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domingo, 7 de septiembre de 2014

Las inundaciones en España suponen unas pérdidas anuales de 1.600 millones de euros




Riesgos Naturales
Las inundaciones en España suponen unas pérdidas anuales de 1.600 millones de euros

El Colegio de Geólogos recuerda que la única forma eficiente de luchar contra las inundaciones son las políticas preventivas y los mapas de riesgo.
Muchos ayuntamientos de la costa mediterránea deberían realizar una labor de análisis del riesgo natural por inundación.
Si no se cumple la legislación vigente establecida en la Ley del Suelo, los ciudadanos afectados en un futuro podrán exigir responsabilidades penales y civiles a los órganos responsables de ordenación del territorio.
El Colegio propone la creación de un Observatorio de los Riesgos Naturales para velar por la seguridad de los ciudadanos ante catástrofes naturales.

8 de marzo de 2013.- El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) revela que las inundaciones en España ocasionan unas pérdidas anuales de 1.600 millones de euros. Si ampliáramos al resto de riesgos naturales (terremotos, volcanes, etc…) la cifra asciende a 2.800 millones de euros para 2013, según datos del estudio ‘Impacto económico y social de los riesgos geológicos en España’, elaborado por el IGME.

De todos los riesgos naturales a los que se expone nuestro país, las inundaciones abarcan más de la mitad de las pérdidas económicas. “Las inundaciones son el mayor riesgo que tenemos en España”, declara Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos. “En la costa mediterránea existen multitud de municipios afectados por inundaciones que requieren una labor de análisis del riesgo natural”, aconseja.

Por ello, “la única manera de luchar contra los riesgos naturales, fundamentalmente inundaciones, es mediante una política preventiva”, añade el presidente del ICOG. “Y actualmente existen instrumentos jurídicos para abordar esa prevención”, insiste Suárez.

En concreto, el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley Suelo que establece que “el informe de sostenibilidad ambiental previo a la ordenación del territorio deberá incluir obligatoriamente un mapa de riesgos naturales”.

Por tanto, según Luis Suárez la solución está clara: “para luchar contra las inundaciones hay que cumplir la legislación vigente”. “No es asumible jurídicamente echar la culpa de los daños por inundación a la imprevisibilidad de las mismas”, denuncia Suárez.

Reclamaciones futuras

En ese sentido, el presidente del Colegio de Geólogos considera que si no se cumple la legislación, en el futuro, los ciudadanos potencialmente afectados poseen instrumentos jurídicos de reclamación ante los órganos responsables de la ordenación del territorio en ayuntamientos y comunidades autónomas. “El ciudadano tiene en su mano acciones civiles e incluso penales si se ve afectado por una inundación”, explica.

Por último, el Colegio de Geólogos demanda a los poderes públicos la creación de un Observatorio de los Riegos Naturales, a nivel estatal, para que vele por el cumplimiento de la obligatoriedad de los mapas de riesgo a fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos ante catástrofes naturales.

La CHG se responsabiliza de la gestión de las aguas a partir del momento de la integración de competencias a la Administración General del Estado

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente asume las actuaciones detalladas en el Real Decreto de integración 1498/2011, de 21 de octubre.

11 feb. 2012.- A raíz de las diversas informaciones publicadas en relación con el ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tras la aprobación del Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, por el que, en ejecución de sentencia, se integran en la Administración General del Estado los medios personales y materiales traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, el Organismo de cuenca informa que:
- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asumió la responsabilidad de la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir en el ejercicio de sus competencias desde el momento de la aprobación del Real Decreto de integración 1498/2011, de 21 de octubre.

- Por ello, es la Comunidad Autónoma de Andalucía la administración competente para resolver y, en su caso, indemnizar a los interesados por los daños que los mismos hayan sufrido como consecuencia de la gestión y la administración de los recursos y aprovechamientos hidráulicos, correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por territorio andaluz, durante el periodo en que asumió dichas competencias.
- Por otro lado, desde el momento de la publicación del Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se hizo cargo de la tramitación de las actuaciones detalladas en el mismo. Del mismo modo, desde su entrada en vigor, el Organismo de cuenca asume las futuras inversiones que se desarrollen en el territorio de la demarcación hidrográfica en materia de aguas.



















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