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miércoles, 4 de diciembre de 2013

UN PARTIDO DE VECINOS

Ver PVRE1.bmp en presentación


El Partido Vecinal Regionalista hace realidad sus promesas electorales

Desde el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) nos congratulamos por los logros conseguidos en relación a la revisión del IBI, aunque no nos damos por satisfechos, ya que aún queda mucho trabajo por hacer.

Desde el PVRE se informa que desde la creación de esta organización política, uno de sus objetivos fue la consecución de eliminar las discrepancias existentes entre el Catastro y la realidad chiclanera. No fue hasta Mayo de 2012 con el acuerdo por la gobernabilidad de Chiclana, cuando se intensificó nuestro trabajo en pro de conseguir dicho objetivo y se pudieron adoptar medidas contundentes. Por ello, a partir de ese momento, han sido muchas e intensas las gestiones realizadas ante la Oficina Territorial del Catastro de Cádiz, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Cabe recordar que en al año 2012 nos encontrábamos con una caótica situación urbanística con unas Normas Subsidiarias del año 1987, fruto de la mala gestión o falta de ímpetu de otros gobiernos municipales y que impedían realizar cualquier tipo de revisión. En este sentido, en lo único que podíamos actuar, dependiente de la administración local, era en la bajada del tipo impositivo, operación que se realizó con una bajada del 9 por ciento. Esto ha permitido que en actual año en curso, la mayoría de la ciudadanía, no se haya visto perjudicada por el impositivo anterior, paliando así la subida generalizada que tenemos en la ciudad hasta el 2016.

Asimismo, en estas reuniones solicitamos acogernos formalmente a la medida planteada por el Ministerio de Hacienda, sobre la revisión de los valores de mercado para todas aquellas poblaciones que cumplieran con unos requisitos específicos y que ha supuesto que se puedan reducir, en un 27 por ciento, los valores catastrales para el próximo año tras el estudio de mercado realizado por dicho organismo. La confirmación de la aplicación de esta medida fue comunicada por el gerente de la Oficina Territorial del Catastro, Miguel González durante el transcurso de una de las reuniones mantenidas con él, para tal efecto.

Desde el PVRE queremos informar que, esta medida repercutirá de manera significativa en los impuestos tales como, el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), del impuesto de sucesiones y donaciones; el de patrimonio, el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), así como a cuestiones como becas y ayudas sociales o de carácter familiar; y al número de familias numerosas que podrán acogerse a la bonificación del 50 por ciento del IBI.

No obstante, no conforme con estas actuaciones, hemos podido decidir volver a bajar el tipo impositivo municipal en un 5 por ciento, pasando su coeficiente del 0,453 al 0,429, es decir, rozando el mínimo legal del 0,4. Esta decisión se ha podido afrontar gracias a la gestión económica realizada, a pesar de, la deuda heredada y de una dimensión colosal, y que hay que pagar para poder seguir adelante.

Con la entrada en vigor este año de las Normas Sustantivas, podemos cumplir con el requisito de tener una herramienta de planeamiento en vigor, ya que como todos sabemos estábamos en una situación caótica tras la anulación del PGOU. Con dicho documento, hemos decidido conjuntamente con la Oficina Territorial del Catastro proceder a una revisión parcial, ya que si no existe un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado, no se puede legalmente realizar una revisión total. Con esta revisión lo que se va a proceder es a reconocer la variación urbanística.

Con todo ello no podemos sino alegrarnos ya que en apenas un año y medio de tomas de decisiones en el Ayuntamiento, hemos conseguido la mayor bajada del tipo impositivo del IBI, aplicada en nuestra ciudad y que se traduce en un 14 por ciento, aparte de la bajada de los valores catastrales en un 27 por ciento y la futura revisión parcial con entrada en vigor en 2015. Esto supondrá una media del 6 por ciento de bajada en los recibos del IBI el próximo año, habiendo casos en los que dicha bajada roce el 30 por ciento.

Desde este partido, debemos decirle a la ciudadanía que seguiremos trabajando duro día a día para la consecución de un Plan General real que sea una herramienta jurídica y eficaz para Chiclana y sus gentes.

