ayuda.

 

jueves, 26 de septiembre de 2013

Al-Zahara pide cambios legales para dar servicios a parcelaciones

DIARIO CORDOBA

Dice que la LOUA y el PGOU no tienen en cuenta la realidad de las familias. Exige soluciones para las casas de las zonas con más limitaciones

REDACCION 26/09/2013
 Una de las reuniones celebradas con el alcalde.
La Federación de Asociaciones de Vecinos Al--Zahara ha expuesto, a través de una nota, las demandas de la mesa de trabajo de El Higuerón, entre ellas, cambios legales para lograr la dotación de servicios básicos en las parcelaciones. La mesa impulsada por el consejo de distrito de El Higuerón, que está integrada por 42 colectivos, Junta, Ayuntamiento, Consejo del Movimiento Ciudadano y Al--Zahara, se constituyó hace un año. Los representantes vecinales valoran positivamente los avances logrados en este tiempo en la reducción de costes de los procesos de legalización o en la definición del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), pero consideran que el número de beneficiarios será muy reducido, por lo que exigen "cambios significativos del PGOU y de la normativa autonómica y estatal" para conseguir servicios, bien mediante el proceso de legalización o por el AFO. A juicio de la federación, "el PGOU ya no da más de sí al haberse producido un cambio radical del contexto económico" y el AFO "solo permitirá dotar de servicios a algunos casos aislados, pero no es ninguna solución global". El PGOU y la LOUA, añade, "tratan a las parcelaciones como suelo, sin tener en cuenta la realidad de miles de familias". Por ello, cree que se necesitan medidas que busquen dar servicios a la mayoría de parcelaciones existentes y legalizar aquellas que sea posible.
Respecto a las regularizables, pide que se rebajen los costes para la finalización de su tramitación; un modelo de urbanización suave; valorar a la baja la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico; y la dotación adelantada de servicios con el proyecto de reparcelación aprobado definitivamente y un avance del de urbanización; fasear la urbanización; y optar por la cooperación cuando la legalización es inviable sin la intervención pública. Respecto a las no regularizables, exige que puedan pasar a la categoría anterior o, al menos, dotarse de servicios. Al--Zahara pide "ordenaciones específicas" para las del entorno de Medina Azahara, río, arroyos, aeropuerto y Sierra, que determinen las condiciones en que pueden acceder a los servicios básicos mediante el plan de mejora del medio rural o el AFO.


Respecto a la nota emitida por la Federación de Asociaciones Al-Zahara, donde expone las demandas de la mesa de trabajo de el Higuerón.

Queremos puntualizar que no estamos en contra de algunos puntos expuestos por ellos, como pedir cambios legales para lograr la dotación de servicios para las parcelaciones.

Hace años que desde la Plataforma APAIG,Confederación Andaluza por la Legalización Urbanistica y la recién FEPACOR,Federación de Parcelistas de Córdoba, estamos pidiendo, que no "exigiendo" la modificación de la LOUA. Por ser esta quien regula la Ordenación del territorio en Andalucía.

Nos sorprendemos al leer en este articulo como piden unas "ordenaciones especificas" para los afectados por el BIC, o los afectados por el río,cuando no hemos leído en prensa,ni oído en radio,ni visto en tv.Ni hemos tenido por su parte ningún contacto, para preocuparse por las inundaciones sufridas y tampoco han querido interesarse por el proyecto de Ciudad, aprobado por todos los grupos polítíticos, para evitar inundaciones en Córdoba.

Quisiéramos saber a parte de los representantes de las Administraciones y ellos mismos, cuantos representantes de parcelistas y no de peñas, hay en esa mesa creada en el Higuerón.

Está muy claro y queremos dejar constancia sobre todo a los representantes de las diferentes Administraciones que la mesa del Higuerón, NO representa a la gran mayoría de los afectados, que el AFO. hoy por hoy no es la solución y por tanto no pueden pedir públicamente que los parcelistas se adhieran a el, y menos a  lo que no, nos representan.

También queremos dejar claro que solo la unión de todos puede llevar a solucionar este problema, por lo que estamos trabajando para conseguir esa unión. 




SENCILLAMENTE,VECINOS.





Vecinos por Algete

domingo, 22 de septiembre de 2013


Vecinos por Algete en Informativos Tele Cinco


"Un partido integrado por vecinos independientes consigue el Gobierno municipal de la localidad madrileña de Torrelodones. Ahora su modelo se está extendiendo por otros por pueblos de la región, como el de Algete, donde un grupo de vecinos competirán con los partidos tradicionales en las próximas elecciones. Tienen ocupaciones distintas, no quieren ser políticos profesionales ni de grandes formaciones. Han creado el partido Vecinos por Algete, una localidad madrileña de más 20.000 habitantes. Tienen claro lo que quieren para su pueblo y se presentarán  a las elecciones municipales de 2015. Se sienten más libres para trabajar por el pueblo fuera de un partido de ámbito estatal. Y están convencidos de que todos los vecinos pueden participar en la toma de decisiones. Ya empiezan a presentarse como candidatos entre los algeteños, y tienen sus propio eslogan para aspirar al próximo gobierno municipal."

http://www.telecinco.es/video/video-embed.html?contentId=MDSVID20130922_0040&showTitle=1&showSummary=1&width=601&height=338#

Esta claro que algo está cambiando, son ya, muchos los ciudadanos que no creen en nuestros representantes políticos, y creo que no tengo que enumerar la cantidad de casos de corrupción y otros motivos, por los cuales los ciudadanos ya están hasta el gorro.
Quizás sea este el nuevo modelo a seguir, el que los vecinos organizados opten a entrar en las administraciones y cambiar las cosas desde dentro.
No se puede aguantar por más tiempo que la gran mayoría de nuestros representantes vivan en el edén, mientras el resto de ciudadanos estemos pasando miseria para poder vivir, acaso España es un país pobre, acaso no hay riqueza más que suficiente para poder vivir dignamente.

