Urbanismo dice que vigilará que las parcelas llegan a legalizarse
Asegura que la dotación de servicios será coyuntural y que "no vale" parar las inversiones
R. R. | ACTUALIZADO 26.02.2013 - 01:00
La Gerencia de Urbanismo vigilará que el proceso previsto para dar servicios de forma extraordinaria a las parcelaciones no suponga una paralización de la legalización de los suelos urbanizables comprendidos en el Plan General de Ordenación Urbana y que son la mayor parte de las residencias levantadas sin licencia en la periferia del término municipal de Córdoba.
Se trata del segundo proceso extraordinario que se aprueba en apenas unos años. El primero tuvo lugar en 2005 y permitió que se dotase de servicios básicos a centenares de viviendas que tenían que acreditar que se encontraban cerca o muy cerca de las redes de saneamiento o abastecimiento. La iniciativa municipal, aprobada en Pleno, se paralizó de forma bastante taxativa por informes de la Fiscalía, que entendió que dar servicios no tenía más acomodo legal que un acuerdo plenario y que vulneraba la letra y el espíritu de la legislación urbanística autonómica.
Las entidades de propietarios han reclamado de forma insistente que se apruebe un nuevo periodo de enganches teniendo en cuenta que la norma andaluza recientemente aprobada sí que lo permite. Luis Martín puso ayer de forma bastante clara las condiciones. Las juntas de compensación tendrán que presentar el proyecto de urbanización y de reparcelación para ello. Eso implica, dijo el presidente de la Gerencia, que los suelos se convertirán en solares (se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad como tales) y, en definitiva, puede responderse con ellos de futuras acciones.
Martín aseguró que el periodo extraordinario para dotar de servicios públicos a los propietarios de parcelas debe de entenderse como un elemento coyuntural y transitorio. El principal temor que existe es que una vez con servicios, a los dueños de las casas no les salga a cuenta realizar las cuantiosas inversiones que supone el proceso de legalización de la parcela. Los propietarios alegan que se trata de procesos urbanísticos que están fuera de su alcance por las altas exigencias presupuestarias. Martín advirtió ayer de que existen herramientas para evitar que algo así suceda.
La Gerencia de Urbanismo se encuentra culminando el procedimiento para publicar la ordenanza al respecto, que afectará a la amnistía sobre centenares de viviendas, y un censo sobre todo el suelo ocupado por casas levantadas sin permiso municipal. Es el censo lo que está retrasando la aprobación.
Se trata del segundo proceso extraordinario que se aprueba en apenas unos años. El primero tuvo lugar en 2005 y permitió que se dotase de servicios básicos a centenares de viviendas que tenían que acreditar que se encontraban cerca o muy cerca de las redes de saneamiento o abastecimiento. La iniciativa municipal, aprobada en Pleno, se paralizó de forma bastante taxativa por informes de la Fiscalía, que entendió que dar servicios no tenía más acomodo legal que un acuerdo plenario y que vulneraba la letra y el espíritu de la legislación urbanística autonómica.
Las entidades de propietarios han reclamado de forma insistente que se apruebe un nuevo periodo de enganches teniendo en cuenta que la norma andaluza recientemente aprobada sí que lo permite. Luis Martín puso ayer de forma bastante clara las condiciones. Las juntas de compensación tendrán que presentar el proyecto de urbanización y de reparcelación para ello. Eso implica, dijo el presidente de la Gerencia, que los suelos se convertirán en solares (se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad como tales) y, en definitiva, puede responderse con ellos de futuras acciones.
Martín aseguró que el periodo extraordinario para dotar de servicios públicos a los propietarios de parcelas debe de entenderse como un elemento coyuntural y transitorio. El principal temor que existe es que una vez con servicios, a los dueños de las casas no les salga a cuenta realizar las cuantiosas inversiones que supone el proceso de legalización de la parcela. Los propietarios alegan que se trata de procesos urbanísticos que están fuera de su alcance por las altas exigencias presupuestarias. Martín advirtió ayer de que existen herramientas para evitar que algo así suceda.
La Gerencia de Urbanismo se encuentra culminando el procedimiento para publicar la ordenanza al respecto, que afectará a la amnistía sobre centenares de viviendas, y un censo sobre todo el suelo ocupado por casas levantadas sin permiso municipal. Es el censo lo que está retrasando la aprobación.
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