DIARIO CÓRDOBA
TRAS LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL A LA JUNTA
La plataforma reúne a damnificados y miembros de colectivos en Córdoba para fijar la estrategia. Denuncian la "dejadez total y absoluta" y que los cauces "siguen estando tal como estaban"
JUAN M. NIZA 24/08/2014
La Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir fijó ayer en Córdoba su estrategia para reclamar indemnizaciones y acordó presentar una avalancha de demandas en bloque contra la Junta (y en su caso, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) por los daños sufridos en las inundaciones del 2010.
Al respecto, y aunque aún no se puede concretar un número estimado de demandas que se interpondrán, en la plataforma hay inscritos 400 afectados, además de representantes de mancomunidades y colectivos, a los que se les sumaron ayer muchos de los asistentes a la reunión informativa, una treintena de personas a título particular y representantes de colectivos llegados también desde localidades de Sevilla y Jaén, explicó el presidente de la plataforma, Francisco León.
La ofensiva judicial de la plataforma se produce después de una serie de sentencias de la Audiencia Nacional condenatorias de la Junta de Andalucía, que durante aquel periodo era responsable de sistema de la cuenca del Guadalquivir. En estas sentencias, de una treintena de agricultores y ganaderos que vieron inundadas sus explotaciones y que acudieron a la justicia con el respaldo de Asaja, se acordó indemnizar a los afectados con cantidades que oscilan entre los 50.000 y los 300.000 euros, ya que los desembalses se hicieron de forma descoordinada y los cauces se encontraban en estado de abandono, estima el juez.
TODO TIPO DE CASOS Las demandas que se presentarán a través de la plataforma, sin embargo, serán más hetereogéneas, ya que las circunstancias de unos y otros varían enormemente según sean agricultores o ganaderos que sufrieron daños en sus explotaciones o residentes en viviendas que perdieron propiedades, muebles o incluso la casa. También dependerá de si los bienes afectados estaban en zona inundable o no o si la construcción era perfectamente legal o tenía carácter irregular. De analizar todas estas circunstancias para reclamar indemnizaciones se encargarán los abogados que están trabajando con la plataforma: Cristóbal Serrano y Pedro José Rosa.
Sin embargo, "el objetivo principal no son las indemnizaciones, aunque se tenga derecho a ellas, sino que no vuelvan a producirse las inundaciones más, decía ayer a este periódico Francisco León. En una nota, incluso, León habla de "dejadez total y absoluta" y que "unos y otros aún siguen sin cumplir con dichas obligaciones, pues los cauces de ríos y arroyos siguen estando tal como estaban".
Reclaman al Ayuntamiento que retome el plan para los arroyos
La plataforma no solo tiene como blanco de sus demandas a la Junta de Andalucía por ser la responsable de la gestión de la cuenca durante el periodo de las inundaciones en el 2010. También se reclama a la Administración central, que fue responsable antes y después a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Ya dijo la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, que "habría que ver" si cuando la Junta recibió las competencias los cauces "estaban limpios o no". Serrano, por cierto, ya anunció en Córdoba que la Junta estudiará las recientes sentencias condenatorias de la Audiencia Nacional por si las recurre.
Por otra parte, también el Ayuntamiento de Córdoba es objeto de reclamaciones de la plataforma, a pesar de que el propio alcalde, José Antonio Nieto, consideró que, tras las sentencias de la Audiencia Nacional, "el tiempo nos da la razón" y anunció que los servicios jurídicos municipales estudiarán si actúan también contra la Junta y le pide que compense los daños de la inundaciones en caminos y espacios municipales y el trabajo que invirtió en seguridad y retirar lodos. Por su parte, la plataforma afirma que "el señor Nieto muestra mucha energía hacia la Junta de Andalucía, debido a los hechos ocurridos, de lo cual nos alegramos, pero le recordamos que desde 1999 hay proyectos pendientes (el Plan de Arroyos entre el Ayuntamiento, Emacsa y la CHG) que podrían haber salvado la situación", más aún cuando no se han solicitado fondos disponibles para este fin que ofrecía la UE, afirma León.