Desde La Plataforma, felicitamos a estos vecinos, al igual que otros tantos, como el PVRE. Partido vecinal de Chiclana y otros muchos que se están formado en toda la geografía de España, y los queremos "FELICITAR" con mayúsculas por su coraje y valentía.
http://www.sielocal.com/images/uploads/reports/167/documents/Endeudamiento%20Total%20por%20Habitante.%20A%C3%B1o%202012.pdf
Queremos agradecer a D.Miguel Quirós, Presidente de la Plataforma Vecinal de Estepona, toda la información que nos envía, entre ellas esta que publicamos.

martes, 24 de septiembre de 2013

“el PP va a solicitar a la nueva Consejera, que modifique la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Real Decreto

El PP reprocha la “inacción” de la Junta para solucionar el problema de las viviendas alegales

José Jesús Gázquez “una buena ordenación del territorio es la base del desarrollo y el empleo"
La Comarca Noticias - 24/sep/2013

El PP reprocha la “inacción” de la Junta para solucionar el problema de las viviendas alegales Ampliar imagen
Parlamentario cantoriano José Jesús Gázquez
El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería José Jesús Gázquez ha reprochado a la nueva Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, la “inacción” de la Junta de Andalucía para solucionar el problema de viviendas en suelo no urbanizable que hay en la provincia de Almería, y ha lamentado, que en su intervención ante los diputados pertenecientes a la Comisión de Medio Ambiente, no haya hecho “autocrítica” y tampoco “ni una sola referencia relacionada con una problemática que preocupa enormemente a los almerienses”.

Gázquez, que ha sido nombrado Secretario de la Mesa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento Andaluz, afirma que lo que está consiguiendo la Junta con sus actuaciones es “dañar y perjudicar” la imagen de Andalucía y de Almería, y le recuerda a Serrano que “una buena ordenación del territorio es la base fundamental para el desarrollo, para el empleo y para la prosperidad y el crecimiento de los municipios y de sus ciudadanos”.

El parlamentario almeriense invita a la nueva Consejera a visitar la provincia y comprobar “in situ” que existe una realidad social que no se puede obviar ni esconder, y que urge “una solución al problema de las viviendas fuera de ordenación”, por ello, exige al nuevo gobierno andaluz que se ponga a trabajar en serio, con esta realidad.

José Jesús Gázquez, continúa afirmando, que “tanto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, como el Real Decreto aprobado recientemente por la Junta de Andalucía, no satisface, ni resuelve el problema creado, en cierta medida por la desidia y la falta de control de la Junta, a la que le corresponde por Ley, la planificación, el control, o la vigilancia, en definitiva, de la Ordenación del Territorio en Andalucía”.

Ante esta falta de interés mostrada por la Junta, y la ineptitud e incompetencia, a la hora de buscar una solución de acuerdo con la legalidad vigente, el parlamentario del PP manifiesta, que “el PP va a solicitar a la nueva Consejera, que modifique la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Real Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable”.

Por último, Gázquez critica que la Junta esté ordenando la demolición de viviendas estando pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a los Recursos de Amparo que han presentado muchos afectados, lo que a su juicio, pone de manifiesto una “enorme falta de sensibilidad con miles de ciudadanos europeos, que compraron sus viviendas de buena fe”.


CORREO DE D. MANUEL HIDALGO ROMERO.



Correo de D. Manuel Hidalgo Romero, en respuesta a nuestro articulo de "ESCLAVOS DEL SISTEMA"


Has puesto el dedo en la llaga.
Te remito una lista de productos químicos y emisiones físicas, un  cóctel mortal, que a medio y largo plazo nos invade cual sentencia inexorable,... y las administraciones entreteniéndonos con esta baratija de las viviendas que ellos llaman ilegales. Atento:
- Gases radiactivos: algunas clases de gres y granito
- Conservante, barnices, retardantes de llama: mobiliario
- Pesticidas, disolventes, alquifenolews, lubricantes, fungicidas,... Textiles
- Instalación eléctrica: Acumulación de cargas eléctricas y campo eléctrico, así como mercurio en bombillas de bajo consumo.
- metales pesados, pegamentos y pinturas: Aparatos electrónicos.
- Ambientadores, insecticidas, antipolillas y alamizcles sintéticos
- Teléfonos, router wifi, portátiles, móbiles, videoconsolas,...
- Juguetes: pláxticos y pinturas-
- Alimmentos: conservantes, aromatizantes, colorantes artificiales, plásticos de envasado, latas con bisfenol A, agua embotellada en plástico (ftalatos), carnes y huevos procedentes de animales engordados artificialmente y tratados con antibióticos preventivos,  todos ellos por centenares.
- El agua de la red potabilizada, tratada con cloro un gran cancerígeno, con presencia de trihalurometanos, nitratos, pesticidas y otros productos químicos muy difíciles de depurar. ver el siguiente enlace de pueblo donde se suspende el agua por encontrarse en mal estado ( Mures):



Desde este blog. Os invitamos a colaborar con vuestros artículos y opiniones, que podéis enviar a al correo de la Plataforma.

plataformaafectadosinundacionesguadalquivir@hotmail.com.



lunes, 23 de septiembre de 2013

ESCLAVOS DEL SISTEMA.


el país

 Madrid 21 SEP 2013 - 22:56 CET


                                       En Mijas (Málaga) hay 8.000 construcciones irregulares. / JULIÁN ROJAS   
   Todo menos la demolición.                
El boom inmobiliario ha pasado, pero los ladrillos que se colocaron en pleno
 furor, cuando algunos concejales de Urbanismo miraban para otro lado, continúan bien pegados al suelo. Los fiscales de Medio Ambiente siguen teniendo “serios problemas” para conseguir que se ejecuten las demoliciones de las construcciones ilegales. Los propietarios tratan de retrasar la llegada de la piqueta todo lo posible, bien buscando fallos en el proceso, o agarrándose a nuevas normativas regularizadoras, como la Ley de Costas. Los Ayuntamientos o comunidades, que deben responder de forma subsidiaria porque ellos debían velar por la legalidad urbanística, alegan en muchas ocasiones de que no tienen fondos para asumirlo. “Nos damos contra un muro”, cuenta Patricia Navarro, la fiscal de Medio Ambiente de Cádiz.
La memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente de 2012, hecha pública esta semana, destaca la situación “paradójica” en la que se encuentra esta medida legal. Aunque los derribos de construcciones irregulares se sigan acordando de manera más o menos fluida —se interponen unas 100 órdenes de demolición al año—, hay poco consenso en los tribunales sobre su necesidad o naturaleza.
La Fiscalía no dispone de una estadística de órdenes de demolición, algo que hace muy difícil calcular la cantidad de las que hay en España. Tampoco existen datos oficiales y globales de viviendas ilegales, pero las comunidades con problemas más sonoros son Andalucía, donde el Gobierno regional estima que hay unas 300.000 construcciones irregulares, 60.000 de ellas en Málaga, o Valencia, donde Greenpeace calcula hasta 50.000 casas ilegales solo en la zona costera. Cantabria también es conocida por sus desmanes urbanísticos, con 663 sentencias de derribo, según datos del Gobierno regional.

