Alcaldes y técnicos de Córdoba estudian el contenido del decreto de regularización de viviendas

AGENCIAS 20/02/2012

Alrededor de 300 personas, entre alcaldes y técnicos de los 75 ayuntamientos cordobeses y de la Diputación, se han reunido este lunes en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) para profundizar sobre el contenido del nuevo decreto de regularización de viviendas en suelo no urbanizable.
     Este encuentro, según ha informado la Junta de Andalucía, ha contado con la participación de la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, así como de la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, y del delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en Córdoba, Francisco García.
     Durante el encuentro, se han formulado dudas y se han expuesto casos concretos sobre situaciones que se dan en los diferentes términos municipales. Igualmente, se ha destacado la importancia que tienen los ayuntamientos en la aplicación de dicho decreto que, a juicio de la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega, no pretende regularizar la situación de construcciones ilegales de forma indiscriminada, sino dar una respuesta, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y en función de las circunstancias físicas y jurídicas de cada caso particular.
     El decreto aprobado en enero de 2012 en Consejo de Gobierno --y ya publicado en BOJA-- distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de hábitat rural diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).
     La secretaria general ha destacado la importante responsabilidad de los ayuntamientos, dado que es el planeamiento municipal el instrumento indicado para la regularización de los asentamientos urbanísticos que puedan integrarse en el modelo de ordenación. Además, ha insistido en la obligatoriedad de que todos los costes que implique la regularización sean asumidos por los propietarios.
     De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad, bien de obtener una licencia de ocupación o bien de reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación, que les permita mantener su estado actual y acceder a servicios como los de suministro de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento.
     En el mismo encuentro también se han abordado las modificaciones de la LOUA, recientemente aprobadas por el Parlamento andaluz y publicadas en BOJA. La nueva normativa supondrá una simplificación de la tramitación de los planes urbanísticos en los suelos urbanos, un mayor reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y un refuerzo de los principios de participación pública, transparencia y publicidad en la elaboración del planeamiento urbano.
     Asimismo, dinamizará la actividad urbanística en el interior de la 'ciudad construida' y logrará una mayor adecuación entre los planes urbanísticos y los planes municipales de vivienda y suelo.