Las peticiones para cambiar la Ley crecen en detrimento del decreto

Ayuntamientos, abogados y afectados piden un cambio en la LOUA y denuncian que el documento no ayuda a las casas ilegales envueltas en procesos judiciales

Guillermo Mirón   [ 28/05/2013 - 22:59 ]

La exconsejera de Urbanismo, Josefina Cruz, en la presentación del decreto  [ LA VOZ ]

Un año y medio después de su aprobación, el optimismo con el que fue abrazado el decreto de regulariza ción de viviendas de la Junta de Andalucía desciende a pasos agigantados y gana detractores entre los ayuntamientos, abogados y afectados por la problemática urbanística. Los diferentes agentes implicados no esconden su desánimo por esta herramienta que creen insuficiente ; sobre todo para salvar las viviendas que ya se encuentran en pleno proceso judicial y que se cuentan  por centenares en la provincia de Almería. Reacciones No hay signo de sorpresa algunas por la reciente sentencia de la Audiencia de Sevilla en la que se  expresa que el decreto “no legaliza las edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico”, sino  que “no es más que la expresión legislativa del deseo de facilitar un instrumento jurídico a las  administraciones con competencia para ordenar situaciones irregulares". Entre los ayuntamientos que acumulan un mayor número de viviendas de este tipo en su término municipal se encuentra el de Albox (PSOE). Este ha sido también uno de los consistorios que ha trabajado con más celeridad con la Junta  para resolver los trámites que permitieran el inicio de posibles regularizaciones usando el decreto  andaluz. A pesar de esto, la concejala de Urbanismo de la localidad, Sonia Cerdán, reconoce la dificultad en la  que se encuentran “las casas que están en un proceso judicial y en parcelaciones urbanísticas” y  apunta a una “modificación” de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como posible  solución. Aún así, puntualiza que “se ha solucionado la situación de muchas más viviendas de las que esperábamos y que recibimos como herencia de anteriores gobiernos”. Otro de los ayuntamientos que  acogió con esperanza la publicación del decreto fue el de Cantoria (PP). Ahora su alcalde, Pedro Llamas , hace una valoración “poco positiva” de cómo ha avanzado la regularización de casas con el documento  en la mano. Entre otras cosas porque las que tienen “problemas” con la justicia no pueden ampararse  en él. “Las que tienen alguna problemática son viviendas con difícil solución, como pasa con el tema de  las parcelaciones”, asevera. Para Llamas, el remedio pasa por “retocar” el documento y “facilitar” las cosas de cara a “contribuir a  reactivar el sector”. De no ser así, prevé, el decreto quedará en  “agua de borrajas”. El análisis de uno  de los abogados especializados en la materia, Alfredo Najas, no difiere de los anteriores. El letrado es  tajante al respecto. “El decreto no resuelve nada con respecto a las situaciones judiciales, que es el  problema que hay en Almería”, manifiesta Najas, que también pide un cambio en la LOUA. Además, se pregunta por la utilidad de un decreto que soluciona la situación de quien no tiene problemas judiciales . “Es como una vacuna para gente sana, pero las personas enfermas -casas con problemas judiciales o  sentencias de demolición- no se pueden amparar en el decreto”, resume con un ejemplo simple y  clarificador.

Las asociaciones de afectados reiteran su petición de cambiar la ley existente

La justicia dice que el decreto de regularización de viviendas es solo un "deseo"

Guillermo Mirón   [ 27/05/2013 - 18:17 ]

