La Junta espera que en tres meses esté clarificada la situación de todas las viviendas ilegales

La secretaria de Ordenación del Territorio reitera que el decreto no puede suponer una legalización indiscrimina No se trata de una amnistía ni de una legalización indiscriminada. El coste de su aplicación debe ser asumido por los propietarios y en ningún caso por los ayuntamientos. En un plazo de tres meses tras la entrada en vigor, el 1 de marzo, puede estar reconocida la situación de las viviendas irregulares de todos los municipios de Málaga, que es la provincia en la que más incidencia tendrá la aplicación del decreto por el que se regula el régimen de las más de 50.000 edificaciones y asentamietnos existentes en suelo no urbanizable. Estos son los tres puntos fundamentales que ha defendido hoy la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Gloria Vega, que esta mañana ha participado en las primeras jornadas técnicas que se desarrollan en la capital, con el objetivo de explicar a técnicos municipales, alcaldes y concejales de municipios afectados por el mismo las cuestiones básicas de este decreto, "con el objetivo de que exista unidad de criterios para su aplicación en todo el territorio andaluz", ha afirmado el delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez.

Aplicación inmediata

La secretaria de Ordenación del Territorio ha insistido en que "el decreto está pensado para que su aplicación sea inmediata, a través de la realización de avances por parte de los ayuntamientos". Estos avances son, según la responsable de la Junta, 'pequeños mapas' , en los que se identifica el negativo, es decir, todas aquellas viviendas que están en parcelaciones o urbanizaciones importantes, "todas las viviendas que no estén en estos espacios se considera edificaciones aisladas y sus propietarios pueden iniciar inmediatamente el procedimiento, con el fin de poder acceder a los servicios básicos".

En cuanto al anuncio de movilizaciones por parte de plataformas de propietarios en contra de este decreto, Gloria Vega ha indicado que "no es intención de este gobierno modificar la ley para que todo el monte sea orégano y para que cada cual pueda edificar donde le de la gana". En este sentido ha asegurado que "hay viviendas que solo pueden ser usadas en condiciones restringidas, por su situación de ilegalidad y el decreto no puede modificar la ilegalidad de esas edificaciones, porque no puede modificar la ley".