VEJER DE LA FRONTERA- CADIZ

Vejer convoca a 260 vecinos de El Palmar para la legalización de sus viviendas

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• Arranca la regularización urbanística de la playa tras años de retrasos · La adhesión al proceso será, al principio, voluntaria · Los propietarios pagarán 60 euros por metro cuadrado de finca
• JORGE GARRET / DIARIO DE CÁDIZ | ACTUALIZADO 06.01.2011 - 07:02
• El proceso de regularización de viviendas de El Palmar, en Vejer, afronta en este inicio de 2011 el momento crucial que representa su puesta en marcha después de toda una década de planificación y años de dificultades y retrasos. En las próximas semanas se tramitarán los primeros expedientes de legalización y en los próximos meses deben comenzar las obras de urbanización del núcleo rural. Es la hora de la verdad para las administraciones, pendientes de comprobar la validez del planeamiento desarrollado, y también para los vecinos, obligados a asumir los costes a los que no hicieron frente cuando construyeron sus casas de forma irregular.
• La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vejer informan de que todo está preparado para la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Palmar, que beneficia a 260 propietarios en un espacio de unas 40 hectáreas en la primera línea de playa. El último paso ha sido la aprobación por parte del municipio de la ordenanza reguladora del plan, el documento que recoge los costes del proceso y detalla los pasos a seguir.
• Los vecinos tendrán que pagar alrededor de 60 euros por cada metro cuadrado de superficie de su finca para acceder a la regularización. En la cuenta están incluidas las obras de urbanización; las conexiones exteriores de servicios básicos como el agua y la luz; el aprovechamiento público -la cesión gratuita y obligatoria de los propietarios del 10% de su terreno al Ayuntamiento, bien en euros, bien en superficie-; y los gastos de repercusión de suelo para carreteras y otros equipamientos públicos.
• Es un coste aproximado, porque el plan establece un sistema de reparcelación mixta -económica y física, con terrenos- e incluye numerosas peculiaridades. Los pequeños propietarios, por ejemplo, podrán abaratar su normalización aportando el suelo que les sea requerido para dejar sitio a los viarios o zonas verdes, mientras que los dueños de grandes fincas cederán metros cuadrados de sus parcelas para reubicar a quienes sufran expropiaciones íntegras. Con estas condiciones, la situación de cada propietario debe ser estudiada de forma particular. De ahí que los responsables del plan ensalcen su "carácter humano" por encima de los condicionantes técnicos.
• El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Vejer, Antonio Muñoz (PSOE), explica que en los próximos días se convocará a cada uno de los 260 propietarios, "vecino a vecino", para trasladarle el expediente de su vivienda, en el que se recogen los detalles técnicos de la finca y la liquidación provisional correspondiente al proceso regulador.
• En la primera fase, la adhesión al proceso será "voluntaria", subraya Muñoz. Los propietarios deberán suscribir un impreso para certificar su voluntad de participar en el plan y abonar un primer pago de tres euros por metro cuadrado de finca bruta. Además, los que se sumen al proceso tendrán que aportar un aval que garantice el pago de las futuras cargas del proyecto de urbanización. Habrá un mes de plazo para la adhesión.
• Después de este primer paso, los técnicos de la oficina de planeamiento de El Palmar, que incrementará su personal este ejercicio, visitarán cada propiedad para verificar sus características técnicas -hasta ahora se ha trabajado sobre plano- y ajustar, si procede, los expedientes.
• La ordenanza del PERI establece que, cuando el 50% de los propietarios del ámbito de trabajo -esto es, más de 130- se haya sumado al proceso regulador, las administraciones estarán facultadas para licitar las primeras obras de urbanización de El Palmar. "Entendemos que, en ese momento, habrá garantías económicas suficientes de que se podrá hacer frente al pago de las obras", apunta Muñoz. Las actuaciones se desarrollarán de forma progresiva, y el cobro a los vecinos tendrá esa misma condición: conforme se adjudiquen obras, se requerirán pagos.
• Las obras de urbanización requerirán el derribo de "cuatro o cinco" viviendas que coinciden con viales, aparcamientos y otros equipamientos públicos, según explicaron fuentes de la Administración. Algunas de estas viviendas fueron construidas después del 30 de octubre de 2008, fecha límite de trabajo del PERI, y caerán sin más. En otros casos, los propietarios percibirán indemnizaciones. Los afectados ya conocen su suerte, según aseveraron las mismas fuentes.
• Hasta aquí, las certezas. Y ahora, las incógnitas: ¿Qué ocurrirá si los vecinos rechazan la adhesión voluntaria al proceso? ¿Y si deciden no pagar? ¿Y si no tienen medios suficientes para hacerlo? La respuesta que los propietarios ofrezcan al plan es, desde este momento, determinante. Si están dispuestos a pagar, el proceso avanzará; si no están dispuestos, el problema urbanístico de El Palmar se enquistará sin solución y con mínimo margen de maniobra para las administraciones.
• El alcalde, Antonio Verdú (PSOE), sostiene que el Ayuntamiento y la Junta han hecho "todo lo que podían hacer" para facilitar y abaratar el proceso. Hay un acuerdo en firme con Cajasol para la obtención de créditos sobre el valor de suelo "a bajo interés" y 30 años de plazo que sirvan para hacer frente a las cargas. Hay negociaciones abiertas con otros bancos y cajas de ahorro para habilitar ofertas similares.
• El delegado de Urbanismo admite que hay vecinos, "casos muy concretos", que no tienen recursos para sufragar la regularización. Para éstos, "habrá que buscar soluciones a través de los servicios sociales del propio Ayuntamiento", avanzó Muñoz. "No ocurrirá lo mismo con quienes, simplemente, se nieguen a pagar. Nuestra vía de trabajo es el diálogo, pero la última solución será la expropiación porque es eso lo que establece la ley".
• El próximo semestre será clave en la regularización de El Palmar, pionera en Andalucía, aunque aventurar plazos es arriesgado en un proyecto que ha estado lastrado por extraordinarios retrasos y "dificultades" durante toda una década, tal y como admiten los representantes del Ayuntamiento y de la Junta. El Consistorio ideó esta actuación en 2001, pero no fue aprobada por el Gobierno andaluz hasta 2006. Su desarrollo técnico no comenzó hasta en el verano de 2008, fecha en la que se inauguró la oficina de planeamiento del núcleo rural, ya con el respaldo técnico y financiero de la Junta. Ahora la Administración sostiene que "todo está en manos de los vecinos".
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