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miércoles, 1 de mayo de 2013

Y NO HAY DINERO-PERO SI PARA LO QUE QUIEREN





Las riadas vuelven... y no hay dinero

Las inundaciones han regresado sin que se hayan rematado obras para mantener los ríos a raya

La crisis también aleja la solución para las miles de casas levantadas en zonas de riesgo


Las obras de encauzamiento del Argamasilla, en Écija, se pararon en 2012. / JULIÁN ROJAS
Se conoce el riesgo y la solución. Se sabe hasta lo que cuesta sortear el peligro. Pero la realidad es exasperante: no hay dinero para evitar inundaciones como las que han sufrido algunos municipios andaluces esta semana. Las arcas de las Administraciones están secas y ni siquiera vale ya que una actuación esté en los presupuestos de turno.
En papel mojado se quedó la partida que aparecía en las cuentas de la Junta de Andalucía de 2012 para las obras del arroyo Argamasilla de Écija, destinadas a evitar las periódicas avenidas. Este municipio sevillano ha vuelto a inundarse esta semana. El encauzamiento está paralizado desde hace casi un año.
Cinco casas desalojadas, 3.000 inmuebles afectados (entre viviendas, cocheras y locales), 7.000 personas que han visto cómo el agua entraba por la puerta... El balance lo ofrece Ricardo Gil-Toresano, el alcalde de Écija. El regidor, del PP, asegura que la última inundación causada por el Argamasilla le costará al Consistorio 1,5 millones. "El fin de la obra estaba previsto para mediados de 2012", lamenta. "Hubiese dado tiempo a terminarla antes de las lluvias".
Pero el 23 de abril del año pasado los obreros recogieron sus bártulos.Gea 21 y Ferrovial —que formaron una Unión Temporal de Empresas para acometer el desvío del Argamasilla, presupuestado en 29,9 millones— se marcharon. La actuación se quedó al 60% de ejecución. "La desviación a cielo abierto estaba hecha, la del túnel, no", indica el alcalde. "Las obras se pararon por un problema financiero", reconoce Sergio Moreno, secretario general de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía.


Miembros de la Unidad Militar de Emergencias trabajan en Écija (Sevilla). /JULIÁN ROJAS
Los presupuestos regionales ya no daban más de sí. Según Ricardo Gil-Toresano, las empresas llevaban arrastrando impagos de la Junta desde septiembre de 2011. Gea 21 está ahora en preconcurso de acreedores y Ferrovial no ha querido ofrecer su versión.
Moreno espera que los problemas de Gea 21 no impidan que se reinicien los trabajos. Tras las inundaciones de esta semana, el departamento de Luis Planas se ha comprometido a que los trabajos se reanuden en primavera. Pero Moreno no ofrece una fecha para la finalización. "Habrá un importante avance en 2013", dice.
Pese al parón registrado en las obras del Argamasilla, que se remontan a 2008, Moreno defiende la actuación de la Administración autónoma. "Tras las inundaciones de 2010 [cuando Écija se anegó siete veces] la Junta hizo obras de emergencia por valor de tres millones", recuerda. Se limpiaron los colectores y se hicieron diques de contención. "Si no se hubieran hecho, habría sido bastante más impactante este año", afirma Moreno.
Tras las grandes inundaciones de 2010, bastante más dramáticas que las de este año, parecía que se había llegado a un punto de inflexión en Écija, y en otros municipios afectados. En Lora del Río, por ejemplo, también se prometieron hace tres años obras contra la crecida del Guadalquivir. Se han cumplido en parte. La Junta remató en octubre de 2012 el muro de contención que ha evitado esta semana las inundaciones. Pero Francisco Javier Reinoso, el alcalde socialista de este municipio sevillano, sostiene que a la obra le falta "el último empujón": una estación de bombeo para aliviar la presión sobre el muro cuando sube el nivel del agua. Pero, ¿quién debe pagar? Reinoso se lo ha pedido a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir(CHG). "La estación de bombeo es una competencia municipal", responde Sergio Moreno.

