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El Consistorio de Sanlúcar derriba una casa ilegal por orden judicial

El dueño reclamó sin éxito un acuerdo municipal para eludir la sentencia firme de 2007 En el desalojo actuaron antidisturbios

F. JAVIER FRANCO SANLÚCAR | ACTUALIZADO 11.05.2013 - 12:24



El Ayuntamiento de Sanlúcar comenzó ayer a derribar una vivienda ilegal del pago Santillana de la ciudad para ejecutar la orden del Juzgado de lo Penal Número 3 de Cádiz en cumplimiento de una sentencia firme de demolición dictada en 2007. 

La casa, donde residía José Antonio Santiago con su esposa y dos hijas -de 17 y 8 años-, se encuentra en la calle Marqués de Santillana. El afectado, que en la actualidad es un parado del sector de la construcción, explicó que comenzó a edificarla en el año 2002 "entre sábados y domingos, como muchos sanluqueños". En esta vía sin asfaltar existe una decena de viviendas "con sanciones administrativas", algo que ya sabía Santiago entonces. "Me dieron los suministros de luz y agua, y al cabo de los dos años sorprendentemente me abrieron un expediente por la vía penal", recordó ayer in situ. 
Durante todos estos años el afectado ha tratado de paralizar la ejecución de la sentencia firme tanto por la vía judicial como por la administrativa. En los últimos días, y dado el último plazo fijado para la demolición, Santiago intentó sin éxito lograr un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento como el adoptado por el de El Puerto en noviembre de 2011 sobre "una casa en circunstancias similares a la mía". El juez de ese caso suspendió la ejecución de la sentencia ante la resolución municipal de que la vivienda quedaría regularizada con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

El Gobierno local aseguró ayer que desde 2007 "el Ayuntamiento ha sido requerido en varias ocasiones por el Juzgado para que ejecutara de oficio la demolición, intentando en todo momento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), buscar una solución a este proceso sin necesidad de ejecutar la parte de la sentencia que obliga al derribo", incluidas reuniones de la propia alcaldesa, Irene García (PSOE), con los jueces, "pero no han surtido efecto alguno". 

Desde enero de 2012 el Consistorio apreció "un cambio de tono considerable" del juez por incluir el apercibimiento de que podía incurrir en un delito de desobediencia, de manera que la GMU, cuyo presidente es el concejal de Urbanismo, Víctor Mora (PSOE), y su gerente, Mónica González, "tenía que tramitar el procedimiento de contratación de la demolición por exigencia judicial". 

Los residentes de la casa recibieron durante toda la jornada el apoyo de decenas de familiares y vecinos que desde minutos antes de la hora fijada para el derribo, las diez de la mañana, se concentraron dentro en la finca para tratar de pararlo con representantes de la Federación Local de Asociación de Vecinos 'Guadalquivir' y la Asociación de Afectados por la Hipoteca de Chiclana. 

Pasadas las dos y media de la tarde intervinieron agentes antidisturbios para el desalojo, originando evidentes situaciones de tensión. La demolición se inició tres horas después y no se completó. Continuará este lunes.