Casos a la baja por la crisis y el efecto ejemplarizante

  • Estabilidad. El número de procedimientos por infracciones urbanísticas mantiene cifras similares a las de los últimos años y en muchos casos va a la baja. Las fiscalías de Granada, Almería, Pontevedra, Cádiz, Jaén, Cantabria o Navarra han notado una disminución considerable.
  • Menos construcción. Los fiscales creen que la estabilidad en el número de procedimientos urbanísticos se debe a la crisis económica y, en parte, a las sentencias condenatorias que ya se han producido. En 2012, el 63% de los 715 fallos relativos a la ordenación del territorio obtuvieron una condena. En 2011, lo logró el 71% de las 569 sentencias.
  • 20 hoteles ilegales. Una de las investigaciones más extensas y complejas de 2012 se ha desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria. En la Operación Yate se investiga la construcción ilegal de una veintena de hoteles en el término municipal de Yaiza.
  • Autoridades municipales. Almería destaca el gran número de procedimientos penales abiertos contra autoridades municipales. En Sevilla tienen el caso de un secretario municipal que es, además, promotor.
Las divergencias a la hora de sentenciar son todo un clásico. Sevilla habla de una “irreconciliable disparidad” con las demoliciones. Mientras tres secciones de la Audiencia sevillana las acuerdan con “bastante regularidad”, una cuarta no la aplica “como regla general”. Hasta 2012 han conseguido que se acuerden más de 100 derribos. En algunos casos, el propietario de la vivienda ilegal ha llegado a entrar en prisión porque no asumió la demolición como forma de responsabilidad civil.
Jaén también destaca por la “extraordinaria reticencia de los jueces” para acordar esta medida. De las 72 condenas por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en las que ha intervenido la fiscal de Medio Ambiente Isabel Uceda, solo dos llevaban aparejada la piqueta. Uno de los casos más llamativos es el de una urbanización levantada en el entorno del yacimiento íbero de Puente Tablas, en una zona residencial de la capital catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). En este barrio hay chalés con órdenes de demolición y otros, colindantes, con condena, pero sin esta medida. Los propietarios ven en esa falta de unidad de criterio judicial una clara “inseguridad jurídica”.
Los ejemplos negativos son los más numerosos. La fiscalía de Cáceres se queja de la falta del “conocimiento más elemental por parte de determinados juzgadores” sobre las características de la orden de demolición, y en Valencia denuncian que su Audiencia ha dejado de aplicar o recurre a la anulación sistemática de todas estas órdenes. Aunque no se ejecuten, la buena noticia es que los jueces valencianos las están acordando con más frecuencia. Si en 2011 esta medida iba incluida en el 37% de las condenas, en 2012 ha subido hasta un 63%.
El contrapunto a esta situación, enquistada en los últimos años, lo ha puesto una sentencia del Tribunal Supremo. La resolución, del 21 de junio de 2012, reconoce los principales argumentos que la Fiscalía en defensa de la necesidad de imponer esta medida, como que es la única manera de reparar el daño causado por el delito. “La demolición es la responsabilidad civil”, ha declarado el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Verger.
Hay infractores que apelan a la Ley de Costas para frenar ejecuciones
La fiscal Patricia Navarro pidió al Supremo que se posicionara sobre este asunto planteando un recurso de casación a una condena por una construcción ilegal en el Puerto de Santa María que no llevaba aparejado el derribo. El alto tribunal aceptó —y su decisión sienta jurisprudencia— que el derribo debe ser la “regla general” y no una excepción, algo que se deduce del nuevo contenido del artículo 319 del Código Penal, y que si no se aplica favorece la sensación de impunidad.
Cádiz tiene unas 40.000 viviendas irregulares y a finales de 2012 había 70 órdenes de demolición sin acometer. “En la zona de Chiclana, Chipiona o la costa, ha habido un crecimiento muy rápido y una vivienda ilegal sin demoler es un efecto llamada”, considera Navarro. Sobre su mesa hay órdenes de derribo de 2007 que todavía no se han ejecutado porque les plantean infinidad de incidentes para evitarlo. “Se solicita, por ejemplo, el indulto, y aquí no cabe, porque no se trata de una pena”, explica la fiscal gaditana.
Los propietarios están agarrándose a la posibilidad de beneficiarse de la nueva Ley de Costas, aprobada este verano, que reduce las zonas protegidas. También a decretos, como el que presentó la Junta de Andalucía en 2012 para regularizar el 90% de las construcciones irregulares, o a cambios en los planes urbanísticos de los municipios que les pudieran beneficiar.
Puede haber sentencias distintas para casas de una misma urbanización
Un colectivo de extranjeros afectados por los desmanes urbanísticos cometidos en el Valle del Almanzora (Almería), donde hay 12.000 construcciones ilegales, ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De momento, un juez de Almería ha suspendido la orden de demolición de la casa de un matrimonio británico hasta ver el resultado de la demanda internacional. Gerardo Vázquez, letrado de la asociación, reclama un cambio urgente en el sistema. “Es un modelo bizantino, es evidente que han fallado los controles por la cantidad de viviendas ilegales que hay”, contempla. Los 300 socios de la asociación, la mayoría británicos jubilados, compraron casas en suelo rústico y los promotores pusieron pies en polvorosa. No tienen derecho a suministros básicos, como electricidad o agua, pero lo más grave es la sombra de la excavadora.
En Mijas (Málaga), hay 8.000 construcciones irregulares, pero el decreto de la Junta de Andalucía ha abierto la puerta a la regularización de la mitad. Las otras 4.000 luchan por encontrar un hueco legal que las salve. En este pueblo de la Costa del Sol ya ha habido varias demoliciones y el equipo municipal, del PP, reconoce que no son plato de gusto. “Intentamos encontrar soluciones legales, pero contra las viviendas con expediente de demolición no se puede hacer nada”, explican.
En Navarra han tenido que embargar de forma previa a los condenados para poder pagar esos derribos. En 2012 ha habido cinco sentencias. El caso típico es el de una caseta de huerta que se ha ido mejorando hasta convertirla en vivienda, en especial en la Ribera navarra. Todo un clásico del urbanismo español.
Con información de Javier Doria y Ginés Donaire.
Los afectados de toda esta trama urbanística nos seguimos preguntando, ¿para cuando van a dejar de culpar al más débil y perseguir a promotores,especuladores y responsables políticos de toda esta situación?.
Es mucho más fácil atacar al pueblo indefenso, que a los verdaderos culpables de todo este entramado, ¿porque los Sres. Fiscales de Medio Ambiente, se preocupan más del derribo de hogares de personas sin recursos, que de quien está destruyendo el planeta con sus industrias y negocios?. Contaminan el aire que respiramos,contaminan los ríos y mares, destruyen la naturaleza, y solo por tener más y ser todavía más ricos, acaso estos no están infringiendo la ley, acaso no nos afecta a nuestras vidas y a la de nuestros hijos.
Quizás la solución pase por el que el pueblo indefenso se revele, harto ya, de mal vivir y rompa las reglas del juego, acabando con este sistema donde unos pocos viven en el paraíso a costa de muchos  en la que poder susistir,  día a día es un infierno.  

