Urbanismo aprobará el censo de casas ilegales que permite pedir servicios
Hay 4.334 edificaciones, de las que un 66% están en zonas de riesgo. Es el paso definitivo para solicitar acogerse a la figura del AFO
El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar el miércoles de forma definitiva el avance de planeamiento elaborado para identificar los asentamientos existentes en suelo no urbanizable, una exigencia recogida en el decreto de la Junta del 2012, que en teoría iba a permitir regularizar un 10% de las casas ilegales, dejar a merced del derribo a otro tanto, y reconocer al 80% restante mediante la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO). Para ello, el decreto exigía un inventario, que en Córdoba pasó su primer trámite en marzo del 2013 y que a partir del miércoles quedará totalmente cerrado tras la resolución de las alegaciones presentadas, lo que permitirá a los propietarios de viviendas incluidas en ese censo, en las que haya prescrito el delito urbanístico o no estén en suelos protegidos o de riesgo, solicitar acogerse a la figura del AFO, que les va a posibilitar la inscripción en el Registro de la Propiedad, el acceso a servicios básicos, y obras de conservación. Será a partir de ahora cuando Urbanismo pueda conceder el AFO si cumplen con los requisitos para ello, ya que cuenta con todas las herramientas. Urbanismo ya llevó a cabo la innovación del PGOU para incluir el AFO y ha aprobado las normas de habitabilidad que deben tener las casas para acogerse a esa figura, que incluso van más allá de lo pedido por la Junta --que aún debe inscribir las normas en el Registro de Instrumentos de Planeamiento--, ya que valen también para el suelo urbanizable. Este inventario servirá también como orientación para redactar una revisión del PGOU para integrar asentamientos y hábitat rurales.
El inventario contabiliza 4.334 construcciones en suelo no urbanizable, de las que 4.170 son viviendas. Importante es saber que un 66% de las mismas están construidas en terrenos con riesgo de inundación o incendio, que quedan a merced de planes de autoprotección o de lo que diga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En concreto, de ese 66%, un 31% --1.318-- se encuentran en zona inundable. Además, también es significativo cómo un 7% --296 casas-- se ubican en suelo de especial protección por legislación sectorial, grupo en el que entran las del ámbito protegido de Medina Azahara. A estas se suman un 57% --2.381-- de terrenos protegidos por planificación territorial o urbanística. Hay también un 16% --672-- en núcleos donde no ha prescrito la infracción.
El inventario recibió alegaciones, sobre todo de casas aisladas de la Sierra que pedían estar integradas en asentamientos.
El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar el miércoles de forma definitiva el avance de planeamiento elaborado para identificar los asentamientos existentes en suelo no urbanizable, una exigencia recogida en el decreto de la Junta del 2012, que en teoría iba a permitir regularizar un 10% de las casas ilegales, dejar a merced del derribo a otro tanto, y reconocer al 80% restante mediante la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO). Para ello, el decreto exigía un inventario, que en Córdoba pasó su primer trámite en marzo del 2013 y que a partir del miércoles quedará totalmente cerrado tras la resolución de las alegaciones presentadas, lo que permitirá a los propietarios de viviendas incluidas en ese censo, en las que haya prescrito el delito urbanístico o no estén en suelos protegidos o de riesgo, solicitar acogerse a la figura del AFO, que les va a posibilitar la inscripción en el Registro de la Propiedad, el acceso a servicios básicos, y obras de conservación. Será a partir de ahora cuando Urbanismo pueda conceder el AFO si cumplen con los requisitos para ello, ya que cuenta con todas las herramientas. Urbanismo ya llevó a cabo la innovación del PGOU para incluir el AFO y ha aprobado las normas de habitabilidad que deben tener las casas para acogerse a esa figura, que incluso van más allá de lo pedido por la Junta --que aún debe inscribir las normas en el Registro de Instrumentos de Planeamiento--, ya que valen también para el suelo urbanizable. Este inventario servirá también como orientación para redactar una revisión del PGOU para integrar asentamientos y hábitat rurales.
El inventario contabiliza 4.334 construcciones en suelo no urbanizable, de las que 4.170 son viviendas. Importante es saber que un 66% de las mismas están construidas en terrenos con riesgo de inundación o incendio, que quedan a merced de planes de autoprotección o de lo que diga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En concreto, de ese 66%, un 31% --1.318-- se encuentran en zona inundable. Además, también es significativo cómo un 7% --296 casas-- se ubican en suelo de especial protección por legislación sectorial, grupo en el que entran las del ámbito protegido de Medina Azahara. A estas se suman un 57% --2.381-- de terrenos protegidos por planificación territorial o urbanística. Hay también un 16% --672-- en núcleos donde no ha prescrito la infracción.
El inventario recibió alegaciones, sobre todo de casas aisladas de la Sierra que pedían estar integradas en asentamientos.
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