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domingo, 19 de octubre de 2014

Serrano avisa de que habrá tolerancia cero con las parcelaciones irregulares







El Día de Córdoba

JUAN RUZ, CÓRDOBA | ACTUALIZADO 17.10.2014 - 07:58



"Tolerancia cero". Ese es el mensaje que ayer envió a los ayuntamientos las consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, respecto a la proliferación de parcelaciones en suelo no urbanizable, un problema al que su departamento trata de poner coto y que reconoció que tiene su propia particularidad en cada territorio. Ese aviso a los alcaldes y alcaldesas lo justificó la consejera en el hecho de que son los municipios los que tienen las competencias en esta materia y, por tanto, los responsables de paralizar cualquier intento de urbanización ilegal, si bien es la Administración autonómica la que tiene la última palabra. 

Serrano intervino ayer en el desayuno informativo organizado por el Grupo Joly y el Banco Santander en Córdoba, donde hizo un repaso a lo que ha sido su gestión al frente de la Consejería en el último año y avanzó algunas de las iniciativas de futuro. El acto tuvo lugar en el Círculo de la Amistad y fue el rector de la Universidad Internacional de Andalucía -Eugenio Domínguez- el encargado de presentar a la ponente. Más de 300 personas llenaron el Salón Liceo del Círculo de la Amistad. La titular de Ordenación del Territorio recordó que "aunque la crisis inmobiliaria ha reducido las tensiones y las presiones en este campo, es evidente que el sector de la construcción es difícil de gestionar y canalizar adecuadamente en la actualidad", si bien apuntó que el Gobierno andaluz va a resolver las situaciones de muchas viviendas construidas sobre pequeñas parcelaciones y suelos no protegidos, a las que no es posible sancionar por tener una antigüedad de más de seis años. 

Así, dijo que el proyecto de Ley de Modificación de la LOUA remitido al Parlamento pretende seguir avanzando en la línea iniciada con el decreto 2/2012, de manera que "con la modificación que estamos tramitando, estas viviendas en su mayoría de primera residencia, podrán acceder a los servicios de agua y luz, y al registro de la propiedad y tendrán que tratar de manera sostenible sus aguas residuales". Sin embargo, la consejera matizó que "no se trata de una legalización, ya que nunca tendrán licencia de primera ocupación, ni podrán llevar a cabo futuras ampliaciones". Sentenció además que esta batería de medidas "no es una amnistía generalizada" y que serán los propios afectados los que tendrán que asumir los gastos de ese proceso de regularización. 

En este punto, María Jesús Serrano se refirió a las parcelaciones irregulares del entorno de Medina Azahara y el Aeropuerto de Córdoba, de las que dijo que son dos casos que tienen su singularidad respecto al resto de Andalucía, ya que se encuentran en una zona de especial protección, dando entender así que no podrán entrar en este programa de regularización. En el caso del aeródromo cordobés, se da la circunstancia de que son además terrenos inundables, por lo que habrá que esperar además al informe que en este sentido realice la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 

No obstante, responsabilizó al alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, y al Ayuntamiento de Córdoba de la demora en la regularización de estas viviendas, puesto que "podía haber iniciado el procedimiento para ello desde la entrada en vigor del decreto 2/2012", en el que la Junta pedía un inventario de asentamientos, que no ha sido entregado por parte del Consistorio cordobés hasta "hace poco". 

La depuración de las aguas residuales en los municipios fue otro de los asuntos que abordó la titular de Medio Ambiente durante su intervención, principalmente en los municipios con menor número de habitantes que todavía no cuentan con sistemas de depuración, puesto que "es el tema que más nos ocupa y nos preocupa ante los plazos fijados por la UE y por que son momentos económicos difíciles". 

No obstante, recordó que se trata de una competencia municipal, pero que es la Administración autonómica la que está auxiliando a los ayuntamientos en la dotación de las infraestructuras necesarias, "utilizando un instrumento de solidaridad como el canon autonómico de mejora recogido en la Ley de Aguas, como obligaba la directiva europea marco de agua". Añadió que ese canon es el que garantiza que todos los municipios puedan depurar sus aguas residuales en igualdad de condiciones. 

Sobre este asunto, la consejera afirmó que "rechazo, una vez más, por injusta e insolidaria, la posición de responsables políticos que piden para sus ciudades lo que allí se recauda con el canon, negando una solidaridad que en su día les permitió hacer las depuradoras de sus municipios". 