La justicia ha vuelto a dar otro revés al decreto de regularización de viviendas ilegales de la Junta de Andalucía. En una sentencia reciente contra el constructor de un chalet en suelo no urbanizable, la Audiencia de Sevilla considera que el documento aprobado por la Administración en enero de 2012 es solo “la expresión legislativa del deseo de facilitar un instrumento jurídico a las administraciones con competencia para ordenar situaciones irregulares”. Es decir, un deseo que no legaliza las casas construidas en contra del ordenamiento. Para la Audiencia de Sevilla, la condena de cárcel y la inmediata demolición de la vivienda del caso sevillano es el “único modo” de restablecer la “situación alterada por la conducta de quienes construyen sin licencia en suelos  no urbanizables”. Una herramienta dudosa Este pronunciamiento no ha sorprendido a los abogados especializados en esta problemática como Gerardo Vázquez, de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN). Todo lo contrario. Vázquez asegura  que les sorprende “que la gente esté sorprendida por esta sentencia”.  El abogado de AUAN ha explicado este documento como “un coche que en el que el motor no funciona, pero estás arreglando el volante o las  ruedas. El problema es el motor. Vemos poca intención política por parte de las Administraciones y de la  Junta por solucionar este problema”, asevera a la hora de analizar el decreto. En cuanto al documento, Vázquez reconoce que “es una herramienta más” y que “cuantas más herramientas,  mejor”. Pero el letrado entiende que el decreto hace el problema “aún más complicado” y recuerda la petición  de su asociación, que exige un cambio en la Ley de de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como única solución. “AUAN siempre ha defendido desde que salió el decreto e incluso su borrador que ese no era  el camino   Se necesitan solucionones radicales y valientes. Lo dijimos hace cuatro años”. Aún hoy, el problema de las viviendas ilegales sigue condicionando la vida de miles de personas en el Levante Almeriense y el Valle  del Almanzora. Desde la Plataforma y demás Asociaciones de la futura  Confederación a nivel de Andalucía por la Legalización   Urbanistica, "CALU."  Estamos de acuerdo totalmente con las declaraciones de Gerardo Vazquez. Desde este medio queremos agradecer publicamente la gran labor  que está realizando AUAN, siendo promotora de CALU, junto con otras  Asociaciones de Andalucía. Esperamos que toda esta información que continuamente estamos publicando  sirva para que los afectados se informen de cuales son  sus derechos antes de firmar ningún documento con las administraciones del  cual se tengan que arrepentir más tarde. Además seguimos pidiendo unión de todos esos colectivos que aún  están indecisos,que solo unidos podremos tener fuerza para  conseguir que las administraciones nos tomen en cuenta y poder cambiar  la LOUA.

El Consistorio recuerda que los propietarios asumirán el coste de urbanización

El Pleno aprueba la ordenanza que permitirá dar servicios a 580 parcelas

El documento, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, ha sido consensuado con los vecinos El Consistorio recuerda que los propietarios asumirán el coste de urbanización

ÁNGEL ROBLES , ALMODÓVAR DEL RÍO | ACTUALIZADO 24.05.2013 - 05:01

El Pleno del Ayuntamiento de Almodóvar del Río se convirtió ayer en el primero de la provincia en aprobar la ordenanza que permitirá dotar de servicios a las parcelaciones construidas en suelo no urbanizable siempre que reúnan las condiciones recogidas en el decreto de la Junta de Andalucía de enero de 2012 como, por ejemplo, que no estén en zona inundable. El Consistorio, en concreto, reconoció la situación de 583 viviendas situadas en seis asentamientos: el Beneficio, los Llanos, las Lagunas de las Cuevas, el Molino del Injertal, los Sauces y el Charco Roto. Esta última parcelación linda con el término municipal de Córdoba y es la más poblada de las que podrán dotarse de servicios, con 342 construcciones, según informó el primer teniente de alcalde y concejal de Interior, Seguridad Ciudadana, Hacienda y Desarrollo Local, Ramón Hernández (IU). 

El responsable municipal explicó que la aprobación de este avance supone regularizar la situación jurídica de estos asentamientos, no así su regularización urbanística, que ha de resolverse a través del Plan General de Ordenación Urbanístico (PGOU), que en estos momentos se encuentra en fase de actualización. La intención del Ayuntamiento, por tanto, es que a final de año el documento urbanístico de la localidad incluya los núcleos recogidos en la ordenanza. El Pleno municipal aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos el avance. 

La alcaldesa carbulense, Sierra Luque (IU), recordó la similitud de las parcelaciones de su localidad con las de Córdoba capital y destacó que su Ayuntamiento haya sido el primero de la provincia en ordenar la situación de estos asentamientos. El Consistorio calcula que, al margen de las parcelaciones, existe medio millar de viviendas aisladas levantadas al margen del planeamiento. 

Los trámites para la redacción de la ordenanza comenzaron el pasado 25 de octubre, cuando el Ayuntamiento de Almodóvar acordó la aprobación inicial del documento, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de noviembre sin que en el plazo de 30 días reglamentarios se presentaran alegaciones. El 22 de noviembre, se dio traslado del documento a la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que posteriormente solicitó que se completara el expediente en relación a los planos de identificación de riesgos. Y el pasado 25 de diciembre, la Administración autonómica dio el visto bueno al avance de planeamiento, aunque como observación pidió que se excluyera el núcleo de Los Mochos por no adecuarse "correctamente" a los criterios recogidos en el decreto. 

La ordenanza aprobada también excluye el único hábitat rural diseminado (conocido como Soto Alto) recogido inicialmente en el documento. Hernández subrayó el hecho de que "muchas" de estas parcelas son viviendas habituales, que a partir de ahora podrán "adecentarse". El documento final se ha consensuado con todos los colectivos vecinales afectados, subrayó el edil. "La sensación es de satisfacción total entre los vecinos, pues a partir de ahora muchos podrán regularizar su situación y dotarse de servicios", dijo. 