Queremos poner en valor el gran esfuerzo y tesón llevado a cabo por las concejalas, Marisol Ayala y Susana Moreno, que se están enfrentando a grandes dificultades día a día, además de continuas ofensas y ataques en las ruedas de prensa, por el simple hecho de que sean ellas, la representación del pueblo, las que consigan sacar adelante un planeamiento.


Somos los mismos vecinos y vecinas, pero con mas información y más ganas de luchar por Chiclana. ¡Es posible!



lunes, 2 de diciembre de 2013

Urbanismo fija lo que pagarán los parcelistas por regularizarse

NUEVO PASO EN EL PROCESO DE LEGALIZACION AL CONCRETARSE LA CANTIDAD QUE SE ABONA POR EL 10% DEL SUELO


Barquera Norte es la primera en tener establecida la cuantía, que es inferior al valor de una VPO. Cada parcelación tendrá su propia valoración en función de las características que posea



ISABEL LEÑA 02/12/2013

El proceso de legalización de parcelaciones sigue dando pasos, aunque lentos. Urbanismo ha fijado ya las cantidades que tendrán que pagarle los parcelistas en sustitución del 10% del suelo que aporta cualquier promotor. De esta forma, las parcelaciones que tengan establecida esa cuantía tendrán el camino despejado para continuar con el proceso de regularización y adentrarse en la reparcelación, que permite la inscripción de las parcelas en el Registro de la Propiedad, y de urbanización, que posibilita el inicio de las obras. En esta fase se encuentra Barquera Norte, que ya sabe cuánto dinero tendrán que abonar sus residentes. Además, Urbanismo estudia la valoración de Cuevas de Altázar, que tiene proyecto de reparcelación presentado y una propuesta planteada, pero que sigue esperando. Vista aérea de algunas de la urbanizaciones de Córdoba.
La fijación del valor del suelo implica desatascar el proceso, que estaba paralizado en este punto. Aunque este paso es muy importante y demandado por las urbanizaciones que llevan el trabajo más avanzado, no supone vía libre para todas ni que los precios establecidos valgan para todas. Urbanismo aplica una fórmula matemática cuyos resultados varían en función de las características de la zona y de las edificaciones, por lo que las cuantías que resultan para unas pueden ser diferentes para otras. "Cada urbanización es distinta", subraya el presidente de Urbanismo, Luis Martín, aunque asegura que en todas se sigue el mismo patrón de referencia, el de una VPO. En El Cruce --suelo urbano--, explica, la valoración resultante supera el precio de la VPO.
La fijación del precio del suelo es un proceso que está llevando meses. Al principio del verano, Barquera Norte presentó una propuesta con dos alternativas, a las que Urbanismo respondió con otra más cara. Después, Urbanismo ha realizado un estudio en esta parcelación y en otras próximas. Con los resultados, y aplicando distintas fórmulas, concluye que Barquera Norte deberá pagar a Urbanismo 530.000 euros, estableciendo el valor medio de venta en 938 euros el metro cuadrado techo, cifra que queda por debajo del precio de la VPO --la de régimen especial está en 953 euros el metro cuadrado techo y la general, en 1.052--. El valor de repercusión del suelo ya urbanizado es de 146 euros. Alamiriya, que engloba a Barquera Norte, El Alamillo, El Sol, Torreblanca y Villa Alegre de la Barquera, espera que la misma valoración sea extensible a todas sus integrantes.
Cada urbanización repartirá después la cuantía entre las parcelas, por lo que, según Martín, la aportación variará en función del número pero "nunca supondrá 20.000 euros" por cabeza.
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jueves, 28 de noviembre de 2013

Denuncian una subida del 25% en el valor catastral en parcelaciones

ALAMIRIYA.


REDACCION 28/11/2013

alamiriyaLa mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya ha iniciado un estudio sobre el impacto que tendrá la nueva valoración catastral que está llegando a sus buzones. Según indica este colectivo, "dicha valoración viene con una subida de hasta un 25%, de momento". Alamiriya considera "injusta dicha valoración, no solo en su incremento, sino también en considerar nuestros inmuebles como urbanos y residenciales". Aunque reconoce que "la ley del IBI evalúa como urbanos tanto los inmuebles urbanos como los urbanizables", piensa que "la consideración de urbanizables debe aplicarse a aquellos inmuebles que al menos reciban de los servicios municipales el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, caso que no sucede en nuestras urbanizaciones". Por ello, piden que se aplique "el factor reductor correspondiente precisamente por falta de desarrollo urbanístico, ya que no se debe calificar un inmueble eternamente como urbanizable".
Alamiriya asegura que recurrirá los recibos del IBI que entienda que "no se correspondan con la fiscalidad real de nuestros inmuebles".

