Por Tomás Monago 
Las cuencas han sido muy presionadas en los últimos años por la expansión del regadío y por
el fuerte desarrollo urbanístico. Andalucía ha pasado de una política de grandes obras enfocada
al impulso de la producción agraria a otra de fomento del ahorro, con inversiones muy puntuales.
SI ha habido en España alguna política que se ha mantenido inalterada en el siglo XX, fuese cual fuese el sistema político, ha sido la del agua. Una historia de combate, mediante grandes obras hidráulicas para almacenar agua, contra los periodos de sequía que impone el clima mediterráneo. También ha sido una historia de riqueza. Porque esas grandes obras han servido, además de para dar de beber al pueblo, para surtir al campo de un elemento fundamental para escapar de la miseria y producir más y mejor.
La prueba de que ha sido una política continuista es que en los últimos treinta años se han construido en Andalucía tantos embalses, cerca de cincuenta, como durante todo el franquismo. Entre 1982 y 2010 se ha multiplicado por dos la capacidad de almacenaje de las presas. Y ha sido en el periodo autonómico cuando se ha producido la verdadera reforma agraria: la de la expansión del regadío. No hubo reparto de tierras masivo tal y como se previó, pero sí un impulso con fondos públicos del regadío, actividad que produce hasta seis veces más por hectárea que el secano.
El avance ha sido tan extraordinario en estos años que hoy el 63% de la producción agraria andaluza, valorada en algo más de 10.000 millones de euros, proviene del regadío. Pero ese crecimiento se ha generado a costa de la explotación intensiva de la materia prima de la que se nutre: el agua. El regadío concentra hoy el 80% del consumo de agua en Andalucía, porcentaje que aumenta hasta el 86% en la cuenca del Guadalquivir. Su evolución, en número de hectáreas [ver tabla], ha desbordado las previsiones de todos los planes hidrológicos.
Si en los 80 fueron las políticas públicas las que tiraron del carro, en los 90 fue la iniciativa privada, al calor de las ayudas europeas y la gran rentabilidad del cultivo del olivar. 300.000 hectáreas se transformaron en regadío; el 60% de ellas a partir de la explotación de aguas subterráneas. Si por un lado zonas tradicionalmente deprimidas como Jaén despegaban desde el punto de vista económico, por otro los niveles acuíferos, especialmente los del alto Guadalquivir, sufrían un drástico descenso.
La incontrolada expansión del regadío no ha sido la única fuente de presión sobre los recursos hídricos. El desarrollo urbanístico ha invadido zonas inundables y ha impermeabilizado el suelo, impidiendo a las aguas subterráneas seguir su curso natural. Los márgenes de los ríos han sido también ocupados por explotaciones agrícolas, urbanizaciones, graveras e incluso vertederos. Esa erosión de los terrenos aledaños a los ríos, además de deteriorar el paisaje natural, ha llenado los embalses de sedimentos y ha incrementado la turbidez. En algunos casos el mal uso de fertilizantes o pesticidas ha conducido a episodios como el corte de suministro durante varios días en 2004 a 260.000 habitantes del sur de Córdoba. El vertido de Boliden en Aznalcóllar estuvo a punto de acabar con los humedales de Doñana. Las obras del AVE a su paso por el valle de Abdalajís (Málaga) destrozaron el acuífero del que se abastecía la comarca.
Son sólo ejemplos de un escaso cuidado de los recursos hídricos, al que hay que añadir un desperdicio en el uso durante años. En épocas de lluvias normales, y con una política de obras expansiva, se atendieron los consumos a demanda, sin tener en cuenta que un día llegaría la sequía. Y llegó. Entre 1992 y 1995 tres millones y medio de andaluces, la mitad de la población, sufrieron cortes en el suministro. El aldabonazo fue tremendo y se llegó al consenso de que la política de aguas ya no podía ser la misma. La Directiva de Aguas de 1990 de la Unión Europea ya avisó de que la prioridad debía ser la conservación de las cuencas, y la escasez terminó de convencer a las administraciones de que había que hacer algo.
Es cierto que se siguió haciendo la vista gorda con la expansión del regadío, sobre todo del olivar, pero los desembalses ya no fueron tan generosos y se dejaba siempre una reserva para la campaña siguiente. En los usos urbanos se mejoraron las conducciones hasta minimizar las pérdidas de agua, pero, sobre todo, la población tomó conciencia de que el agua es un recurso escaso. En Sevilla, por ejemplo, el consumo diario ha pasado de 172 litros por habitante y día en 1991 a 115 ahora, cuando las previsiones apuntaban lo contrario.