La norma autonómica establece diferentes vías para el reconocimiento legal de las construcciones en función del análisis de sus circunstancias físicas y jurídicas. El decreto distingue tres supuestos: edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos y los ámbitos de hábitat rural diseminado. Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. Para los asentamientos urbanísticos, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas, recordó el concejal.

La organización de derechos humanos exige un cambio en la Constitución

                                                                                                                                               

AI | Invita a la presentación de su informe a Ada Colau

Amnistía Internacional: 'La vivienda en España debe ser derecho fundamental'

• La organización de derechos humanos exige un cambio en la Constitución

Silvia Román | Madrid

Actualizado miércoles 22/05/2013 14:55 horas

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Amnistía Internacional (AI) ha presentado su Informe Anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, haciendo hincapié en un problema que "hace que este mundo sea más peligroso: la gente que tiene que abandonar sus hogares, los refugiados, los desalojados por la fuerza de su casa...".

Esteban Beltrán, director de AI en España, ha centrado esta cuestión en nuestro país, confesando que la organización está seriamente preocupada por los desahucios. "El derecho a una vivienda adecuada no está protegido en España, a diferencia de otros países europeos. Existe una gran indefensión. No hay ni siquiera una ley de vivienda como en Francia", ha declarado, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid.

Junto a él, con su clásica camiseta verde con la leyenda 'Stop Desahucios', se encontraba Ada Colau,  calidad de defensora del derecho a la vivienda en España. "No se trata sólo de acceder a cuatro paredes y un techo, sino de todo un proyecto de vida, del derecho a la salud, a formar una familia, a la intimidad", ha sentenciado la activista catalana y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Beltrán ha ido más allá en sus declaraciones y ha anunciado que AI va a reclamar "un cambio en la Constitución española para que no haya derechos de dos clases y el derecho a la vivienda, en concreto, sea un derecho fundamental".

"Nos vamos a movilizar y abrir una investigación sobre el derecho a la vivienda y las cuestiones legales que lo deben amparar", ha insistido Beltrán, instando a su vez a que "se paralicen los desalojos forzososhasta que la gente se pueda defender judicialmente con garantías",

Mijas anuncia la revisión del PGOU en el suelo no urbanizable, lo que supondrá la segunda fase del proceso de regularización de viviendas

• Miércoles, 22 Mayo 2013 

La regularización es una de las prioridades del equipo de gobierno.FOTO: María José Gómez

El equipo de gobierno ha anunciado hoy la próxima licitación de la revisión parcial del PGOU de Mijas en el suelo no urbanizable, lo que en la práctica significará la puesta en marcha de la segunda fase del proceso de regularización de viviendas.

La licitación de la revisión, que en los próximos días saldrá publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, tendrá un presupuesto de 83.000 euros más IVA, según ha confirmado el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, quien espera “la máxima participación” de estudios o consultoras multidisciplinares en planeamiento, ordenación del territorio, medio ambiente y asesoría jurídica.

Con la futura contratación de la citada revisión del PGOU, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas da un nuevo paso en el proceso de regularización de viviendas, iniciado hace varios meses con la aprobación definitiva del documento sobre la delimitación de los asentamientos urbanísticos y de los hábitats rurales diseminados en suelo no urbanizable.

Primer paso por el que se inició “la regularización” mediante la “asimilación de fuera de ordenación” de “numerosas viviendas” que cumplen las condiciones legales exigidas, como que se ubiquen en una única parcela catastral, que sobre la misma no se haya practicado ninguna reparcelación y que hayan prescritos las acciones para la recuperación de la legalidad urbanística.

Con la revisión del PGOU en el suelo no urbanizable, Mijas obtendrá “dos documentos fundamentales” para posibilitar la regularización de viviendas en el campo. Por un lado, el estrictamente urbanístico “que generará normativa y definirá las condiciones que tendrán esos asentamientos urbanísticos” y un estudio de impacto ambiental “que determinará lo que supondrá para nuestro medio natural la implantación de esos asentamientos”, explicó Manuel Navarro.

El documento resultante de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana dará “forma legal” a los asentamientos urbanísticos “que ya existen en Mijas” como Majadilla del Muerto, Entrerríos, La Atalaya, Osunillas, Valtocado, La Alquería y El Hornillo.

Además, según explicó el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, “desclasificará suelo urbano no sectorizado” a fin de “incorporar La Roza como un hábitat rural diseminado” lo que posibilitará también la regularización de las viviendas en dicho espacio del municipio.

