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Urbanismo aplicará la aministía incluso a las parcelas legalizables
La medida permitiría dotar de servicios básicos sin necesidad de realizar inversiones superando lo previsto por la Junta
RAFAEL RUIZ | ACTUALIZADO 03.01.2013 - 10:46
La Gerencia de Urbanismo ha establecido en apenas dos folios, destinados a las reuniones que mantiene con el consejo de distrito de El Higuerón, su planteamiento sobre las parcelas, que pasa por una extensiva, muy extensiva, aplicación del decreto de amnistía de la Junta de Andalucía. Por decirlo de una manera resumida, al Ayuntamiento se la ofrecido la mano y se quiere tomar el brazo hasta el hombro. De forma técnica, el plan pasa por aplicar el nuevo régimen asimilado al fuera de ordenación -una excepción- en algo parecido a la norma. El documento de Urbanismo, rubricado por un técnico de la casa, dice expresamente que la ley prevé ese régimen tan sólo para las viviendas ubicadas en sueno no urbanizable. "La Gerencia Municipal de Urbanismo trabaja para su aplicación en el suelo urbanizable y el suelo urbano", afirma el documento.
La clave es que el organismo municipal pretende que el asimilado al fuera de ordenación se aplique también a las viviendas que se encuentren en vías de legalización. Según el documento, "podrá declararse" una vez que se haya aprobado el proyecto de reparcelación y el de urbanización. Y remata: "No habrá que esperar a que la urbanización esté finalizada y recepcionada por el Ayuntamiento". La aplicación del sistema tal y como lo propone la Gerencia de Urbanismo implicaría que los propietarios de parcelas contrataran los servicios básicos, con ciertas limitaciones, aun antes de haber realizado inversiones para la legalización de sus urbanizaciones abaratando considerablemente el proceso.
En el decreto realizado por la Junta, el asimilado al fuera de ordenación es un régimen de tolerancia con viviendas construidas hace años, que ya no se pueden derribar y que no estaba prevista su legalización. Con esos preceptos, se establecía una forma de acceder a ciertos servicios básicos, a costa del propietario. La vivienda no se convierte en legal pero sí se reconoce su situación y se inscribe en registros de la propiedad.
El problema fundamental de los procesos de legalización es que son caros. Obligan a que los propietarios de las parcelaciones realicen una serie de inversiones por medio de derramas. Y eso tiene que ocurrir antes de que las viviendas accedan a los servicios. Tales han sido las dificultades que, pese al tiempo transcurrido (el PGOU cumple este año una década), ninguna vivienda ha conseguido ser legalizada por el método tradicional. El propio documento de Urbanismo asegura que el sistema garantizaría la continuidad de los procesos de legalización aunque la sospecha es que habría pocos propietarios dispuestos a ello una vez que se les ha cubierto de los servicios básicos.
Pese a las demandas realizadas por los vecinos, esa es la gran novedad del planteamiento realizado por Urbanismo de cara a la legalización de parcelaciones y que no recoge algunas de las iniciativas del PP en la campaña electoral como la sustitución del sistema de compensación por el de cooperación (con una mayor presencia municipal).
Para todo lo demás, Urbanismo asegura que las competencias son del Parlamento de Andalucía, esto es, que no tiene ninguna posibilidad de actuar si no es con un cambio legislativo. Explica, por ejemplo, que la demanda de los propietarios de una reducción de las multas -que califica de desproporcionadas- es una cuestión que se debe proponer a la Junta para que reduzca el porcentaje de la sanción, establezca mecanismos de graduación y mecanismos reductores, como los que ya hubo, para minorar la sanción a cambio de un pronto pago. Urbanismo también propone que sea el Parlamento quien realice una propuesta de enganches extraordinarios a parcelas sin servicios siempre que sean primera vivienda y que se estén legalizando.
La clave es que el organismo municipal pretende que el asimilado al fuera de ordenación se aplique también a las viviendas que se encuentren en vías de legalización. Según el documento, "podrá declararse" una vez que se haya aprobado el proyecto de reparcelación y el de urbanización. Y remata: "No habrá que esperar a que la urbanización esté finalizada y recepcionada por el Ayuntamiento". La aplicación del sistema tal y como lo propone la Gerencia de Urbanismo implicaría que los propietarios de parcelas contrataran los servicios básicos, con ciertas limitaciones, aun antes de haber realizado inversiones para la legalización de sus urbanizaciones abaratando considerablemente el proceso.
En el decreto realizado por la Junta, el asimilado al fuera de ordenación es un régimen de tolerancia con viviendas construidas hace años, que ya no se pueden derribar y que no estaba prevista su legalización. Con esos preceptos, se establecía una forma de acceder a ciertos servicios básicos, a costa del propietario. La vivienda no se convierte en legal pero sí se reconoce su situación y se inscribe en registros de la propiedad.
El problema fundamental de los procesos de legalización es que son caros. Obligan a que los propietarios de las parcelaciones realicen una serie de inversiones por medio de derramas. Y eso tiene que ocurrir antes de que las viviendas accedan a los servicios. Tales han sido las dificultades que, pese al tiempo transcurrido (el PGOU cumple este año una década), ninguna vivienda ha conseguido ser legalizada por el método tradicional. El propio documento de Urbanismo asegura que el sistema garantizaría la continuidad de los procesos de legalización aunque la sospecha es que habría pocos propietarios dispuestos a ello una vez que se les ha cubierto de los servicios básicos.
Pese a las demandas realizadas por los vecinos, esa es la gran novedad del planteamiento realizado por Urbanismo de cara a la legalización de parcelaciones y que no recoge algunas de las iniciativas del PP en la campaña electoral como la sustitución del sistema de compensación por el de cooperación (con una mayor presencia municipal).
Para todo lo demás, Urbanismo asegura que las competencias son del Parlamento de Andalucía, esto es, que no tiene ninguna posibilidad de actuar si no es con un cambio legislativo. Explica, por ejemplo, que la demanda de los propietarios de una reducción de las multas -que califica de desproporcionadas- es una cuestión que se debe proponer a la Junta para que reduzca el porcentaje de la sanción, establezca mecanismos de graduación y mecanismos reductores, como los que ya hubo, para minorar la sanción a cambio de un pronto pago. Urbanismo también propone que sea el Parlamento quien realice una propuesta de enganches extraordinarios a parcelas sin servicios siempre que sean primera vivienda y que se estén legalizando.
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