Una veintena de proyectos ligados al río, pendientes de ejecución

DIARIO CÓRDOBA.

INICIATIVAS ESTANCADAS

Córdoba, cada vez más integrada en el Guadalquivir, aún carece de equipamientos anunciados y tiene patrimonio desaprovechado


ISABEL LEÑA 23/09/2013

Córdoba redescubrió el río hace más de dos décadas y empezó a planificar un futuro en torno a él. El plan especial del río Guadalquivir trajo los primeros cambios. Fruto del mismo fueron los puentes de El Arenal y Miraflores, la rehabilitación del molino de Martos, el recinto ferial, y los parques del Balcón del Guadalquivir y Miraflores. Pero había más propuestas de distintas administraciones, muchas de ellas largamente anunciadas, que han quedado varadas en el olvido. Los cambios de gobierno, la crisis, el baile de competencias entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta han influido, de forma que hay una veintena de proyectos que no han visto la luz y un rico patrimonio vinculado al río que sigue desaprovechado.
 El centro de congresos,el buque que naufragó
 El buque insignia de la transformación de Miraflores era el Palacio del Sur del arquitecto holandés Rem Koolhaas. Su silueta de ocho plantas con destellos de cristal sobre el Guadalquivir, capaz de acoger auditorios sin igual, un hotel de lujo y locales comerciales, era el sueño del distrito Sur y del Ayuntamiento. Pero ese gran trasatlántico de alta mar se fue hundiendo a medida que aumentaban las dificultades para lograr el dinero necesario para pagarlo. Tanto se complicó su ejecución que en el 2008 el Ayuntamiento le dio un nuevo rumbo y pidió a Koolhaas que abaratara el proyecto. Pero aquel centro de congresos menguado tampoco salió adelante. El cambio de gobierno municipal terminó dándole la puntilla. El PP lo consideró inviable por su elevado coste y optó por levantar un híbrido entre recinto ferial y centro de congresos en el Parque Joyero. De aquel anhelado Palacio del Sur, queda hoy un solar vacío sin rumbo definido.
 El Museo de Bellas Artesy la gran transformación
La noria de la Albolafia, cada vez más deteriorada.
 Con la mirada puesta en la capitalidad del 2016, Córdoba esperaba dos proyectos. Por un lado, el Espacio Andaluz de Creación Contemporánea, el C4, un edificio singular que ha construido la Junta pero al que aún le falta el acondicionamiento de los accesos y el contenido. Por otro lado, el Museo de Bellas Artes, un equipamiento cultural que iba a crecer junto a la Calahorra y a acoger la colección de Pilar Citoler. El museo estaba ligado a una compleja operación urbanística en el Campo de la Verdad que implicaba las expropiaciones de viviendas y bares, y que, con una nueva plaza, transformaría este entorno. Urbanismo llegó incluso a notificar a los afectados la expropiación. El museo ha aparecido en varias anualidades de los presupuestos del Estado hasta desaparecer.
 La metamorfosis de laavenida de la Ribera
 El cambio más espectacular vendría de la mano del plan Alcázar--Caballerizas, que depende del Ayuntamiento y que aún no ha culminado su larga tramitación, polémica por los usos ecuestres. El plan quedó aprobado de forma provisional antes de las elecciones municipales, en marzo del 2011. Desde entonces, el único paso fue hace más de un año cuando Urbanismo resolvió otra alegación y ratificó la aprobación provisional. La intención del PP es encontrar colaboración privada para ponerlo en práctica y poder afrontar su alto coste, más de 50 millones. Entre las actuaciones que contempla está la transformación de la avenida del Alcázar, que perderá la carretera que nació a mitad del siglo pasado recuperando así la dimensión que históricamente tenían los jardines, que llegaban hasta el río. Cuando eso ocurra, la Ribera habrá sufrido un cambio abismal. Al recién remodelado por la Junta tramo entre Santa Teresa de Jornet y Caño Quebrado, se unirá la avenida convertida en un espacio peatonal concebido para el paseo.
 La noria que iba a regar los jardines del Alcázar
 A principios del 2008, cuando la crisis no había mostrado aún toda su crudeza, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció en Córdoba el proyecto que devolvería a la noria de la Albolafia su antiguo cometido, regar los jardines del Alcázar. El traspaso de competencias de la CHG a la Agencia Andaluza del Agua y, después, la devolución de las mismas a la CHG, afectó a este proyecto --y a otros--, que volvió a sufrir otro parón. Cinco años después, el deterioro de la noria es más evidente, sobre todo, tras la restauración del entorno de la Puerta del Puente.
 Un ambicioso centro deinterpretación del río
 La recuperación de la noria formaba parte de un ambicioso plan valorado en más de 80 millones de euros y enfocado hacia la creación de un centro de interpretación del Guadalquivir. El proyecto contemplaba también la rehabilitación de los molinos de San Rafael y del Hierro, una pasarela peatonal hasta el Cordel de Ecija, donde se construiría el museo del agua, y la rehabilitación del Salto de Casillas. Las actuaciones echaron a andar administrativamente pero no concluyeron su camino. En la mente de Medio Ambiente estaba entonces también la ejecución de la segunda fase de la remodelación del Guadalquivir y la construcción de un azud en 
el molino de Martos para mantener una lámina permanente de agua y un paseo peatonal sobre el río. La idea recibió alegaciones de los ecologistas. En el cajón del olvido quedó también la playa de Miraflores, una idea lanzada por el Ayuntamiento en el 2007.