El proceso para la revisión del planeamiento durará “unos dos años”, según el edil, quien señaló que el PGOU en suelo no urbanizable se modificará a lo largo de siete etapas, en las que “es fundamental la participación ciudadana, puesto que “todos los procesos urbanísticos sin la participación serían inviables, inútiles o inoperantes”, por lo que mostró la disposición del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas a “recoger el mayor número de aportaciones” para que el documento resultante “se ajuste lo más posible a la realidad” y sirva para “resolver problemas reales”.

Los parcelistas reclaman una solución para las casas ilegales

DIARIO CÓRDOBA

REACCION A LAS NUEVAS CONDICIONES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL

Insisten en los servicios básicos y en que los costes sean asumibles. Alamiriya ve afán recaudatorio en el Asimilado al Fuera de Ordenación

ISABEL LEÑA 22/05/2013

La imposibilidad de que la ordenanza que prepara Urbanismo para el suelo no urbanizable incluya el urbano y urbanizable no ha causado gran sorpresa entre distintos colectivos que representan a los parcelistas, que insisten en lograr soluciones definitivas. Tampoco sorprende a IU y PSOE, que tenían dudas de que la ordenanza que nace para cumplir una de las exigencias del decreto de la Junta para edificaciones en suelo no urbanizable pudiera ir más allá de ese suelo. El presidente de Urbanismo, Luis Martín, explicó el lunes que la decisión de limitar la ordenanza a suelo no urbanizable se debe a un informe de la Junta sobre el cambio del PGOU que aprueba hoy el consejo rector.

El presidente de Alamiriya, Manuel Sánchez, que aglutina a cinco juntas de compensación, recuerda que ya advirtió de que la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) que prevé el decreto de la Junta y la ordenanza "no es viable en urbanizaciones en proceso de regularización, ya que nadie urbanizaría". Piensa que esa fórmula va dirigida a casas aisladas e incluso ve en ella afán recaudatorio. Sánchez apuesta por modificar la LOUA, que "es ambigua". El colectivo está a la espera de que Urbanismo fije el valor del 10% del aprovechamiento, "que es lo que está frenando la reparcelación".

El presidente de la plataforma de Afectados por las Inundaciones, Francisco León, también insiste en cambiar la ley, ya que aunque el AFO permite la inscripción en el Registro, "la vivienda sigue siendo ilegal", por lo que el decreto de la Junta "no sirve y está hecho desde los despachos". En cuanto a los servicios, piensa que "es una trampa para que la gente pique". A su juicio, "el Ayuntamiento pone buena voluntad pero todo depende de la Junta".

El consejo de distrito de El Higuerón, que impulsó en el 2012 un grupo de trabajo con parcelistas y administraciones, exige que se solvente el problema de cada urbanización "y cómo se haga nos da igual, siempre que económicamente sea asumible", señala su presidente, José Rodríguez Maqueda, que recuerda que lo que más preocupa es la dotación de servicios. Añade que si el Ayuntamiento no da la solución, se dirigirán a la Junta.

El portavoz de IU, Francisco Tejada, recuerda que ya se avisó a Urbanismo de que la ordenanza debía centrarse en el suelo no urbanizable, por lo que considera que ha pasado "año y medio entreteniendo" a los afectados, ya que "está enredando y dando una patada al problema, de forma que cuando llegue el 2015 no habrá hecho nada pero parecerá que no ha parado". En parcelaciones regularizables, su solución es llegar a la urbanización pero con costes más bajos. Tejada ve en el AFO una fórmula para lograr ingresos, ya que implica abonar una tasa "de 6.000 euros de media". Por su parte, el concejal del PSOE Emilio Aumente pide al PP "que deje de mirar a otro lado, que se ponga a trabajar y que no eche la culpa siempre a otros como la oposición o la Junta". En cuanto a las herramientas que se preparan, dijo que "deben servir para algo" y reclamó soluciones inmediatas en cuanto a servicios para parcelaciones que están en una situación grave de insalubridad.

UCOR exige al Ayuntamiento que legalice todas las viviendas

El líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, tiene claro que el Ayuntamiento "es el responsable" de la situación que padecen las viviendas ilegales, ya que "dejó que se hicieran". Por ello, considera que "el Ayuntamiento tiene que legalizar todas las viviendas y si hay vecinos que no puedan pagar la urbanización ni la conexión de luz y agua, que también se haga cargo". Gómez piensa que el Ayuntamiento debe calcular cuánto cuesta legalizar "y ponerse de acuerdo con los vecinos" para que "los que puedan paguen su parte proporcional" y a los que no, como jubilados y desempleados, "se les dé un tiempo para pagar ellos o sus hijos". A su juicio, "el Ayuntamiento debe coger el toro por los cuernos, urbanizar y dar los servicios necesarios, lo demás es pan para hoy y hambre para mañana".

