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lunes, 25 de junio de 2012

El Ayuntamiento hará público en un mes el nuevo mapa de parcelaciones


Actualiza las edificaciones en suelo no urbanizable según el último decreto de la Junta, que abre la puerta a dar servicios en puntos de la Vega y Sierra

Día 25/06/2012 - 09.50h
El Ayuntamiento hará público en un mes el nuevo mapa de parcelaciones
R. SERRANO
Viviendas en la falda de la Sierra de la parcelación Casilla del Aire
El Ayuntamiento de Córdoba ultima la nueva hoja de ruta de las parcelaciones en Córdoba. Un mapa acompañado de una memoria técnica que establece una actualización a modo de inventario de las edificaciones en suelo no urbanizable de la ciudad. A buen seguro, el nuevo cuadro de cabecera de muchos despachos relacionados al terreno urbanístico. Es una de las exigencias del decreto que la Junta habilitó a primeros de año para dar una salida a innumerables construcciones al margen de la legalidad urbanística -se habló entonces de 200.000 en toda Andalucía-, bien a modo individual, bien como asentamiento.
Este mapa estará listo en un mes y será la foto fija más actual sobre un fenómeno muy arraigado y polémico en Córdoba. Será el contrapunto al inventario realizado para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2001 donde fueron detectadas hasta 72 parcelaciones con más de 12.000 viviendas. Un Plan General que amnistió entonces con el acuerdo de IU, PSOE y PP a ocho parcelaciones, reclasificando como urbanizables diez millones de metros cuadrados a los que añadió ampliaciones de suelo vinculado a las mismas parcelaciones por una extensión de otro millón de metros.
En estos últimos meses, la Gerencia de Urbanismo ha estado trabajando en la traducción de un farragoso decreto y la modificación puntual de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que, en teoría, pretenden dar una herramienta a los ayuntamientos para hacer un reconocimiento exacto de su territorio y reorganizar aquellas edificaciones que en suelo no urbanizable podrían reconducirse o no, siempre a costa de la cartera de los propietarios. De partida se ha aprobado una innovación del PGOU para encajar las nuevas reglas. Aparece la figura de «asimilado a fuera de ordenación», una especie de limbo jurídico donde una casa ilegal podría obtener servicios con limitaciones pero no cruzar el umbral de la legalidad, por ejemplo. No cabe duda de que la malla normativa ha suscitado mucha expectativa en Córdoba, donde sigue habiendo zonas calientes sin resolver: la Sierra, algunas áreas de la Vega o el entorno del yacimiento arqueológico de Medina Azahara.
El decreto de la Junta obliga a realizar un mapa que identifique todas las edificaciones en suelo no urbanizable y las clasifique en base a unos criterios que la normativa andaluza aporta y que varias ordenanzas que también está desarrollando el Ayuntamiento tamizarán para ver cuáles pueden regresar a la tutela urbanística legal, cuáles seguirán al margen de la ley y cuáles encontrarán una salida a un problema crónico como el de los servicios básicos (luz, agua y alcantarillado fundamentalmente). Este mapa, que se conocerá en julio, se ha elaborado en base a vuelos topográficos y geográficos con información del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. A partir de ahí comenzará un arduo trabajo en el que los afectados, los parcelistas, deberán conducirse por las nuevas ordenanzas que desarrollarán esa normativa andaluza en base a la nueva foto fija para lograr que su asentamiento pudiera ser regularizado como suelo urbano no consolidado, o al menos pasar a la figura de «asimilado fuera de ordenación» que le puede proporcionar algunos servicios con condiciones (permisos de empresas suministradoras, no tener infracciones, no estar en suelo protegido, densidad de vivienda por hectárea...).
Según las fuentes del gobierno municipal consultadas, Córdoba tiene mucho trabajo ya resuelto en este campo con el Plan General, que apenas dejó una serie de asentamientos sin regularizar amén de los incipientes que desde 2001, pese a las negativas de los responsables municipales, han seguido proliferando en zonas de Levante, Vega o Sierra. ¿Cuáles son los flecos, entonces, que podría resolver esta reordenación parcelística?
La Sierra es una de las zonas más complicadas. Los suelos protegidos se tornan una barrera infranqueable con esta nueva normativa, y muchas de las parcelaciones (hasta 24 con más de 1.600 viviendas) identificadas en el Plan Especial de Protección de la Sierra están en territorio preservado por su alto valor ecológico. Otras no, y son precisamente éstas las que sí podrían tener una salida para hallar el ansiado paquete de servicios básicos que mejoren sus condiciones de habitabilidad. En esta tesitura se ha reiterado desde el minuto uno el gobierno municipal del PP, incluso en la campaña electoral y posteriormente con las riendas de la Gerencia de Urbanismo.
El trabajo de la Universidad de Córdoba sobre la amplia faz de la Sierra fijó unas seis mil hectáreas de terreno de alto valor ecológico y paisajístico -junto al Parque Natural de Hornachuelos y los arroyos Molino y Bejarano- con siete parcelaciones y unas 300 viviendas que están condenadas a seguir en la más absoluta ilegalidad. Pero hay otras que, bien porque su infracción urbanística haya prescrito, bien porque su construcción se hiciera sin que pesara sobre su suelo protección alguna, sí podrían encontrar una salida acogiéndose a la figura de «fuera de ordenación». Aunque es pronto para aventurarse, estarían muy en consonancia con aquellas paras las que el actual PGOU establece un plan de mejora del medio rural y físico: una decena con un millar de viviendas. Lo cierto es que sobre esta zona queda trabajo por hacer.
La otra área susceptible de verse afectada es la Vega. Aunque se parte de que un gran número de hectáreas están bajo el epígrafe de especial protección por suelo de vega, existen «huecos», según la terminología empleada por la Gerencia de Urbanismo, entre asentamientos ya regularizables que podrían acogerse también a esta figura o incluso a su reclasificación como suelo urbano no consolidado.
Los mensajes del PP hasta ahora han sido claros: están por que se puedan resolver muchos casos de ostracismo en cuanto a los servicios que se puedan prestar. El encaje legal con el nuevo tablero de juego será la incógnita a resolver desde el momento en que ese mapa se convierta en la hoja de ruta.

Difícil encaje para Medina Azahara

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