El tapón de la presa de Marmolejo

GINÉS DONAIRE
En Jaén, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha rechazado la demolición de la presa de Marmolejo, a la que distintos informes técnicos culpan de las continuas inundaciones en la vega de Andújar. La presa de Marmolejo, con una capacidad de 13 hectómetros cúbicos, se inauguró en 1962 para producir energía eléctrica, pero desde entonces han sido numerosas las inundaciones en los cultivos y viviendas junto al cauce del Guadalquivir. Y es que, según aprobó en su día el pleno de Andújar, el dique de la presa se construyó sin aliviaderos de fondo, por lo que solo evacua agua por las compuertas altas cuando hay crecidas. Además, son miles las toneladas de barro que se acumulan anualmente en esta presa por el efecto barrera que encuentra el río aguas abajo.
“La eliminación de la presa no es la solución definitiva al problema de las inundaciones”, les dijo el presidente de la Confederación, Manuel Romero, a los agricultores en una reciente visita a Andújar. La CHG suplirá la falta de inversión en demoler esa presa gastando 1,5 millones en distintas obras hidráulicas de prevención.
Y el alcalde de Andújar, Jesús Estrella (PP), que en 2010 participó junto al resto de grupos políticos en una manifestación pidiendo la demolición de la presa, ha parado ahora la reivindicación. Sin embargo, sí ha valorado el buen funcionamiento de los mecanismos de control y vigilancia del río y otras actuaciones impulsadas por la CHG y el Ayuntamiento, en especial la construcción de la mota que actúa como dique.
Las estadísticas de los últimos 500 años reflejan que Andalucía sufre al año una inundación de consecuencias graves. Las pérdidas económicas generadas por las riadas de "los últimos 30 años ascienden como media a 150 millones de euros anuales", se señala en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones que la Junta aprobó en 2002 y que estará vigente hasta 2015.
Moreno reconoce que en la última década solo se ha conseguido llegar al 58% de ejecución de las actuaciones de defensa e infraestructuras previstas en el plan, que ahora se está revisando para adaptarlo a la normativa europea. Sin embargo, defiende las medidas de restauración (161% de ejecución) y conservación de cauces (94%) que se han acometido.
Las inversiones más importantes de este plan se hicieron antes de 2011. La crisis puso luego en jaque a las Administraciones y se paralizó la obra pública.
Manuel Romero, presidente de la CHG, dependiente del Gobierno central, es muy crítico con la actuación del Ejecutivo andaluz durante los casi tres años en los que tuvo transferidas las competencias sobre la cuenca delGuadalquivir. "La Junta decidió en junio de 2011 dedicar a otra cosa 300 millones de fondos europeos para obras hidráulicas", afirma Romero, quien considera "lamentable" que el Ejecutivo andaluz no haya finalizado las actuaciones en Écija. "El Gobierno andaluz destina los fondos como tiene que destinarlos", responde Moreno, que rechaza entrar en una polémica con el presidente de la confederación. "Actúa como portavoz del PP", remata.
Al margen de las disputas políticas —que también surgieron tras las avenidas de 2010— la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha emitido varias quejas en los últimos años por las inundaciones. El departamento de José Chamizo ha criticado la falta de ejecución de las obras de prevención. Pero también la falta de control en el urbanismo, que ha llevado a que miles de viviendas estén en áreas inundables.
Así ha ocurrido en varias zonas de Córdoba, Jerez y Jaén, que se han vuelto a anegar este año. La solución a este problema enquistado es complicada; y se aleja por la falta de recursos de las Administraciones.
José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba, reconoce que su equipo ha pasado "una semana horrible" ante la crecida del Guadalquivir. Bajo el foco estaba una parcelación ilegal cercana al aeropuerto, formada por unas 400 casas levantadas en zona inundable. "No podemos seguir mirando para otro lado", señala el alcalde popular de Córdoba. El anterior equipo de gobierno municipal ofreció a los propietarios de estas casas trasladarse en régimen de alquiler a viviendas de protección oficial en la ciudad. "Ninguno aceptó", recuerda Nieto. Ocurrió lo mismo en algunas zonas rurales de Jerez, donde los vecinos también rechazaron moverse.
Nieto aboga por fijar una postura común entre el Ayuntamiento y la Junta "de una vez por todas". Y no descarta que se tengan que tomar "medidas impopulares", es decir, demoliciones, aunque buscando el acuerdo previo con los propietarios. Pero, de nuevo, aparece el problema de la falta de liquidez de las Administraciones. "Es un momento complicado en el que hay pocos recursos, a lo mejor las actuaciones no tienen que hacerse de inmediato, quizás dentro de dos años", apunta Nieto. Pero, en su opinión, lo que sí se debe cerrar pronto es un acuerdo entre la Administración local y regional.

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