OBEJO / EL JUICIO SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO LUNES EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Acusado de estafa por vender
la primera parcelación demolida
El fiscal solicita una pena de 4 años de prisión
RAFAEL DE LA HABA 27/11/2012
El ministerio fiscal ha solicitado una pena de cuatro años de prisión y multa de 3.600 euros para un hombre acusado de un delito de estafa continuado por vender una parcelación ilegal que, a la postre, se convirtió en la primera de la provincia cuyas casas fueron demolidas por una sentencia judicial. El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Provincial.
Según el escrito del fiscal, el acusado vendió entre el 2004 y el 2005 cuatro parcelas segregadas de una finca de su propiedad en Obejo por un precio, respectivamente, de 72.121, 33.055, 21.000 y 18.030 euros. Las mismas, según señala el ministerio público que se desprende de los planos que fueron incorporados a los contratos, constaban de una edificación y piscina, unas obras que fueron hechas "sin petición de licencia municipal alguna y que, al ser promovidas sobre suelo rústico no urbanizable, fueron objeto de expediente sancionador". En virtud de este, se dictó un decreto con fecha 22 de junio del 2004 por el que se ordenaba la inmediata suspensión de las obras y en el que constaba la advertencia de demolición, resolución que fue notificada al acusado y de la que hizo "caso omiso".
Siempre según el fiscal, esta circunstancia "fue ocultada deliberadamente" a los compradores de las parcelas "para evitar que los mismos dejaran por este motivo de adquirir las mismas en la confianza de que no iba a plantearse en el futuro ningún problema con la viabilidad de las edificaciones existentes".
Pero ni mucho menos fue así. El juzgado de lo Penal 1 de Córdoba, con fecha 7 de noviembre del 2007, condenó al acusado por un delito contra la ordenación del territorio y dispuso la demolición de las obras para el 19 de diciembre del 2007, la cual se llevó a cabo. Los compradores reclaman la devolución íntegra del dinero abonado.
La demolición, la primera que se ejecutó en la provincia por orden judicial, despertó en su día la atención de numerosos medios informativos, incluso de fuera de Córdoba. Dos excavadoras, en medio de una nutrida presencia policial, echaron abajo las casas. Algunos propietarios tuvieron que ser atendidos por ataques de ansiedad.
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