En Andalucía, está hoy en torno a los 130 litros, un 40% menos. En el regadío el esfuerzo público cambió de dirección y se dirigió a la modernización. En la última década se han invertido 2.000 millones de euros en sistemas de riego más eficientes, la mitad de ellos aportados por los regantes, y se ha logrado un ahorro de hasta un 30% en el consumo por hectárea. Ello ha hecho que, a pesar del incremento de este tipo de cultivos, la demanda total de agua siga siendo la misma que en 1992. Y que la región haya superado la sequía 2005-2008 en todos los consumos con muchos menos agobios.
Los nuevos planes hidrológicos anticipan, que, incluso con este ahorro, no hay más margen para el crecimiento del regadío. La política tradicional ha virado de rumbo: de ver el agua casi exclusivamente como fuente de riqueza, se ha pasado a valorarla como patrimonio. El objetivo, marcado por la directiva europea, es que todos los recursos estén en buen estado en 2015, y ahora eso sólo ocurre con la mitad. Las grandes obras hidráulicas no son la prioridad, hasta el punto de que la construcción de embalses ha sufrido un brusco frenazo en la última década. Hay un consenso de que apenas hay margen para construir más, especialmente en el Guadalquivir. El uso de los recursos es tal que se calcula que el hombre absorbe el 67% del agua que transcurre por el Guadalquivir. Desde el sector más ambientalista se alerta de que los caudales naturales, llamados ecológicos, son insuficientes para mantener los ecosistemas.
La historia del agua en Andalucía es la de la tensión entre las políticas conservacionistas y las de apoyo al regadío. Y ello se refleja en la actitud de la Junta de Andalucía, que ha mantenido en los últimos años un difícil juego de equilibrios. Por un lado ha seguido haciendo la vista gorda ante la expansión imparable de las hectáreas regadas. Tiene su lógica: en zonas como Jaén el regadío es vital para el desarrollo económico, muy vinculado al olivar. Se calcula que, gracias a esta modalidad agraria, se generan casi 100.000 empleos directos en Andalucía. El peso de la industria agroalimentaria asienta su base en la altísima productividad del regadío.
Pero por otro lado, la Administración autonómica, a través de la Agencia Andaluza del Agua, ha parado en seco las inversiones hidráulicas y se ha centrado en la depuración y el saneamiento. No ha construido embalses en los últimos años, algo que sí ha hecho el Estado, y tampoco ha acometido aún proyectos como el recrecimiento del embalse de La Concepción, en Málaga, para abastecer a la Costa del Sol; o las tuberías principales de embalses ya terminados como Rules (Granada) o Melonares (Sevilla).
A cambio, ha fomentado de forma insistente el buen uso del agua, con el impulso de depuradoras para el saneamiento en los municipios andaluces. Esta política ha funcionado bien para ciudades grandes y medias, pero todavía el 30% de los municipios de entre 10.000 y 15.000 habitantes carecen de depuradora, y en muchos casos no funcionan porque implica un coste de mantenimiento y los alcaldes prefieren no asumirlo para no repercutirlo en el ciudadano.
La cuestión del precio es otro motivo de tensión. El litro de agua en origen cuesta dos céntimos de euro, y es de lógica pensar que debe de subir si el objetivo es no sobreexplotar el recurso. Los municipios ya soportan costes de depuración y distribución de hasta dos euros que prefieren no trasladar al ciudadano. Los regantes pagan de media unos ocho céntimos por litro consumido. Sobre el papel, podrían abonar más, pero avisan de que, con el encarecimiento de la tarifa eléctrica y la crisis de precios de la agricultura, cualquier subida en la factura del agua pondría en riesgo al sector.
Andalucía se enfrenta ahora al reto de equilibrar la conservación y recuperación de las aguas con el mantenimiento de una agricultura competitiva vinculada al regadío. La disputa sobre la gestión del Guadalquivir, asumida por la autonomía en 2009 y devuelta dos años después al Estado, ha distraído el verdadero debate. No hubiera sido difícil encontrar un camino intermedio entre la gestión exclusiva del Estado y la de la Junta, con un organismo único de gestión integral de toda la política hidráulica andaluza, pero la razón política se impuso y se propició un traspaso de poderes que muchos consideran apresurado y desordenado.
Ocurrió en el peor momento. El de cambiar el rumbo productivista a otro más atento al medio ambiente. El de resolver las fuertes tensiones entre los diferentes intereses: dentro de los propios regantes hay disputas por el agua y un sector en auge como el de las renovables se queja de la prioridad para el regadío. Y el de gestionar un recurso que irá a menos si el cambio climático sigue avanzando. Lo verdaderamente importante no es quién, sino cómo.