LA JUNTA TUMBA LA IDEA DE URBANISMO DE APLICARLA A URBANO Y URBANIZABLE Y NO SOLO A NO URBANIZABLE

La ordenanza de parcelaciones no servirá para todo tipo de suelo

El fin era impulsar el proceso de legalización y la dotación de servicios. Martín afirma que las regularizables podrán solicitar el AFO por otra vía

ISABEL LEÑA 21/05/2013

La Gerencia de Urbanismo no podrá llevar a cabo uno de los planes que tenía en relación a las parcelaciones. La ordenanza que prepara desde otoño del 2012 para la declaración del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) --que permite la inscripción en el Registro de la Propiedad, la dotación de servicios básicos con condicionantes y obras de conservación--, exigida por la Junta en su decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable, solo podrá aplicarla a ese tipo de suelo y no al urbano y urbanizable como pretendía y como anunció su presidente, Luis Martín, a los representantes de urbanizaciones en esa situación. A raíz de la tramitación de una modificación del PGOU para incluir el AFO, y que será aprobada de forma definitiva por el consejo rector mañana, Urbanismo ha recibido un informe de la Junta que da el visto bueno a la innovación pero le avisa de cuál es el papel de la ordenanza, que debe limitarse al suelo no urbanizable y a fijar las normas mínimas de seguridad, salubridad y habitabilidad de las casas. Respecto a esa innovación del PGOU, el informe advierte de que la contratación de servicios debe aplicarse según las clases y categorías del suelo y no de forma general y que no se puede cambiar el uso de una casa declarada AFO.

La decisión de Urbanismo de extender la ordenanza municipal al suelo urbano y urbanizable respondía a la demanda de distintas urbanizaciones en vías de regularización que se sentían discriminadas por el decreto de la Junta y las medidas impulsadas solo para viviendas de suelo no urbanizable. El borrador se abordó en las reuniones de la mesa de trabajo de El Higuerón, en las que IU y PSOE expresaron sus dudas sobre su viabilidad jurídica. En el texto se señalaba que el objetivo era "impulsar el proceso de legalización", y, por tanto, agilizar la dotación de servicios, de los asentamientos de suelo urbanizable evitando la paralización del proceso. Para ello debían tener los proyectos de reparcelación y urbanización. Martín aseguró ayer que, a pesar de que la ordenanza se ceñirá al suelo no urbanizable, las viviendas de terrenos urbanos y urbanizables podrán solicitar el AFO a través del artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Los interesados en el AFO pueden iniciar la tramitación, aunque no tendrán la resolución hasta que se apruebe el inventario de suelo no urbanizable, que ha culminado la fase de alegaciones, y la ordenanza, que podría ir al próximo consejo rector.

Esto dice el articulo 53 del reglamento de disciplina urbanística.

. 

Artículo 53. Declaración en situación de asimilación a la de fuera de ordenación.

1. Los actos de uso del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones 
realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar 
medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
quedarán asimilados al régimen de fuera de ordenación previsto en la Disposición adicional primera 
de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

2. En idéntica situación quedarán, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, las 
obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material 
de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, de conformidad con lo establecido en este Reglamento. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que se acordare en el 
correspondiente instrumento de planeamiento general respecto del desarrollo, ordenación y destino de las obras, instalaciones, construcciones o edificaciones afectadas por la declaración de asimilación a la situación de fuera de ordenación.

4. La resolución dictada por el órgano competente, por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, o el cumplimiento por equivalencia en caso de imposibilidad legal o material de ejecución de la resolución en sus propios términos, declarará el inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera de 
ordenación, identificando las circunstancias que la motivan y el régimen jurídico aplicable al mismo, 
con indicación expresa de que sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que 
exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido.

. Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación, cuando no 
estuviera prevista la expropiación o demolición, según proceda, en un plazo de cinco años, a partir 
de la fecha en que se pretenda realizarlas. La Administración pública competente estará facultada 
para instar la constancia de dicha resolución en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos
previstos en la legislación correspondiente.

5. Podrán concederse licencias en los supuestos contemplados por este artículo, siempre que el 

uso pretendido para la edificación o construcción sea conforme con el ordenamiento urbanístico vigente en el momento de su solicitud. Tales licencias describirán la situación de asimilación a la de  
fuera de ordenación por el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o
restauración de la legalidad urbanística o por imposibilidad legal o material de ejecución en sus 
propios términos de la resolución de un procedimiento para la protección de la legalidad urbanística, y precisarán el régimen jurídico aplicable a las mismas, otorgándose bajo la condición de su constancia en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente
 En el caso de imposibilidad material o legal de ejecución, tales licencias sólo serán otorgadas
en el caso de que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado hubiese sido íntegramente satisfechas

6. Con la finalidad de reducir el impacto negativo de esas obras, instalaciones, construcciones y edificaciones,la Administración actuante podrá ordenar la ejecución de las obras que resulten necesarias para no perturbar la seguridad, salubridad y el ornato o paisaje del entorno.