 Una ciudad de diseñovanguardista junto al río
 Entre los puentes de Andalucía y de San Rafael, y en paralelo a la avenida de Cádiz, se iba a alzar un barrio de diseño vanguardista con 1.800 viviendas. La configuración de los bloques, unos suspendidos sobre otros, y su combinación con la vegetación, contribuyó a que el proyecto, de la arquitecta Auxiliadora Gálvez, ganara el premio European. La idea se desechó por su alto coste, aunque se siguió trabajando en la urbanización del barrio, en el que también tenía terrenos la Junta. En el 2008, Urbanismo anunció que la urbanización costaría 10 millones y que contemplaba cuatro bloques de 14 plantas, sin descartar la ejecución de algún edificio siguiendo la idea premiada. El Cordel de Ecija es uno de los proyectos que deja pendiente Procórdoba, empresa en vías de disolución. Pero, además, hay otro plan relacionado con el río que no se ha desarrollado a pesar de estar aprobado desde el 2006, el de Arenal de la Fuensanta, pensado para acoger la ciudad del ocio y trasladar el recinto ferial al otro lado de la autovía. No solo no ha prosperado sino que se ha complicado tras la polémica propuesta de Tremón, que implica la recalificación de 40 hectáreas para un enorme complejo de ocio.
 Molinos restauradospero cerrados sin uso
 Córdoba cuenta con tres molinos restaurados pero solo uno, el de la Alegría, está en uso. Los otros dos son los molinos de Martos --devorado por la vegetación-- y San Antonio --rehabilitado por Procórdoba--, ambos cerrados y maltratados por las crecidas y a la espera de una solución. Además, el de Martos tiene un problema añadido, la acumulación de depósitos y de los vertidos de un aliviadero del colector, que provocan malos olores. Pero no son los únicos ejemplos de proyectos desaprovechados. El centro de visitantes, construido por la Junta como puerta de entrada al turismo y entregado ya al Ayuntamiento, continúa sin fecha de apertura. Además, hay otros elementos vinculados al río a los que no se les ha sacado todo el partido que se esperaba, como la isla de las esculturas, los embarcaderos o el pescódromo.
 La realidad de hoy ynuevas propuestas
 Al margen de los proyectos pendientes, la ciudad que se mira en el río tiene otras necesidades como la limpieza del mismo. La CHG inició el jueves un plan de restauración que afecta a dos kilómetros entre los puentes Romano y de la autovía. El Ayuntamiento había solicitado la intervención en cinco kilómetros entre el Cañaveralejo y Casillas, por lo que aún queda camino por recorrer. Paralelamente, la Junta tiene en marcha un plan en los Sotos de la Albolafia que incluye la limpieza de sus molinos y que no ha acabado. En torno al río no paran de nacer propuestas, como la de una plataforma que se está creando en la Ribera para reivindicar la limpieza y un pasillo de seis metros entre los árboles y el murallón; o la de la plataforma de afectados por las inundaciones, que tiene un proyecto entre Alcolea y Encinarejo, con el que pretende evitar inundaciones y aprovechar los múltiples atractivos del Guadalquivir.

domingo, 22 de septiembre de 2013

María Jesús Serrano Jiménez, consejera de Medio Ambiente Y Ordenación del Territorio


"Sé lo duro que resulta para un alcalde que no se le escuche en sus problemas"


F. EXPÓSITO 22/09/2013

--¿Qué significa para usted su nombramiento como consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio?
--Es una satisfacción personal muy grande y una gran responsabilidad. Agradezco que la presidenta, Susana Díaz, y que todo el partido en Andalucía me hayan dado su apoyo para asumir este reto y espero estar a la altura de las circunstancias.

--¿Cómo fue el ofrecimiento?
--La presidenta me llamó y ante esta llamada no podía decir que no, máxime cuando ella predica que quiere un nuevo Gobierno ante un nuevo tiempo y que quiere contar con personas que estén cerca de los ciudadanos, que sepan de los problemas de la gente y la realidad de los problemas de los andaluces. Fue una satisfacción enorme, porque entendía que se fijaba en mí porque represento el municipalismo, una persona que ha trabajado por su pueblo y que como administración más cercana al ciudadano sabemos de la realidad de los problemas de la gente y les ponemos cara. Eso entendía que buscaba la presidenta, hombres y mujeres que pudieran ponerle cara a esos problemas y que pudieran dar respuestas.

--¿Qué le dijo cuando la llamó? ¿Qué le comentó que buscaba en usted?
--He tenido una relación muy cordial con la presidenta desde hace tiempo. Antes de que fuera presidenta, en su etapa de consejera, tuve la oportunidad de contar con ella en Baena el año pasado y desde entonces hemos tenido una gran empatía. Me dijo que quería contar conmigo, con mujeres valientes y preparadas y que estuvieran a la altura de las circunstancias para responder a los problemas que ahora mismo demandaba la sociedad y los ciudadanos. Ella entendía que tenía que separarse de Agricultura, entendía que tenía que adquirir el papel relevante que siempre había tenido la política medioambiental en Andalucía. Por ello, me dijo que quería contar con mi experiencia municipalista, después de haber estado al frente de la delegación de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Baena.