Un blog sirve para coordinar la lucha de los damnificados
Córdoba El blog del presidente de la plataforma está sirviendo para coordinar las acciones de los afectados. 'plataformainundacionesguadalquivir.blogspot.com' contiene abundante información, un calendario de cómo ha evolucionado el problema y los mecanismos de contacto para sumarse a la plataforma y al proceso para reclamar los daños.
Desde la Plataforma queremos agradecer al periodista Juan M. Niza, Este magnifico articulo donde ni se pone ni se quita," solo la veracidad de las declaraciones emitidas."
Muchas gracias.
EN ABC DE CÓRDOBA
Los abogados de la plataforma recogerán las pruebas periciales la próxima semana
Alrededor de un centenar de afectados por las inundaciones del río Guadalquivir que tuvieron lugar el pasado 2010 se reunieron ayer en el hotel Averroes de la capital cordobesa para tener una primera toma de contacto con los abogados que van a llevar la demanda contra la Junta de Andalucía, a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a la Administración autonómica como responsable de los siniestros al considerar que hubo negligencia en la gestión del desembalse de los pantanos. En aquel momento, la gestión de la cuenta estaba en manos de la Agencia Andaluza del Agua (AAA).
Según apuntó a ABC el presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir, Francisco León, quien ha organizado el encuentro, «han acudido propietarios de todas las zonas de Córdoba, desde Guadalvalle, La Altea, San Isidro, Majaneque o Almodóvar, y también de otras zonas de Andalucía, sobre todo de la provincia de Jaén».
A todos ellos los letrados Cristóbal Serrano Torrico, de Córdoba, y Pedro José Rosa Romero, de Estepona (Málaga), les han puesto al día de la situación y les informaron de los pasos que hay que dar a partir de ahora.
Según apuntó a este periódico Pedro José Rosa, en primer lugar, «les hemos informado del proceso penal que ha estado abierto hasta fechas recientes por las irregularidades de la apertura de los pantanos y la descoordinación que hubo a la hora de desembalsar, que se reiteró a lo largo de 2009, 2010 y principios de 2011».
Plazo de prescripción
En este sentido, el letrado destacó que si no hubiera sido por la denuncia por vía penal interpuesta en la Audiencia Provincial de Jaén por parcelistas de esa provincia, «hoy no podríamos estar hablando de nada, porque el plazo de prescripción de un año ya habría transcurrido y habría prescrito».
No obstante, sigue habiendo prisa, ya que el nuevo plazo está a punto de expirar y la gente «tiene que ponerse las pilas», en el sentido de recopilar la documentación que sea necesaria como pruebas de que fueron las riadas quienes les causaron daños en sus respectivas propiedades.
Así, la semana que viene se abrirá el proceso para que «cada uno de ellos nos presente un relato pormenorizado de los daños que ha sufrido, con una descripción precisa, y acompañado de la documentación que tengan en su haber para que luego los podamos proponer como pruebas». Posteriormente, se elaborará un estudio de viabilidad y se emprenderían luego las acciones oportunas. «Eso quiere decir que en un plazo bastante breve vamos a tener bastante acumulación de trabajo», bromeó el letrado.
En la reunión de ayer también salieron a la luz los casos de los afectados que no tienen nada que hacer a la hora de reclamar indemnizaciones. «Hay cosas que la Junta no va a indemnizar nunca, porque se ha lavado las manos, como es el caso de las viviendas ilegales construidas en zonas inundables». Sin embargo, el grueso de los presentes ayer en la reunión «cuentan con informes periciales recabados en su momento o con datos y documentos que les certifican los daños», señaló el abogado.
Y es que se dieron casos, por ejemplo, de muerte o pérdida de cientos de reses, con lo que eso consta como una información de sanidad o un informe veterinario, mientras que otras personas recibieron por distintas circunstancias la visita de los equipos de organismos públicos y privados, como el caso de las Emergencias, que elaboraron también informes.
Los estudios «se harán de forma individualizada», explicó Pedro José Rosa, si bien se dan casos de grupos de hasta 14 personas que «por tener circunstancias y pérdidas muy similares en ubicaciones próximas», emprenderán una demanda colectiva.
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