Y llegó el "CATASTRAZO"
No contentos con aplicarle a las parcelas de Córdoba un IBI abusivo y que no corresponde a la realidad existente, el Ayuntamiento sube el valor catastral por un importe superior al 25%.
Aunque el Ayuntamiento lo niegue una parcela con vivienda que estaba valorada en 60.000 euros el año pasado pasa a subir a 75.000 euros. Hoy en día es un valor muy superior al real. Así no se levanta un país. Sólo se exprime al ciudadano. ¿ No será lo de la moción del 5% una cortina de humo....?


Queremos felicitar a Alamiriya, por su incansable lucha en pro de solucionar el problema de la legalización de las parcelaciones.

Además agradecemos toda la información que nos facilita a través de su pagina.



viernes, 22 de noviembre de 2013

La Junta estudia soluciones para las casas ilegales “dentro de la legalidad”


La secretaria general de Ordenación se reunió con el Gobierno municipal y los empresarios

Guillermo Mirón   [ 19/11/2013 - 15:17 ]


Secretaria general (cuarta por la izquierda) con miembros de la Junta, empresarios y parte del Gobie  [ LA VOZ ]

La visita al pueblo de Albox de la secretaria general de Ordenación del Territo de la Junta, Nieves Masegosa, ha servido para respaldar el “compromiso” adquirido en las últimas semanas por la Administración autonómica de ofrecer una solución a miles de casas ilegales para las que el decreto de regularización de viviendas -en vigor desde 2012- no ha sido una solución.

Al término del encuentro con representantes políticos y empresariales que acogió el ayuntamiento albojense, Nieves Masegosa no descartó “ninguna vía” para paliar las deficiencias del decreto y conseguir la normalización urbanística de cientos de viviendas situadas en el Valle del Almanzora. Tampoco adelantó, por lo tanto, si se trabajará en la modificación del decreto, en la interpretación jurídica del mismo o en un improbable cambio de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Posibilidades
Esta última opción, modificar directamente la ley, no parece la prioritaria para trabajar en una solución a tenor de las palabras de la secretaria general, que se refirió al actual “marco legal” existente como límite sobre el que estudiar posibles iniciativas.

“El compromiso ha sido estudiar cuáles son las peticiones y ver, dentro del marco legal que tenemos, cómo se pueden solventar los problemas que están teniendo los ayuntamientos y ciudadanos de la comarca en orden a la aplicación de ese decreto”, manifestó Nieves Masegosa al término del encuentro. La responsable de Ordenación del Territorio acudió a la reunión acompañada por el director general de Urbanismo, Manuel Benabent, y por el delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz. Al encuentro asistió el alcalde de Albox, Rogelio Mena y la Asociación de Empresarios y Profesionales de Albox-Valle del Almanzora (AEPA) que preside Martín Martos.

De este modo se estrenaba el grupo de trabajo formado por el Ayuntamiento de Albox (primero de Andalucía que inició el avance de modificación del Plan General de Ordenación Urbana), empresarios y Junta de Andalucía para “dar respuesta” de forma “ágil” a la problemática urbanística en la provincia.

Parcelación
Uno de los mayores escollos se encuentra en la construcciones mediante parcelación (dos o más viviendas en una misma parcela), delito que no prescribe según la actual normativa.

En este sentido, Masegosa ha reconocido que es “una de las cosas que se están estudiando” pero que la solución debe ser aplicable “en toda Andalucía”. Un propósito que aleja un posible cambio de artículos de la ley o el decreto andaluz a favor de una reinterpretación de su contenido, debido a las diferentes casuísticas que se dan en torno a este tipo de construcción en todo el territorio andaluz. Algo que dificulta encontrar una solución genérica válida en todos los casos.