Uno de los anuncios importantes que realizó ayer María Jesús Serrano en Córdoba fue el del mantenimiento del actual sistema de contadores de agua en las comunidades de vecinos. Así, dijo que en el actual contexto económico "no nos parecía adecuado sobrecargar a los usuarios con el alto coste que supone la transformación de los contadores colectivos de agua a individuales, tal y como se recoge actualmente en la ley de aguas, penalizando además aquellos casos que no acometieran esa transformación antes de diciembre de 2014". 

Serrano avanzó que se estima que es necesario un gasto de más de 700 millones de euros en toda Andalucía para acometer esta transformación, gasto que debía ser soportado por las comunidades vecinales. Por ello, enunció que en el anteproyecto de ley de los presupuestos 2015 "hemos propuesto una modificación de la ley de aguas, que permite la aplicación permanente en el tiempo del método actual para el cálculo de la cuota variable del canon de mejora autonómico, aplicando la cuota correspondiente tras dividir, el consumo total de las comunidades que cuentan con contadores colectivos por el número de viviendas, evitando así las penalizaciones en la factura del agua, por la imposibilidad actual de haber acometido dichas inversiones". 

Sin embargo, matizó que todo ello no impide que el fin de esta medida -que era concienciar y promover el ahorro de un recurso escaso como es el agua-, "nos lleve a buscar soluciones tecnológicas en el futuro, mucho más económicas y mediante las cuales logremos el mismo fin", precisó la consejera baenense.
La consejera asegura que la modificación de la LOUA no supone una legalización y defiende el canon del agua para avanzar en la mejora de la depuración.





Las imágenes del desayuno informativo con María Jesús Serrano


Estas reflexiones vienen a tenor de las últimas manifestaciones de la Consejera de la cosa,  Sra. Serrano, 
Desmenucemos algunas de sus frases, contenidas en el mismo, por lo que es imprescindible leerlo primero:
1º) “son los municipios los que tienen las competencias en esta materia y, por tanto, los responsables de paralizar cualquier intento de urbanización ilegal”. Recordar a la Consejera que en una gran parte de las ocasiones, estas irregularidades se han venido cometiendo en municipios  regidos por personajes“de su mismo color político de  toda la vida” y que, sin embargo, la administración autonómica, también “de su mismo color político de toda la vida”, ha mirado hacia otro lado. De manera que, unos y otros, debieran compartir responsabilidades, junto con el propietario de la finca en situación de irregularidad, desde nuestro punto de vista, estafado muchas veces y, por tanto, comprador de buena fe. Todo esto, sin entrar en detalle de quienes, redactaron escrituras, las registraron, cobraron impuestos, intermediarios y otros.
2º) "con la modificación que estamos tramitando, estas viviendas en su mayoría de primera residencia, podrán acceder a los servicios de agua y luz, y al registro de la propiedad y tendrán que tratar de manera sostenible sus aguas residuales"
Puede que sí, que accedan al registro de la propiedad, pero ese “podrán” en lo que respecta al registro de la propiedad, tiene sus más y sus menos. Me arriesgo a anticiparme a los acontecimientos en lo que sigue: dado que cualquier edificación en situación de proindiviso, donde todos los propietarios del mismo asumen la responsabilidad de todo lo relativo a la finca en cuestión, lo lógico es que cada una de estas propiedades  se pueda ir registrando cuando todos y cada uno de los propietarios dé su conformidad. La situación puede llegar a complicarse en algunas situaciones y la casuística se puede extender a innumerables ejemplos. Veamos algunos:
-       Un fallecimiento, situación que  se puede complicar si alguno de ellos no quiere cargar “con el muerto” de la parcela en cuestión.
-       Tensiones entre vecinos, fruto de la convivencia.
-        Situaciones de embargo de bienes en alguno de los copropietarios.
-       Imaginemos una finca “dividida” en X unidades en proindiviso y en las que alguna de ellas esté sin edificar ¿Qué interés van a tener el o los propietarios de estas parcelas, sin edificar, en prestar su firma para que otro de los copropietarios registre su vivienda, máxime que lo que van a hacer es fiscalizar su parcela y, sin derecho a nada, pues nunca va a poder edificar?
-       Así, podríamos seguir añadiendo ejemplos.
En tanto no se puedan segregar las parcelas, todos estos” fuegos de feria” no resuelven, de verdad, el problema.
3º) “no se trata de una legalización, ya que nunca tendrán licencia de primera ocupación, ni podrán llevar a cabo futuras ampliaciones”
Pues si no tendrán nunca licencia de primera ocupación estas viviendas, serán viviendas de tercerilla. Tampoco aclara si se van a poder llevar a cabo obras de consolidación que es “la almendra” de la situación de AFO. Esto que decimos, lo pueden confirmar los afectados por el incendio de Mijas, a los cuales no se les permite reparar sus viviendas afectadas por el fuego.
4º) en lo referente a los casos que cita la Consejera de Medina Azahara y el Aeropuerto de Córdoba, en el primero, ni se para y en lo que respecta al segundo, le coloca la etiqueta de “terrenos inundables” y preguntamos ¿todos? ¿algunos inundables o inundados?
Sería interesante, recabar la opinión de los afectados de los dos ámbitos citados y ya que se citan por la Consejera, qué menos que invitarlos a la charlita, circunstancia que no sabemos si se habrá dado.
Para rizar el rizo, afirma que son inundables los citados terrenos, para acto seguido decir que “habrá que esperar además al informe que en este sentido realice la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)”. O sea que sin recibir el informe asegura su situación de inundables.
5º) La depuración de las aguas residuales en los municipios fue otro de los asuntos que abordó la titular de Medio Ambiente durante su intervención
“rechazo, una vez más, por injusta e insolidaria, la posición de responsables políticos que piden para sus ciudades lo que allí se recauda con el canon, negando una solidaridad que en su día les permitió hacer las depuradoras de sus municipios".  Le sugerimos a la Consejera, bien que tome rabillos de pasa para la memoria,  bien que se informe. Hay en Andalucía casos en que, habiendose recibido de la C.E. fondos FEDER, con destino a municipios y para estos menesteres, no sabemos donde han ido a parar. Estos fondos referidos se recibieron para dotar,  a determinados ámbitos de dichos municipios de las infraestructuras de agua, alcantarillado y depuración y donde las edificaciones  que existen son de construcción irregular. Se invirtió una pequeña cantidad de dichos fondos, en algunos casos. Del resto, la mayor parte, ni se sabe, algo a lo que estamos acostumbrados en nuestra tierra.
Pongamos un ejemplo  de incumplimiento por parte de las administraciones:


