Crece la incertidumbre de los afectados por el incendio que tienen casas ilegales
Junta, Ayuntamiento y asociaciones prorregularización admiten que la ley les pone muy difícil poder reparar los daños
José Luis jIménez Una de las cosas que ha dejado al descubierto el incendio que comenzó, hoy hace una semana, en Coín, y que arrasó con 8.225,1 hectáreas de la provincia de Málaga, ha sido la escasa cobertura legal que padecen los propietarios de viviendas en suelo no urbanizable. Ni la Junta de Andalucía, ni los ayuntamientos de los municipios a los que ha afectado esta problemática ni siquiera las asociaciones proregularización de viviendas en el campo, se atreven a aventurar cuál es el futuro de las casas ilegales que se han quemado en el siniestro.
El ente autonómico, a través de su delegado en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, fue muy claro el pasado martes: se piensa cumplir la ley en todo momento. Esto quiere decir que no se pueden reconstruir o reparar, o al menos, los consistorios no podrán expedir licencias para tal fin.
Ruiz Espejo avanzó, igualmente, que desde el organismo regional pretenden pedir un informe jurídico que les marque las líneas rojas de hasta donde pueden llegar en un ánimo extraordinario por conseguir que quienes lo han perdido todo con el fuego, tengan una alternativa. Así, desde la Junta de Andalucía se han comprometido a estudiar «caso por caso» y de la forma más rápida posible todas las construcciones irregulares afectadas por las llamas.
Para los responsables políticos autonómicos, este accidente ha puesto de manifiesto el peligro que supone construir una vivienda fuera de ordenación y con una clara influencia forestal.
En Mijas, uno de los municipios más afectados por esta terrible circunstancia, son quince familias, según comentó ayer el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la localidad, Manuel Navarro, las que han perdido su casa en este incendio. De ellas, seis son las que, en realidad, era su única vivienda.
Navarro reconoce que «con la ley en la mano poco se puede hacer» para recuperarlas. Sin embargo, el pasado lunes el equipo de gobierno local pidió a la Junta de Andalucía que considerase la posibilidad de conceder licencias de reparación para que estas familias pudieran reconstruir sus casas.
En este sentido, Navarro aludió al proceso de regularización de viviendas fuera de ordenación en el que, en estos momentos, está inmerso el Ayuntamiento y las más de 4.000 construcciones que se erigen en el campo mijeño, y que en un plazo breve pretende normalizar la situación de muchas de las viviendas.
«Sería muy injusto que antes de culminar este proceso, las que se han visto afectadas por el incendio, que a lo mejor podrían salvarse de ser demolidas, no tengan oportunidad de reconstruirse por esta desgraciada casualidad. Comprendo que es complicado, pero trataremos de hacer ver esta circunstancia a la Junta», explicó el edil.
Una petición que los representantes provinciales de la administración andaluza escucharon de boca, incluso, del alcalde del la localidad, Ángel Nozal, pero que no ha encontrado respuesta, de momento, como aseguró el edil de Urbanismo y como confirmó la primera teniente de alcalde mijeña, Lourdes Burgos, que también estuvo presente en la reunión que junto al resto de municipios afectados mantuvieron con el delegado del gobierno de la Junta.
«No ha habido pronunciamiento de la Junta de momento. Hablamos de ello en la reunión y yo misma he hablado de eso mismo con el gabinete de la Consejería competente. En ambas conversaciones me han trasladado que van a tratar de buscar una solución excepcional para lo que consideramos que es una situación excepcional. Percibí una buena actitud, pero lo cierto es que a día de hoy no hay nada concreto y es muy posible que no pueda haberlo dada la dificultad del asunto», esgrimió la segunda de abordo del ejecutivo local de Mijas.
Confusión. Esto es algo que aceptan con recelo las distintas asociaciones pro regularización de viviendas de la provincia. La expresidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, sin ir más lejos, manifestó ayer que los afectados lo tienen «muy difícil» para volver a levantar sus casas, ya que «no tenemos ningún derecho a hacerlo si miramos escrupulosamente la ley».
En este sentido, animó a todos los damnificados a unirse en asociaciones y pedir reuniones con los responsables políticos para exponer la dramática situación a la que se enfrentan muchos de ellos.
En el mismo sentido que Vázquez se pronunció también ayer el presidente de la asociación de Mijas, Jaun Antonio Blanco, quien, además, lamentó la «desinformación y confusión» que sufren los muchos afectados por el incendio, así como la propia asociación.