Demoliciones 
“A la consejería no le resulta nada agradable proceder a una demolición. Cuando lo hacemos es tras un procedimiento largo donde se ha intentado normalizar la situación”, ha aseverado la secretaria general. “En la voluntad de la consejería no está el ir demoliendo. Hacemos lo que legalmente debemos hacer por la legislación que tenemos encima de la mesa”, añadió.

Tras la puesta en marcha de este grupo de trabajo, será la asociación empresarial AEPA la encargada de recoger las sugerencias y recomendaciones de afectados y ayuntamientos para trasladarlas a la Junta. “Hay que ponerse a trabajar ya. No hay que esperar”, ha asegurado Nieves Masegosa. Una declaración de intenciones con la que, en este punto sí, seguro que coinciden plenamente todas las partes afectadas.

El embajador británico abordará con el Gobierno el problema de las casas ilegales en la Axarquía


Salvemos Nuestras Casas expone a Simon Manley la problemática de los residentes ingleses en la comarca y necesidad de buscar soluciones.

21.11.13 - 01:34 - 
El nuevo embajador británico en España, Simon Manley, tratará con varios ministros del Gobierno central el problema de las viviendas ilegales en el campo. Al menos, así se lo ha transmitido el diplomático esta semana a dos de los principales colectivos de residentes ingleses afectados por la problemática de las casas ilegales en Andalucía, Save Our Homes de la Axarquía -en español Salvemos Nuestras Casas- (SOHA) y Abusos Urbanísticos Almanzora, en la provincia de Almería.
El embajador británico abordará con el Gobierno el problema de las casas ilegales en la AxarquíaSegún el presidente de Soha, Philip Smalley, el encuentro con el embajador, que tuvo lugar el pasado lunes en Málaga capital, tenía como finalidad trasladar la visión de los residentes ingleses afectados, así como las acciones que los dos colectivos están llevando a cabo para tratar de conseguir la legalización de sus viviendas.
«Esta es la primera vez que un embajador de nuestro país en España se interesa por nuestra situación, por lo que para nosotros ha sido muy importante, teniendo en cuenta que seguimos pensando que el decreto 2/2012 de la Junta que regula el régimen de las edificaciones en el suelo no urbanizable no nos convence. El embajador nos ha asegurado que se va a reunir con varios ministros del Gobierno español para abordar el problema. Lo que esperamos de esa gestión es que pueda presionar para acabar con el miedo constante que tenemos a una posible demolición de nuestras casas», declaró Smalley.
Los miembros de Soha, que agrupa a más de 400 ciudadanos extranjeros con viviendas irregulares en la comarca, tienen en común haber construido sus casas con licencia municipal, aunque las mismas han sido posteriormente anuladas por los juzgados de los Contencioso Administrativo tras ser recurridas por la Junta de Andalucía.
«Construimos o compramos nuestras casas de buena fe, de ahí que no nos sintamos satisfechos con la solución dada por la Junta de Andalucía. Los que tenemos licencias anuladas no podemos aspirar a la legalización y quienes no la tienen lo más a los que pueden aspirar a que sean declaradas como asimilado a fuera de ordenación, algo con lo que no estamos de acuerdo puesto que no es una legalización», declaró.

Las casas, la cara y el sillón

La Opinión de Almería



José Fernández
Periodista

Parece que la Junta de Andalucía ya se ha dado cuenta de que ir tirando casas por razones de ilegalidad urbanística es una pésima promoción para nuestra comunidad, y que ver a los bulldozers arramblando con los dúplex de los jubilados ingleses no parece el mejor modo de buscar inversiones y turismo. Así que ha decidido dejarse de derribos y otras políticas de estilo percutivo.

Derribo de una vivienda
en Vera
Que, de entre todas las provincias andaluzas, los numeritos destructores hayan tenido lugar en Almería, habrá que considerarlo como los efectos del fuego amigo o, ya que hablamos de viviendas de ciudadanos británicos, del “friendly fire”, que así es como explican en el Pentágono que el pepinazo que te ha reventado viene por cortesía de tus propios compañeros.

El caso es que andan estos días muy preocupados enla Junta por ver el modo de resolver años de vista gorda saldados con un amplísimo parque de viviendas en situación ilegal, levantadas metro a metro y día a día con la connivencia de los mismos que han llegado a ordenar que algunas casas sean derribadas por vulnerar las normas que ellos mismos no quisieron cumplir.

