En los próximos días se va a materializar un nuevo disparate del gobierno de la nación, que en su irresponsable concepción de la integridad de competencias del Estado y despreocupado ante la rapiña e insaciable avidez competencial de los gobiernos autonómicos, se desprenderá de una competencia constitucional exclusiva del Estado, en este caso en el marco de la política del agua, con el troceamiento y trasferencia de parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía gobernada desde siempre por el PSOE, con la complicidad en este caso del PP y de IU, aprobaron el nuevo Estatuto de Andalucía ante la indiferencia de la población de Andalucía y el nuevo Estatuto, a la espera de su consagración o rectificación por el oportunista Tribunal Constitucional, estableció en contra claramente de la Constitución Española de 1978, la transferencia de las competencias hidrológicas del Estado en la Cuenca del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, en lo que abarcara el territorio de Andalucía, ignorando y despreciando que la Cuenca del Guadalquivir discurre por varias Comunidades Autónomas y que por tanto corresponde al Gobierno de España el ejercicio exclusivo de las competencias hidrológicas ligadas a su cuenca vertiente.
Las Confederaciones Hidrográficas fue un admirable invento de España que las concibió y creo allá por el año 1926, como instrumento de gestión de la política del agua por cuencas hidrográficas naturales, con el objetivo de salvaguardar la gestión integral de la unidad de cuenca, como principio básico del ejercicio de la política del agua.
Este modelo de gestión ha sido reconocido como idóneo por el resto de Europa de tal modo que la Unión Europea aprobó la Directiva Europea 2000/60/CE definitoria del nuevo marco de la política común del agua en la que establece que, son las cuencas hidrográficas el ámbito de gestión de la política del agua, incorporando al mismo las aguas costeras y de transición en sus límites comprendidas y las aguas subterráneas.
Paradojas de la historia que ahora que Europa reconoce y copia el modelo español, es cuando el Gobierno de España se empeña en desmontarlo. Porque el traspaso parcial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir representa dinamitar el principio de gestión por unidad de cuenca, toda vez que trocea territorialmente la cuenca del Guadalquivir para separar el territorio administrativo de Andalucía y además trocea las competencias o funciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al dividir y separar servicios según vayan a ejercer sus funciones en el territorio de Andalucía o fuera del mismo.
Para llevar a cabo este despropósito, la Junta de Andalucía lleva años sembrando y abonando la falacia de que toda competencia que se ejerza en Andalucía por administración distinta de la Junta de Andalucía es por definición ilegítima y básicamente incompetente e ineficaz. Valiente patraña incrustada en el subconsciente de la población que no resiste el menor análisis al comprobar el errático e incompetente ejercicio de las competencias en materia de aguas transferidas ya en el año 2005 de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur y en el año 2006 con las cuencas del Guadalete y Barbate de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pero si ya es por sí inconstitucional y disparatado lo que se intenta hacer con el desmantelamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo es mas por lo que supone de precedente para el resto del territorio nacional, y así otras Comunidades Autónomas están esperando que se materialice este despropósito para reproducirlo en otras Confederaciones Hidrográficas. Así el gobierno nacionalista de Cataluña espera repartirse la Confederación Hidrográfica del Ebro en la parte de su territorio y los gobiernos de Galicia y el País Vasco también esperan repartirse la Confederación Hidrográfica del Norte (ya dividida entre Demarcación del Cantábrico y la Demarcación del Miño-Sil) igualmente en el ámbito de sus territorios, y de igual manera sucederá con la Confederación Hidrográfica del Duero y la del Tajo y la del Guadiana, etc..
De esta manera el mapa hidrográfico nacional, vertebrado hasta ahora por cuencas vertientes de los principales ríos del país, o sea por ámbitos hidrográficos naturales, va a ser transformado en un mapa de división administrativa de las cuencas, desatando entre otros problemas de gestión y de eficacia, el problema de enfrentamiento entre Comunidades Autónomas que impondrán sus fronteras, vetos y chantajes hidrológicos a las Comunidades vecinas, despreciando el principio de integración territorial nacional y de gestión eficaz y solidaria de los recursos hídricos de nuestro país. Ante esta situación de irresponsabilidad por el partido que gobierna España, el PSOE y la complicidad del resto de partidos nacionales y nacionalistas, PP, IU, Catalanes, Vascos y Gallegos, etc., solo UPyD mantiene una doctrina claramente nacional en la política del agua y así en su programa electoral hace una defensa de gestión del agua mediante la estructura de las Confederaciones Hidrográficas, todo ello en el marco de la Directiva Europea 2000/60/CE.
Pero además ha ocurrido un hecho singular que pone en evidencia la situación que hemos comentado, provocando un sobresalto inesperado en el uniforme rodillo político de este tema. El pasado día 7 de Agosto y en el marco de la Tribuna del Agua de la Expo de Zaragoza, un antiguo alto cargo del PSOE y que desempeñó diversas responsabilidades en la política del agua, desenvainó una acertada crítica sobre la política hidráulica del PSOE. Se trata del expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Juan José López Martos, que también fue en su día Consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y después Director General del Agua con la Ministra Cristina Narbona. En su papel de asesor científico de la Tribuna del Agua de la Expo de Zaragoza, cree que la transferencia del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, la primera de este tipo en España, es “un paso muy arriesgado”, que esta transferencia acarreará “tensiones”, que es “una paradoja que España desmantele la administración hidrográfica basada en cuencas, que creó en 1926, precisamente ahora que la aplica la Unión Europea”, y defiende que la gestión hidrográfica se base en el principio de unidad de cuenca y no en demarcaciones políticas “porque el límite de un río es físico y geográfico y el de una comunidad autónoma o un municipio es una raya en un mapa”.
Este veterano experto en gestión del agua, sembró toda su conferencia de alarma sobre las terribles consecuencias que esta dislocada política de transferencia de competencias exclusivas del Estado va a provocar, y de grandes ideas y principios que por ya sabidos no deja de ser importante recordarlos ante la amnesia del gobierno, como que “El agua hay que utilizarla donde más rinda, aunque luego hay que ser solidarios y repartir las rentas que produzca”.
Todas estas manifestaciones van directamente en la línea del sentido común y de la responsabilidad política, pero además coinciden con la posición de UPyD expresada en su programa electoral de las últimas elecciones generales. Además estas manifestaciones suponen una cuña en la monolítica posición del gobierno y de todos los partidos nacionales y nacionalistas, salvo claro está nuestro UPyD.
Alguien del propio PSOE, ahora ya sin responsabilidades directas de gobierno, se atreve a llamar al “pan, pan y al vino, vino”. Alguien que defiende los intereses generales de España, tal y como defiende UPyD, en algo tan sensible y estratégico, tan integrador, vertebrador y solidario como puede ser la política del agua. Políticas Sectoriales de la CT de Andalucía Área de Medio Ambiente
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