CÓRDOBA.
Día 21/09/2014
La Junta, que tiene una caraja considerable en materia de parcelaciones, anuncia una segunda norma en apenas dos años para que parezca que hace algo con las viviendas ilegales
LA presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado esta misma semana que su Gobierno remitirá al Parlamento de Andalucía una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de la comunidad con el propósito de encontrar una salida a las miles de viviendas que se encuentran en una situación de irregularidad manifiesta pero en las que se han cumplido los cuatro años que prescribe la legislación como tope máximo para su demolición. La cuestión es que hace apenas dos años, el entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció justo lo mismo: una salida a las irregularidades manifiestas donde ya no era posible la demolición.
El anuncio de la nueva norma, que ha provocado un sonoro rebote de Izquierda Unida —que ahora que va a haber elecciones se rebota por casi todo—, muestra a las claras el carajal que existe desde hace muchos tiempo en la política —autonómica, sí, pero también municipal— cuando se trata de poner el cascabel al gato de las viviendas levantadas sin permiso en toda la amplitud de la comunidad andaluza. Tras marear a propietarios y concejales de Urbanismo durante año y medio, el PSOE ha tomado la noble determinación de tirar a la basura el montonazo de papeles que se han emborrando a cuenta de las últimas ocurrencias sobre disciplina urbanística.
La Junta tiene un problema de consideración en determinadas zonas de la comunidad, como la provincia de Málaga y algunas otras zonas cercanas a la costa. Resulta que en determinados municipios a los jubilados escoceses, galeses e ingleses les dio hace ya algún tiempo por construir o adquirir viviendas. Y como aquí había oferta abundante en el mercado no regulado, el Gobierno de Su Majestad tiene a miles de sus conciudadanos con propiedades adquiridas que tienen menos papeles que una liebre, sanciones que no pueden pagar y una regulación tal que les impide tener agua o luz, con lo que ello comporta para deshacer sus inversiones y largarse a un hotel de Estepona a disfrutar de sus libras esterlinas.
La realidad es que el problema de la vivienda levantada sin permiso excede con mucho al de la comunidad extranjera pero es éste el factor diferencial, lo que hace que los actuales gestores se hayan puesto las pilas. La Junta probó con un decreto (el 2/2012, por si quieren lectura amena para el fin de semana), que de una forma muy fina dice lo siguiente. Si usted tiene una casa sin papeles, la Administración hace como que no le ve con tal de que usted sea bueno y pague una cantidad pequeña de dinero por acceder a un régimen de tolerancia.
Los efectos de ese decreto han sido, en realidad, nulos aunque los ayuntamientos han tenido que realizar costosos censos de viviendas, tramitar modificaciones de su planteamiento y emprender la redacción de ordenanzas específicas sobre la habitabilidad de estas casas. Los propietarios que llevan muchos años en esas viviendas tienen un nivel de servicios tal que le suda la frente que la Administración le eche cuenta o no. A la numerosa colonia extranjera parcelista tampoco le salva tener o no la tolerancia de la Junta. Quieren un sistema rápido que les permita tomarse las «beans» del desayuno sin la carga de la pesada administración urbanísica española.
Aquí en Córdoba, una plataforma formada por parcelistas y partidos políticos ha señalado el camino de forma pionera. Sus conclusiones, que apoyan todos, prevé el marco más optimista posible para el propietario de una casa sin licencia de obras. Hasta IU, que en Sevilla dice «no», aquí apoya vivamente sus conclusiones de trabajo. Menos multas, gastos de urbanización reducidísimos, servicios casi universales. Apuestas a que por ahí van los tiros del neopopulismo «canijo» de Susana Díaz que va a sacar tajada electoral del caos urbanístico de un lugar donde se puede levantar impunemente un chalé estupendo con el permiso para una caseta de aperos que firma de rondón el alcalde del pueblo.
Cuando el sr. Periodista escribe que" la Junta tiene una caraja considerable en materia de parcelaciones" y apostilla que desde hace tiempo hay un" carajal" en la política autonómica y también en la local, nos da la sensación de que seguramente acaba de tomarse un "GRAN CARAJILLO" con poco café.
Entre estos representantes estarán los extranjeros de Almeria, la Axerquia y Mijas de Malaga, ademas de nativos de las provincias de Cadiz, Sevilla, Jaen, Estepona y Córdoba.
A través de este blog. Queremos invitar al sr. Periodista, a que asista a la reunión y de esta forma le brindamos la oportunidad de expresar sus sentimientos urbanísticos a la cara de los afectados, seguramente estos le agradecerán su sinceridad.
Cuando invita a sus lectores a que lean el decreto 2/2012, como lectura amena, en cual dice de una forma muy fina que si se tiene una casa sin papeles, la administración hace como que no la ve y con tal de que usted sea bueno y pague una cantidad pequeña de dinero puede acceder a un regimen de tolerancia.
Esta muy claro, que si el sr. Periodista ha leido el decreto 2/2012, solo ha sido de pasada y solo ha visto lo que la resaca del "GRAN CARAJILLO" le ha permitido ver, acaso las sanciones algunas de 300.000 a 500.000€. "son poco dineros para el", acaso ese régimen de tolerancia, no, obliga a pagar como si fuese legal, pero sin serlo.
Es que hasta dudamos de que se haya tomado solo un "GRAN CARAJILLO", cuando seguimos leyendo y observamos cuando dice que los ayuntamientos han tenido que realizar costosos censos de viviendas, tramitar modificaciones de su planteamiento y emprender la redacción especificas de ordenanzas sobre la habitabilidad las casas .
Que los propietarios que llevan muchos años, ¿cuanto son muchos años, para usted? tienen un nivel de servicios tal que les suda la frente que la administración le eche cuenta o no.
Ahí si, ahí, le tenemos que dar la razón al sr.Periodista, porque el sufrimiento de padres de ver como sus hijos e incluso nietos, han tenido que irse a vivir con ellos porque le han quitado su casa y no tienen trabajo solo la pensión de los abuelos que viven en la parcela, pero claro, no tienen agua potable y tienen que ir a las fuentes más cercanas, que se lavan con agua de pozo contaminada, porque no hay otra, y si nos suda la frente, seguramente será por estar labrando en el huerto para sacar las papas y tener algo que dar de comer a los nuestros. Es verdad sr. Periodista tenemos un nivel de servicios tal, que es una vergüenza que las administraciones no nos tengan en cuenta.
Y hablando de verguenza, sr. Periodista, a la vista está que usted la tiene toda entera, porque en lo que respecta a gastar una poca al comentar sobre ciudadanos que mal viven usted se olvida de utilizarla.
DE DERECHOS HUMANOS HABLAREMOS OTRO DÍA.
Paco León.
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