--¿Se ha quedado esperando alguna felicitación?
--No.

--¿Le ha felicitado Luis Moreno?
--No, de momento no, aunque he perdido el móvil y no sé si me ha llamado.

--¿Qué experiencia tiene en materia ambiental y urbanística?
--La que he tenido en el Ayuntamiento de Baena. Fueron cuatro años muy intensos, donde trabajamos con mucha presión por todos los temas y problemáticas que se presentaron en el ámbito del urbanismo y ambiental. Esa experiencia te curte y te hace ser más fuerte, te hace tener una visión amplia de lo que el urbanismo puede aportar a una ciudad. Esa visión es la que ahora me permite tener esa visión general de Baena. Hay veces en las que pensamos que el urbanismo es algo árido, pero el urbanismo significa planificar una ciudad, donde van a vivir unos ciudadanos, los servicios que van a tener y la calidad de vida que quieres. Por eso tenemos que pensar en el medio ambiente urbano como algo importante. El 80% de las personas viven ya en ciudades. No podemos olvidarnos que a la hora de planificar esa ordenación territorial hay que tener en cuenta la implicación y la imbricación medioambiental. No podemos estudiar el espacio físico, por un lado, para la ordenación del territorio y por otro lado para conservar el medio ambiente. Ambas cuestiones tienen que ir de la mano y tienen que estar planificadas desde primera hora con carácter de sostenibilidad y de cuidado y conservación del medio ambiente. Por eso creo que es un acierto que esta Consejería se vuelva a llamar de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Sin esos seis años de experiencia municipal no conocería muchos temas. Vengo de los ayuntamientos y sé la importancia que tienen para los ayuntamientos muchos aspectos y lo duro que resulta para un alcalde que no se le escuche en sus problemas.

--Dos cordobesas asumen las competencias que antes correspondían a Obras Públicas. ¿Cómo será la relación entre ambas consejerías?
--Creo que será magnífica. A la consejera de Fomento tuve la oportunidad de conocerla hace ya un tiempo en una visita institucional que hizo a Baena. Hemos tenido una relación magnífica y como estamos perfectamente coordinados en el Consejo de Gobierno vamos a trabajar por los problemas de Andalucía, nos dedicaremos a gobernar y a pensar en los andaluces. Tenemos la obligación y el deber de entendernos.

--¿Qué le hubiera gustado hacer durante su etapa de alcaldesa?
--Me hubiera gustado terminar algunos proyectos que inicié, aunque soy consciente de la situación en la que me encuentro de atender a las demandas que me piden en cada momento. Cuando uno es responsable público sabe que los mandatos tienen un tiempo determinado y vienen condicionados por las circunstancias políticas o sociales. Si la presidenta me llama para Andalucía tenía que trabajar por Andalucía y estoy convencida de que todos los proyectos que comencé estoy seguro que el nuevo alcalde y el equipo de gobierno los terminarán. El proyecto del Partido Socialista para Baena está por encima de las personas. Se ha demostrado y se seguirá demostrando. Nos presentamos a unas elecciones con un programa electoral basado en el mantenimiento de las políticas sociales y en hacer una apuesta de la recuperación de patrimonio para generar empleo y riqueza en torno al turismo cultural y arqueológico.
--Como ex alcaldesa y ahora consejera de Medio Ambiente. En Baena existe una especial sensibilidad con las emanaciones de la planta de Oleícola El Tejar. ¿Se va a actuar de una manera especial ahora?
--Los técnicos competentes nos indican que las emisiones son de vapor de agua. Esa industria tiene todos los requisitos que ordena la legislación vigente a la hora de ejercer su actividad. Y me estoy refiriendo a la autorización ambiental unificada, que es la mayor norma de calidad que una industria puede tener. A día de hoy no hay ninguna constancia en la Consejería de que exista algún incumplimiento. Además, hay una posibilidad de hacer un proyecto de investigación con el Ceia3 para ver la posibilidad de mejorar el impacto visual. En cuanto a los rumores de que Agroenergética Baena puede producir determinados tipos de enfermedades o que el número de cánceres ha aumentado en Baena por esto, los responsables de Salud han indicado que no existe ninguna estadística que determine que hay una alarma en ese sentido. Es verdad que puede haber un número mayor de cánceres porque se hacen más campañas preventivas, por lo que se detectan más. Además, la investigación, los tratamientos y los nuevos medicamentos han hecho que estas personas que padecen estas enfermedades vivan más tiempo, con lo que conocemos durante más tiempo a personas que tienen esta enfermedad. Todas esas circunstancias hacen que la población perciba que hay una alarma, cuando en realidad no existe.

--¿Qué le preocupa más del medio ambiente en Andalucía?
--Muchísimas cosas y más ahora que estoy teniendo la oportunidad de conocer la Consejería en profundidad. Lo más urgente es organizar una estructura donde consigamos agilizar todos los trámites medioambientales y de ordenación del territorio. Queremos crear dos grandes áreas: la de gestión y la de planificación, donde la ordenación del territorio y el cambio climático tengan una imbricación constante y continua, porque el espacio físico es el mismo. No puede ir la ordenación del territorio por un lado y la política medioambiental por otro. En el área de gestión queremos simplificar todos los trámites y que esta coordinación entre gestión y planificación funcione y podamos resolver los problemas de los ciudadanos cuanto antes. En cuando a ordenación del territorio tenemos que adaptar los planes de ordenación urbanística a la realidad de los mismos. Tenemos que simplificar los trámites, para lo que estamos preparando una oficina única donde se cree una comisión que sea la encargada de ver todos los requisitos e informes que los ayuntamientos tienen que aportar a la consejería para la aprobación del plan y que de esa manera, estando todos los agentes, puedan recabar los informes sectoriales de forma simultánea para evitar que se eternicen los planes de ordenación.

