La ciudad se enfrenta a otra crecida del río con las mismas condiciones de 2010 cuando hubo que evacuar a docenas de personas de sus casas
R. R. | ACTUALIZADO 13.03.2013 - 01:00
Vuelta a la emergencia y, prácticamente, con los mismos mimbres. El enorme impacto que supuso la gran riada de 2010 no ha llevado a que se tomen medidas para atender una emergencia pero no se hayan adoptado cuestiones de calado que permitan dormir tranquilos. La nueva crecida del Guadalquivir ha cogido a las administraciones sin que se haya adoptado medidas en el plano urbanístico bien en el sentido de lo que buscan los vecinos de la zona, una obra civil de gran calado que reduzca el peligro de una avenida, o en el sentido que ya propuso el Ayuntamiento, un programa de sustitución de las parcelaciones en una ubicación peligrosa por viviendas en otros lugares de la ciudad.
El Consistorio hizo un intento desde la empresa municipal Vimcorsa. En diciembre de 2010, la sociedad pública inició un proceso negociado con los propietarios para que éstos tiraran su vivienda y, a cambio, se les facilitaba un piso en alquiler. Se llegó a asegurar que había hasta 30 personas dispuestas a entrar en el programa de ayudas que obligaba a los propietarios a tomar la decisión del derribo y a correr con los gastos de una parte de esta actuación. Vimcorsa, en manos del PSOE, entendía que se debía propiciar una solución definitiva que pasase por erradicar las casas en una situación de mayor riesgo.
El gobierno municipal nunca puso la maquinaria pública a cien para que el proyecto triunfase ni ejerció una presión política relevante. El segundo problema es que se trataba de un ejercicio que dependía de que los propietarios, libremente, accediesen. En cierto modo, nadie obligaba a nadie. El Consistorio optó por dejar precintadas las viviendas más peligrosas, una quincena, por los gravísimos daños sufridos durante los días que pasaron bajo el agua y el efecto de los cambios en el suelo.
La realidad es que los ánimos políticos se enfriaron, las elecciones de 2011 estaban encima y los recursos -el Ayuntamiento pagaba ayudas al alquiler a los afectados- se agotaban. La vuelta a las viviendas de la zona del aeropuerto se hizo progresivamente e incluso, aseguraba esta semana un responsable municipal, se dio el visto bueno al reenganche de luz eléctrica de algunas de las casas de la zona.
Las elecciones modificaron sustancialmente el panorama en el que se abordó la cuestión. Desde la propia campaña electoral, el candidato ganador, José Antonio Nieto, apostó decididamente por una especie de ampliación a Poniente del Plan del Río para eliminar la inundabilidad de determinadas zonas. AENA realizó un pequeño proyecto de defensa de la zona que, aseguran desde el Consistorio, ha servido para evitar que el agua penetre en la zona -al menos, hasta la tarde de ayer- pese al incremento del cauce.
No es un proyecto específicamente nuevo. El Plan General ni siquiera reconoce los suelos de parcelaciones como La Altea o Guadalvalle como especialmente protegidos. Establece la posibilidad de dotar las viviendas de servicios a costa de que se produzcan actuaciones que eliminen la peligrosidad. Existe incluso un proyecto para construir un muro que costaba cerca de nueve millones de euros de la época. Pero hay expertos que explican que incluso dejar viviendas detrás de esos muros tiene un gran riesgo. La obra nunca se hizo porque tenía que financiarse por privados que no tenían a su alcance esas posibilidades de inversión.
La realidad es que los grupos políticos, todos, no están por la labor de medidas que supongan el derribo de viviendas o la creación de llanuras de inundación libres de construcciones. La dotación de servicios en la zona, que supone fijar la población, es una idea prácticamente aceptada entre los grupos políticos. El PP, en el gobierno, es el que más abiertamente habla del asunto y el que está dispuesto a liderar la cuestión. El alcalde ha pedido el apoyo de la Junta de Andalucía para que esto sea posible aunque, en realidad, es preciso un complejo cambio legislativo.