Desde la Plataforma seguimos pidiendo la unidad de todos los afectados de Córdoba, para unirse a los de Andalucía y entre todos luchar por cambiar esta ley, Ley que ha sido elaborada desde un despacho sin tener en cuenta la realidad existente y sobre todo sin tener en cuenta a miles de ciudadanos que por unos motivos u otros están viendo como pasan sus vidas careciendo de unos derechos fundamentales como son el de una vivienda digna.

Quizas los ciudadanos tendríamos que hacer una Ley en la que todos los que han contribuido de una forma u otra a esta situación de deterioro de calidad de vida se vieran obligados a vivir en las mismas condiciones de precariedad que los afectados.

Seguimos observando como nuestros políticos solo piensan en tirarse los trastes los unos a los otros, están tan ciegos en su lucha de poder, que solo estudian la manera de perjudicar al contrario, aunque con ello les jodan las vidas a los ciudadanos. Cuando lo que tenían que hacer es aunar esfuerzos por resolver los problemas y dar calidad de vida al pueblo..

Hasta cuando vamos ser capaz de aguantar? la situación se está apretando cada vez más y los Andaluces, están a punto de reventar, no hay trabajo,por lo tanto de donde quieren que salga el dinero, dinero que luego no sabemos el uso que les van a dar, primero tenemos que sacar a nuestras familias adelante y cuando no tengamos para comer? acaso se creen que con 400 o 500 €. pueden sobrevivir familias con tres o cuatro hijos, y no solo eso, te tiran tu vivienda y te embargan todos tus bienes, si es que tienes, y todo para mantener un sistema caduco que solo sirve para que unos pocos tengan mucho a costa de muchos que no tienen nada.

Esto hay que cambiarlo, si quien tiene el poder para cambiar las cosas no lo hace, tendremos que hacerlo los ciudadanos.

La Audiencia de Sevilla matiza que el decreto de la Junta no regula las casas ilegales

VIVIENDA | El decreto entró en vigor en enero de 2012

La Audiencia de Sevilla matiza que el decreto de la Junta no regula las casas ilegales

• Los tribunales sostienen que la norma no puede aplicarse a las casas ilegales
• De esta forma, confirma la condena a un vecino de Villanueva del Ariscal
• La Junta aprobó en 2012 un decreto para legalizar 250.000 viviendas ilegales

Efe | Sevilla

Actualizado sábado 18/05/2013 11:08 horas

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La Audiencia de Sevilla ha dictaminado que el decreto de la Junta para regularizar viviendas levantadas en suelos no urbanizables es sólo un deseo de facilitar un instrumento jurídico y no legaliza las casas construidas contra el ordenamiento.

La Sección Primera de la Audiencia confirma la condena de seis meses de cárcel impuesta por un juzgado penal a José Manuel D.R. por levantar un chalet en terreno no urbanizable de Villanueva del Ariscal (Sevilla), en una condena que incluye la demolición a su costa de todo lo levantado.

Un decreto de la Junta de enero de 2012 fue presentado como un intento de legalizar unas 250.000 viviendas de este tipo levantadas en Andalucía pero diversas secciones de la Audiencia sevillana, como la Tercera y la Primera, han dictaminado que esa excepción no puede aplicarse a edificaciones construidas en contra del ordenamiento.

La Audiencia, por tanto, confirma la condena de cárcel y la inmediata demolición de la vivienda porque es "el único modo de restablecer la situación alterada por la conducta de quienes construyen sin licencia en suelos no urbanizables".

Precisa que "no tendría sentido que los tribunales penales juzgaran conductas como la enjuiciada" y luego no ordenaran la demolición y remitieran de nuevo la decisión "a la Administración cuya insuficiente actuación propició la creación de estas novedosas figuras delictivas".

El decreto de la Junta no legaliza las edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico sino que no es más que "la expresión legislativa del deseo de facilitar un instrumento jurídico a las administraciones con competencia para ordenar situaciones irregulares cuando puedan serlo". En el caso analizado, "no consta que pueda serlo o pudiera serlo en un inmediato futuro" en Villanueva del Ariscal, añade.

Precisa el fallo que tampoco afecta a la culpabilidad del procesado "lo que puedan hacer otros ciudadanos con parcelas en similares características", mientras que el hecho de que la actuación del acusado "incida en un entorno ya de por sí bastante degradado no por ello ha de quedar impune" ni puede llevar a no que no se ordene la demolición de su chalé.

