Diversos colectivos de Afectados por el problema de las viviendas ilegales de toda Andalucía mantendrán el próximo sábado en Córdoba un encuentro para hablar y buscar soluciones a su problemática.
Desde la localidad chiclanera, una de las que más ha sufrido la proliferación de viviendas edificadas al margen de la legalidad, y que según los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía, existen más de 15.000 casas irregulares, se trasladará hasta la capital cordobesa una representación de la Asociación de Afectados por las Sanciones Urbanísticas, Asasur.
Este colectivo formará parte del la mesa que se ha convocado a partir de las 11 de la mañana en el hotel Averroes, y en la que también participarán representantes de otras cuatro provincias andaluzas, como son la AUAN de Almería, APVI de Málaga, o la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir de Córdoba entre otros.
En dicha reunión se solicitara «que haya un antes y un después con respecto a la problemática que nos incumbe a todos y que afecta a más de un millón de viviendas irregulares repartidas por toda la geografía nacional ya que, solamente en Andalucía, ocupa a unos quinientos mil propietarios», explican.
Este colectivo chiclanero, al que acompañarán también representantes de la Federación de AAVV Las Lagunas de Chiclana, recuerda que «la falta de voluntad política en unos casos, el afán recaudatorio, en otros, el aspecto lucrativo de promotores que al final se van de rositas, la dejadez de algunos, el clientelismo político muchas veces y razones inconfesables en ocasiones, unido al silencio administrativo y la falta de publicidad sobre la bola de nieve que ha ido engordando cada vez más, conforman los ingredientes que han abocado a la situación actual» en esta materia.
Los propietarios de viviendas ilegales del municipio vuelven a criticar «la ley despótica, confiscadora e inhumana» que a su juicio es la Ley Urbanística de Andalucía, Loua.
A ese respecto, considera que ha existido «un cóctel explosivo que ha propiciado la unión de los mentados colectivos afectados, uno de cuyos objetivos es arrinconar a dicha ley, por impracticable», dicen.
Desde Asasur se ha protagonizado en las últimas semanas varias manifestaciones contrarias a la gestión que el actual equipo de gobierno del PP está llevando en materia urbanística.
Los propietarios, de este y otros colectivos, llevan meses criticando a Ernesto Marín y los suyos por haber llevado a la Fiscalía más de 1.700 expedientes urbanísticos, que se están transformando en estos momentos en sanciones e incluso órdenes de demolición de los inmuebles.
El asunto del urbanismo irregular en Chiclana ha derramado auténticos ríos de tinta. Desde la GMU, el titular, Andrés Núñez, recuerda que el Ayuntamiento trabaja para «dar seguridad jurídica» a la localidad con las nuevas Normas Sustantivas Transitorias. Este documento, que se encuentra en estos momentos en periodo de alegaciones, será un paso previo al nuevo Plan General que se elabora en estos momentos.
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