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lunes, 15 de diciembre de 2014

Los parcelistas ultiman demandas contra la Junta por las riadas

ABC DE CORDOBA.

Día 15/12/2014

Un grupo de catorce propietarios reúne daños que suman hasta un millón


Catorce de los propietarios de afectadas por las riadas de 2010 han conseguido reunir material suficiente como reclamar a la Junta de Andalucía daños y perjuicios por la presunta mala gestión del desembalse de los pantanos, cuando estaba en manos de la Agencia Andaluza del Agua (AAA). Así lo comunicó a este periódico Pedro José Rosa, letrado de Estepona (Málaga), que junto al cordobés Cristóbal Serrano Torrico, se está encargando de coordinar y recopilar, por encomienda de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones, toda la documentación posible antes de iniciar la demanda contra la Administración.
La Audiencia Nacional condenó al Ejecutivo andaluz como responsable de los siniestros causados por las riadas cuando se desbordó el río Guadalquivir con motivo de un desembalse descoordinado que afectó a un buen número de municipios que bordean la cuenca.
A finales de ese mismo mes, un centenar de propietarios —procedentes de Guadalvalle, La Altea, San Isidro, Majaneque, Almodóvar, Villa del Río o Jaén— se reunieron en Córdoba para tener una primera toma de contacto con los letrados de la plataforma, y ahí se informó de los pasos que se tenían que dar para iniciar el proceso de reclamaciones. De esos 14 antes citados, una decena son de la provincia de Córdoba y el resto son de la vecina provincia de Jaén. «Son los que han conseguido obtener pruebas documentales sobre las daños en sus propiedades», abundó Pedro José Rosa, quien reconoció que se han presentado «otros muchos» que carecían de documentación y, por tanto, se les «hizo ver que la viabilidad de su demanda era francamente difícil».
El propio presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones, Francisco León, confirmó que la gran mayoría de los afectados «no tienen posibilidades en esta demanda». Y la razón es que algunos entregaron esa documentación a la Subdelegación de Gobierno o a sus ayuntamientos cuando en su día surgió la posibilidad de acceder a unas ayudas de la Administración. «Y ahora, cuando han reclamado que se las devuelvan para meterse en esta acción contra la Junta, no les responden o se las niegan», abundó el representante.
Otros ya han cobrado del seguro y, por tanto, no tienen opción a que la Administración andaluza les vuelva a indemnizar, mientras que hay otro grupo, «los que peor suerte han tenido», que durante la segunda riada que sucedió a la primera «perdieron la documentación que ahora les hubiera venido bien, como las facturas de mobiliario nuevo, tras perder el anterior en la primera inundación».
Según León, los que siguen adelante tienen bastantes posibilidades de que se les pague y, en algunos casos, «cantidades importantes, como ocurre con un ganadero de Marmolejo, que perdió toda su explotación, y otros ganaderos y agricultores de Almodóvar». El letrado señaló, en efecto, que las cantidades reclamadas varían entre los 3.500 y «casi el millón» de euros. Son familias que han logrado recopilar como pruebas desde testigos, documentos del Ayuntamiento de turno o de la Policía Local, recortes de periódico y actas notariales sobre lo sucedido durante la riada que anegó la zona del Guadalquivir.

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