Desde la Plataforma seguimos insistiendo, la única forma de poder legalizar es el cambiar o modificar la ley.

Por ello venimos pidiendo desde el principio la unión de todos los afectados, dentro de esta Confederación Andaluza por la Legalización Urbanistica.

Esta Plataforma está manteniendo reuniones con diferentes parcelaciones de Córdoba y les brinda la oportunidad de poder luchar por sus casas junto a los demás afectados de Andalucía.

No nos dejemos engañar, de la situación existente, no solo el propietario es culpable, aquí hay muchos culpables y además de todos los colores políticos, que también han de responder por su negligencia y dejadez entre otras cosas. 

También están los Promotores, que siempre se van de rositas y muy pocos  les señalan, cuando han sido los grandes beneficiarios de las ventas de las parcelas.

URBANISMO APROBARA EL MIERCOLES EL CAMBIO DEL PGOU PARA EL ASIMILADO AL FUERA DE ORDENACION

Diario Córdoba

Vecinos de la Sierra alegan contra el inventario de parcelas

ISABEL LEÑA 18/05/2013

La Gerencia de Urbanismo ha recibido ocho alegaciones al inventario de edificaciones en suelo no urbanizable. Los alegantes son asociaciones o particulares con viviendas irregulares de la Sierra definidas como aisladas, que piden su consideración como asentamientos urbanísticos, ya que creen que así tendrán más fácil la dotación de servicios básicos.

Uno de los colectivos que alega es la comunidad de propietarios de Dehesa del Hornillo, formada por 13 fincas independientes que tienen su origen en 1979. Argumentan que la urbanización está totalmente consolidada y que se encuentra junto a El Cruce, que es suelo urbano. Además, asegura que tiene estructura urbana. Otro es la comunidad de propietarios de Vistas Ballesteros, con casas de hace más de 15 años y, según indica, aptitudes adecuadas para la implantación de la estructura urbana. Argumenta, además, que está a 500 metros del núcleo urbano principal, junto al hospital de Los Morales, que puede acoger hasta 60 casas, y que su único riesgo, el de incendios, es salvable. Esta comunidad aduce que dispone de dotaciones comunes y que necesita infraestructura urbana para tener servicios básicos. Asegura que costeará lo necesario para la legalización. Por último, está la asociación de propietarios de la urbanización la Sierra de Alcolea, conocida también como Montón de la Sierra. Este colectivo alega que el hecho de que las casas sean consideradas como viviendas aisladas les perjudica, ya que los propietarios están en trámites de obtener la consolidación del núcleo y con esa calificación les resultará imposible. En este caso, y según los vecinos, la urbanización está integrada por 35 viviendas que se ubican cerca del tanatorio y de Rabanales, por lo que tienen todos los requisitos exigibles para ser considerada asentamiento urbanístico.

El inventario es una exigencia del decreto de la Junta para regularizar y dotar de servicios a edificaciones de suelo no urbanizable que cumplan los requisitos. En total, contabiliza 4.334 viviendas. Ya solo falta que Urbanismo apruebe una ordenanza para la declaración del Asimilado al Fuera de Ordenación, figura que permite la inscripción en el Registro de la Propiedad y la dotación de servicios. Urbanismo está estudiando si se puede aplicar en suelo urbanizable, que no está tan claro. El consejo rector del miércoles aprobará la modificación del PGOU para incluir la figura del AFO. El consejo rector abordará también la modificación presupuestaria que da de baja los créditos que había para el centro de congresos, al pasar este proyecto al Ayuntamiento.

Volvemos a decir lo mismo, el AFO. no interesa ni a los que les pase la red de servicios por su puerta.

Este enlace que me manda mi amigo Miguel Quiros de Estepona viene a sacar a la luz lo complejo de la modificación de la Ley 2/2012,donde marca claramente la situación del AFO. (Asimilado Fuera de Ordenación) por lo que la mayoría de afectados pueden optar a los servicios básicos,en la Disposición, transitoria tercera. 

Medidas para garantizar la habitabilidad de las edificaciones 
existentes en suelo NO URBANIZABLE que constituya la vivienda habitual de sus propietarios.

Los Ayuntamientos podrán autorizar con carácter excepcional y transitorio y hasta que se resuelva el procedimiento de reconocimiento y en su caso regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable establecido reglamentariamente, la contratación PROVISIONAL de los servicios básicos con las 
compañias suministradoras.

" Pero" dicha autorización NO conllevará la ejecución de obras de reparación,conservación o de cualquier otra naturaleza.