Una plataforma de afectados por las inundaciones está realizando un trabajo constante de interlocución política. Agrupa no sólo a los propietarios de viviendas de Córdoba sino, además, los de otras zonas de Andalucía que cuentan con problemáticas comunes. Reclaman inversiones públicas que permitan la legalización de las viviendas. Su creación sí fue una consecuencia directa de los graves problemas que ocasionó la riada del año 2010 y que en 2013 se repiten como en aquellos días aciagos en los que el río se comportó como un río.
El Consistorio hizo un intento desde la empresa municipal Vimcorsa. En diciembre de 2010, la sociedad pública inició un proceso negociado con los propietarios para que éstos tiraran su vivienda y, a cambio, se les facilitaba un piso en alquiler. Se llegó a asegurar que había hasta 30 personas dispuestas a entrar en el programa de ayudas que obligaba a los propietarios a tomar la decisión del derribo y a correr con los gastos de una parte de esta actuación. Vimcorsa, en manos del PSOE, entendía que se debía propiciar una solución definitiva que pasase por erradicar las casas en una situación de mayor riesgo.
El gobierno municipal nunca puso la maquinaria pública a cien para que el proyecto triunfase ni ejerció una presión política relevante. El segundo problema es que se trataba de un ejercicio que dependía de que los propietarios, libremente, accediesen. En cierto modo, nadie obligaba a nadie. El Consistorio optó por dejar precintadas las viviendas más peligrosas, una quincena, por los gravísimos daños sufridos durante los días que pasaron bajo el agua y el efecto de los cambios en el suelo.
La realidad es que los ánimos políticos se enfriaron, las elecciones de 2011 estaban encima y los recursos -el Ayuntamiento pagaba ayudas al alquiler a los afectados- se agotaban. La vuelta a las viviendas de la zona del aeropuerto se hizo progresivamente e incluso, aseguraba esta semana un responsable municipal, se dio el visto bueno al reenganche de luz eléctrica de algunas de las casas de la zona.
Las elecciones modificaron sustancialmente el panorama en el que se abordó la cuestión. Desde la propia campaña electoral, el candidato ganador, José Antonio Nieto, apostó decididamente por una especie de ampliación a Poniente del Plan del Río para eliminar la inundabilidad de determinadas zonas. AENA realizó un pequeño proyecto de defensa de la zona que, aseguran desde el Consistorio, ha servido para evitar que el agua penetre en la zona -al menos, hasta la tarde de ayer- pese al incremento del cauce.
No es un proyecto específicamente nuevo. El Plan General ni siquiera reconoce los suelos de parcelaciones como La Altea o Guadalvalle como especialmente protegidos. Establece la posibilidad de dotar las viviendas de servicios a costa de que se produzcan actuaciones que eliminen la peligrosidad. Existe incluso un proyecto para construir un muro que costaba cerca de nueve millones de euros de la época. Pero hay expertos que explican que incluso dejar viviendas detrás de esos muros tiene un gran riesgo. La obra nunca se hizo porque tenía que financiarse por privados que no tenían a su alcance esas posibilidades de inversión.
La realidad es que los grupos políticos, todos, no están por la labor de medidas que supongan el derribo de viviendas o la creación de llanuras de inundación libres de construcciones. La dotación de servicios en la zona, que supone fijar la población, es una idea prácticamente aceptada entre los grupos políticos. El PP, en el gobierno, es el que más abiertamente habla del asunto y el que está dispuesto a liderar la cuestión. El alcalde ha pedido el apoyo de la Junta de Andalucía para que esto sea posible aunque, en realidad, es preciso un complejo cambio legislativo.
Una plataforma de afectados por las inundaciones está realizando un trabajo constante de interlocución política. Agrupa no sólo a los propietarios de viviendas de Córdoba sino, además, los de otras zonas de Andalucía que cuentan con problemáticas comunes. Reclaman inversiones públicas que permitan la legalización de las viviendas. Su creación sí fue una consecuencia directa de los graves problemas que ocasionó la riada del año 2010 y que en 2013 se repiten como en aquellos días aciagos en los que el río se comportó como un río.
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