La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), que agrupa a ciudadanos británicos residentes en esta comarca almeriense, se ha lamentado que el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable aprobado este martes por la Junta de Andalucía "no solo crea más confusión, sino que crea una clase de vivienda de segunda", de forma que han rechazado este decreto, que han tildado de "señuelo".
La presidenta de la AUAN, Maura Hillen, ha manifestado a través de una nota que este decreto ha sido finalmente "muy decepcionante" puesto que "si uno mira el detalle del decreto verá que no evita que las viviendas con procedimientos en curso, que quizás son la mayoría, puedan caer bajo la piqueta", asevera a través de una nota.
El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años, ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" y, por tanto, son susceptibles de demolición.
"Si lo que la Junta quiere son más casos como el del matrimonio Prior, desde luego este decreto no entorpece el camino", critica Hillen tras hacer referencia al caso de un matrimonio británico cuya vivienda fue derribada en Vera al considerarse fuera de la legalidad. Con esto, la presidenta de la AUAN acusa a la Administración autonómica de estar "poco conectada" con los "problemas reales" de los ciudadanos puesto que, considera, que el decreto "no es operativo en la práctica".
Hillen ha identificado además ciertas situaciones que, bajo su interpretación, quedan sin resolver con el decreto de regularización, ya que afirma que los ciudadanos que cuentan con una orden de demolición no podrán salvar sus casas, así como las familias que carecen de escritura del terreno por asentarse en sitios irregulares. "De hecho --ahonda-- algunos de los que tienen escrituras corren el riesgo de que éstas se anulen, por una posible parcelación ilegal".
Sobre las viviendas aisladas, Hillen señala que quedan "relativamente apestadas", dado que "ni siquiera tienen derecho a licencia de ocupación o utilización" por lo que entiende que "quedan sujetas a unas supuestas y futuras normas directoras para la ordenación urbanística y a unas teóricas normas mínimas de habitabilidad".
Con esto, asegura que la Junta de Andalucía "en vez de un cambio normativo de importancia, y me refiero a un cambio en la LOUA, para tratar de resolver un problema de gran envergadura, no solo crea más confusión, sino que crea una clase de vivienda de segunda" por lo que espera que "no sean muchos los que sean llevados a error y piensen que esta medida es una panacea". La asociación calcula que solo un 16 por ciento de sus afiliados podrá verse de alguna forma beneficiado por este decreto.
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