La consejera de Obras Públicas afirma que el servicio ferroviario Villarrubia-Alcolea es aceptable"por el término municipal que tiene Córdoba" pese a que el portavoz del PSOE se había opuesto al proyecto
Rafael C. Mendoza | Actualizado 13.04.2012 - 01:00 
El proyecto del Metro Tren, un servicio ferroviario ideado para conectar las barriadas de Alcolea y Villarrubia, es decir, la capital de Este a Oeste, registró ayer un avance al contar con el apoyo de la Junta de Andalucía. La consejera de Obras Públicas y Vivienda en funciones, Josefina Cruz, admitió ayer tras presidir el acto de entrega de llaves de una promoción de viviendas públicas construidas en la avenida Acera del Río que se trata de una "buena" alternativa de transporte para una ciudad de las "características que tiene Córdoba". No tuvo dudas en mostrar su respaldo a esta iniciativa a pesar de que el secretario general del PSOE y portavoz del partido en el Ayuntamiento, Juan Pablo Durán, había mostrado hace unos días cierto rechazo e incluso la había calificado de manera despectiva como "una ocurrencia más". La representante autonómica abordó también el asunto de las naves de Colecor y recordó al alcalde, José Antonio Nieto, que la Junta emitió un informe "hace 18 meses" y que "es el Ayuntamiento el que ha de aprobar el plan especial".
El principal argumento del que se valió la consejera de Obras Públicas para defender la implantación del Metro Tren fue precisamente el hecho de que Córdoba tenga el "término municipal más grande" de Andalucía. Tras manifestar que ha conocido el proyecto a través del propio alcalde, señaló que "tiene sentido que se concrete en una ciudad como ésta". Insistió, en cualquier caso, en que "habrá que analizar su viabilidad" y estudiar si la propuesta "soluciona el problema de transporte urbano en esta ciudad tan singular".
El respaldo de Cruz al proyecto le confiere más posibilidades de que llegue a buen puerto, ya que el Ayuntamiento tiene ahora tanto el compromiso de estudio por parte de Renfe -su presidente, Julio Gómez-Pomar, estuvo incluso en la presentación de la propuesta ferroviaria- como el de la Junta, que es la administración pública que tiene las competencias en materia de transportes. Sólo faltaría definir quién se ocuparía de la inversión, que ronda los cinco millones de euros entre la construcción de los nuevos apeaderos y la reparación de las estaciones de ferrocarril ya existentes. El importe se encuentra muy lejos, como apuntó en su día el Consistorio, de los 300 millones que habría costado el tranvía.
El otro asunto del que se ocupó la consejera de Obras Públicas, el del proceso de legalización de las naves de Colecor -propiedad del empresario y edil Rafael Gómez-, deja la pelota en el tejado del Ayuntamiento. Cruz recordó que hace 18 meses que la Junta emitió el informe sobre el citado proceso y que aún no ha recibido respuesta alguna por parte del Consistorio. La representante autonómica declaró que "no me consta que el Ayuntamiento se haya posicionado sobre esto y hace tiempo que no hablamos del tema". El caso es que el Gobierno municipal es el que ha de desarrollar el plan especial que comprende la legalización de las naves de Colecor, pero sin perder de vista que la Junta podría denunciar su decisión ante los Tribunales a pesar de su informe no es vinculante. Este documento contemplaba la legalización de las instalaciones, pero con severas restricciones. Limitaba su superficie más de lo previsto e incluso se oponía a su actividad como comercio mayorista.
El principal argumento del que se valió la consejera de Obras Públicas para defender la implantación del Metro Tren fue precisamente el hecho de que Córdoba tenga el "término municipal más grande" de Andalucía. Tras manifestar que ha conocido el proyecto a través del propio alcalde, señaló que "tiene sentido que se concrete en una ciudad como ésta". Insistió, en cualquier caso, en que "habrá que analizar su viabilidad" y estudiar si la propuesta "soluciona el problema de transporte urbano en esta ciudad tan singular".
El respaldo de Cruz al proyecto le confiere más posibilidades de que llegue a buen puerto, ya que el Ayuntamiento tiene ahora tanto el compromiso de estudio por parte de Renfe -su presidente, Julio Gómez-Pomar, estuvo incluso en la presentación de la propuesta ferroviaria- como el de la Junta, que es la administración pública que tiene las competencias en materia de transportes. Sólo faltaría definir quién se ocuparía de la inversión, que ronda los cinco millones de euros entre la construcción de los nuevos apeaderos y la reparación de las estaciones de ferrocarril ya existentes. El importe se encuentra muy lejos, como apuntó en su día el Consistorio, de los 300 millones que habría costado el tranvía.
El otro asunto del que se ocupó la consejera de Obras Públicas, el del proceso de legalización de las naves de Colecor -propiedad del empresario y edil Rafael Gómez-, deja la pelota en el tejado del Ayuntamiento. Cruz recordó que hace 18 meses que la Junta emitió el informe sobre el citado proceso y que aún no ha recibido respuesta alguna por parte del Consistorio. La representante autonómica declaró que "no me consta que el Ayuntamiento se haya posicionado sobre esto y hace tiempo que no hablamos del tema". El caso es que el Gobierno municipal es el que ha de desarrollar el plan especial que comprende la legalización de las naves de Colecor, pero sin perder de vista que la Junta podría denunciar su decisión ante los Tribunales a pesar de su informe no es vinculante. Este documento contemplaba la legalización de las instalaciones, pero con severas restricciones. Limitaba su superficie más de lo previsto e incluso se oponía a su actividad como comercio mayorista.
