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martes, 7 de febrero de 2012

ALGUNOS PASOS DADOS POR APVI. DE MALAGA.

La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) ha recibido el rechazo de la Diputación de Málaga en la ronda de reuniones que lleva manteniendo con los municipios malagueños de más de 20.000 habitantes con el objetivo de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que, en la provincia de Málaga, afecta a unas 80.000 viviendas irregulares.

Según ha señalado la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, ha manifestado que "no puede utilizar una Administración pública para ir en contra de otra, cuando hay un decreto por medio", motivo por el que no se ha mostrado partícipe a colaborar con la asociación.

Asimismo, ha asegurado que Pendón considera que "debemos ser sancionados con dureza por lo que hemos hecho", y en este sentido, se ha preguntado si la situación de irregularidad en la que se encuentran estas viviendas es motivo suficiente para que "vayamos a la cárcel". "Para él, todos los vecinos son culpables, ya que no tiene en cuenta ningún tipo de necesidad o problema que puedan tener", ha lamentado.

Por tanto, Vázquez ha destacado "la mentalidad súper arcaica" del máximo responsable del ente supramunicipal y de la Junta, dado que "a pesar de que sabe que la LOUA no está bien, no quiere rectificar en nada". Asimismo, ha asegurado que, para la asociación, la reunión con Pendón "ha sido una decepción", ya que "esperábamos que nos escuchara" para que "contribuyera a agilizar la gestión con el resto de ayuntamientos de la provincia". RESPUESTA

Por su parte, el presidente de la Diputación ha explicado que las viviendas irregulares que se encuentran en terreno protegido "no son legalizables, aunque se modifique la LOUA", ya que su clasificación responde a una decisión del Ayuntamiento a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En este sentido, ha destacado la defensa que viene haciendo desde hace 30 años de la regularización de las viviendas irregulares, "las que son legalizables", ha precisado, indicando que se trata de "un problema muy grave que afecta a un territorio muy importante de la provincia de Málaga".

"Y por fin parece que la Junta de Andalucía, en el decreto que anuncia la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, va a establecer tres procedimientos a la hora de abordar esta situación que, según anunció el pasado 4 de marzo, afectaría a un total de 12.760 edificaciones irregulares de la comarca de la Axarquía que, de esta forma, podrán tener vías de solución", ha indicado.

En concreto, Pendón ha explicado que, "primero, se encuentran las casas irregulares que se pueden legalizar vía Plan General; segundo, a través de planes especiales de regularización, y, tercero, mediante la aplicación de la disciplina a aquellas que estén en terrenos que soporten algún tipo de protección, es decir, lo que no sea legalizable".

"Esto último no se puede solucionar modificando una ley, sino vía Plan General", ha precisado, al tiempo que ha indicado que del orden de los ayuntamientos son aquellos terrenos que tengan grado uno de protección, como son los Lugares de Interés Comunitario (LIC), que los declara la Unión Europea, y los que sean Paraje Natural.

Con este decreto, Pendón ha señalado que "se van a poder legalizar la inmensa mayoría" de las viviendas irregulares, teniendo en cuenta que la Consejería de Obras Públicas contempla la posibilidad de la regularización a través del PGOU. De esta forma, la solución pasaría por que el Consistorio descalificara estos terrenos, ha apuntado.

No obstante, el presidente de la institución provincial ha señalado que, "suponiendo que se derogue la LOUA, tiene que haber un proceso de adaptación que no puede significar carácter retroactivo", por lo que "la ley vigente tiene que seguir en vigor". Por ello, estarían "en suspensión todas esas viviendas irregulares cinco o seis años hasta que dispusiera otra vez".

La presidenta de APVI también mantuvo la pasada semana diversos encuentros con representantes de varios municipios malagueños, como el teniente de alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; y "todos apoyan la iniciativa", ha asegurado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga, a través de su concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, también se ha mostrado "de acuerdo" con la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y, según ha apuntado a Vázquez, "está buscando una solución al desmadre urbanístico que hay en los diseminados, dentro de sus posibilidades y con en la LOUA en la mano", ha indicado.

En este sentido, Díaz ha asegurado a la presidenta de APVI que "el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga está realizando los inventarios de esas viviendas irregulares", pero, a pesar de ello, Vázquez ha puntualizado que, "tal y como está la LOUA, no pueden resolver el problema".

Sin embargo, desde la asociación han asegurado que "no nos vamos a rendir", ya que "todos" los alcaldes de los municipios con los que se han reunido hasta ahora "apoyan la iniciativa". En concreto, el regidor de Mijas, Antonio Sánchez, mostró la pasada semana su apoyo a APVI en su idea de presentar un texto para la modificación de la LOUA ante el Parlamento Andaluz.

La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares también cuenta con la colaboración del delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez, y del alcalde del municipio malagueño de Coín, Gabriel Clavijo, fruto de dos reuniones que la presidenta ha calificado de "muy positivas"; así como de otros municipios malagueños con los que ha contactado telefónicamente, como es el caso de Teba,

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