6º) Por último y, como apunte curioso, se puede observar, a tenor de la foto, el ambiente de felicidad que preside la reunión, ajeno totalmente a la tragedia que sufren las personas afectadas por todo este cúmulo de situaciones, en bastantes ocasiones, personas estafadas por especuladores que, muchos de los cuales, se han ido de rositas, con la venia de todos.
Ignoro si al acto fueron invitadas personas afectadas de los casos citados de Medina Azahara, Aeropuerto o algún representante de las parcelaciones en suelo no urbanizable. De no ser así, estaríamos ante un discursito más. Se seguirían escuchando a ellos mismos y manteniéndose alejados de la realidad, atrincherados en el status quo correspondiente a la casta que nos está destrozando moral,  económica y socialmente. Discursos vacíos en los que “ellos” se ríen sus gracias mutuamente, pasando el rato frívolamente y sin abordar la situación.
Resumiendo:
a)    Una maniobra más, desde nuestro punto de vista, para rascar los exhaustos  bolsillos del ciudadano, sin nada a cambio. Bueno, sí, a cambio de empeorar, más si cabe, la situación de estas edificaciones y parcelas, vacías muchas de ellas, pero que, al estar en régimen de proindiviso, no van a tener utilidad nunca, pero que pasarán a estar más fiscalizadas.
b)    Si se nos toma por ignorantes, recordar a la Sra. Consejera que es imposible modificar la legislación autonómica sin tener en cuenta la estatal. De manera que si olvida la vituperada, por algunos,  Constitución Española, en el Art. 149.1.8, se deja bien claro que es el estado quien mantiene las competencias en lo referente a los registros.
Los Registradores ejercen sus funciones profesionales bajo su responsabilidad, y dependen del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Los Notarios, en su organización jerárquica, dependen de los siguientes órganos:
-  Del Ministro de Justicia (órgano de la Administración del Estado encargado de la acción del Gobierno en cuanto afecte a la fe pública notarial y su titular tiene la condición de Notario Mayor del Reino).
         -   De la Dirección General de los Registros y del Notariado
 -  De las Juntas Directivas de los Colegios Notariales.

Según lo dicho, el asunto del Registro de las viviendas hay que tocarlo con mucha prudencia y realismo, pero siempre contando con la administración estatal. Lo demás, puede convertirse en una frustración

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