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sábado, 9 de marzo de 2013

La Junta fija las condiciones de habitabilidad de las casas ilegales

DIARIO CORDOBA.

No deben alterar la contemplación del paisaje ni elementos del patrimonio. Tienen que contar con sistema de abastecimiento y red de evacuación



ISABEL LEÑA 08/03/2013


Año y pico después de la entrada en vigor del decreto de la Junta para la regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable, la consejería que dirige el cordobés Luis Planas --Agricultura, Pesca y Medio Ambiente-- ha aprobado las normas que deben tener en cuenta los ayuntamientos antes de otorgar el asimilado al fuera de ordenación (AFO), figura que posibilita los servicios básicos con una serie de condiciones. La normativa, publicada ayer en el BOJA, establece las pautas para que los ayuntamientos elaboren sus inventarios de viviendas y la ordenanza con las condiciones mínimas de habitabilidad. El Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, tiene ya parte del camino andado, ya que lleva unos meses trabajando en un avance que recoge más de 1.600 casas aisladas, más de 2.100 en asentamientos y más de 160 en hábitat rural diseminado; y en una ordenanza que pretende extender al suelo urbanizable.
La Junta exige en esta normativa que las edificaciones reúnan requisitos de accesibilidad y que no generen impacto sobre el paisaje. La normativa indica que no deben alterar "gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico". Además de contar con medidas de protección contra incendios, las casas han de disponer de sistema de abastecimiento de agua, red de evacuación de aguas residuales y depuración no contaminante --no valen los pozos
ciegos--. Si el agua proviene de pozos, aljibes o balsas, deben estar ubicados de forma que no haya riesgo de contaminación.




                               
EL DIA DE CÓRDOBA


Córdoba tiene 3.000 hectáreas de suelo no urbanizable con viviendas


Urbanismo lleva al consejo el avance del PGOU para abordar la situación de las parcelaciones




RAFAEL RUIZ | ACTUALIZADO 09.03.2013 - 01:00

La Gerencia de Urbanismo aprobará la próxima semana los trabajos que han permitido una actualización censal de las viviendas que se encuentran en suelo no urbanizable de cara a futuras medidas de disposición de suelo como la dotación de servicios, la legalización (cuando sea posible) o la adopción de la amnistía que en Córdoba se regulará por una ordenanza específica. Los números aseguran que en Córdoba existen 4.334 viviendas en 97 ámbitos distintos. En total, ocupan 3.008 hectáreas. Este número es una parte del problema de las parcelaciones de la ciudad ya que buena parte de ellas se encuentran en suelo urbanizable de distinta categoría, es decir, que puede legalizarse previa urbanización a costa de los propietarios.

De toda esta cantidad de viviendas en suelo no urbanizable, 2.354 viviendas son lo que se podría llamar parcelaciones (en términos legales, asentamientos), lo que constituye algo más de la mitad del total de casas construidas en la periferia de la ciudad. Unas 19 hectáreas se corresponcden a hábitat rural diseminado, es decir, núcleos de casas que no tienen una proximidad tal como para considerarse asentamiento. El resto, algo menos de 2.000 viviendas, forman parte de las edificaciones aisladas.

¿Para qué sirve todo este trabajo de chinos que se han dado los servicios municipales? La nueva norma andaluza que sirve para abordar el fenómeno de las parcelaciones obliga a realizar, antes que nada, un inventario actualizado del problema. Lo aprobará el Pleno y tendrá que exponerse al público de forma que cada propietario sepa a qué atenerse, cuáles son las medidas que atañen a cada uno y que, en algunos casos (viviendas anteriores a mediados de los 70) implican una legalización inmediata. Los planos tienen que exponerse al público para la presentación de alegaciones debido a las diferencias fundamentales que implica estar en una categoría u otra. En el censo, aparecen aún como suelo no urbanizable las parcelas ubicadas en las ampliaciones de determinadas urbanizaciones de Poniente que están siendo objeto de un expediente propio para ampliar sus límites. Esto ocurre así por una razón técnica: dado que la innovación del Plan General no se ha concretado el suelo donde están ubicadas sigue siendo no urbanizable.

Más adelante, el equipo de gobierno tendrá que aprobar una ordenanza que define exactamente los parámetros para acceder a los servicios. El matiz es que el PP quiere que sirva para viviendas construidas en cualquier clase de suelo y que afecte, si hay trato con la Junta, incluso a zonas inundables o protegidas.

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