«Estoy tratando de ponerme en contacto con algunos de los que han sufrido esta catástrofe para asistirlos y agruparlos con nosotros y así tener más fuerza frente a las administraciones públicas. Queremos concertar una reunión pronto para así trasladarles a ellos y a nuestros asociaciones cuál será su futuro», dijo.
El ente autonómico, a través de su delegado en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, fue muy claro el pasado martes: se piensa cumplir la ley en todo momento. Esto quiere decir que no se pueden reconstruir o reparar, o al menos, los consistorios no podrán expedir licencias para tal fin.
Ruiz Espejo avanzó, igualmente, que desde el organismo regional pretenden pedir un informe jurídico que les marque las líneas rojas de hasta donde pueden llegar en un ánimo extraordinario por conseguir que quienes lo han perdido todo con el fuego, tengan una alternativa. Así, desde la Junta de Andalucía se han comprometido a estudiar «caso por caso» y de la forma más rápida posible todas las construcciones irregulares afectadas por las llamas.
Para los responsables políticos autonómicos, este accidente ha puesto de manifiesto el peligro que supone construir una vivienda fuera de ordenación y con una clara influencia forestal.
En Mijas, uno de los municipios más afectados por esta terrible circunstancia, son quince familias, según comentó ayer el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la localidad, Manuel Navarro, las que han perdido su casa en este incendio. De ellas, seis son las que, en realidad, era su única vivienda.
Navarro reconoce que «con la ley en la mano poco se puede hacer» para recuperarlas. Sin embargo, el pasado lunes el equipo de gobierno local pidió a la Junta de Andalucía que considerase la posibilidad de conceder licencias de reparación para que estas familias pudieran reconstruir sus casas.
En este sentido, Navarro aludió al proceso de regularización de viviendas fuera de ordenación en el que, en estos momentos, está inmerso el Ayuntamiento y las más de 4.000 construcciones que se erigen en el campo mijeño, y que en un plazo breve pretende normalizar la situación de muchas de las viviendas.
«Sería muy injusto que antes de culminar este proceso, las que se han visto afectadas por el incendio, que a lo mejor podrían salvarse de ser demolidas, no tengan oportunidad de reconstruirse por esta desgraciada casualidad. Comprendo que es complicado, pero trataremos de hacer ver esta circunstancia a la Junta», explicó el edil.
Una petición que los representantes provinciales de la administración andaluza escucharon de boca, incluso, del alcalde del la localidad, Ángel Nozal, pero que no ha encontrado respuesta, de momento, como aseguró el edil de Urbanismo y como confirmó la primera teniente de alcalde mijeña, Lourdes Burgos, que también estuvo presente en la reunión que junto al resto de municipios afectados mantuvieron con el delegado del gobierno de la Junta.
«No ha habido pronunciamiento de la Junta de momento. Hablamos de ello en la reunión y yo misma he hablado de eso mismo con el gabinete de la Consejería competente. En ambas conversaciones me han trasladado que van a tratar de buscar una solución excepcional para lo que consideramos que es una situación excepcional. Percibí una buena actitud, pero lo cierto es que a día de hoy no hay nada concreto y es muy posible que no pueda haberlo dada la dificultad del asunto», esgrimió la segunda de abordo del ejecutivo local de Mijas.
Confusión. Esto es algo que aceptan con recelo las distintas asociaciones pro regularización de viviendas de la provincia. La expresidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, sin ir más lejos, manifestó ayer que los afectados lo tienen «muy difícil» para volver a levantar sus casas, ya que «no tenemos ningún derecho a hacerlo si miramos escrupulosamente la ley».
En este sentido, animó a todos los damnificados a unirse en asociaciones y pedir reuniones con los responsables políticos para exponer la dramática situación a la que se enfrentan muchos de ellos.
En el mismo sentido que Vázquez se pronunció también ayer el presidente de la asociación de Mijas, Jaun Antonio Blanco, quien, además, lamentó la «desinformación y confusión» que sufren los muchos afectados por el incendio, así como la propia asociación.
«Estoy tratando de ponerme en contacto con algunos de los que han sufrido esta catástrofe para asistirlos y agruparlos con nosotros y así tener más fuerza frente a las administraciones públicas. Queremos concertar una reunión pronto para así trasladarles a ellos y a nuestros asociaciones cuál será su futuro», dijo.
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