Son las cosas que pasan en Almería, madre de la vida padre para algunos altos cargos autonómicos que ahora se afanan por resolver el problema sin llamar demasiado la atención. Y la fórmula encontrada es cuando menos pintoresca: se quiere ir de la ilegalidad a la legalidad a través de la ley. O al menos eso fue lo que explicaron el otro día después de una reunión en la que se calibró el alcance de la papeleta a resolver.

Moldear la ley general para adaptarla a unas necesidades específicas no es un gesto especialmente loable, aunque ya verán que nadie se pone especialmente legalista. El caso es poder salvar las casas, sí, pero por encima de otra cosa, la cara y el sillón. Sobre todo el sillón.

lunes, 18 de noviembre de 2013

El PSOE ve "sectario" el reparto de las ayudas de la CHG del Guadiana



La Diputación señala que la selección se ha hecho "atendiendo a la antigüedad de los proyectos" y a la "limitación del presupuesto"

ÁNGEL ROBLES , ZONA NORTE | ACTUALIZADO 18.11.2013 - 05:01
El alcalde de El Viso y presidente de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, Juan Díaz (PSOE), consideró que el reparto hecho por la Diputación de los tres millones de euros en ayudas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) "no es ético ni responsable" debido a que ha dejado fuera a cuatro municipios inicialmente incluidos en el programa: además de El Viso, Alcaracejos, Santa Eufemia y Belalcázar. Los tres primeros están gobernados por ayuntamientos del PSOE, mientras que en el último rige IU. 

El regidor socialista se mostró contrariado por la exclusión a última hora de estas localidades y tildó el reparto hecho por la institución provincial de "sectario y partidista". "No podemos consentir que la Diputación, que debe servir a todos los ciudadanos por igual, se utilice sectariamente", dijo Díaz, que aseguró estar "dolido" como alcalde. El Viso había solicitado 98.000 euros. Díaz dijo estar abierto al "diálogo" con los responsables de la Diputación para tratar el asunto, que el jueves se debatirá en el Pleno de la institución provincial. 

El alcalde de Santa Eufemia, el socialista Elías Romero, también se mostró contrariado y "sorprendido" por salir de las ayudas y dijo desconocer los criterios empleados por la Diputación. "Estábamos esperanzados y me temo que se haya concedido la subvención a proyectos que poco tienen que ver con la limpieza o recuperación de cauces", dijo Romero, quien recordó las anegaciones de parcelas que se registran en algunos puntos del término municipal en épocas de lluvias abundantes. Santa Eufemia había solicitado 79.000 euros. 

Sólo seis municipios de los inicialmente diez previstos se beneficiarán finalmente del convenio de colaboración para obras comprendidas en el plan de restauración hidrológico-forestal y de protección de cauces, según el documento analizado el miércoles en la Comisión de Infraestructuras de la institución provincial. En concreto son El Guijo, Villanueva del Duque, Dos Torres, Hinojosa del Duque, Añora y Pedroche. El documento habla de "limitación en el presupuesto disponible" para dejar fuera a El Viso, Alcaracejos, Santa Eufemia y Belalcázar. 

El informe destaca que la selección se ha hecho "atendiendo fundamentalmente a la antigüedad de los proyectos", cuya financiación se incluye en los fondos europeos Feder para el periodo 2007-2013. Los ayuntamientos deberán aportar el 20% del coste total. 

El municipio que más dinero recibirá es Villanueva del Duque, con 640.682 euros, que lo dedicará a la creación de la Vía Verde de la Minería. Hinojosa del Duque recibirá 443.055, para actuaciones de prevención de riesgos de inundación y de recuperación del entorno de la cañada real de la Mesta. Añora, con 428.000 euros, recuperará la ruta del tren y la dehesa. El cuarto municipio es Dos Torres, que percibirá 396.453 euros. Pedroche, en quinto lugar, recibirá 369.324 euros, que se destinarán a la creación de una senda peatonal y al acondicionamiento del arroyo Santa María. La última localidad beneficiada será El Guijo, con 100.954 euros.