LA OPINIÓN DE MALAGA.
La plataforma Soha, junto a otros colectivos afectados, solicitan que se modifique el Código Penal
fran extremera 22.12.2014 | 02:10
Algunos de los residentes encargados de coordinar las movilizaciones de esta plataforma. F. E.
La plataforma de residentes de la Axarquía afectados por la falta de regularización de sus viviendas, Soha, unida a otros colectivos como Auan, completó hace unos días el ciclo de encuentros con los grupos con representación en el Senado y al objeto de que el Estado impulse una nueva legislación en materia urbanística de manera que el «comprador de buena fe pase de ser considerado víctima y no causante de los abusos que en la construcción en suelo no urbanizable se han registrado durante las últimas décadas».
Así lo expresaron tres portavoces de este colectivo, Philip Smalley, Mario Blancke y Gerardo Vázquez, después de explicar que en Madrid se ha logrado «un salto cualitativo, al elevar la problemática del Suelo No Urbanizable al Senado». Los afectados por la falta de regulación de las casas en municipios malagueños del interior de la Axarquía y de otras comarcas confían en que pueda encontrar la luz sus «propuestas para la modificación del Código Penal y la Ley estatal del Suelo».
Y es que como señalan, no bastará con que la Junta de Andalucía, como ha apuntado su presidenta, Susana Díaz, «modifique el contexto de las normas en materia urbanística, porque existen procedimientos judiciales que mantienen al comprador de buena fe en el punto de mira, en vez de respaldar su indefensión», aclaran.
De momento, el grupo socialista ya se ha ofrecido a tramitar en el Senado esta petición ciudadana, avalada por la federación nacional de afectados por abusos urbanísticos, denominada Faun, así como por la coordinadora de asociaciones de afectados andaluces, Calu. «Se busca de forma solidaria el amparo del comprador de buena fe. La declaración de nulidad de las licencias conlleva implícitamente la demolición», especifican los portavoces axárquicos de Soha.
«De la misma forma la sentencia de condena del promotor por construcción ilegal y de demolición suele venir acompañada por una indemnización. Sin embargo y por regla general, el condenado se declara insolvente, dejando la victima sin casa y sin compensación alguno», recuerdan.
Soha ha solicitado a formaciones como el PSOE, «comprometidas a trabajar con las víctimas y presentar textos para su tramitación ante las Cortes Generales», a que se ofrezca la «mayor celeridad posible, vista la gravedad de la situación a la que se enfrentan después de muchos años de esfuerzo las primeras víctimas de esta falta de regularización de miles y miles de inmuebles». Al respecto, el colectivo ya ha sido informado de que durante el próximo mes de febrero ya podría elevarse de manera urgente una propuesta.
Balance muy positivo
Los afectados, aunque hayan encontrado la mayor implicación en las filas socialistas, reconocen que «todo los grupos han definido como profundamente injusta la situación que ha tocado vivir en esta materia». Y ninguna formación ha dado la espalda a una petición que pretende que el Estado español «no permanezca indiferente ante este sufrimiento». El balance es «muy positivo» porque parece que podría haber «consenso» en esta materia, remarcaron ayer a este periódico.
De forma paralela, la plataforma se ha reunido con Daniel Pruce, el «número dos» de la Embajada Británica en suelo español, interesado también «por los resultados de las conversaciones con los diferentes grupos políticos con representación en el Senado». Y, como novedad, acaba de interesarse la Embajada belga de todos estos trámites parlamentarios.
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