--¿La decisión de separar Medio Ambiente de Agricultura reforzará las políticas ambientales de la Junta?
--Por supuesto. Entendemos que la presidenta de la Junta ha hecho una apuesta decidida por cumplir lo que marca nuestro Estatuto de Autonomía, que es que la política medioambiental tiene que ser el eje transversal de todo el estatuto. Si bien en el anterior gobierno se unió, a nadie se le escapa que por problemas presupuestarios y de ajuste, es verdad que las políticas medioambientales habían quedado diluidas por el gran peso de Agricultura. Era necesario retomar ese impulso, ese liderazgo en la defensa de las políticas medioambientales de Andalucía que han sido referencia en España y en Europa. Si queremos un desarrollo socioeconómico y conservar nuestro patrimonio natural para generaciones futuras tenemos que tener presente el medio ambiente y la ordenación del territorio.

--En Córdoba, como en otros municipios, existen un gran problema con las parcelaciones ilegales. ¿Cuál es su postura con respecto a esto?
--No es un problema solo de Córdoba, aunque Córdoba tiene una gran problemática. Es verdad que en el pasado las administraciones hemos hecho las cosas mal y la competencia en materia de disciplina urbanística la tienen los ayuntamientos. Y es verdad que tendremos que replantearnos muchas cuestiones en torno a esa temática porque no tienen los medios necesarios para poder vigilar, controlar y poder atender a todo lo que la legislación le demanda. El Gobierno de la Junta ya aprobó un decreto para poder paliar las consecuencias de la problemática que hay en Andalucía. En ese sentido, tenemos que seguir desarrollando ese decreto y ver lo que se ha hecho bien y estudiar lo que se puede mejorar.

--Otro de los temas en materia urbanística es la solución que se le da a las naves de Colecor. ¿Cómo se intervendrá en este asunto?
--Estoy viendo el expediente, son muchas las cuestiones y las opiniones que ha habido. El caso está sub iúdice y por tanto hay que esperar al pronunciamiento judicial.

Desde la Plataforma felicitamos a la nueva Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Maria Jesús Serrano. Y esperamos que de prioridad a la problemática de las viviendas ilegales en todo el territorio andaluz.
Le mandaremos escritos de Reunión para entre todos intentar solucionar este problema de la mejor forma posible.

jueves, 19 de septiembre de 2013

La concejala de las casas ilegales


el país

En Chiclana, la mitad de sus 80.000 habitantes vive en viviendas sin licencia. El partido que les representa obtuvo en mayo dos ediles y ahora gestiona el caótico urbanismo del municipio




 
Hay una ciudad en Cádiz en la que la mitad de sus casi 80.000 habitantes vive en casas ilegales. Y donde la concejala de Urbanismo reside en una de ellas. La ciudad es Chiclana y vive atrapada en un limbo legal. Ha tenido que retomar una norma urbanística de 1987porque la justicia anuló sus planes generales posteriores y no puede dar ninguna nueva licencia de ocupación. Marisol Ayala, la responsable del Urbanismo, llegó a la concejalía procedente de un partido vecinal que representaba a los ilegales y cuyo programa pedía amnistía para estas construcciones, reducciones de las multas y la legalización de sus propiedades al mínimo coste.
Ayala, nacida en Villambistia (Burgos), se instaló en Chiclana hace una década. Llegó con su marido y su hijo y se compró una casa en la urbanización de la Rana Verde, en un suelo que estaba catalogado como no urbanizable. Dice que buscaba tranquilidad. Aunque su vivienda ya no estaba sujeta a ninguna sanción, al haber prescrito el delito urbanístico se enfrentaba a un sinfín de problemas. No tenía agua corriente ni alcantarillado. Como la suya, hay otras 15.000 viviendas en Chiclana
En cualquier otro sitio, que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal sería un escándalo. Allí se ve como un episodio más de la desidia y del caos. Nadie sabe cuándo empezó todo. Ni quién fue el primero. Chiclana creció paulatinamente ante los ojos virados de las Administraciones, que consintieron que en suelos rústicos, en zonas inundables, en espacios protegidos, se fueran levantando muros. Y dentro de los muros se construyeron casas. Y dentro de esas casas empezó a vivir gente.

No fue hasta iniciado el siglo XXI cuando el Consistorio de Chiclana, gobernado hasta entonces por el PSOE, inició la regularización de viviendas. Planteó unas ordenanzas donde se establecía qué debía pagar cada propietario por dotar a su urbanización de servicios básicos como el agua, el saneamiento o la luz. Una media estimada por los vecinos establecía que una parcela media de 1.000 metros cuadrados tendría que abonar unos 38.000 euros. “Muy caro”, decían en el pueblo. Así que los vecinos se rebelaron. Marisol Ayala estaba entre ellos.La mitad de Chiclana vive en 18 millones de metros cuadrados donde el planeamiento impide construir. Elboom inmobiliario de los años ochenta y noventa creó un negocio de evidente rentabilidad y dudosa legalidad en el que se vendían y compraban casas que, en realidad, no aparecían en ningún planeamiento. Y en ese negocio participaron todos. Los vecinos construían y vendían, otros compraban, los bancos daban hipotecas, los notarios firmaban escrituras y el Ayuntamiento cobraba los impuestos. La rueda circulaba sin obstáculos.
Crearon la Plataforma de Afectados por la Regularización, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz llegó a tildar de lobby, para conseguir hacer legal lo ilegal al mínimo coste. Ayala encabezó manifestaciones que resultaron multitudinarias. En 2007, el PP accedió al poder. Y Marisol Ayala vio que el nuevo Gobierno municipal tampoco atendía sus reclamaciones.
Ahí surgió la idea de crear un partido político. “Para morder desde dentro”, dijo en campaña. Hizo promoción de su Partido Vecinal Regionalista (PVRE) —el “puré”, como le llaman en Chiclana— puerta a puerta, prometiendo amnistía a las casas ilegales, rebajas y reducción de sanciones a las viviendas donde el delito urbanístico no había prescrito. Vecinos suyos llegaban a recibir multas de hasta 120.000 euros. También pesan sobre algunas casas órdenes de derribo. Los jueces no siempre las dictan, a pesar de los esfuerzos de la fiscalía para que estas demoliciones sean ejemplos contra el descontrol urbanístico.
Marisol Ayala arrancó 2.843 votos en las elecciones de 2011. Consiguió dos concejales. Fue la tercera fuerza más votada, por detrás PP y PSOE y por delante de IU. El PP empezó a gobernar en minoría hasta que, finalmente, su alcalde, Ernesto Marín, para garantizarse la estabilidad y poder aprobar sus Presupuestos, terminó aceptando firmar un pacto con el PVRE. Y entregó a Ayala la Concejalía de Urbanismo y Vías y Obras. Es decir, las áreas donde se deciden sanciones urbanísticas, prioridades en infraestructuras o regulación de viviendas. Marisol Ayala, representante de los vecinos de casas ilegales.