Tomás Monago es redactor del Grupo Joly
Ilustración: Rosell
Las cuencas han sido muy presionadas en los últimos años por la expansión del regadío y porel fuerte desarrollo urbanístico. Andalucía ha pasado de una política de grandes obras enfocada
al impulso de la producción agraria a otra de fomento del ahorro, con inversiones muy puntuales.
SI ha habido en España alguna política que se ha mantenido inalterada en el siglo XX, fuese cual fuese el sistema político, ha sido la del agua. Una historia de combate, mediante grandes obras hidráulicas para almacenar agua, contra los periodos de sequía que impone el clima mediterráneo. También ha sido una historia de riqueza. Porque esas grandes obras han servido, además de para dar de beber al pueblo, para surtir al campo de un elemento fundamental para escapar de la miseria y producir más y mejor.
La prueba de que ha sido una política continuista es que en los últimos treinta años se han construido en Andalucía tantos embalses, cerca de cincuenta, como durante todo el franquismo. Entre 1982 y 2010 se ha multiplicado por dos la capacidad de almacenaje de las presas. Y ha sido en el periodo autonómico cuando se ha producido la verdadera reforma agraria: la de la expansión del regadío. No hubo reparto de tierras masivo tal y como se previó, pero sí un impulso con fondos públicos del regadío, actividad que produce hasta seis veces más por hectárea que el secano.
El avance ha sido tan extraordinario en estos años que hoy el 63% de la producción agraria andaluza, valorada en algo más de 10.000 millones de euros, proviene del regadío. Pero ese crecimiento se ha generado a costa de la explotación intensiva de la materia prima de la que se nutre: el agua. El regadío concentra hoy el 80% del consumo de agua en Andalucía, porcentaje que aumenta hasta el 86% en la cuenca del Guadalquivir. Su evolución, en número de hectáreas [ver tabla], ha desbordado las previsiones de todos los planes hidrológicos.
Si en los 80 fueron las políticas públicas las que tiraron del carro, en los 90 fue la iniciativa privada, al calor de las ayudas europeas y la gran rentabilidad del cultivo del olivar. 300.000 hectáreas se transformaron en regadío; el 60% de ellas a partir de la explotación de aguas subterráneas. Si por un lado zonas tradicionalmente deprimidas como Jaén despegaban desde el punto de vista económico, por otro los niveles acuíferos, especialmente los del alto Guadalquivir, sufrían un drástico descenso.
La incontrolada expansión del regadío no ha sido la única fuente de presión sobre los recursos hídricos. El desarrollo urbanístico ha invadido zonas inundables y ha impermeabilizado el suelo, impidiendo a las aguas subterráneas seguir su curso natural. Los márgenes de los ríos han sido también ocupados por explotaciones agrícolas, urbanizaciones, graveras e incluso vertederos. Esa erosión de los terrenos aledaños a los ríos, además de deteriorar el paisaje natural, ha llenado los embalses de sedimentos y ha incrementado la turbidez. En algunos casos el mal uso de fertilizantes o pesticidas ha conducido a episodios como el corte de suministro durante varios días en 2004 a 260.000 habitantes del sur de Córdoba. El vertido de Boliden en Aznalcóllar estuvo a punto de acabar con los humedales de Doñana. Las obras del AVE a su paso por el valle de Abdalajís (Málaga) destrozaron el acuífero del que se abastecía la comarca.
Son sólo ejemplos de un escaso cuidado de los recursos hídricos, al que hay que añadir un desperdicio en el uso durante años. En épocas de lluvias normales, y con una política de obras expansiva, se atendieron los consumos a demanda, sin tener en cuenta que un día llegaría la sequía. Y llegó. Entre 1992 y 1995 tres millones y medio de andaluces, la mitad de la población, sufrieron cortes en el suministro. El aldabonazo fue tremendo y se llegó al consenso de que la política de aguas ya no podía ser la misma. La Directiva de Aguas de 1990 de la Unión Europea ya avisó de que la prioridad debía ser la conservación de las cuencas, y la escasez terminó de convencer a las administraciones de que había que hacer algo.
Es cierto que se siguió haciendo la vista gorda con la expansión del regadío, sobre todo del olivar, pero los desembalses ya no fueron tan generosos y se dejaba siempre una reserva para la campaña siguiente. En los usos urbanos se mejoraron las conducciones hasta minimizar las pérdidas de agua, pero, sobre todo, la población tomó conciencia de que el agua es un recurso escaso. En Sevilla, por ejemplo, el consumo diario ha pasado de 172 litros por habitante y día en 1991 a 115 ahora, cuando las previsiones apuntaban lo contrario.