"Pero" para conceder dicha autorización el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante informe técnico(¿quien lo paga) y Jurídico de los servicios municipales, que dicha edificación se encuentra terminada,( y si te falta cualquier pego y no puedes hacer obra)en uso, y constituye la vivienda habitual de los propietarios.

"Pero además que NO concurra  ninguna de las circunstancias descritas en el apartado 2 del articulo 185 de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre.Y que No esté en curso de procedimiento administrativo ni judicial alguno. 

"Pero para ponerlo más fácil dice lo siguiente, a si mismo será preceptiva la acreditación por parte de la compañía suministradora de que las redes se encuentran accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras, la acometida es viable y NO se induce a la implantación de nuevas edificaciones.

"Pero" además, si pasado un año de la entrada en vigor de la presente Ley,No se podrán conceder nuevas autorizaciones y cesará la contratación del suministro autorizado, salvo que con anterioridad se haya resuelto favorablemente el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. 
El próximo 28 de Febrero termina el plazo,Y la mayoría de los afectados ni se han enterado.Ah,pero ese es su problema.

El apartado 2 del articulo 185 de la Ley 7/2002, nos dice:

2. La limitación temporal del apartado anterior no regirá para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los siguientes actos y usos:
A) Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable.
B) Los que afecten a:
a) Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección o incluidos en la Zona de Influencia
del Litoral.
b) Bienes o espacios catalogados.
c) Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás reservas para dotaciones, en los términos que se
determinen reglamentariamente.
d) Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística
o de los Planes de Ordenación Intermunicipal, en los términos que se determinen reglamentariamente.

Si no entienden bien este articulo, vean y sobre todo escuchen a Miguel Quiros en el video del enlace tarda aproximadamente una hora, pero te digo que a los afectados se nos hace corto.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_8_l4GTioqI



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_8_l4GTioqI

CAÑETE / HOY SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LAS INUNDACIONES MAS GRAVES

Sigue sin solventarse el problema estructural que causó la riada

RAFAEL CASTRO AVILA 18/05/2013

Hoy se cumplen dos años desde la fuerte riada de Cañete de las Torres, que costó la vida a una mujer y el paso del tiempo no ha limado aquella herida, ya que en noviembre pasado una nueva tromba volvió a sembrar la alarma. Varios vecinos recordaban ayer el trágico suceso, provocado porque el arroyo Guiomar no daba abasto a desaguar, convirtiendo el parque de Andalucía en un río con un mortífero caudal. Vecinos comentaban ayer que, aunque el temor ha pasado, siguen en alerta cada vez que llueve. El Ayuntamiento ha abierto imbornales en la superficie de la bóveda del arroyo, tratando de solucionar problemas concretos.

El alcalde, Félix Romero (PP), comentaba a este periódico que no se encuentra tranquilo cada vez que llueve, "ya que, aunque se ha avanzado, siento la responsabilidad de avanzar más". En este sentido, explica que, tras encontrarse con un pueblo desolado, durante los últimos años "se han hecho obras de mejora". Añadió que es un problema histórico "y tomamos como prioridad sustituir un muro por una verja para que el agua siga el cauce natural en superficie, evitando que se embalse en la última zona del pueblo". Por ello, el Ayuntamiento recibió la felicitación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El regidor relata que también se llevó a cabo una limpieza integral de los arroyos que confluyen al municipio, a través de la delegación de Medio Ambiente de la Junta, "que era una cuestión fundamental para prevenir nuevas riadas". Asimismo, se ha llevado a cabo la limpieza integral del alcantarillado "y últimamente estamos actuando en el inicio del arroyo --con una obra de Emproacsa y Diputación en la Huerta de Santa Ana, para mejorar el drenaje-- y el final --con la demolición de una vivienda declarada en ruina a través del Profea--". Romero informó de que se pretende reparar la zona abovedada, cuyo proyecto asciende a 400.000 euros y ha sido presentado a la Junta, a lo que adujo que "debemos ver soluciones importantes". También matizó que, a través de Planes Provinciales, la Diputación ha puesto sobre la mesa 200.000 euros "y a la Confederación le hemos solicitado una aportación para solucionar el problema".

La Junta, por su parte, informó ayer de que ha invertido en Cañete más de 65.000 euros y en Villa del Río 117.000 euros para paliar los daños de las lluvias. Añade que desde que se produjeron los incidentes del 2011, las administraciones se coordinaron y desde la Junta se enviaron retenes del Plan Infoca y operarios de Obras Públicas para la limpieza. Con respecto a las ayudas concretas, recordó que en el 2012 concedió al ayuntamiento de Cañete 35.243 euros para sufragar los gastos derivados de los daños debido al desbordamiento del arroyo Guiomar y a Villa del Río 37.500 para la limpieza de calles y caminos, así como de lodos y reparación de la red de saneamiento.