martes, 9 de abril de 2013
Constituida en Córdoba la Confederación Calu, formada por colectivos andaluces con problemas urbanísticos
por Redacción - martes, 9 de abril de 2013 a las 00:36
La Federación de AAVV “Las Lagunas” forma parte de esta entidad, la única de la provincia de Cádiz.-
El pasado día 6 se reunieron en el Hotel “Averroes” de Córdoba colectivos de diversas provincias de Andalucía, afectados por un problema urbanístico común: la Ley urbanística de Andalucía, comúnmente conocida como la LOUA, “modificada el 30 de enero de 2012, a peor para el ciudadano”. (FOTOS: Manifestación en Sevilla, ante el Parlamento Andaluz, hace unos meses).
En contradicción con las normativas que se vienen aplicando en otras autonomías, “en Andalucía se está, actualmente, poniendo a los ciudadanos a los pies de los caballos por mor de dicha ley”.
Aunque la casuística es amplísima, los colectivos participantes estuvieron debatiendo en torno a algunas de las causas que acucian a los mismos y la problemática de cada uno de sus ámbitos de residencia.
Entre esos problemas destacan zonas inundadas en diversas provincias, que no inundables, cuyas viviendas necesitan de obras y no se les permite; existencia de servicios de luz, agua y alcantarillado a las puertas de las casas y no se autoriza la conexión a los mismos.
Residencias siniestradas por incendios sin poder ser rehabilitadas por impedimento legal, ampliación caprichosa de ámbitos BIC, denuncias de vecinos que ponen en solfa a todo una zona poblada de viviendas, edificaciones que habiendo sido construidas con su licencia correspondiente ahora están bajo la amenaza de demolición por orden de la Junta de Andalucía, etc.
El drama que acompaña a estas edificaciones de construcción irregular “llega al paroxismo cuando una de ellas es sancionada con cantidades desorbitantes que pueden llegar hasta el millón de euros”. Esta carga pasa al Registro de la Propiedad en aplicación de la legislación hipotecaria actual sobre Actos de Naturaleza Urbanística.
ESPERANZAS FRUSTRADAS
Si la vivienda había sido adquirida mediante un crédito hipotecario, “la desgracia ya no tiene límites: crédito hipotecario y sanción urbanística. De manera que nos podemos encontrar con Ayuntamientos que se están ruborizando por los desahucios bancarios, ayudando y asesorando a los afectados. Sin embargo, emplean la misma “medicina”, aplicación de la legislación hipotecaria”.
“Todo este cúmulo de despropósitos –añade “Las Lagunas”- que afecta a más de trescientas mil viviendas en Andalucía, de un lado ha frustrado las esperanzas que se habían depositado en quienes toman las decisiones políticas, que a la vista de los hechos se podría calificar de “despotismo democrático” y, de otra parte ha hecho despertar conciencias y comprobar que los de “arriba” no facilitan nada gratis, aunque cobren de los ciudadanos”.
Sí que se saca la conclusión “de que la libertad y los derechos se han de conquistar día a día, tristemente mediante una lucha que debiera haberse dado por superada y al margen de los colores políticos tradicionales, incluida la oposición, ya que al momento de la redacción de la nefasta normativa que padecemos, ha ofrecido la callada por respuesta”.
El objetivo de la reunión y basado en los motivos citadas, “ha sido la constitución de la “Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU)”, para tratar de defender los derechos de los afectados”.
El pasado día 6 se reunieron en el Hotel “Averroes” de Córdoba colectivos de diversas provincias de Andalucía, afectados por un problema urbanístico común: la Ley urbanística de Andalucía, comúnmente conocida como la LOUA, “modificada el 30 de enero de 2012, a peor para el ciudadano”. (FOTOS: Manifestación en Sevilla, ante el Parlamento Andaluz, hace unos meses).
En contradicción con las normativas que se vienen aplicando en otras autonomías, “en Andalucía se está, actualmente, poniendo a los ciudadanos a los pies de los caballos por mor de dicha ley”.
Aunque la casuística es amplísima, los colectivos participantes estuvieron debatiendo en torno a algunas de las causas que acucian a los mismos y la problemática de cada uno de sus ámbitos de residencia.
Entre esos problemas destacan zonas inundadas en diversas provincias, que no inundables, cuyas viviendas necesitan de obras y no se les permite; existencia de servicios de luz, agua y alcantarillado a las puertas de las casas y no se autoriza la conexión a los mismos.
Residencias siniestradas por incendios sin poder ser rehabilitadas por impedimento legal, ampliación caprichosa de ámbitos BIC, denuncias de vecinos que ponen en solfa a todo una zona poblada de viviendas, edificaciones que habiendo sido construidas con su licencia correspondiente ahora están bajo la amenaza de demolición por orden de la Junta de Andalucía, etc.
El drama que acompaña a estas edificaciones de construcción irregular “llega al paroxismo cuando una de ellas es sancionada con cantidades desorbitantes que pueden llegar hasta el millón de euros”. Esta carga pasa al Registro de la Propiedad en aplicación de la legislación hipotecaria actual sobre Actos de Naturaleza Urbanística.
ESPERANZAS FRUSTRADAS
Si la vivienda había sido adquirida mediante un crédito hipotecario, “la desgracia ya no tiene límites: crédito hipotecario y sanción urbanística. De manera que nos podemos encontrar con Ayuntamientos que se están ruborizando por los desahucios bancarios, ayudando y asesorando a los afectados. Sin embargo, emplean la misma “medicina”, aplicación de la legislación hipotecaria”.
“Todo este cúmulo de despropósitos –añade “Las Lagunas”- que afecta a más de trescientas mil viviendas en Andalucía, de un lado ha frustrado las esperanzas que se habían depositado en quienes toman las decisiones políticas, que a la vista de los hechos se podría calificar de “despotismo democrático” y, de otra parte ha hecho despertar conciencias y comprobar que los de “arriba” no facilitan nada gratis, aunque cobren de los ciudadanos”.
Sí que se saca la conclusión “de que la libertad y los derechos se han de conquistar día a día, tristemente mediante una lucha que debiera haberse dado por superada y al margen de los colores políticos tradicionales, incluida la oposición, ya que al momento de la redacción de la nefasta normativa que padecemos, ha ofrecido la callada por respuesta”.
El objetivo de la reunión y basado en los motivos citadas, “ha sido la constitución de la “Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU)”, para tratar de defender los derechos de los afectados”.
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