En Andalucía, está hoy en torno a los 130 litros, un 40% menos. En el regadío el esfuerzo público cambió de dirección y se dirigió a la modernización. En la última década se han invertido 2.000 millones de euros en sistemas de riego más eficientes, la mitad de ellos aportados por los regantes, y se ha logrado un ahorro de hasta un 30% en el consumo por hectárea. Ello ha hecho que, a pesar del incremento de este tipo de cultivos, la demanda total de agua siga siendo la misma que en 1992. Y que la región haya superado la sequía 2005-2008 en todos los consumos con muchos menos agobios.
Los nuevos planes hidrológicos anticipan, que, incluso con este ahorro, no hay más margen para el crecimiento del regadío. La política tradicional ha virado de rumbo: de ver el agua casi exclusivamente como fuente de riqueza, se ha pasado a valorarla como patrimonio. El objetivo, marcado por la directiva europea, es que todos los recursos estén en buen estado en 2015, y ahora eso sólo ocurre con la mitad. Las grandes obras hidráulicas no son la prioridad, hasta el punto de que la construcción de embalses ha sufrido un brusco frenazo en la última década. Hay un consenso de que apenas hay margen para construir más, especialmente en el Guadalquivir. El uso de los recursos es tal que se calcula que el hombre absorbe el 67% del agua que transcurre por el Guadalquivir. Desde el sector más ambientalista se alerta de que los caudales naturales, llamados ecológicos, son insuficientes para mantener los ecosistemas.
La historia del agua en Andalucía es la de la tensión entre las políticas conservacionistas y las de apoyo al regadío. Y ello se refleja en la actitud de la Junta de Andalucía, que ha mantenido en los últimos años un difícil juego de equilibrios. Por un lado ha seguido haciendo la vista gorda ante la expansión imparable de las hectáreas regadas. Tiene su lógica: en zonas como Jaén el regadío es vital para el desarrollo económico, muy vinculado al olivar. Se calcula que, gracias a esta modalidad agraria, se generan casi 100.000 empleos directos en Andalucía. El peso de la industria agroalimentaria asienta su base en la altísima productividad del regadío.
Pero por otro lado, la Administración autonómica, a través de la Agencia Andaluza del Agua, ha parado en seco las inversiones hidráulicas y se ha centrado en la depuración y el saneamiento. No ha construido embalses en los últimos años, algo que sí ha hecho el Estado, y tampoco ha acometido aún proyectos como el recrecimiento del embalse de La Concepción, en Málaga, para abastecer a la Costa del Sol; o las tuberías principales de embalses ya terminados como Rules (Granada) o Melonares (Sevilla).
A cambio, ha fomentado de forma insistente el buen uso del agua, con el impulso de depuradoras para el saneamiento en los municipios andaluces. Esta política ha funcionado bien para ciudades grandes y medias, pero todavía el 30% de los municipios de entre 10.000 y 15.000 habitantes carecen de depuradora, y en muchos casos no funcionan porque implica un coste de mantenimiento y los alcaldes prefieren no asumirlo para no repercutirlo en el ciudadano.
La cuestión del precio es otro motivo de tensión. El litro de agua en origen cuesta dos céntimos de euro, y es de lógica pensar que debe de subir si el objetivo es no sobreexplotar el recurso. Los municipios ya soportan costes de depuración y distribución de hasta dos euros que prefieren no trasladar al ciudadano. Los regantes pagan de media unos ocho céntimos por litro consumido. Sobre el papel, podrían abonar más, pero avisan de que, con el encarecimiento de la tarifa eléctrica y la crisis de precios de la agricultura, cualquier subida en la factura del agua pondría en riesgo al sector.
Andalucía se enfrenta ahora al reto de equilibrar la conservación y recuperación de las aguas con el mantenimiento de una agricultura competitiva vinculada al regadío. La disputa sobre la gestión del Guadalquivir, asumida por la autonomía en 2009 y devuelta dos años después al Estado, ha distraído el verdadero debate. No hubiera sido difícil encontrar un camino intermedio entre la gestión exclusiva del Estado y la de la Junta, con un organismo único de gestión integral de toda la política hidráulica andaluza, pero la razón política se impuso y se propició un traspaso de poderes que muchos consideran apresurado y desordenado.
Ocurrió en el peor momento. El de cambiar el rumbo productivista a otro más atento al medio ambiente. El de resolver las fuertes tensiones entre los diferentes intereses: dentro de los propios regantes hay disputas por el agua y un sector en auge como el de las renovables se queja de la prioridad para el regadío. Y el de gestionar un recurso que irá a menos si el cambio climático sigue avanzando. Lo verdaderamente importante no es quién, sino cómo.
Tomás Monago es redactor del Grupo Joly
Ilustración: Rosell
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