José Fernández
Periodista
Parece que la Junta de Andalucía ya se ha dado cuenta de que ir tirando casas por razones de ilegalidad urbanística es una pésima promoción para nuestra comunidad, y que ver a los bulldozers arramblando con los dúplex de los jubilados ingleses no parece el mejor modo de buscar inversiones y turismo. Así que ha decidido dejarse de derribos y otras políticas de estilo percutivo.
Que, de entre todas las provincias andaluzas, los numeritos destructores hayan tenido lugar en Almería, habrá que considerarlo como los efectos del fuego amigo o, ya que hablamos de viviendas de ciudadanos británicos, del “friendly fire”, que así es como explican en el Pentágono que el pepinazo que te ha reventado viene por cortesía de tus propios compañeros.
El caso es que andan estos días muy preocupados enla Junta por ver el modo de resolver años de vista gorda saldados con un amplísimo parque de viviendas en situación ilegal, levantadas metro a metro y día a día con la connivencia de los mismos que han llegado a ordenar que algunas casas sean derribadas por vulnerar las normas que ellos mismos no quisieron cumplir.
Son las cosas que pasan en Almería, madre de la vida padre para algunos altos cargos autonómicos que ahora se afanan por resolver el problema sin llamar demasiado la atención. Y la fórmula encontrada es cuando menos pintoresca: se quiere ir de la ilegalidad a la legalidad a través de la ley. O al menos eso fue lo que explicaron el otro día después de una reunión en la que se calibró el alcance de la papeleta a resolver.
Moldear la ley general para adaptarla a unas necesidades específicas no es un gesto especialmente loable, aunque ya verán que nadie se pone especialmente legalista. El caso es poder salvar las casas, sí, pero por encima de otra cosa, la cara y el sillón. Sobre todo el sillón.
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