Las fotografías del satélite elevan a más de 15.000 las casas ilegales de Orihuela




el país






Pocos meses después de llegar al poder en junio de 2011, el nuevo Gobierno de Orihuela, un tripartito formado por Los Verdes, el PSPV y el Centro Liberal Renovador, cifró en 8.000 las viviendas ilegales que sembraban su territorio municipal. La cantidad se fue a 12.000 la primavera pasada y, rendida a la evidencia de la comprobación aérea mediante el uso de las fotografías realizadas desde un satélite, la concejal socialista de Planificación y Proyectos, Antonia Moreno, ha elevado ahora la cifra más allá de las 15.000.
Aunque la empresa de cartografía contratada por el Consistorio para ejecutar las ortofotografías del término municipal oriolano —de 365,44 kilómetros cuadrados, el cuarto más grande de España— para escrutarlo “palmo a palmo” antes de proceder a la revisión de su Plan General apenas ha entregado un tercio del trabajo (450 imágenes), la edil asegura que la realidad superará “en miles de nuevas irregularidades la cifra que teníamos calculada a partir de la documentación existente en el Ayuntamiento”.
“Tanto es así que la parte del planeamiento que hay colgada en la web municipal ha recibido advertencias de particulares señalando que en solares supuestamente libres hay edificaciones desde hace años” de las que no hay constancia catastral.
Moreno hurgó en el asunto con un amplio abanico de pruebas fotográficas aéreas que comparaban el mismo suelo en 2005 y la actualidad. Las imágenes demuestran cómo en una misma parcela rústica se ha construido un chalé, un almacén y hasta un circuito de karting o la realidad de que en una parcela que en el catastro figura como “suelo sin edificar” se han levantado cuatro torres de ocho alturas que suman más de 100 viviendas.

El Ayuntamiento de Orihuela espera  recaudar cuatro millones de euros al regular el  IBI de estas viviendas
El resultado del trabajo fotográfico contratado por el Ayuntamiento servirá para completar un informe que será trasladado a la fiscalía, según reveló la concejal de Planificación. Moreno confirmó que en 25 años de sucesivos Gobiernos del PP, en la ciudad nunca se ha completado un solo expediente de infracción urbanística hasta su finalización, es decir, la demolición de la vivienda ilegal. Este proceder ha conllevado que muchas de esas infracciones hayan prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años desde que se detectaron.
Además, la edil resaltó que en unos casos se cobraba la multa por la infracción, pero en otros, no, y acusó al PP de haber utilizado el urbanismo en Orihuela para expandir el clientelismo político. “¿A qué nos hemos dedicado? ¿Por qué no ha habido una sola orden de demolición en 25 años? ¿Por qué nuca ha pasado nada?”, se preguntó.
La otra vertiente del trabajo es que el Ayuntamiento podrá exigir cuando complete el censo de viviendas ilegales el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años a todos los infractores. Un primer cálculo advierte de que la cifra podría superar los cuatro millones, dinero que el Consistorio ha dejado de ingresar. “Hay casas, por ejemplo, en Orihuela Costa que deberían pagar más de 800 euros de IBI y no lo hacen simplemente porque no están localizadas”, lo que llevó a Moreno a afirmar que “ciudadanos que viven en primera línea de playa no pagan nada y se aprovechan de los servicios que están financiando quienes sí pagan sus impuestos”.
Por eso, en cuanto se concluya el trabajo, el Gobierno local prevé instalar una oficina en el centro de la localidad para que los propietarios afectados por alguna de las tipologías de infracción urbanística regularicen voluntariamente la situación de sus viviendas. Este plan forma parte de una especie de ley de punto final al urbanismo salvaje que ha infectado Orihuela. El proceso está pactado con el Consell, que actualmente está inmerso en el proceso de modificación y reordenación de todo el corpus legislativo urbanístico valenciano.
El protocolo de actuación consensuado con la Consejería de Territorio para incorporar estas miles de casas al futuro Plan General incluye la aplicación de la tolerancia cero con los nuevos infractores. Moreno advirtió de que entre los cambios previstos por la Administración figura alargar hasta los 15 años el periodo de prescripción de las ilegalidades, lo que la llevó incluso a rogar a los propietarios de suelo rústico en Orihuela que desistan de seguir edificando sin licencia, so pena de verse abocados a la restauración de la legalidad. Esto implica, además de una sanción de entre 600 y 3.000 euros, la demolición del inmueble.
Pero este problema no es privativo de Orihuela. En 2006, el Consell decidió intervenir la gestión urbanística del Ayuntamiento de Catral, en cuyo término municipal dijo haber detectado 1.200 viviendas ilegales en suelo no urbanizable. Si bien aquella fue una decisión política contra un municipio con alcalde socialista apenas una semana después de que el entonces secretario general del PSPV, Ignasi Pla, presentara una moción de censura en las Cortes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, puso al descubierto la realidad de una comarca en la que la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU) de Urbanismo cifra en entre un 5% y un 15% las casas ilegales que pueblan los 27 municipios de La Vega Baja, según dijo su presidente, Honorio Fernández. La mayoría se han levantado en suelo no urbanizable sin cumplir la ley, pero otras se ubican en pleno casco urbano. Moreno confirmó que una gran parte de las infracciones están en Orihuela Costa.
Otra de las consecuencias que producirá el hallazgo es que se retrasará la conclusión del nuevo Plan General, en trámite desde hace años, que prevé ampliar en 1,5 millones de metros el suelo urbanizable del municipio.